«Compartimos, lloramos y reímos»: la resiliencia comunitaria frente a la desaparición forzada en Alta Verapaz

A Osman Choc Oxom le gusta la poesía y otras formas de arte, como el tejido que es propio de la región en que nació: la comunidad Peña Blanca, del municipio de Cobán, Alta Verapaz. 
Choc es profesor de enseñanza media bilingüe e intérprete. Tiene 42 años y, por su experiencia de más de una década en el acompañamiento de familiares y víctimas del conflicto armado, también es parte del área de derechos humanos de la Asociación Civil Oxlaju Q'anil.

Pero su experiencia también es personal, pues cuando era tan solo un bebé de meses, quedó al cuidado de su abuela y su padre, después que el ejército de Guatemala desapareció y masacró a su madre, hermano y abuela. 
Eso le hizo emprender la búsqueda de sus propios familiares y más adelante, acercarse a grupos organizados que buscaban justicia. «Mi papá acompañaba a grupos de víctimas del conflicto armado mientras yo estaba en la ciudad estudiando. En una ocasión me dijo mi tío “hay un grupo que está acompañando a familias, si quieres te unes con ellos porque también estás luchando (por) lo mismo” y así fue», cuenta.  

En 2008 obtuvieron resarcimiento para su padre y Choc decidió continuar como voluntario en los esfuerzos de otros colectivos y organizaciones locales, hasta que en 2012 se integró a la Asociación de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas de Guatemala (Famdegua).

Esta organización solicitó, después de la sentencia del caso Masacre Plan de Sánchez en Baja Verapaz, la exhumación dentro de la Zona Militar No. 21, hoy Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en Cobán Alta Verapaz, donde encontraron uno de los cementerios clandestinos más grandes del país. 

[relacionadapzp1]

En 2012 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) encontró ahí al menos 565 osamentas, distribuidas en varias fosas, entre ellos 90 niños con señales de tortura y violencia extrema. Choc estuvo como intérprete delegado de la Academia de Lenguas Mayas donde trabajaba.

«Uno empieza a sentir dolor. A veces uno se siente mal también y dan ganas de llorar junto a ellos, pero ahí aprendí a ser fuerte y cómo atenderlos», explica.

Lo que Choc describe también lo dice Vilma Duque en el libro De víctimas del conflicto a promotores de cambio: trabajo psicosocial y reconciliación en Guatemala, que «poder hablar en un ambiente de confianza y ser escuchados por personas que vivieron lo mismo, permite manejar mejor el dolor y los sentimientos de pérdida y abandono». 

Añade Duque que al hablar con sobrevivientes o con sus familiares, también se rescatan formas y recursos de afrontamiento comunitario que permiten superar el estigma de ser víctimas porque «algo hicieron», recuperar la confianza y restablecer la organización perdida, para articular demandas de justicia y resarcimiento.

img_7381_copia.webp

Durante más de una década, Choc ha acompañado a unas 2,000 personas, sobrevivientes o familiares de víctimas. Esto le ha permitido conocer herramientas que las mismas comunidades han desarrollado para sostenerse ante la impunidad y los efectos de la desaparición forzada. 

«Les he acompañado al orientarlos a dónde acudir, qué deben hacer, porque es lo que necesita la familia para que se realice una exhumación. Tienen que reunirse y hablar con las organizaciones que son serias, como el MP y la FAFG que hacen el trabajo científico y técnico, para que puedan regresarles a sus seres queridos. Ya si es resarcimiento es un proceso diferente», cuenta.   

En 2013 participó como traductor para explicar algunos procedimientos a familias del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). Ahí conoció sobre gestión de recursos, pues se dio cuenta que al encontrar los restos de las víctimas, hay gastos que el Estado no cubre.  

A esto se suman las complicaciones legales y burocráticas que a menudo retrasan estos procesos. «El mismo Estado ponía algunas trabas», dice «les pedían muchos documentos que las familias no podían hacer y requisitos que no podían tramitar. Ahí empecé a darme cuenta de lo delicado del tema y a buscar quién nos podía ayudar o financiar, ahí surgió la idea de gestionar cajas mortuorias y otros insumos».
Un ejemplo reciente del cúmulo de dificultades que atraviesan las familias es el caso de Florencio Gue de Santa Cruz Verapaz, desaparecido en 1,982 cuando tenía 26 años y encontrado en 2012 en una de las fosas de la Zona Militar No. 21, hoy Creompaz. Los restos de Gue fueron entregados a su familia doce años después de que fueran localizados.

