Enfrentar a dos sistemas de justicia por defenderse y sobrevivir: el caso de Carmela Jolomná
Enfrentar a dos sistemas de justicia por defenderse y sobrevivir: el caso de Carmela Jolomná
• Una madrugada de marzo y tras años de abusos contínuos, Julio Cucul Rax agredió y violó a su esposa, Carmela Jolomná. Amenazó con matarla con el machete a ella y a su bebé en el vientre.. Aún con las dificultades del embarazo, Carmela logró quitarle el arma y le puso fin a los años de abuso, decapitando a Julio con el mismo machete con que la intimidaba.
• Carmela se entregó a las autoridades de su comunidad, quienes llamaron a a la Policía Nacional Civil (PNC). Carmela fue detenida y puesta bajo custodia policial,
• Mientras tanto, el caso de Carmela fue compartido en redes sociales y fue señalada y criminalizada por haberse defendido y matar a su agresor en su defensa y del bebé en su vientre.
• Carmela se defendió y sobrevivió, pero la violencia recibida no cesó con la muerte de su agresor. Carmela debió enfrentarse además al repudio y expulsión de su comunidad, al escrutinio público. al sistema de justicia estatal y al comunitario.
Carmela Jolomná Yat es sobreviviente de violencia. Una madrugada de marzo y tras años de abusos continuos, Carmela fue agredida una vez más. Se defendió y sobrevivió, pero la violencia recibida no cesó con la muerte de su agresor. Carmela debió enfrentarse además al repudio y expulsión de su comunidad, al escrutinio público, al sistema de justicia estatal y al comunitario. Esta es su historia.
Carmela es una mujer joven. Se recoge el cabello que le llega hasta la cintura en una coleta que deja descansar sobre su güipil de flores y se encarga de su hogar. Tiene 28 años y es madre de dos niños de 8 y 12 años. El primero nació cuando Carmela tenía 16. Está embarazada de siete meses y su embarazo es de alto riesgo.
Desde la casa de Carmela no se llega fácil hasta otros poblados, las rutas son de terracería y las distancias marcadas. Su hogar se encuentra en el norte guatemalteco a unas cuatro horas de la cabecera departamental de Alta Verapaz, en la aldea Roc-há Satzac, Cobán. Además es caro viajar desde allí. El tramo hacia la cabecera cuesta alrededor de 60 quetzales, más de la mitad del salario mínimo diario que estipula el Estado guatemalteco para trabajos agrícolas. Los servicios en la aldea son pocos y el departamento, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de condiciones de Vida (Encovi 2014), presenta las condiciones de pobreza más severas del país. Violencia sistémica que afecta a Carmela al igual que a otras guatemaltecas.
A pesar de la distancia y la falta de servicios, Carmela había buscado apoyo del Estado, pues era víctima de violencia. Julio Cucul Rax de 35 años, su esposo y padre de sus hijos violentaba a Carmela y a los niños. Las denuncias hechas por Carmela constan en el Ministerio Público (MP) y el juzgado de Paz de la aldea Salacuim en Cobán, donde le otorgaron previamente medidas de seguridad, pues en ocasiones las agresiones la llevaron al hospital. Las respuestas no llegaron y Carmela inició un camino difícil y complejo de transitar, después de que su esposo la golpeara y violara por última vez.
Las noticias sobre casos de violencia contra la mujer son frecuentes en Guatemala. Solo en 2021, el MP recibió 60,064 denuncias relacionadas con este delito. De estas, la salida más frecuente fue la desestimación. De los casos recibidos en ese mismo año, el MP desestimó el 39% según informó Plaza Pública en este reportaje.
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Detrás de las cifras hay vidas que están siendo afectadas, en muchos de los casos con consecuencias mortales. Uno de estos, marcado por la saña y la crueldad dirigida hacia una mujer sucedió en el mismo departamento, Alta Verapaz, años atrás.
