Crisis alimentaria es inminente en el país

Las reservas alimentarias de cientos de miles de familias guatemaltecas se agotarán a partir de abril. Pérdidas por el invierno del año pasado, la inflación en los precios de la canasta básica y la estructura económica de siempre provocarán una crisis que agravará lo que ocurrió el año pasado: que en el país mueran casi tantas personas por hambre como por violencia. Una investigación de la Universidad Rafael Landívar enciende las alarmas.

El estudio de campo en 16 departamentos entre diciembre y febrero arroja conclusiones críticas. En Quiché y en municipios de Zacapa y Chiquimula, los casos más graves, las reservas de maíz, frijol y hortalizas no alcanzarán más allá de abril y la siguiente cosecha todavía no estará lista en pleno verano. En San Marcos se estiman pérdidas del 60% de las cosechas de maíz, frijol y papa; y el quintal de maíz criollo esta a Q180 –cuando el pago por trabajo diario en una finca de café es de Q30.

“Las causas principales de la situación son los malos años agrológicos –que  han sido resultado del cambio climático y el deterioro del medio ambiente–; el mal uso y abuso de los recursos naturales; y causas estructurales como la distribución de la tierra y la pobreza acumulada. A esto se suma la falta de políticas estatales a todo nivel para la producción de alimentos”, señala Jorge Morales, director de Gestión de Investigación de la URL. El estudio está basado en giras a los departamentos y entrevistas a fundaciones, institutos de investigación, pastorales sociales, el Instituto Guatemalteco de Escuelas Radiofónicas (IGER), Caritas diocesana, dispensarios, sedes del Ministerio de Agricultura (Maga), oficinas de la Secretaría General de Planificación (Segeplan) y encargados del tema en sedes regionales de la Universidad Landívar.

Es muy difícil que la próxima cosecha llegue a tiempo. A la pérdida de cosechas anteriores y el fin de las reservas alimentarias se suma que si las poblaciones tuvieran acceso a insumos agrícolas –que muchas no tienen-, tendrían que comenzar a preparar el terreno entre abril y mayo y sembrar en junio para cosechar a finales del año. Esto en un año agrícola normal.

Si se pensaba que la situación había sido mala en 2010, se prevé algo peor. “El hambre se llevó por delante el año pasado a 6,575 personas, tanto por desnutrición aguda severa, que es no comer hasta que el cuerpo dice basta, como por las enfermedades asociadas que se ceban sobre los cuerpos ya debilitados por la falta de alimento. Y claro que es una muerte violenta”, denunció José Luis Vivero, de Acción contra el Hambre, en su columna del miércoles pasado en Plaza Pública. Las muertes por la violencia de las de armas en 2010 fueron 6,673, según el INACIF.

La situación es desesperante. La crisis alimentaria no parece encontrar respuestas adecuadas por parte del Estado ni del mercado. Y el estudio recuerda una realidad que empieza a ser reconocida en las sociedades mesoamericanas de Colombia, Centroamérica y México. Las opciones más viables para los ciudadanos en extrema pobreza son tres: La migración desde el campo –hacia áreas urbanas, hacia los violentos barrios periféricos de Ciudad de Guatemala o hacia Estados Unidos a través del peligroso México-; el ingreso a la economía informal; y la participación en actividades ilícitas, como el narcotráfico.

Foto de Sebastián Pedro

Hambre en año electoral

Alejados del foco del debate nacional centrado en las tensiones electorales, en Huehuetenango se reportan pérdidas de la mitad de las cosechas y miles de guatemaltecos se limitan a tomar café y comer dos tortillas al día. Las lluvias del año pasado –el peor invierno en setenta años, en el que la precipitación fue cuatro veces más que el promedio-, las heladas y la sequía aportan las causas naturales al desastre.

En Jocotán, las pérdidas de maíz y frijol fueron mayores del 55% y los 8 quintales al año que producen las familias no son suficientes para su subsistencia, en un reflejo de la estructura económica nacional.