«Son muchas las personas que han desaparecido y a algunas nadie las recuerda o les puede llevar una flor o una candela porque no se sabe dónde quedaron sus cuerpos», dice Choc.

Nombrar y conmemorar en comunidad

Es primero de noviembre y en Alta Verapaz se realizan varias actividades para rendir homenaje no solo a los seres queridos fallecidos, como es tradición, sino también a los desaparecidos y masacrados durante el conflicto armado.
Así lo hacen en la aldea Esperanza Chilatz, en San Pedro Carchá. 

Varias personas de la comunidad y de aldeas cercanas se reúnen en los alrededores del cementerio para una ceremonia maya, donde les nombran uno a uno para honrar sus vidas de acuerdo a su cultura y la forma en que lo hacían sus abuelos. 

El fuego central es alimentado con ofrendas para que arda vigoroso durante la ceremonia pese a las lluvias de la época.  Visten trajes ceremoniales propios de la región y se acompañan de marimba.    
Para los mayas, la vida no termina con la muerte, dice el texto de Duque, por eso este evento cobra significado respecto al duelo.

img_7314_copia.webp

Elvira Yat, Simón Rax, Dolores Caal, Ernesto Xol, Oscar Macz, Alberto Chub, Jesús Paau, Mariano Seb, Domingo Mo… 66 nombres son mencionados, uno a uno, frente al fuego. Todas estas personas fueron desaparecidas, eran originarias de Chisec, San Pedro Carchá, el Estor Izabal, Cobán, San Juan Chamelco, Santa Cruz y San Cristóbal Verapaz, Tactic y Uspantán el Quiché. 

«Por eso estamos acá, para conmemorar y mencionar los nombres de las personas que han vivido en estas comunidades», explica Choc, mientras los niños corretean por el lugar.
Para Duque, estas actividades permiten mantener viva la memoria. pero también apoyar la recuperación emocional, fortalecer la cohesión del grupo e iniciar procesos de reparación colectiva, aunque en un clima social adverso
Mercedes Poou llegó con su familia desde la aldea China Ichab. «Nosotros participamos en nombre de nuestros padres y abuelos que ya están muertos», afirma en su idioma materno, el q´eqchi'. «Quemaron nuestra casa, nos corretearon, nos dejaron sin nada y nadie nos ha ayudado».

Según investigaciones antropológicas forenses realizadas por la FAFG, las comunidades más afectadas por la matanza de líderes, masacres indiscriminadas y desplazamiento forzado en esta región, están localizadas en los municipios de Panzós, Cahabón, Cobán y Senahú. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH), reportó que durante el conflicto armado interno ocurrieron 62 masacres solo en el departamento de Alta Verapaz.

Estos delitos, realizados de manera sistemática contra civiles, como ocurrió en Guatemala, constituyen crímenes de lesa humanidad y son considerados graves e inhumanos por violar múltiples derechos fundamentales. En estos casos, las víctimas no son solo los desaparecidos sino también las familias que atraviesan sufrimiento psicológico, muchas veces de forma permanente.

«Aún me duele»

Alicia Cuc tiene un hermano al que aún no encuentra, pero los restos de su padre Santiago Cu, desaparecido en 1,981 fueron los primeros en volver a Esperanza Chilatz para ser enterrado de manera digna. 

«Aún me duele porque nos quedamos sin casa, sin terreno, porque nos corretearon. Sigo sintiendo dolor y miedo, porque es duro lo que nos pasó», dijo Cuc en la conmemoración del primero de noviembre. «Pedimos a la justicia y al presidente que nos echen la mano para que paguen los que nos hicieron daño»

Herman Choc es guía espiritual y refiriéndose a las ceremonias, explica en idioma q´eqchí que se hacen «para que los pueblos se tranquilicen con ese dolor que llevan dentro, porque bastante es el dolor que pasan los familiares de las víctimas»

En San Cristóbal Verapaz también se reúnen el 30 de octubre de cada año para conmemorar a los desaparecidos y masacrados. La mayoría de asistentes son mujeres del Comité de víctimas del conflicto armado en el municipio, algunas de ellas de grupos de desplazados.

