Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad actualmente en funciones han marcado una trayectoria de destrucción de la credibilidad de este alto organismo mediante fallos nefastos que, lejos de consolidar la institucionalidad, la resquebrajan. No se puede olvidar los trastumbos jurídicos de los que fueron protagonistas durante las elecciones generales del año 2023. Provocaron una crisis innecesaria, al no poner coto a fallos muy cuestionables de jueces venales o a las acciones abusivas de un Ministerio Público empeñado en no permitir que el actual presidente de la República asumiera.
Desafortunadamente, quienes hoy ocupan las más altas magistraturas están lejos de ser los mejores juristas del país, como la importancia de dichos cargos demanda. La cooptación de la que también ha sido objeto el más alto tribunal implica que el requisito para ser magistrado es estar dispuesto a ejercer un rol político que no atiende al beneficio colectivo, sino a intereses espurios. Esto implica un desvío del alto tribunal cuya función esencial es la defensa del orden constitucional.
Quizá fue en esta cuestionable función de operador político que emitieron la resolución a un amparo mediante el cual se declaró inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que contiene el reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos, cuya vigencia había sido pospuesta muchas veces, debido a presiones de los alcaldes, incapaces de resolver uno de los temas más importantes que les atañen: el manejo de la basura.
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Mediante el fallo en cuestión, la CC afirma que la autonomía municipal exime a los 340 municipios de Guatemala de la rectoría del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) en temas de su competencia. Las implicaciones son muy graves. Para empezar, convierte a este ministerio en un adorno. Peor aún, el Estado mismo se fragmenta pues la autonomía adquiere un cariz de independencia del fin supremo del mismo que es el logro del bien común y lo convierte en algo discrecional, en manos de los alcaldes.
Resulta evidente que para lograr el bien común, es necesario que el Estado conserve sobre las municipalidades una capacidad de coordinación, regulación y rectoría cuando se trata de asuntos estratégicos que trascienden los intereses del municipio, como sucede con el manejo de desechos que terminan contaminando ríos, lagos, esteros y zonas marino-costeras que son patrimonio de todo el pueblo de Guatemala.
Al emitir su fallo, el alto tribunal ignoró que el artículo 97 de la Constitución obliga al Estado, las municipalidades y los habitantes a propiciar el equilibrio ecológico. Este equilibrio no puede lograrse sin instrumentos normativos para implementar políticas públicas de observancia general, como en el caso de los desechos. Los sistemas ecológicos y los ciclos naturales como el del agua no atienden fronteras municipales, por tanto, su cuidado y protección no pueden realizarse sin la participación integral del Estado y la fuerza de la unidad nacional. Pensemos en recursos importantes que son patrimonio de todos los guatemaltecos como el Lago de Atitlán, o el río Motagua. Si cada municipio en donde estos bienes naturales están afincados actúa por su cuenta, ¿cómo podrán protegerse?
Afirmar que bienes naturales de tal importancia quedan sometidos al arbitrio exclusivo de las municipalidades y bajo la discrecionalidad de su «autonomía», implica no reconocer que pertenecen a todos, incluyendo a quienes no han nacido. Al fragmentar la autoridad del Estado, se abre la puerta para que su posición sea aún más precaria y vulnerable en un país cuya crisis ambiental es extrema. Basta con recordar que el 95% de nuestras fuentes hídricas están contaminadas por la imposibilidad de regular y gestionar los desechos que se derivan de las actividades económicas y de los hogares. Está realidad debe enfrentarse con mirada integral y escala nacional porque vulnera la salud de toda la población y la sostenibilidad del territorio.
