El país (y el Istmo) del contrabando

El cable 05GUATEMALA2653 de la embajada estadounidense en el país, creado en 2005 y publicado por Wikileaks el mes pasado, investigaciones académicas, las críticas empresariales y las promesas de funcionarios describen el panorama.

La historia se remonta a la colonia y los débiles gobiernos del siglo XIX, y tiene capítulos más oscuros desde la segunda mitad del siglo XX cuando empezaron los vínculos con el tráfico de armas, de personas y de drogas que incide directamente en los niveles de violencia de Guatemala y de la región Norte de Centroamérica, junto a Honduras y El Salvador.

De pillaje a crimen organizado

Desde la colonia, Centroamérica era aprovechada por contrabandistas, en especial ingleses, en los territorios liberados de Belice y la Mosquitia nicaragüense. El entonces territorio español y después guatemalteco de Belice estaba consolidado no sólo como lugar de explotación de madera para los ingleses, sino como uno de los centros regionales de contrabando. Con el inicio de la república, la situación no cambió, aunque empezaron los esfuerzos por controlarlo.

Durante el siglo XIX eran un caos las finanzas del Estado, con ingresos mínimos, que no llegaban ni al 5 por ciento sobre el tamaño de la economía. “El único impuesto que aún proveía de fondos a los gobiernos de la Federación de América Central (a nivel federal y estatal) era la alcabala. No obstante, en los primeros años de la Federación (1823-1826) el gobierno no percibió los recursos esperados, debido sobre todo al contrabando y al soborno en las aduanas”, encontró la investigación que hicieron el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) sobre La historia de la tributación (de los mayas a la actualidad), publicada en 2007.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, el negocio de evadir a la autoridad fiscal dio un giro más siniestro. Los regímenes militares se apoderaron de las fronteras en el marco del conflicto armado interno, y monopolizaron el contrabando. Y lo que empezó como contrabando de bienes, se amplió al crimen organizado. La investigación de FLACSO-Guatemala sobre Estado, crimen y ciudadanía da cuenta del tema y cómo esa estructura del contrabando sirvió como carretera pavimentada para el narcotráfico y otras industrias delictivas.

“Las estructuras criminales internacionales se asentaron sobre las de los contrabandos nacionales; y éstas mutan de una actividad a otra. Hoy trafican drogas, pero mañana pueden ser armas, personas o la riqueza natural. Mutan para sobrevivir y necesitan infiltrar la estructura económica”, reza el informe de FLACSO, publicado en 2009.

Así, el país y toda Centroamérica se mantuvieron como una de las zonas rojas en el mundo por la cantidad de tráfico de armas, personas, drogas, bienes culturales como piezas arqueológicas o bienes naturales como animales en peligro de extinción o maderas preciosas. Petén es la región más crítica del país en el tema. Gracias a Dios en Honduras y la Mosquitia en Nicaragua le siguen de cerca.

El cable estadounidense coincide con esta apreciación sobre el problema. “El contrabando, con sus vínculos potenciales con el crimen organizado, el tráfico de personas y de drogas, es una amenaza para la seguridad nacional de Guatemala. (…) Una parte significativa del contrabando económico es manejada por el gran crimen organizado”, dice el cable escrito por el consejero económico estadounidense Oliver Griffith en el segundo año del gobierno de Óscar Berger.

El paso del contrabando económico al crimen organizado es pequeño. Es famoso el caso de algunos de los mayores narcotraficantes en El Salvador y Honduras, otrora contrabandistas de quesos y frijoles. “Dejaron los quesos y optaron por la cocaína”, describe la investigación que realizó El Faro sobre un cartel salvadoreño.

Puntos ciegos y puntos tuertos

Guatemala tiene 54 pasos fronterizos informales por los que transitan vehículos hacia México, 29 hacia El Salvador, 22 hacia Honduras y uno hacia Belice, afirma un reporte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Pero no hace falta cruzar en balsa un río o buscar un carro de terracería para contrabandear en el país. Para cargamentos más grandes se puede bien usar las aduanas formales.

“Para grandes cargamentos, se ha reportado que fácilmente se puede comprar el acceso al país pagando a los agentes de aduanas para que miren a otro lado o acepten documentos falsos. Este método también es común en los tres puertos principales de Guatemala, en donde los contenedores vuelan para salir del recinto del puerto sin nunca pasar por aduanas. Estos que pasan por los procedimientos legales pueden subfacturar, subvaluar o medir mal los contenidos. Un tercer método para cruzar los puntos de entrada legales es falsear la re-exportación de bienes (como si fuera una maquila) para reclamar una exención de IVA”, dice el cable de la Embajada.

Al poder ingresar mercancía por los puntos más débiles del país sin tener ningún control, restricción, penalización, hace que el sector formal disminuya sus actividades comerciales así como las actividades de recaudación fiscal por parte del gobierno, generando así un nexo potencial con el crimen organizado, el tráfico de personas y de drogas afirma el cable.

El cable, que señala la relación armónica del gobierno de Alfonso Portillo con los contrabandistas, resalta el papel de Carolina Roca, jefa de la SAT durante el gobierno de Berger, aunque tampoco se muestra muy entusiasmada con los resultados durante la administración de ese gobierno proempresarial. “A pesar de varios éxitos operacionales capturando a ciertos individuos corruptos, el gobierno no ha sido exitoso en implementar una reforma institucional necesaria ni coordinar esfuerzos para aplicar la ley contra los mayores contrabandistas”, dice el comentario del exembajador James Derham.

Demandas empresariales, diagnóstico obvio

En 2011, según el estudio realizado por la Cámara de Industria, Guatemala perdió un 15% del consumo nacional del sector avícola, 25% en consumo de arroz, 10% en gasolina y un 13% en bebidas alcohólicas. Calculan que la defraudación aduanera genera una pérdida anual de Q6,000 millones, un deterioro de la imagen del país, y un alojamiento a las redes criminales.

El año pasado, el gobierno de Álvaro Colom creó la Comisión nacional contra el Contrabando, encabezada por Fernando Mendizábal, quien coincide con la apreciación estadounidense sobre el auge del contrabando en tiempos eferregistas y los infructuosos esfuerzos durante la administración bergeísta. Mendizábal aseguró hace tres semanas que investigaban a las grandes estructuras para dar un golpe certero en el corto plazo.

Lo que parecía hacer falta era voluntad política. La intervención en la Portuaria Quetzal, dirigida por Ricardo Marroquín Rosada, permitió que una investigación de ocho meses con agentes encubiertos capturara el 20 de junio pasado a una pequeña organización delictiva que había permitido el ingreso de 50 contenedores por Q6 millones.

Para Juan Carlos Zapata, director del think tank proempresarial Fundesa, es vital la relación entre la Comisión y el sector privado, pues en muchas ocasiones ambos saben quiénes son los mayores contrabandistas, pero por temor y falta de coordinación no se les señala y captura. Demandó más penalizaciones contra las empresas que venden los productos contrabandeados, hacer operativos, capturas y puestos permanentes de registro.

El diagnóstico parece estar desde los tiempos en los que se fundó la República. El próximo gobierno tendrá otra oportunidad para que todos los esfuerzos para atajarlo tengan resultados tangibles. Empezar por el principio, por puerta formal al país –las aduanas– es verdad de Perogrullo.

*Con información de Martín Rodríguez Pellecer.