El megaproyecto más grande del país topa con La Antigua

Una mañana de 2012, Verónica Ortega vio a los empleados de la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecsa), entrar a San Cristóbal el Alto con la intención de identificar los mejores lugares para instalar sus torres de transmisión. Al darse cuenta, corrió hacia la iglesia de la comunidad y comenzó tocar la campana para alertar a los vecinos. Por la hora, en las aldeas había casi solo mujeres. “Llegaron corriendo”, relata, “armadas con palos y machetes para evitar que la empresa entrara a nuestros terrenos. Les dijimos que si volvían a venir sin permiso de las autoridades locales, se tenían que atener a las consecuencias”.

Verónica Ortega lo dice con evidente orgullo y emoción, ante una asamblea de vecinos en el antiguo Real Palacio de los Capitanes. Tiene 60 años y el cabello blanco, y es una de las fundadoras de una cooperativa de turismo comunitario rural que acompaña a los visitantes por los senderos de la montaña hasta llegar al nacimiento de agua de la comunidad: El Barranco. Esa es la vida que teme perder si se aprueba la ejecución de la obra de Trecsa en el municipio. Ella y muchos otros vecinos se han organizado y coordinado con un amplio movimiento de oposición al proyecto que en los últimos años ha adquirido dimensiones nacionales.

“Sabemos que este proyecto no es para beneficiar a los comercios pequeños ni a los pobladores. Electricidad hay de sobra en el país”, comenta decepcionado Carlos García, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Santa Catarina Bobadilla, otro día, en una noche de miércoles en la escuela de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, en donde vecinos de algunas comunidades volvieron a reunirse.

Lo escuchan 30 personas que han venido a discutir los detalles de un proyecto que, dicen, supondrá un riesgo para el caudal de agua de las aldeas y daños para su salud. El diseño actual, en su paso por Antigua Guatemala, implica un tendido de 11.2 km y 22 torres, según una ficha técnica de 2015 de la Municipalidad de Antigua, algunas de las cuales atraviesan una región del bosque nuboso en el cerro El Cucurucho. Un cerro clave para la recarga hídrica de Antigua Guatemala, ya que alimenta a los manantiales de la región. El Cucurucho tiene forma de guacal, lo que facilita la captación del agua que luego será destilada gota a gota por la parte baja de la montaña, en una colaboración perfecta entre los árboles del bosque nuboso y el musgo. El miedo a quedarse sin agua a causa del proyecto de Trecsa invadió a los Cocodes. Se rehúsan, dicen, a ser parte de la maquinaria de sobreproducción de energía eléctrica.

Y si se trata de las necesidades actuales, no de las futuras, tienen algo de razón: según Minor López, quien presidirá la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2017-2020), Guatemala genera 10.8 gigavatios por hora (GWh), un 60% de energía más de la que consume. Lo que sobra, se exporta a Centroamérica y México a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), inaugurado en diciembre de 2014.

Para unirse a este sistema, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica licitó en 2009 el Proyecto de Expansión del Transporte (PET) 1-2009. Lo ganó la Trecsa, del Grupo Energía de Bogotá, y tendrá que construir 866 kilómetros de nuevas líneas de transmisión. Por su extensión, es el megaproyecto más grande del país y Trecsa recibirá US$32.5 millones anuales durante 15 años por su elaboración.

Las líneas de transmisión encargadas a Trecsa servirán para conectar las nuevas centrales hidroeléctricas, en su mayoría privadas, y vincular su producción con el mercado regional.

Pero el proyecto se ha retrasado. Trecsa se había comprometido a terminar en 2013, luego pidió una prórroga hasta 2015, y hoy en día el plazo para finalizar la obra es septiembre de 2017. En informes de evaluación, la empresa reconoce que “la conflictividad social” ha representado un obstáculo para terminar el proyecto. Estos atrasos, argumenta Rodrigo Ronquillo, gerente de desarrollo sostenible de Trecsa, están relacionados con la negación de los permisos municipales, por lo que la responsabilidad del incumplimiento no recae sobre la empresa.

Las obras comenzaron a mediados de 2010. Casi al mismo tiempo emergieron las resistencias locales en contra. Desde Palín, Escuintla, hasta Totonicapán, pasando por San Raymundo y Río Dulce, las aldeas se asesoraron jurídicamente y comenzaron desde el 2011 a interponer recursos legales que detuvieran el avance del proyecto. Los representantes de cada comunidad debían acudir a audiencias y citaciones. Fue ahí, en las cortes y en los pasillos del legislativo, donde el movimiento de resistencia comenzó a ampliarse y fortalecerse. Así, conformaron en 2012 la Coordinadora de comunidades afectadas por Trecsa.