Mario Tut Ical, de 43 años, con antecedentes de violencia contra la mujer, asesinó a Alejandra Icó. Era su pareja. La mutiló usando un machete. Alejandra intentó defenderse según mostraron las heridas de sus manos, pero no lo logró, no debería haber tenido qué hacerlo. Era cuatro años mayor que Carmela.
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El machete es una herramienta muy utilizada en las tareas del campo, pero también está clasificado como arma blanca. Estas, las armas blancas, son la segunda más empleada por los victimarios en el país, según el Informe sobre la Violencia Homicida en Guatemala, del Observatorio de Violencia en 2019. Un machete se usó para asesinar y mutilar a Alejandra, y quizá lo mismo habría pasado a Carmela. Ella consiguió defenderse y sobrevivió.
En legítima defensa
Esa madrugada de marzo, Carmela dormía en su hogar cuando a eso de las 2 de la mañana llegó Julio en estado de embriaguez, lo que era frecuente, exigiendo que le sirviera más bebida y obligándola a tener relaciones sexuales. Cuando se negó, la agredió hasta violarla como también acostumbraba, amenazando con matarla con el machete a ella y a su bebé en el vientre.
Aún con las dificultades del embarazo, Carmela logró quitarle el arma y le puso fin a los años de abuso, decapitando a Julio con el mismo machete con que la intimidaba, según relató a la Policía Nacional Civil (PNC) cuando llegaron al lugar después de que ella misma se entregara a las autoridades de su comunidad.
Carmela fue detenida y puesta bajo custodia policial, mientras esperaba a rendir declaración en su idioma (q'eqchi), audiencia que en marzo fue suspendida y reprogramada ante el juez de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz.
Mientras tanto, el caso de Carmela fue compartido en redes sociales y fue señalada y criminalizada por haberse defendido y matar a su agresor, en defensa propia y del bebé en su vientre.
La misma comunidad hasta hoy no acepta lo sucedido y argumentan que esto causa miedo en la población. La nota apareció en el medio estadounidense Univisión días después y se aseguraba que el temor se había instalado en la zona, pero sin evidenciar la violencia continuada que sufrían Carmela y sus hijos.
Guatemala es una de las 15 naciones más violentas del mundo, como explica esta nota de Deutsche Welle, con una tasa interanual de 20.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el Informe Sobre Violencia Homicida en Guatemala de 2019. Ese mismo informe señala que en uno de cada diez homicidios se usa arma blanca.
Esta vez el caso difiere de lo que cotidianamente se publica en medios de comunicación. Ahora fue una mujer quien sobrevive usando el arma con que la atacaron, haciendo que una parte de la población la culpabilice sin comprender el contexto de violencia previa en la que Carmela vivía, ni reconocerse socialmente su derecho de legítima defensa ante la agresión.
La Cuerda en esta nota, explica que las amenazas de Julio a Carmela respecto a su embarazo hacían ver que no quería otro niño, sino una hija para «disfrutar con ella», es decir su advertencia tenía una connotación sexual. «Él me tocaba el estómago, me apretaba mucho para sacarlo -al bebé-. Cuando llegó la última vez dijo: ‘hoy no te vas a salvar, lo tengo que sacar’», cita el medio.
Según el último informe de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en marzo pasado (mismo mes en que se conmemora el Día internacional de la mujer), se registraron 135 femicidios en el país, alcanzando la cifra de muertes violentas a mujeres más alta en los últimos 11 años. Hubo 110 víctimas más que las registradas durante el mismo lapso en 2021, a diferencia de las muertes violentas en hombres que incrementaron a 54 víctimas más que el año pasado. Solo en el primer trimestre de 2022 hubo 25,057 víctimas reportadas de delitos contra mujeres y niñez, explica la asociación en este vídeo:
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El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) expresó en una conferencia que los femicidios también representaron el 16% del total de asesinatos en Guatemala durante 2021 y de estos, un 71% permanecen en la impunidad.
