El seguro médico escolar vuelve a fracasar y recibe más presupuesto
El seguro médico escolar vuelve a fracasar y recibe más presupuesto
- En las zonas más alejadas del país, docentes y padres de familia identifican deficiencias en el funcionamiento del seguro escolar. En su mayoría, han optado por no usarlo.
- En 2022, la cobertura del seguro médico escolar llegó a 301 de los 340 municipios. Los servicios de consulta médica y farmacia están centralizados en áreas urbanas.
- El programa del seguro escolar es cuestionado y ante los intentos de fiscalización, el Mineduc y el CHN muestran resistencia.
- Para 2023, el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria para que el seguro escolar amplíe su cobertura a estudiantes de nivel básico y diversificado, del sector público.
- Docentes y padres de familia sugieren que los recursos asignados a este programa se usen para la realización de jornadas médicas en establecimientos públicos, pues hasta ahora no es funcional el servicio.
Contra todo pronóstico, el Ministerio de Educación logró una asignación presupuestaria de 312 millones de quetzales para el seguro médico escolar en 2022. Los vicios y deficiencias que este programa presentó en los primeros años de ejecución se repitieron y a pesar de eso, cada año, el Congreso aumenta la asignación presupuestaria para un programa que según maestros y directores, no es funcional y no responde a las necesidades de los estudiantes.
En 2020, el seguro médico escolar era un tema recurrente en las aulas de los 32,600 establecimientos públicos del país porque en diversas ocasiones, públicamente, el presidente Alejandro Giammattei prometió que a todas las escuelas llegaría un programa con la capacidad de brindar asistencia médica gratuita para los estudiantes del sector público. Sin embargo, la promesa no se concretó y tras la decepción, el seguro médico se volvió un trámite del que poco se discute.
Según el último recuento del Ministerio de Educación, hasta abril de 2022 el seguro médico escolar llegó a 301 municipios de los 340 en los 22 departamentos. No logró la cobertura total pese a que para este año obtuvo el doble de presupuesto en comparación con el año pasado. Además, el avance de la cobertura no fue planificado según las necesidades de los municipios o escuelas sino de la capacidad de la empresa aseguradora contratada por el Crédito Hipotecario Nacional, entidad que está a cargo de los recursos asignados para el programa.
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Los testimonios de maestros y directores de centros educativos en distintos departamentos reflejan que el seguro se convirtió en una decepción para docentes y padres de familia, quienes han optado por no usarlo ya que la conveniencia del programa es proporcional a la cercanía de los establecimientos a cabeceras departamentales.
Oscar Chen es profesor en la Escuela Birmania, ubicada en Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. «Aquí en Campur no hay ninguna clínica que esté asociada al seguro escolar, cuando un padre de familia llama para consultar tiene que moverse a la cabecera para recibir el servicio. Le estoy hablando de hacer un viaje de unas dos horas en bus, es un gasto de casi 100 quetzales solo en pasaje», explica.
Cada año, Alta Verapaz es de los lugares más golpeados por los fenómenos climáticos. Las tormentas y lluvias constantes provocaron que en 2020 Campur quedara totalmente cubierta de agua por más de dos meses. En 2022, la tormenta tropical Julia también hizo estragos y dejó en ese departamento cinco personas soterradas, en Panzós.
Las condiciones climáticas, dice Chen, además de provocar tragedias de este tipo en el departamento con menores índices de desarrollo humano, según el último Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH), también afectan la salud de los niños en edad escolar.
«Los niños se enferman con mucha frecuencia ahora por los cambios climáticos que se están dando. Hay mucha gripe y enfermedades que son contagiosas, no son los jóvenes los que están mal sino la temporada en que estamos, los cambios climáticos les han afectado», relata.
Molestias como gripe, tos intensa o sarampión se han vuelto constantes en las aulas. Asimismo, son frecuentes accidentes por cortaduras o fracturas. Sin embargo, ante estas situaciones los padres de familia prefieren acudir al hospital regional o al centro de salud más cercano, en este caso, ubicado en Campur, a media hora de la escuela en la que Chen se desempeña.