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Crearon este espacio, explican, para frenar las violaciones a derechos humanos derivadas del proyecto y denunciar la falta de consultas previas. Participan siempre 18 comunidades de diferentes partes del país. Decenas más orbitan en la organización según sus posibilidades. Sus primeras acciones se enfocaron en informarse sobre el PET. Con apoyo de diputados como Amílcar Pop (Winaq) y Delia Bac (exLider, ahora Alianza Ciudadana), lograron que se citara al Congreso a las autoridades responsables de supervisar la obra.

En 2012, algunos pobladores de San Cristóbal el Alto descubrieron aquel movimiento de resistencia organizada contra Trecsa y no tardaron en sumarse: “Llegaron los representantes de la aldea a la reunión periódica de la organización y comenzamos a intercambiar información. A partir de eso, los vínculos se estrecharon”, comenta Laura Rojas, integrante de la Coordinadora.

Las comunidades aglutinadas en la Coordinadora se aliaron en 2013 con la Comisión Internacional de Juristas, organizaciones sociales y personas individuales, para impugnar un acuerdo del gobierno de Otto Pérez que declaraba el proyecto de urgencia nacional y necesidad pública, y además ordenaba que los propietarios de los terrenos por los que pasaría el trazado “coadyuvaran para el adecuado desarrollo de las obras”. La Corte de Constitucionalidad tardó dos años en responder, pero en 2015 desechó el recurso.

Demanda firme de las diez industrias privadas que más electricidad consumen en Guatemala
Año Estacional 2016-2017

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista (AMM) Informe Anual 2016.

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En un principio, el Proyecto de Expansión del Transporte se había diseñado de tal forma que no afectaría al Cerro, pero sí atravesaría zonas habitables de algunas comunidades como Santa Ana y San Juan Gascón. Entre ellas también se encontraba San Cristóbal el Alto. El 12 de enero de 2012, la Auxiliatoria y Cocode de esta última, solicitaron a la oficina de Control Urbano de la Municipalidad de Antigua Guatemala que se realizara una inspección, ya que creían que las líneas de energía de Trecsa pasarían muy cerca de sus viviendas. También requirieron una copia del expediente y pidieron que antes de otorgar cualquier autorización consultaran con la comunidad. Por último, reclamaron que se moviera el trazo para evitar que este atravesara áreas habitables.

Mientras la Oficina de Control Urbano se preparaba para pedirle a la empresa un rediseño del trazo que evitara las áreas habitables, algunos vecinos impulsaron la disposición de que nadie vendiera su terreno a la empresa. “Contienen nuestros árboles de níspero de más de siete metros de alto”, justifica Alfonso Xicay, uno de sus habitantes. Trecsa, que en junio de 2011 había pedido el aval municipal (sin que el consistorio —violando los plazos— lo haya resulto hasta hoy), apeló sin éxito la exigencia de modificar el dibujo del proyecto y tuvo que cambiarlo.

Parecía que había avances para los vecinos. Sin embargo, el nuevo trazo presentado casi un año después traía consigo una preocupación nueva: atravesaba el cerro El Cucurucho. Bosque virgen, fuente de agua de las comunidades aledañas, y surtidor de la cuenca del Río Pensativo.

Mapa de áreas protegida y corredores biológicos cercanos al trazo del PET 1-2009 en el área del Lote A. La zona roja coloreada alrededor del trazo, es la zona de un kilómetro de ancho en la que la línea de transmisión puede hacer uso de recursos naturales para el proyecto, tales como suelo, y sus impactos directos a componentes ambientales, como calidad del aire, agua, suelo, etc. Estudio de Impacto Ambiental PET 1-2009 Lote A, Anillo Metropacífico.

La procesión sobre los hombros de las aldeas de Antigua Guatemala

En el municipio de Antigua Guatemala hay más de 45 mil habitantes. Se dedican en su mayoría a la agricultura (níspero, frijol, maíz), la sastrería, la artesanía y el turismo. En 2013, después de asistir a reuniones informativas promovidas por los representantes de San Cristóbal el Alto en alianza con la Coordinadora, más de diez aldeas más se pronunciaron en contra del Proyecto, entre ellas San Juan del Obispo, San Gaspar Vivar, Santa Catarina Bobadilla y San Pedro las Huertas. El agua se convirtió en su principal preocupación.