En el Oriente la situación no es muy distinta y las reservas alimentarias de los campesinos se agotarán entre mayo y junio. L la situación de re-siembra es la misma que en el Altiplano. A esto se suma la situación de escasez de agua, que agrava la problemática de reposición de los cultivos en las zonas más marginadas de Zacapa y Chiquimula. Otro factor de influencia es la pérdida de empleos en la exportación del melón, dando como resultado el abandono de las plantaciones.  En Jutiapa, se reportan pérdidas, no tan agudas como en los otros departamentos, y en Jalapa los casos de desnutrición van en aumento.

Estos son sólo algunos de los casos que teñirán al país de alertas amarilla, naranja y roja (ver gráfico*).

Luis Enrique Monterroso, coordinador de la Unidad de Derecho a la Alimentación en la PDH, coincide en que la situación en el Altiplano y Oriente es grave. Señala que la Organización Mundial para la Alimentación (FAO) reporta que en los hogares que atienden se agotaron las reservas de granos básicos para la subsistencia. El estallido de episodios de desnutrición aguda parece inevitable, con el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. En lo que va del año tienen registrados 2,036 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años. En la antesala hay otros miles: 54,850 casos de diarreas y 27,671 casos de neumonías y bronconeumonías, enfermedades asociadas a la falta de defensas que genera la desnutrición.

Costa Sur y Norte golpeados

No sólo el Altiplano y Oriente está en una situación de emergencia. En la Costa Sur, se reportan pérdidas que van desde la mitad hasta la totalidad de las cosechas. Tanto Retalhuleu como Suchitepéquez son departamentos que fueron golpeados duramente durante la tormenta Ágata y la sequía que siguió. No obstante, las condiciones económicas de la región hacen que sea posible evadir la crisis alimentaria con otras actividades económicas como la agroindustria, el turismo o la construcción.

El caso de Rabinal en Baja Verapaz es crítico por la poca productividad de la zona. El acceso al agua impide que se den las condiciones adecuadas para el cultivo y los pequeños parches de tierra que fueron medianamente productivos, presentan pérdidas hasta en un 40%. La mayoría de las tierras utilizadas para el maíz y hortalizas, debido al exceso de lluvias y la sequilla temprana presentan perdidas hasta de un 80%. Y las expectativas de encontrar empleo temporal en el café o la caña son fuertemente afectadas por el acortamiento de los ciclos productivos.

En el caso de Alta Verapaz el exceso de humedad afectó los cultivos y en algunos sitios se presentan pérdidas de entre el 60% y el 70%. Aquí se suman los peores índices de pobreza y exclusión, las pocas vías de comunicación y la conflictividad agraria.

Petén, uno de los “graneros” del país para Oriente y la zona metropolitana, no se salva de las pérdidas. En algunas regiones del departamento las pérdidas llegan al 70% de maíz y otras dejaron este cultivo por la palma africana.

Vivero señala la responsabilidad del Estado y de la sociedad. El Estado por medio del Gobierno que no ejecuta las políticas, el Congreso que no asigna los fondos y el Organismo Judicial que no “judicializa el derecho a la alimentación, que dos millones de guatemaltecos desnutridos pueden exigir”. Y la sociedad porque no se indigna y se manifiesta. “Así como se manifiesta en repudio a la violencia, deberíamos reclamar para que las personas dejen de morir por hambre y presionar para que se termine esto”.

El estudio de la URL recomienda diferenciar lo coyuntural de lo estructural. Para enfrentar el problema es indispensable tratar lo urgente con acciones estatales y sociales, pero sin olvidarse de la génesis de los mismos. Demanda la participación desde todos los ámbitos para contener esta emergencia, empezando por la academia. Uno de los primeros pasos para la acción es identificar a los actores locales y las instituciones clave. La búsqueda de alianzas y la generación de una mínima capacidad de gestión local es una condición sine qua non para evitar otro año desastroso en un país violento en el que el hambre trunca tantas vidas como la violencia.

* En respeto al espíritu de la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, Plaza Pública no publicó en su gráfico interactivo la imagen completa del niño que sufre desnutrición para proteger su derecho a la identidad y a la intimidad. Sacrificamos el impacto de su mirada para proteger estos derechos del niño.