Al principio, dice Chen, los padres de familia e incluso maestros se quejaban, se molestaban y protestaban por la ineficiencia del seguro. Sin embargo, con el tiempo y ante la falta de respuestas o de cambios, el tema se quedó en el olvido y todos entendieron que el programa no es práctico, ni funcional, que no les conviene usarlo. «Lo que han dicho los padres de familia es que sería mucho mejor que les dieran ese apoyo en efectivo o que mejor llevaran jornadas médicas a la escuela, que trajeran las medicinas, los insumos, que lo hicieran en cada escuela», propone el profesor.
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Las peticiones de este tipo no han sido escuchadas a pesar de que en 2020 y 2021, el seguro médico escolar no le dio cobertura a los municipios más alejados de las zonas urbanas y tampoco llenó las necesidades de sus beneficiarios, para este 2022 obtuvo un presupuesto mucho mayor. Maestros y directores relataron a Plaza Pública los diversos fallos de este programa.
Mientras el presupuesto para este programa ha ido en aumento, la cuota correspondiente a la refacción escolar ha disminuido. Para los 116 alumnos de la escuela en Birmania, esa reducción es significativa porque uno de los incentivos de los estudiantes era precisamente la alimentación escolar.
Desde Campur, Chen reflexiona en lo beneficioso que resultaría para su escuela que los recursos destinados a este tipo de programas estuvieran orientados a la adquisición de escritorios, material didáctico, refacción escolar o infraestructura. Este último aspecto es una de las principales deficiencias en ese departamento.
En San Andrés Xecul, Totonicapán, los padres de familia de la Escuela Oficial Urbana Mixta Juan Ruperto Chuc han optado por evitar el uso del seguro pues se han percatado de que la respuesta a sus problemáticas es desplazarse a otro lugar, uno más cercano a la cabecera departamental. «Nos cuentan que llaman y los mandan a otro lado, por eso prefieren no usarlo», explica Rivelino Cux, director de dicho establecimiento.
Para los pobladores de departamentos como Totonicapán acceder a atención médica nunca ha sido fácil. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Guatemala, hay 0.9 médicos por 1,000 habitantes. Eso convierte al país en uno de los más bajos en materia de acceso a salud en América Latina. Mientras que en el departamento de Guatemala, hay ocho médicos por cada 1,000 habitantes, en Totonicapán la cifra llega a tres.
En el municipio de Momostenango, Totonicapán, los centros educativos esperaron todo el 2022 para que el seguro médico llegara a sus estudiantes. Carlos Robles, director de la Escuela Centroamérica, narra que recibieron las pólizas hasta noviembre de 2022. Entregaron los documentos a los padres de familia, explica, por protocolo, porque los padres de familia prefieren no recurrir al seguro porque los pocos que lo han consultado, no han quedado satisfechos o han sido enviados a otro municipio.
Más presupuesto para 2023
En 2022, fueron asignados Q57 millones 191 mil 298 al seguro escolar a nivel pre primario y Q209 millones 320 mil 209 al nivel primario. En ambos rubros, la ejecución presupuestaria superó el 99 por ciento al cierre del año. Pese a los cuestionamientos que persiguen a este programa, para 2023 se le asignaron aún más recursos.
El Ministerio de Educación solicitó una ampliación presupuestaria para el presente año con la promesa de ampliar la atención del seguro escolar a los estudiantes del nivel básico y diversificado. Eso supone un aumento de más de 70 millones de quetzales. Según lo aprobado por el Congreso, para este año, el programa tiene asignados Q66 millones 096 mil 205 para el nivel pre primario, Q237 millones 449 mil 257 para primaria, Q32 millones 088 mil 800 para el nivel básico y Q8 millones 458 mil 704 para diversificado.
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A criterio de Julio Hernández, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en los últimos tres años el Ministerio de Educación no ha demostrado desde un punto de vista económico y social que para el Estado sea más conveniente el seguro médico escolar tal como está siendo implementado.
Hernández comparte lo que algunos docentes han manifestado, que la inversión que se hace al seguro podría tener más efectos en otros proyectos orientados a la salud de los estudiantes. «Lo lógico y lo más deseable es que se fortalezca el sistema de salud pública, en lugar de contratar un seguro privado. No ha resultado un programa efectivo, el gasto que se está realizando parece no dar resultados», señala el analista.
