En un estudio realizado recientemente por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, señala que es urgente cambiar las condiciones para lograr desarrollo rural. Los hallazgos encontrados destacan que el sector agropecuario sigue siendo el motor principal para generar progreso rural en el país, sin embargo, actualmente existen algunas limitantes que impiden promover el crecimiento de este sector señalando: 1) Falta de acceso al financiamiento, 2) bajo desarrollo de las personas, e 3) inseguridad jurídica.
Respecto a la a falta de acceso al financiamiento, el estudio señala que en el 2009 en Guatemala solo el 5% de la producción agropecuaria fue financiada con crédito, mientras Costa Rica financió el 56% de la producción. El segundo factor es el bajo capital humano. Lo que se encuentra es que los trabajadores del sector agrícola son los que poseen menos años de escolaridad. Esto limita adoptar nuevas tecnologías y aumentar la competitividad. Y por último la inseguridad jurídica en esta área es muy grande. A pesar del Registro de Información Catastral, existe conflictividad agraria y no se garantizan los derechos de propiedad, limitando las inversiones en el sector por la incertidumbre que genera.
Todo esto repercute en una baja competitividad del sistema productivo en el área rural, comprometiendo las posibilidades de un efectivo combate a la pobreza en estos territorios del país.
Ante los niveles de pobreza que viven los guatemaltecos en el área rural, es urgente promover el desarrollo económico y la generación de empleo digno. El sector agropecuario es poco competitivo, debido al escaso acceso a la tecnología productiva y a la capacitación técnica de los trabajadores, lo que impide alcanzar los estándares de calidad para participar en mercados competitivos.
Además los desastres naturales, derivados del cambio climático, tienen un particular impacto sobre la producción del sector agropecuario. Estos desastres afectan de manera directa la capacidad productiva del área rural y por ende genera presión sobre la seguridad alimentaria. La tormenta “Agatha” representó US$48 millones en daños y pérdidas para el sector agropecuario, la tormenta “Stan” provocó que se perdiera el 6% de la producción de maíz blanco y el 3% de la producción de frijol. Todavía no se definen a nivel nacional estrategias puntuales para afrontar el tema del cambio climático. De pronto la diversificación productiva y la implementación de buenas prácticas agrícolas, son el camino a seguir.
A pesar de que se han hecho varias intervenciones en el área rural, éstas no son suficientes ni sostenibles y, mucho menos, capaces de eliminar la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, es necesario contar con estrategias que atiendan la diversificación productiva, el manejo de cuencas y la implementación de buenas prácticas agrícolas, que además garanticen la seguridad alimentaria de sus habitantes.
La investigación concluye que para implementar las políticas que promuevan el desarrollo rural es necesario establecer un enfoque territorial, que permita la priorización y focalización de acciones. Se requiere fortalecer las instituciones de participación comunitaria existentes a nivel local, para facilitar la coordinación y cooperación dentro del área rural.
Asimismo se afirma que para mejorar la calidad de vida de las personas de estas regiones, es necesario elevar su productividad, eliminar las restricciones del crecimiento del sector agropecuario mencionadas anteriormente, y crear las condiciones para que en el largo plazo se estimule la diversificación de las actividades económicas. Es imperante la inversión y generación de capacidades de las personas, con base en un modelo de desarrollo que respete la libertad individual, con certeza jurídica y donde el Estado promueva la realización de los esfuerzos del individuo y su comunidad.
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