El incumplimiento de las municipalidades de sus obligaciones para con el territorio y el bienestar de sus comunidades es abrumador. De los 340 municipios solamente unos pocos han cumplido con elaborar un plan de ordenamiento territorial (POT). Y, en los lugares en donde dicho proceso se ha realizado, existen graves conflictos porque los alcaldes han favorecido a los negocios corporativos, sin atender los reclamos populares. Un ejemplo doloroso es la Antigua Guatemala que constituye un patrimonio de la humanidad (según declaración de la UNESCO), pero cuyo entorno natural está siendo asediado por la ambición desmedida de los llamados «desarrolladores»inmobiliarios y la ausencia de acuerdos entre los distintos municipios involucrados en su preservación, cuestión esta que erosiona la credibilidad municipal.
En cuanto a la basura, es vergonzoso constatar que somos un país incapaz de gestionar sus desechos cuyo flujo masivo por los ríos ha generado una crisis ambiental que ha trascendido nuestra frontera, afectando, por ejemplo, las costas de Honduras y otros países caribeños. La basura que producimos y el bochornoso vertedero de la ciudad de Guatemala ha convertido el río Las Vacas, que es afluente del Motagua, en uno de los más contaminados del planeta.
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Las municipalidades se escudan siempre en la falta de recursos para cumplir con sus obligaciones. Pero, al mismo tiempo, gastan en cosas banales, como Plaza Pública denunció recientemente en relación a un gasto cercano al millón de quetzales que realizó el alcalde de Nebaj para pagar a varios grupos musicales. Ejemplos como este abundan y no es casualidad.
Desde hace mucho tiempo en Guatemala la política se convirtió en un juego de intereses clientelares y es el municipio en donde dicho fenómeno es más evidente. Los partidos políticos son empresas electorales cuyo único propósito es extraer los recursos del Estado mediante las compras municipales, o del Ejecutivo. Muchos diputados son dueños de constructoras, lo mismo que los alcaldes. Esta maquinaria depredadora no tiene ningún interés en la calidad del gasto y, por ende, les estorba cualquier normativa que los obligue a utilizar los recursos para cumplir con sus obligaciones.
Los profundos y complejos problemas ambientales tienen un impacto directo en la calidad de vida de todos, puesto que no somos independientes del entorno. La vida no tiene factibilidad sin los sistemas naturales y, por tanto, la existencia misma del Estado está afincada en la necesidad de atender el territorio. No existe la supuesta defensa de la autonomía municipal cuando se pone en riesgo el sostén mismo y la seguridad integral de la población. Se confunden flagrantemente las prioridades de la justicia y la gobernanza.
Para terminar: el fallo de la CC olvida que Guatemala es un Estado de carácter unitario y que el Presidente de la República representa esta unidad nacional. Un jurista promedio comprende que la Administración Pública funciona bajo un orden jerárquico y que, si bien existe la necesidad de una autonomía funcional para los gobiernos locales, jamás podría afirmarse que están fuera de la esfera de organización administrativa del Ejecutivo en materias que exigen la unidad de la nación. Afirmar lo contrario es desarmar Guatemala en 340 feudos de corte medieval.
Y esto nos lleva a la necesaria tarea de cuestionar cuáles son los intereses detrás del fallo. No olvidamos que fueron alcaldes pertenecientes al Partido Unionista quienes con mayor encono recibieron el reglamento de manejo de desechos y que un diputado de Vamos planteó el amparo. Se trata del grupo de partidos políticos que se incorporaron al llamado, con toda propiedad, «pacto de corruptos» que no ha cejado en su interés de arrinconar al Ejecutivo para que fracase en todo intento de implementar políticas públicas necesarias.
La sola posibilidad de que la CC responda a este tipo de estrategias repugna. Se trata del más alto tribunal de la nación y, por las graves falencias en el diseño legislativo, actualmente tiene un poder que se asemeja al de los soberanos en la era monárquica. Mediante un simple amparo, la CC tiene la capacidad de intervenir en todo, incluyendo las políticas ambientales, como ejemplifica el fallo en cuestión. Desafortunadamente, su conducta desviada tendrá impacto no solamente en la vida de los ciudadanos guatemaltecos que hoy estamos vivos, sino que afectará a todas las generaciones por venir.