Cada año, previo a la aprobación del presupuesto nacional, el Icefi ha manifestado preocupación por la asignación de recursos a un seguro que no funciona. Sin embargo, el proyecto no ha tenido problemas para recibir el respaldo del oficialismo y aliados desde el Congreso.
Adicionalmente, la falta de transparencia ha sido un obstáculo para fiscalizar el programa. Diputados de oposición han intentado vigilar el funcionamiento del seguro médico; sin embargo, desde el Ministerio de Educación y el Crédito Hipotecario Nacional, entidad que maneja el presupuesto del programa, ha habido resistencia para facilitar información.
Según el diputado Orlando Blanco, ante los requerimientos de información, se solicitan prórrogas o información incompleta que no permite analizar a fondo la efectividad del programa. «Es evidente, es una inversión que no se traduce en un beneficio para los estudiantes», resume.
Hernández coincide con este punto. Este es un servicio privado, indica, que se ha convertido en una intervención opaca y que no ha demostrado efectividad. «No le tiene cuenta al Estado un gasto como este», asegura.
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La espera por un programa que no funciona
En 2020 y 2021, Jorge Alonzo estuvo a cargo de la escuela oficial ubicada en la aldea Riveras del Chixoy, en el departamento de Quiché. Durante esos dos años, los 72 estudiantes inscritos en ese establecimiento esperaron el ofrecimiento del presidente. Sin embargo, no llegó sino hasta julio de 2022. No pasó mucho tiempo para que los padres de familia se percataran de las deficiencias del seguro y comprendieran que les resulta mejor continuar curando enfermedades y síntomas molestos con métodos naturales.
«Hace un año no había llegado solo habían dicho que iba llegar. Ahora ya se llenaron documentos, como quien dice ya está pero en la realidad no es así como se escucha. En mi escuela nadie lo está utilizando porque como dice la mayoría: sale más caro utilizarlo que no utilizarlo», dice Alonzo.
La aldea Riveras del Chixoy está a unos 30 km de la cabecera departamental de Quiché. «Para hacer uso de ese seguro las familias tienen que viajar a la cabecera municipal si es que hay alguna clínica ahí. Dicen que hay pero no sé si es cierto. Al final les recetan cosas como acetaminofén o aspirinas, entonces sale caro a las familias. Una familia hizo uso del seguro y qué le recetaron, acetaminofén, aspirina. Le salía más barato comprar eso en su comunidad que ir a la cabecera. Esa noticia impactó aquí. La mayoría no ha hecho uso de eso porque sale más caro», explica.
En los primeros dos años de este gobierno, la población en Ixcán estuvo a la espera del seguro médico para estudiantes. La promesa se retrasó por dos años y llegó hasta mediados de 2022. Después de tanto esperar, dice Alonzo, ahora que el seguro llegó las cosas siguen igual. «Alguien seguro está mejor pero no lo conocemos», dice.
La percepción entre padres de familia y docentes es que el programa es la fachada de un negocio que beneficia a terceros pero no a la población a la que supuestamente debería llegar. Sin embargo, lejos de generar molestia, las familias recibieron las pólizas y dejaron de hacer reclamos al respecto, se olvidaron del tema. Nadie habla de eso, dice Alonzo, ya todos se conformaron, nadie dice nada.
Y es que en su aldea hay otros problemas que aquejan a la población. Por ejemplo, el hecho de que no exista un suministro de agua para las escuelas. Actualmente, la fuente principal de agua son los pozos y arroyos, a donde las familias deben acercarse diariamente. También la falta de alimentos ocasionada por los fenómenos climáticos que echaron a perder los cultivos de este año. Hoy hay más familias con hambre en Ixcán debido a que muchos perdieron sus cosechas.
En medio de problemáticas como la pobreza y la falta de alimentos, la ineficiencia del seguro se ha disipado en los lugares más alejados del epicentro del país. Tras tres años fallidos, docentes y padres de familia han optado por ignorar este programa y recurrir a otras opciones para acceder a la salud. «Antes hablamos de esto, ahora ya ni eso, ya se resignaron», se lamenta Alonzo.
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