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Andrea Barrios Paiz cofundadora del Colectivo Artesana, quienes trabajan desde hace más de 15 años con personas privadas de libertad, y quienes han apoyado en este proceso a Carmela, menciona que en la comunidad no se percibe de la misma manera la muerte de una mujer que la de un hombre. «Lamentablemente ya es parte de la cotidianeidad y (se piensa que) es aceptable que una mujer muera, pero cuando es una mujer la que se defiende y el hombre es el que muere, a veces la sanción de la comunidad es más dura y hay rechazo, siendo más severos cuando son ellas las que tienen la acción de defensa o de no dejarse», indicó.
Según Andrea, el colectivo ha llevado con anterioridad al menos seis casos similares de delitos cometidos en defensa propia, pero en ninguno hubo resultados positivos. En Guatemala, antes del caso de Carmela, no había procesos en los cuales se reconociera la legítima defensa para las mujeres en una situación de violencia en el ámbito privado, dice.
El Código Penal guatemalteco establece en el artículo 24 cuáles son las circunstancias para determinar que ha habido legítima defensa, pero estos casos no siempre se reconocen como tal. Sin embargo, Andrea explica que debieran considerarse las situaciones, como el caso de Carmela, como una legítima defensa, porque es ante el miedo y ataque provocado que la persona actúa. «Muchas veces pensamos que el miedo nos paraliza pero el miedo hace también que uno responda cuando se siente en riesgo o en peligro que son los casos que han sucedido», menciona.
En casos anteriores, cuenta Andrea, no se ha reconocido la legítima defensa, sino que todas han sido encuadradas en la figura de «homicidio en estado de emoción violenta». Este delito, explica, tiene otras connotaciones que a veces no son necesariamente lo que sucede: «no es que uno en un momentito se cegó como popularmente se dice y perdió noción de lo que estaba sucediendo y actuó sin estar cien por ciento consciente de lo que estaba pasando, y creo que esa connotación a veces no es la circunstancia que se da de acuerdo a los hechos».
De acuerdo al artículo de investigación «Un acercamiento teórico a la mujer víctima-victimaria» de Sandra Viviana Díaz Rincón, de la Universidad Simón Bolívar de Colombia, que aborda teorías sobre la criminalidad femenina, se indica que «la complejidad social no le permite a la mujer autoafirmarse, sino que la subestima, y le obstruye el acceso al poder» desde el concepto de relaciones desiguales de poder que existen entre hombres y mujeres, incluyendo el ejercido desde el delito.
Días antes de la audiencia reprogramada, Andrea comentaba: «Creo que sí puede haber un resultado positivo en cuanto a que el MP pueda establecer los antecedentes de violencia, pues debe hacerlo bajo el principio de objetividad, ya que lo que se busca es esclarecer la verdad. Creemos que en este caso particular se puedan encontrar los elementos necesarios y medidas que favorezcan a Carmela derivado de las situaciones que ya venía enfrentando».
Falta de mérito
El 21 de marzo a las 9 horas se llevó a cabo la audiencia de primera declaración reprogramada ante el Juzgado de Primera Instancia Penal. En el edificio de tribunales frente al parque central de Cobán, varias mujeres de Artesana acuerparon a Carmela, vistiendo camisetas con la leyenda «Carmela, yo te apoyo», mientras esperaban atentas la resolución de la jueza.
Entre las conclusiones de la jueza Úrsula Teyul Yat, encargada del caso, se decretó la falta de mérito del proceso a favor de la sindicada por el delito de parricidio por el que fue imputada. De igual manera, se ordenó el cese de las medidas de coerción impuestas, dejando sin efecto la custodia respectiva y ordenando al Ministerio Público continuar con la investigación.
«Este caso se resolvió con objetividad, con transversalidad de género. Se reconoció a doña Carmela como mujer víctima del ciclo de la violencia, se tomó en cuenta todo su contexto familiar, social e histórico como mujer, y se entendió que fue en legítima defensa también frente a su embarazo y sus demás hijos, dictando su libertad inmediata», declaró su abogado defensor, Federico Augusto Ruata Cardona, quien junto a la abogada Haydei Cu Isem y en calidad de Defensores Públicos del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), llevaron el caso.