Al encuentro de 2024, asistieron personas del casco urbano y de comunidades como Las Pacayas y San Lucas Chiacal.

«Por eso nosotros quemamos nuestras candelas, porque algún día nos iremos también y encontraremos a nuestros seres queridos» dice Poou.

El guía espiritual Herman Choc añade que no entiende por qué se han eliminado los apoyos que existían si todo el presupuesto del Estado ha venido del pueblo y de las comunidades.
El PNR cumplió 20 años y fue cerrado el 31 diciembre de 2023. El programa contemplaba medidas de restitución material, indemnización económica, reparación psicosocial y rehabilitación, dignificación de las víctimas y resarcimiento cultural, sin embargo no todos estos aspectos se cubrieron.

De acuerdo al informe 20 Años del PNR. Impacto del Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado de Guatemala, elaborado por Impunity Watch, «los gobiernos generalmente han recurrido a la entrega de indemnización económica, a pesar de ser una medida insuficiente para que las víctimas superen los daños sufridos». Añade el informe que  existen familias que no están de acuerdo con recibir dinero por sus familiares muertos o desaparecidos.

Los montos asignados por la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR), que estaba a cargo del PNR, van de 20,000 a 44,000 quetzales según la violación o las violaciones sufridas. 
Choc considera que el Estado debería dar prioridad a esta población para oportunidades laborales, servicios de salud, un terreno y vivienda digna, que en muchos casos fue parte de lo que les arrebataron. «Aunque eso no repare lo que se sufrió, por lo menos la persona va a confiar. Mientras eso no suceda no habrá confianza en el Estado», señala.

img_7834_copia.webp

La atención y el apoyo psicosocial  

Choc también se formó como promotor de salud mental y subraya la importancia de una reparación integral que vaya más allá de lo económico, abordando aspectos psicosociales y de justicia.
«La atención psicosocial es uno de los elementos más importantes desde que uno reporta a sus familiares, porque lo que uno sufre también necesita atención. A falta de eso, algunas familias se han enfrentado a enfermedades físicas y mentales o situaciones de divisiones en la familia o la comunidad», explica.  

Una década de trabajo con víctimas y sobrevivientes le ha permitido ver en ocasiones la falta de empatía y preparación de algunas organizaciones y profesionales para abordar el tema.
«Fuimos a una inhumación donde la señora (estaba) casi desmayada, los promotores de salud mental, los psicólogos, (mientras) ella estaba sufriendo solo la estaban viendo. Estuvo rodeada de muchas personas profesionales que nunca se acercaron a ella hasta que ya estaba aliviada», cuenta Choc.

Para Marco Garavito Fernández, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, lo psicosocial más que un método, es un enfoque de trabajo con ciertas características, como  que el abordaje de esta problemática no se puede hacer desde una perspectiva individual, pues alterna con lo colectivo, bajo un principio de salud mental: «los daños de conflictos armados fueron daños sociales y, por lo tanto, las reparaciones tienen que ser sociales».
Ignacio Martín-Baró afirmaba desde la psicología de la liberación, que el trauma puede ser un fenómeno colectivo cuando la experiencia vivida no fue solo individual sino de manera colectiva, incluso heredada a través de generaciones, como ocurre en el país.

Citando a este autor, Duque indica que el trauma en Guatemala como en muchos países latinoamericanos fue socialmente producido, afirma que la comprensión y solución requiere atender también sus raíces sociales, entendiendo el trauma como un fenómeno social, más que como una patología individual. 

Garavito explica que en algunas comunidades en el tema de salud mental tienen mecanismos naturales, espirituales y comunitarios que les funcionan. «En el campo con lo vivido, debería de haber miles (de personas patologizadas) y no las hay, porque hay mecanismos comunitarios que les han ayudado a afrontar la situación». 

Choc enfatiza la necesidad de un enfoque psicosocial que además, sea culturalmente sensible y la importancia de generar confianza con las familias afectadas a través de la empatía, la responsabilidad y humanidad del caso. 
«Tal vez no me va a sanar pero me van a escuchar, van a entender lo que voy a decir, y sé que esa persona no le va a contar a alguien más. Muchos dicen “ah, es que necesita dinero”; no, esa situación necesita atención humana», dice. 