Enviaron una serie de cartas a la Municipalidad expresando su inconformidad ante el avance del proyecto de Trecsa. Desde que las demás comunidades se unieron a San Cristóbal el Alto, la lucha que la aldea emprendió en 2011 ha tenido mayor impacto, sostiene Juan Pablo López, presidente del Cocode y alcalde auxiliar del lugar: “Es importante. Esta es de las pocas veces en que las auxiliaturas y Cocodes de las comunidades de Antigua Guatemala trabajamos en conjunto”.

Lo primero que hicieron fue denunciar ante las autoridades lo que les parecía una serie de ilegalidades respecto al avance del proyecto. Querían que se negara el permiso municipal. Acusaban al gobierno de Otto Pérez de haber violado mediante su acuerdo gubernativo la autonomía municipal y el derecho a la propiedad privada y colectiva. Denunciaban que no se realizó un estudio de impacto ambiental específico ni una consulta comunitaria, explicando que la empresa utiliza las hojas de asistencia a actividades de inspección como respaldo. Además, evidenciaban que el Instituto Nacional de Bosques otorgó 54 licencias de tala en el municipio. Los vecinos se amparan en un Acuerdo Ministerial de 1981 por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el que se declara zona de veda definitiva en los bosques y áreas que se encuentren dentro de la cuenca hidrográfica del Río Pensativo, incluyendo explícitamente el área del Cerro El Cucurucho.

El Cucurucho, uno de los cerros de la Montaña Carmona, colinda con los municipios de Magdalena Milpas Altas y con Santa María de Jesús, comparte su territorio con las fincas Carmona y El Pilar. A finales de 2013, Trecsa envió una carta a los propietarios. Solicitaba una reunión. En ella, les mostraron el trazado del tendido eléctrico y les hicieron una oferta. Según la información que Trecsa ha otorgado a las familias Rivera y Liquez, los dueños de El Pilar, a estas alturas los propietarios de la finca Carmona —cuyos administradores no quisieron dar declaraciones— ya aceptaron el trato. El Pilar es un terreno de once caballerías que adquirieron en la década de los 80. En el área baja de la finca se observan alimentadores de colibríes, tanques de tilapias y piscinas llenas con agua de manantial. Su actividad principal es el turismo y su objetivo, aseguran, conservar el ecosistema natural del cerro.

Los Rivera y los Liquez dicen haber rechazado la oferta de Trecsa en primera instancia y haber investigado después el impacto que las torres causarían en el ecosistema. “No encontré respaldo científico que argumentara con certeza que el cableado de alta tensión es nocivo”, explica Juan Rivera, el técnico en ecoturismo que maneja la finca. Sin evidencia sólida para sostener su rechazo, comentan, siguieron conversando con la empresa y recibiendo ofertas. “Nosotros no hemos hecho ningún trato todavía. Sabemos que ninguna cantidad puede compensar el daño al ecosistema. Ninguna reforestación puede retornar el bosque a su estado original. No queremos, pero ante la posibilidad de que esto se lleve a un juzgado corrupto y que al final nos obliguen a vender a un precio menor”, aclara Rivera, “tenemos que contemplar todos los panoramas.”

Rivera cree que el caudal de los manantiales disminuiría si se tala el área de 30 metros de diámetro en torno a las seis torres si las torres pasaran por la parte alta del cerro. Pero Trecsa, dice, ya les mostró dónde las colocarían, “y éstas estarían en un área más baja”.

Ese diseño no se lo mostraron a la mayoría de los vecinos, quienes sospechan que las torres atravesarían, si bien no la cima del cerro, sí las áreas en donde se encuentran sus manantiales de agua. En la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, las poblaciones organizadas en Antigua Guatemala han podido conocer lo que ha sucedido en otras localidades.

“En San Raymundo hace algunos años querían poner las torres a menos de diez metros de la escuela, a pesar de que se sabe que la radiación no ionizante puede causar hasta cáncer”, afirma Laura Rojas. “En Sumpango la empresa ya construyó dos torres en el kilómetro 39.7, en el límite con Santiago, sin importarles que Sumpango negó el permiso municipal”, continuó.

Ronquillo, gerente de desarrollo sostenible de Trecsa, indica que las torres se están construyendo en Santiago Sacatepéquez y que la empresa cuenta con la licencia municipal de construcción.

