Guatemala incorporó estos principios universales en la Constitución de 1985 y así elevó la declaración de derechos al nivel de las constituciones contemporáneas. Además, en 1996, con la firma de los acuerdos de paz, se establece una serie de compromisos que el Estado guatemalteco debe cumplir para poner fin a la guerra y garantizar que las causas estructurales que dieron origen al conflicto sean erradicadas.
Por tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución y los acuerdos de paz constituyen el marco ético que debe orientar el quehacer del Estado guatemalteco para alcanzar la paz, la equidad y el bienestar de todos sus habitantes.
Es en este marco dentro del cual Guatemala recibió, primero, el apoyo de una misión de paz de las Naciones Unidas. Posteriormente, cuando esta se retira, se acuerda abrir una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). La cual estaría encargada de observar la situación de los derechos humanos en el territorio guatemalteco y asesorar al Estado en esta materia.
La Oacnudh ha gozado el lujo de contar con líderes comprometidos, con experiencia política y una ética intachable. En el 2005 llegó a dirigirla Anders Kompass, un profesional de un calibre ético incomparable. Kompass fue protagonista de la denuncia de abusos sexuales cometidos contra niños de la República Centroafricana por parte de las tropas de paz de Naciones Unidas.
Después llegó Alberto Brunori, un ser humano extraordinario, capaz de conmoverse ante las injusticias, y un diplomático experimentado que demostró tener la cintura política para confrontar y negociar. En este país, donde los derechos humanos no son el eje aglutinador, sino el punto de discordia, el señor Brunori supo sortear las aguas. Puso en la mesa la agenda de los derechos humanos con la fuerza que se requiere, pero con la astucia suficiente para generar alianzas. Fue un líder conciliador y firme a la vez.
Para él y su equipo la tarea no fue fácil. Como dicen en mi pueblo, a veces les tocó bailar con la más fea, incluyendo el juicio de genocidio contra Ríos Montt, el desalojo del Polochic, las muertes en Totonicapán, los conflictos en las mineras e hidroeléctricas y las protestas cívicas del año pasado en contra de la corrupción, solo por mencionar algunos hechos. Impulsó el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y favoreció el trabajo por el pluralismo jurídico. También apoyó sin titubear la labor del MP y de la Cicig al formar parte de un frente común con el sistema de Naciones Unidas.
A la larga, por muchas de estas decisiones, le pasaron factura, pero Alberto y su equipo deben estar satisfechos porque estuvieron del lado correcto de la historia. Del lado de la justicia, la dignidad y la equidad. Guatemala les debe estar agradecida.
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