Sin embargo, pese a que Carmela recobró ese día su libertad, aún le esperaban días difíciles que superar. «Ya con anterioridad se había evaluado psicológicamente a ella y sus hijos quienes también vivieron la violencia por parte de su padre, va a ser muy importante que ahora les vuelvan a brindar ayuda psicológica», añadió entonces su abogado defensor.
El castigo
«Es habitual que en redes sociales y medios de comunicación que la población vea la situación desde el morbo, buscando fotografías y detalles de la persona fallecida, culpabilizando y buscando responsables para que se reciba el castigo, comúnmente desde la idea de prisión», expresa Andrea.
«El Estado ya le falló en estar ausente en la prevención de la violencia, entonces ahora el Estado no puede venir a castigarla», expresó también Andrea previo a la audiencia. Pero pese a que Carmela recuperó su libertad el 21 de marzo, librándose de dar a luz a su bebé tras las rejas, el castigo fue impuesto por su propia comunidad, pues a Carmela le tocó además de todo, enfrentar al sistema de justicia (maya q´eqchi) de su localidad.
Desde el día de los hechos, la comunidad Roc-há Satzac de Cobán, se alarmó con lo sucedido, por lo que las autoridades del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) y los familiares de Julio, reunidos en Asamblea, tomaron la decisión de expulsar a Carmela y a su familia de la comunidad. Desde una cuenta de Facebook llamada Aldea Rocja Satzac Cobán publicaron un comunicado:
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La publicación de un párrafo expresa: «Que la señora Carmela Jolomná Yat quien decapitó a su esposo, Julio Cucul Rax, durante una asamblea general de todos los miembros, Cocodes y familiares del fallecido, en un levantamiento de acta se manifiesta que: la señora Carmela Jolomná Yat será expulsada definitivamente como miembro de la aldea, para no repetir lo que había sucedido, ya que la señora ya se acostumbró de hacer un asesinato, ya que los niños y mujeres están asustados por el delito que hizo»
«Los Cocodes han tomado la administración de la comunidad, ellos no se basan en las leyes de Guatemala, sino actúan de acuerdo a sus propias normas y lo que piensan. Juzgaron a doña Carmela sin tomar en cuenta la resolución del juez. Por ser ellos la máxima autoridad en la comunidad son ellos quienes dictan qué hacer y qué no hacer», indicó un vecino de la comunidad quien prefirió omitir su nombre.
La reacción ante los abusos que cotidianamente vivió Carmela por al menos 15 años en la comunidad, y que pusieron en riesgo su vida, no tuvieron la misma reacción entonces como la tuvo el asesinato en legitima defensa. La violencia hacia las mujeres se naturaliza, defenderse se criminaliza.
Los operadores del sistema de justicia también son parte de esa sociedad, indica Andrea, recordando la sentencia de un caso similar en el que condenaron a una mujer a 25 años de prisión. «La condenaron bajo el argumento de una jueza de que “no podían darle un mensaje a la sociedad de que se iba a perdonar el hecho de que una mujer matara al marido porque entonces todas las mujeres iban a querer hacer lo mismo”».
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Otro argumento que se ha utilizado es que cuando se habla de que pudo haber varios tipos de violencia incluyendo violencia sexual, «cuando se da entre la pareja se cree que no hay violencia sexual y efectivamente sí la hay, porque cuando una mujer es forzada, no quiere y el conviviente la obliga, es un delito de violación porque es sin su consentimiento», explica Andrea. Darle otra interpretación a ese abuso, decir que no es violación porque existe un vínculo con el agresor, refuerza la violencia ejercida.