Los efectos de la radiación ionizante en la salud todavía están siendo investigados y son motivo de disputa dentro de la comunidad científica.

El ritmo de la marcha que tocó el Tribunal

En 2015, mientras un porcentaje inédito de la población guatemalteca bullía en distintas plazas del país, las comunidades afectadas por Trecsa trabajaban para presentar el caso de las violaciones relacionadas al PET 1-2009 ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.

Como otros tribunales “éticos”, éste representa un espacio en el que los pueblos pueden denunciar y exigir derechos humanos fundamentales, ambientales y colectivos. Sin embargo, no tienen poder judicial, no aplican sanciones penales, administrativas o civiles. Más bien, emiten veredictos condenatorios y sanciones morales que pueden llevarse a las instancias estatales correspondientes. Es, como dicen, “una acción pública de solidaridad continental” que aspira a mitigar las causas de la contaminación y el deterioro de los sistemas hídricos

Del 5 al 9 de octubre de 2015, Guatemala fue sede de las pre-audiencias del Tribunal. Se presentaron casos de Argentina, El Salvador, México, Nicaragua y Guatemala respecto al derecho fundamental del acceso al agua. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, el jurado escuchó la exposición de cada uno de los casos.

La Coordinadora de comunidades afectadas por Trecsa argumentó que el proyecto atraviesa al menos ocho reservas naturales, que no se realizaron consultas previas a las comunidades, que el circuito de conexión implica la tala de miles de árboles, que el cableado de alta tensión afecta la salud y que no han tenido respaldo por parte de la Corte de Constitucionalidad ante una serie de recursos interpuestos.

El Tribunal resolvió responsabilizar al Estado de Guatemala por los actos de intimidación, amenaza y criminalización de la protesta social. Además, vista la falta de información y consulta a las comunidades, recomendó al Estado suspender las obras del proyecto Trecsa y exhortó a que se buscaran alternativas menos dañinas.

Pese a que el Estado no está obligado a acatar las recomendaciones, el caso resonó internacionalmente, dice Laura, y eso les ayudó a construir nuevas alianzas y visibilizar la problemática. “Además, la construcción del caso para presentarlo en el Tribunal nos permitió darnos cuenta de los vacíos de información que teníamos, lo que nos motivó a buscar más datos a través de información que debe ser pública, y que en ocasiones nos quisieron negar”.

Con el apoyo de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, los municipios de San Pedro Ayampuc, Santa María Ixtahuacán y Nahualá han podido frenar el avance del proyecto en sus territorios.

El último turno (esperan)

Viernes 16 de junio. Representantes de los Cocodes y otros integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo se distribuyen frente a frente en la mesa del salón de reuniones de la municipalidad de la Antigua. En las bancas laterales, al margen, se sientan integrantes de la comunidad mientras otros se aglutinan en la puerta de entrada. El tamaño del salón se vuelve insuficiente. Hay más de cien personas. La alcaldesa, Susana Asencio, está sorprendida por la muchedumbre.

—¿Por qué hay tanta gente aquí hoy? ¿Son todos parte de los Cocodes? —pregunta.

Una mano se levanta al fondo.

—Estamos aquí porque nos oponemos a Trecsa —responde una mujer.

Hoy, aquí, se discutirá el presupuesto municipal y el caso Trecsa frente a la alcaldesa. El primer punto va rápido: los proyectos de inversión en 2018 serán la mejora de una escuela y la construcción de nuevos pozos. Pasan al segundo punto.

Carlos García, del Cocode de Santa Catarina Bobadilla, toma la palabra y le dice al Concejo Municipal que tiene toda la obligación de respaldarles en la lucha por los recursos. “Nuestros recursos”, dice. “Ustedes pueden denegar la licencia, esa es la etapa administrativa en la que estamos.”

La población no quiere dejar pasar el espacio sin hacerse escuchar.

Alfonso, de San Cristóbal el Alto, pide la palabra: “Queremos que en este Comude (Consejo Municipal de Desarrollo) quede plasmado el rechazo de la población a este proyecto de Trecsa. No es de urgencia nacional, en Guatemala no nos hace falta electricidad, porque hasta estamos exportando (…) Si no se para, tenemos que denunciar este desastre ante UNESCO. Antigua es patrimonio mundial.”

Pocas mujeres representan a los Cocodes ante el Comude. Leticia Santa Cruz, de la colonia el Manchén, pide la palabra y dice: “Hemos hecho esfuerzos para reforestar. Hoy en la mañana en la parte norte de la Antigua sembramos 1,500 árboles. Duele que quieran destruir esos esfuerzos. No somos algunos, somos todos los Cocodes de Antigua”.

