El Ministerio Público interviene y termina de desordenar las elecciones

Por primera vez en la historia de las elecciones en Guatemala, los resultados del proceso electoral son objeto de una investigación del Ministerio Público (MP). La intervención, sin embargo, surge sin una estructura clara de ejecución. Sin que se detallen procedimientos a seguir para revisar 105,495 actas de las mesas receptoras de votos y sin que se plantee un calendario de ejecución.

La mala digitación de varias actas de resultados, pero también las denuncias de papeletas marcadas y la alarma de fraude que algunos partidos han abanderado, fueron la justificación para que las fiscalías contra la corrupción y contra delitos electorales abrieran expedientes y solicitaran autorización judicial para allanar una sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) diez días después de las elecciones, cuando todavía no se han dado los resultados oficiales. Los magistrados han salido al paso para decir que analizan presentar denuncias en contra de las personas que han clamado fraude sin aportar pruebas.

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La fiscal general, Consuelo Porras, dijo el miércoles que la intervención de la institución que dirige, respondía así a una petición que hizo el TSE a través de un comunicado. Sin embargo, los fiscales Rafael  Curruchiche, y Stuardo Campo, jefes de las dos fiscalías a cargo de la investigación, indicaron que también actúan  «de oficio».

El objetivo es determinar si hubo «intencionalidad» en presentar resultados preliminares distintos a los que se consignaron en cada mesa de votaciones. La fiscal dijo que, al haber iniciado la etapa de investigación, no podían tener un criterio para saber si hubo fraude electoral.

El fiscal Curruchiche advirtió que su proyecto era hacer un cotejo propio con una copia de las actas de resultados por mesa (documento 4) y la base de datos o «backup» que hicieron al sistema informático. Obtendrían las copias en futuras diligencias, dijo. Aunque la versión cambió el  jueves por la mañana, cuando en los programas radiales, Con Criterio y A Primera Hora, señaló que todavía analizaban si requerirían una copia o los originales.

Campo, el otro fiscal, anunció que iniciaron con la verificación a los procesos de compras y contrataciones relacionados con el sistema de transmisión de datos para las elecciones.

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Curruchiche no especificó qué sistema iban a utilizar, cuánto personal tiene a disposición ni cuándo concluirá la revisión. Pero advirtió que, con ayuda de los ingenieros de la Contraloría General de cuentas –que también participaron en la diligencia de allanamiento del miércoles– y del personal de investigación del MP tiene la capacidad de identificar quién introdujo la información errada al sistema, a quién benefició y si hubo una conducta repetitiva o si fue culpa del sistema informático.

Políticos, comentaristas y miembros de la sociedad civil señalan que esta intervención del MP puede dañar más el proceso electoral y abrir la puerta a que el presidente Jimmy Morales intente extender su mandato. La fiscal Porras asegura que el trabajo del MP se hará en ley y no perjudicará la labor del TSE. El presidente Jimmy Morales se ha referido, por lo menos dos veces, al problema electoral. Lo primero que dijo a los reporteros, cuando le preguntaron su opinión ante la falta de coincidencia entre actas y sistema, fue: «no quería decir “se los dije”». Hacía referencia a que había advertido que el proceso electoral estaba en riesgo. El miércoles, el día del allanamiento, aseguró, sin dar más detalles, que se le debía agradecer por haber previsto lo que sucede, en lugar de acusarle.

En realidad, el papel del presidente ha sido más evidente con sus acciones que con sus declaraciones. Lo más reciente fue facilitar el presupuesto para que, en las vísperas de las votaciones, se entregaran cupones para alimentos en áreas de interés para el candidato de su partido, Estuardo Galdámez. Y muchos sospechaban desde hace meses que, ante la inminencia de los malos resultados del partido oficial, los peores de un partido oficial en democracia, Morales estaba preparando el terreno para desacreditar las elecciones, y lo comentaban tras bambalinas.

El TSE ha tratado de mantener la calma y transmitir que el cumplimiento de la voluntad popular están asegurado. No acceden a revisar de nuevo de papeletas y se respaldan en la validez de las actas de las Juntas Electorales Departamentales, de cuyos originales deben disponer para oficializar el escrutinio de los votos.

Al mismo tiempo han refutado los señalamientos de fraude. «Decirlo sin fundamento es una irresponsabilidad manifiesta y negativa para el todo el país», ha subrayado el presidente del Supremo, Julio Solórzano. A quienes lo denuncian, les ha instado a que presenten las pruebas.

En su respaldo, la magistrada María Eugenia Mijangos ha insistido en que la integridad del proceso descansa en los más de 150,000 voluntarios que participaron en todas las juntas electorales.  «Imagínense lo que significaría ponerse de acuerdo con todas estas personas para llevar a cabo un fraude. Es imposible», señaló, en conferencia de prensa, junto a los otros cuatro magistrados el mismo día de los allanamientos.

En resumen: días de incertidumbre después de las elecciones.

Como no había ocurrido en el pasado, las horas posteriores a las elecciones han sido un caos. La presentación de resultados preliminares en la página de internet www.resultados2019.tse.org.gt fue lenta porque el conteo en mesas también se demoró más de lo habitual. Una de las razones es que, a diferencia de otras elecciones, esta vez hubo más partidos en contienda. Pero lo más importante es que hay varias actas con los datos de escrutinios que se digitaron mal. El director de informática del TSE, Gustavo Castillo, no solo admitió esas equivocaciones, sino también un error de programación que llevó tener votos «duplicados». Es decir, que a un partido se le asignaron los votos que le correspondían a otro.

