Daniel Ellsberg y Edward Snowden

Daniel Ellsberg había colaborado en la elaboración de los documentos secretos y al corroborar la forma en que el gobierno había mentido a la población y ocultado informaciones, dispuso poner en conocimiento de la prensa el secreto.

Fue con el New York Times que estableció la relación y el diario, al conocer el delicado contenido de la información, consultó con sus abogados para determinar si había alguna violación de ley o comisión de delito al publicar documentos clasificados como secreto de Estado. Hay que decir que en ese tiempo la Casa Blanca veía en los opositores a la guerra a una banda de traidores que le hacían daño al país y que querían afectar la imagen del Presidente, por lo que se hacía cualquier esfuerzo por desacreditar a los pacifistas que cuestionaban la política militar de los Estados Unidos.
 
Los asesores legales externos del New York Times aconsejaron no publicar los documentos secretos, pero el asesor de planta, James Goodale, sostuvo que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantizaba el derecho a informar sobre aspectos importantes que permitieran al pueblo formarse un criterio sobre la forma en que se comportaba el Gobierno. Con base en ese principio de libertad de información, el New York Times emprendió la publicación de los documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam en lo que fue la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de los Estados Unidos.
 
El Gobierno promovió acciones legales contra el New York Times y luego de la tercera publicación un juez federal ordenó que se suspendiera el trabajo periodístico. El gobierno sostuvo que Ellsberg era culpable de violación del Acta contra el Espionaje, ley de 1917 y el diario voluntariamente accedió a suspender las publicaciones. Sin embargo, el Washington Post emprendió por su cuenta la publicación y finalmente la Corte Suprema decidió que el Gobierno no había dado suficientes pruebas para forzar a suspender la divulgación de los documentos y, sin anular los efectos del Acta contra el Espionaje, resolvió por 6 votos a favor y 3 en contra el derecho a la información.
 
Ellsberg nunca fue condenado por espionaje y se benefició por los escándalos que hundieron a la administración de Nixon que se había dedicado a cazarlo. 
 
Su caso, obviamente, tiene que ver y mucho con lo que ahora está pasando tras la filtración de los documentos secretos sobre la forma en que el Gobierno de los Estados Unidos espía las comunicaciones de millones de personas alrededor del mundo. El tema que más se discute, legalmente hablando, es la traslación de informaciones útiles al enemigo. En el caso de  los documentos secretos del Pentágono no se probó que el enemigo se estuviera beneficiando con la filtración de los archivos clasificados, con todo y que eran sumamente precisos sobre situaciones concretas del conflicto y de la relación de Washington con Saigón.
 
Vuelve a colocarse sobre el tapete un tema que no se llegó a dirimir al final de cuentas con el caso Ellsberg porque se trata de analizar la filtración de informaciones a la luz de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ahora no hay ningún medio de prensa involucrado y promoviendo el derecho a la información, pero el principio sigue siendo el mismo, es decir, si el pueblo tiene derecho a saber lo que hace su gobierno aún en los temas sensitivos de seguridad nacional.

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