Después de que hablaran las comunidades, Laura Rojas, presenta el impacto ambiental del proyecto y denuncia irregularidades administrativas. “Estamos en una región con alto estrés hídrico. Algunos concejos municipales mal asesorados o manipulados han aprobado proyectos que les hacen incurrir en delitos”, indica.

Su presentación finaliza con aplausos y consignas por parte de los pobladores presentes.

—¡Fuera Trecsa! —grita alguien.

—¡Fuera! —vitorean otros.

Luego, la alcaldesa, quien había escuchado los argumentos sentada a la cabecera de la mesa y con rostro serio, se pronuncia: “Yo soy respetuosa de la ley, pero tomemos en cuenta que hay que escuchar a todas las partes y si nos vemos sesgados hacia un lado vamos a perder credibilidad. Tenemos que tener claros todos los datos. Los necesitamos para defender este caso. Las palabras se las lleva el aire y la verdad nos hará libres”.

De su alocución, en conjunto, varios entienden que no hay claridad suficiente para rechazar el trazo del PET 1-2009 en la Antigua Guatemala.

Al fondo, una voz anónima grita: “Tenemos la evidencia clara y NO queremos a Trecsa”.

Un murmullo de inconformidad comienza a crecer en el salón. Los presentes no quieren respuestas ambiguas.

Ha pasado una hora desde que comenzó la reunión y el Comude aún no ha votado.

Un vecino de San Cristóbal el Alto lanza una exigencia: “Hemos presentado solicitudes, cartas y memoriales desde hace años, pero no nos han dicho cuál es la postura de la Municipalidad. Requerimos que definan su posición y que nos la den por escrito”.

El concejal II, Pedro Asturias, es el primero en atender la solicitud: “Ratifico como concejal mi voto en contra. Mi rechazo a Trecsa es total”.

Aplausos.

El representante del Cocode de San Juan del Obispo, con la atención plena y el olfato estratégico en su lugar, pide a los demás concejales presentes que den a conocer su postura. “Así conocemos cuál va a ser la votación en el Concejo Municipal”, añade.

El concejal V, Roberto Orozco, como Asturias, manifiesta su rechazo e indica que la concejala III y concejal IV —quienes no asistieron a la reunión— también están en contra de la aprobación de ese Proyecto. “Yo no voy a jugar en doble discurso, si aquí decimos que estamos contra Trecsa, lo mismo vamos a decir en el Concejo Municipal”, indica el síndico I, Orlando Flores Vela, como subiéndose a la ola antes de que lo ahogue.

Ahora esperan la respuesta de Susana Asencio, la alcaldesa que llegó a la municipalidad mediante el comité cívico Antigua en Buenas Manos. Ningún miembro de Trecsa está presente aquí en este momento, pero es un instante que puede resultar clave también para ellos. “Por la importancia del proyecto para el desarrollo y progreso nacional y municipal”, le ha dicho su gerente de desarrollo sostenible a Plaza Pública, “Trecsa confía en que la Municipalidad de Antigua Guatemala otorgará el aval municipal con prontitud, tal como han procedido más de 50 municipalidades en todo el país”. Pero las palabras que la alcaldesa va a pronunciar son infinitamente menos ambiguas que las que dijo hace unos minutos:

—Como persona, como antigüeña, como ciudadana y como miembro de este Comude, ratifico mi voto en contra del proyecto Trecsa.

Los presentes inundan el salón con gritos y aplausos y comienzan a organizarse para conformar una comisión que queda a cargo del proceso administrativo que debe llevar la Municipalidad para denegar los permisos.

El miércoles 21 de junio se llevó a cabo la reunión del Concejo Municipal en el que ratificarían, oficialmente, la negativa a los permisos municipales para el PET 1-2009. El resultado de la reunión fue de seis votos a favor de la petición de los pobladores, una ausencia y una abstención de Luis Alberto Asturias, concejal I, quien alegó “no tener información suficiente para votar”.

La mayoría ratificó la negativa al PET 1-2009 en el municipio de Antigua. Por esto se organizaron los vecinos hace años, y saben que la batalla legal de la Municipalidad con la empresa también requerirá su apoyo. La decisión municipal puede ser de impacto, pero también insignificante: todo se decidirá en las cortes. Los pobladores esperan que pronto termine su turno de cargar con el peso del megaproyecto más grande del país.