A él le parece que el Estado no lo ha entendido: «la atención que han dado es como salir del paso, solo para cumplir y ya».

Para Garavito, se debe contar con personal que comprenda la dinámica del conflicto armado interno y lo que supone. «De lo contrario uno va a quedarse en esta línea de víctima y de organización que llega y se va», añade.  
Además de estos procesos de exhumación e inhumación que representan actos de reparación, sanación y cierre de duelos, otras familias continúan organizándose y buscando a sus familiares que pueden estar vivos.

img_7252_copia.webp

Hacia la reparación social y la sanación colectiva

La Liga Guatemalteca de Higiene Mental desarrolla el Programa Todos por el Reencuentro, desde 2002 y está enfocado en la búsqueda y reencuentro de niñez desaparecida entre 1960 y 1996, por diferentes circunstancias. Cada año, los familiares de estos niños y niñas se reúnen en una asamblea en Santa Cruz Verapaz.

Las familias vienen de Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Izabal, Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango, además de La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (APB), de El Salvador.
Estos espacios de encuentro también les permite encontrarse con gente de otros lugares, otras etnias, otro idioma e incluso otra cultura, que comparten un mismo sentir.

«Me han dicho que no hubo guerra, que me calle y deje de difamar, pero lo que quiere es sacar valor, el miedo hay que dejarlo», dijo  Francisca, sobreviviente de la Guinda de Mayo en El Salvador, quien vio cómo los militares mataron a su esposo y a 75 personas más. También asesinaron a varios niños y se llevaron a 55, entre ellos su pequeña hija de 6 años, con quien logró reencontrarse años después. Como ella, otros integrantes de Pro-Búsqueda compartieron sus experiencias frente a todos.

También llegaron a compartir sus testimonios familiares de personas que aparecen en el Diario Militar. 

[relacionadapzp2]

«Ha sido un largo caminar y actualmente es incierto nuestro caso. El juez Miguel Ángel Gálvez, que lo llevaba, se encuentra en el exilio. Pero seguimos luchando a pesar de todos los tropiezos para alcanzar la verdad y la justicia», contó María Salanic, quien busca justicia por su hermano, un líder estudiantil secuestrado, detenido y torturado el 14 de febrero de 1984.

Mantener este tipo de espacios de memoria histórica y demanda social, no solo es importante para los familiares sino para la sociedad, pues el diálogo juega un papel fundamental.

«Los años anteriores teníamos ese miedo, no podíamos compartir lo sufrido aquí en Guatemala. Es importante ya que compartimos, lloramos, reímos y eso hace que nos sanen las heridas», afirma Catarina Tiño, quien tiene la esperanza de encontrar los restos de su padre, secuestrado en 1982.

En la actividad también participó Azarías Perencen, de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, (Copadeh), e indicó que más de 55,000 mil expedientes de testimonios de víctimas quedaron sin ser atendidos con el cierre del PNR. Dijo que se pretende crear un plan de reparación y dignificación de víctimas civiles, una política de las memorias de cada pueblo y una política nacional de búsqueda, pero que este plan debe ser aprobado.
Los asistentes cuestionaron a Perencen sobre los engaños que han recibido por parte del gobierno al presentar proyectos de apoyo y de cómo siguen excluidos por más de 40 años, así como la cantidad de requisitos que solicita el PNR para los procesos. «¿Acaso pidieron la papelería cuando mataron a nuestros padres?, no la pidieron. Bien hecho quieren el papel y no me han dado respuesta» dijo Francisca Matias. 

Los familiares también firmaron una declaración con sus demandas al Estado, donde exigen entre otras cosas, el acceso a archivos que puedan contener información sobre sus familiares desaparecidos.

La actividad terminó cuando los asistentes salieron bailando hacia un patio al ritmo de marimba para sembrar un árbol como forma simbólica de regresar a la tierra las raíces arrancadas de su lugar. Verán el árbol crecer cada año, cuando se reúnan. 

Choc ilustra cómo el acompañamiento que da, también sirve para aliviar su propio dolor: «cuando los escucho, me uno a ellos. Siento que estoy en ese momento especial aunque no sea el mío, y digo: es momento de aliviar un poco, porque también yo sufrí. Gracias a ellos me he fortalecido y con eso me animo a atender mejor».   

img_8064_copia.webp

Esta investigación se desarrolló en colaboración con el Fondo Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.