Andrea comenta que lo que debería alarmar a la sociedad no es quién debe recibir el castigo, pues no se puede alegrar por la muerte de un ser humano. «Carmela no está contenta con lo que hizo», dice y menciona aquellas causas que la llevaron a defenderse, además de los vacíos estatales y la falta de posibilidad que las personas tienen para resolver este tipo de problemas, la falta de acceso de las instituciones que le pudieron dar apoyo a Carmela, que en su caso debía viajar hasta cuatro horas para llegar a la sede del MP más cercana. «El Estado ya le falló a Carmela en cuanto a la prevención de la violencia para que no se llegara a estas circunstancias», añade.
Según información de la página web del Organismo Judicial, la justicia especializada nace ante la demanda de la sociedad de tener órganos jurisdiccionales con análisis e interpretación distintos de los clásicos. Con ello, se busca disminuir y cooperar con la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones y principalmente los femicidios en Guatemala.
Andrea considera que el enfoque de género ha avanzado mucho en cuanto a la comprensión de la problemática de la violencia cuando la mujer es víctima y la enfrenta como tal, pero no hay mucho avance en cuanto a que la mujer pase de ser víctima a ser victimaria en defensa propia como en este caso, pues tanto la reacción de la comunidad como la del sistema de justicia puede variar según el lugar y los aspectos culturales del entorno.
En los casos anteriores que Andrea menciona que han trabajado, donde a las mujeres que han enfrentado la justicia les ha «ido duro» siendo casos difíciles por la presión social que hace que no se comprenda de la misma manera y que no se acepte ver a las mujeres como figuras de victimarias. Es como si la sociedad les prefiriera víctimas, algo extremadamente violento.
Este es un precedente histórico, menciona el abogado defensor de Carmela. «Es histórico porque se utilizó la transversalidad de género para considerar el contexto social, cultural y familiar en el que Carmela vivía», comenta.
El Colectivo Artesana prevenía que aunque la decisión de la jueza benefició a Carmela, es necesaria la solidaridad y apoyo social. No solo para ella sino para que las mujeres que enfrenten a la justicia puedan hacerlo de una manera más justa. Para Carmela, que se enfrenta a una situación emocional, física y mental difícil para ella y su familia se agrega la expulsión que como castigo le impone su comunidad por defenderse a sí misma y a sus hijos, y atreverse a responder a la violencia.
Después de expulsar a Carmela y a su familia, algunas de las comunidades en los alrededores de Roc-há Satzac mantienen silencio. «Han habido muchos casos de agresiones, violaciones y violencia en general a los derechos de las mujeres que no han llegado a nada porque lo consideran algo normal, también por el desconocimiento de los derechos» comenta el vecino que accedió a hablar de forma anónima.
Hasta hoy, fueron 15 los miembros del Cocode que firmaron la expulsión de Carmela, según menciona Andrea en entrevista radial y ni su hermano ni sus hijos se sentían seguros: «El hermano de Carmela estaba muy preocupado porque a la comunidad Roc-há Satzac no podía regresar con sus sobrinos».
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos una de cada tres mujeres en el mundo (35%) han sufrido violencia física y/o sexual de su pareja en algún momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres a nivel mundial, son cometidos por su pareja hombre.
Carmela ahora que se encuentra en resguardo del colectivo y varias organizaciones, pidió volver por sus cosas, sus puercos, gallinas, su ropa y la de sus niños, los juguetes y demás. Sin embargo, la comunidad decidió que no puede volver allá, que debe dejar sus posesiones y su hogar, la vida que conocía hasta entonces. Debe empezar de nuevo, en otro lugar.
Alejandra y Carmela vivieron y sufrieron ciclos contínuos de violencia. Sus historias son compartidas pero sus finales son contrapuestos. Alejandra fue asesinada, Carmela se salvó al responder el ataque pero debió enfrentar una situación legal, repudio y expulsión de su hogar. Cada una enfrentó violencia desde su propio contexto y ambas historias reflejan dinámicas sociales poco favorables para las mujeres. Para ellas fue común la falta de apoyo estatal y el abandono ante la violencia vivida día a día. Para Carmela la criminalización y el peso social de enfrentar a dos sistemas de justicia, al ejercer su derecho a la legítima defensa.
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