El TSE ha debido convocar varias reuniones con los representantes de los partidos en disputa para explicarles lo sucedido. Así fue que se conoció que el error de programación ocurrió cuando debieron adaptar el sistema para que admitiera información de más de veinte partidos. En la elección de diputados distritales contendieron 28 agrupaciones.

Los fiscales exigieron una revisión de las actas y otros, como el partido Humanista, insistieron en un recuento de votos. El TSE accedió a la primera petición, porque se trata de documentos que ya fueron validados por los fiscales de los partidos. Sin embargo, los fiscales no están conformes porque han tenido denuncias de personas que votaron en mesas en donde su partido no aparece con votos. El saldo, hasta ahora, son dos intentos fallidos. El lunes 24 se frustró la cita porque los fiscales exigían la comparecencia de los magistrados titulares.

El TSE se negó a asistir y, en conferencia de prensa en su sede, advirtió que la revisión de las actas no tendría incidencia, porque los resultados oficiales estaban a salvo en las actas de las Juntas Electorales Departamentales (estas surgen de la sumatoria de votos de todos los municipios). Hasta el miércoles todavía estaban pendientes la de Quetzaltenango y la de San Marcos, de un total de 23 Juntas que debían trasladar información.

No obstante, los fiscales insisten en que haga una revisión de las actas por mesa y que les permitan corregir errores de sumatoria. Algo que no se podría efectuar, pues ya pasó la etapa de revisión e impugnación. El Tribunal también ha señalado que errores de este tipo no alterarían significativamente los resultados.  El miércoles el procedimiento de revisión de las actas por mesa electoral volvió a quedar suspendido porque el director informático no pudo asistir debido a que el TSE allanó la dirección a su cargo.

En tanto este proceso sigue estancado, no se puede determinar el impacto de los errores en la digitación de las actas. El director informático ha dicho que el sistema falló, específicamente en las elecciones de cinco municipios en donde hubo más de 20 candidatos y este mismo problema afectó la elección de diputados nacionales, distritales y del Parlacen.  Para algunos partidos, un pequeño número de votos podría suponer ganar una curul o perderla y de paso asegurar la existencia de su partido político. La ley electoral indica que desaparecen los que no obtienen un 5% de votos válidos o un escaño en el Congreso.

Los candidatos que se saben en segunda vuelta tienen posturas contrapuestas. La candidata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), asegura que los yerros del TSE son  «mínimos». Su oponente, el candidato Alejandro Giammattei, ha pedido una auditoría externa del sistema informático. El TSE anunció el martes 25 de junio que contrataría a una empresa para hacer la revisión.

Los votos de las Presidenciales parecen los más ciertos hasta el momento. El conteo rápido de Mirador Electoral, una instancia ciudadana de observación, se centró en ellos y apunta a la validez del escrutinio, con un margen de error que no supondría ningún cambio.

No obstante, tres partidos dejan en claro que no confían en los resultados electorales. El Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP) fue el primero en rechazarlos. Aducen irregularidades a lo largo del proceso, que se coronan con la presentación errada de los datos.

Les siguió el candidato del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, Estuardo Galdámez, que sumó el 4% de los votos presidenciales (estos resultados no han sido cuestionados). El miércoles 26 de junio, lo hizo el candidato Edmond Mulet, del partido Humanista. Este último difundió un mensaje en video para afirmar que hubo  «un fraude sostenido», y pidió que se repitieran las elecciones.

Mulet le dijo al empresario Dionisio Gutiérrez, en su programa Razón de Estado, que se refería a una serie de hechos que ocurrieron, incluso años antes del día de las votaciones y que tenían relación con la cooptación del estado. Acciones que terminaron por beneficiar al partido UNE.

En medio del caso, este partido ha salido victorioso. Suma la mayor cantidad de alcaldías, en comparación con otros partidos (116 de 340) y su candidata, Sandra Torres, tiene asegurados 1,122,630 votos, especialmente en doce departamentos del norte y occidente del país.

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Sin embargo, hubo otros que, con menos réditos, también fueron beneficiados durante la campaña electoral. El partido FCN aprovechó los recursos estatales para repartir dinero a personas de escasos recursos y a expatrulleros de Autodefensa Civil. Debido a que el TSE no lo denunció de inmediato, el candidato Manfredo Marroquín presentó el caso ante el MP.

El TSE tampoco presentó denuncias ante los avisos de acarreos el día de elecciones, o el canje de alimentos y dinero por votos. También pasó desapercibido, incluso del MP, que un grupo de exmilitares se organizara para exigir una indemnización por los servicios que prestaron a la patria durante el conflicto armado interno.

Mientras tanto, tras su debacle, el partido oficial, FCN-Nación, cuyas acciones pasaron desapercibidas para el TSE, se esfuerza ahora por aprovechar el clima de desconfianza que se cierne el proceso, y que el mismo presidente Morales alentó desde hace meses. El lunes 24 de junio, cuando los fiscales de los partidos políticos se aprestaban a revisar las actas por mesa, Galdámez y el diputado Javier Hernández, ambos oficialistas, aparecieron para desacreditar al tribunal e indicar que se había beneficiado a la UNE con más votos de los que en realidad habían obtenido.