Sala de Apelaciones recién instalada da un golpe a la justicia transicional
Sala de Apelaciones recién instalada da un golpe a la justicia transicional
La Sala Segunda de Apelaciones aceptó un amparo interpuesto por uno de los acusados en el caso Creompaz y con eso anuló todo lo actuado en el proceso que actualmente estaba detenido en la etapa intermedia.
Con la resolución, seis de los ocho militares procesados recuperarán su libertad. Las excepciones son Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor de Guatemala y Raúl Dehesa Oliva. Lucas García porque también enfrenta un juicio por el caso «Genocidio Ixil» y espera la sentencia firme del caso «Molina Theissen». Dehesa Oliva falleció en octubre de 2024 y por eso ya se había solicitado el cese de persecución.
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Las investigaciones del caso Creompaz iniciaron en 2012 pero fue hasta el 6 de enero de 2016 que 14 militares fueron capturados, sindicados por el Ministerio Público de cometer violaciones a los derechos humanos y delitos contra los deberes de humanidad. De ellos, ocho fueron ligados a proceso. Sin embargo, el caso implicaba a nueve miembros del ejército más que no fueron capturados y que permanecieron prófugos, entre ellos el exdiputado y fundador de FCN, Édgar Ovalle.
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Un lugar perseguido por la violencia
El 28 de julio de 1968 las familias que habitaban la aldea Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, fueron desalojadas de sus hogares. Los terrenos que habían visto crecer a 200 familias y a sus siembras se convertirían en la Zona Militar 21.
Durante el Conflicto Armado Interno este centro militar funcionó como lugar de planeación y operación militar. En 2012 se descubrió que el lugar también había sido usado por el ejército como cementerio clandestino. Entre 2012 y 2015 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), realizó 14 exhumaciones y localizaron las osamentas de 565 personas; 315 de ellas pertenecían a personas adultas entre los 26 y 49 años, 22 eran infantes entre cero y tres años y 20 de las osamentas pertenecían a niñas y niños entre cuatro y 12 años.
También se encontraron restos de 52 adolescentes entre 13 y 17 años; de 130 adultos jóvenes entre 18 y 25 años y tres de personas mayores de 50 años. De 23 restos no se pudo determinar la edad.
Según Fredy Peccerelli, director ejecutivo de la FAFG, de las 565 osamentas encontradas, hasta la fecha de publicación de esta nota, han sido identificadas 195 personas a través de pruebas de ADN.
El descubrimiento de las osamentas, según Peccerelli, «no fue ninguna sorpresa ya que habían testigos presenciales», y agrega que el hallazgo representa la esperanza para al menos 565 familias de encontrar a sus seres queridos y de poderlos enterrarlos con dignidad, la esperanza de conocer la verdad de qué les pasó».
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La sentencia que dio luz a la investigación de Creompaz
En marzo de 2012 cinco hombres fueron condenados a 7,710 años de cárcel por la masacre cometida en Plan de Sánchez. Fue una sentencia simbólica pues en Guatemala las penas máximas a cumplir son de 50 años.
Los expatrulleros Santos Rosales García, Julián y Mario Acoj y Eusebio Galeano y el excomisionado militar Lucas Tecú fueron encontrados culpables por la muerte de 256 personas del pueblo achí en 1982 .
Varios testigos de este caso indicaron que dentro de la Zona Militar 21 habían restos de personas, lo que de acuerdo al Ministerio Público (MP) dio lugar a la investigación del caso «Creompaz» durante tres años.
A las exhumaciones realizadas por FAFG siguieron los testimonios de los familiares, que permitieron establecer que las víctimas fueron vistas por última vez en el período de 1981 a 1988. Esto dio lugar a las capturas de los militares.
El proceso
Doce días después de la captura de los 14 sindicados, y luego de la audiencia de primera declaración, 11 de los militares fueron ligados a proceso por la jueza Claudette Dominguez. La jueza encontró suficientes indicios de su participación en la desaparición de civiles mientras ocupaban cargos en el ejército de Guatemala.
Carlos Humberto Rodríguez López, Édgar Rolando Hernández Méndez y Pablo Saucedo Mérida quedaron con arresto domiciliario pero las investigaciones no hicieron necesario que regresaran al proceso.
La audiencia de apertura a juicio inició en mayo de 2016 y finalizó el 7 de junio de 2016 cuando Domínguez envió a juicio a los ocho militares que habían quedado en prisión preventiva.
Manuel Benedicto Lucas García, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito, Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz Morales y José Antonio Vásquez García buscaron evitar el proceso a través de amparos. Uno de ellos escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que finalmente fue rechazado, confirmando la apertura del juicio.
En diciembre de 2018, en una vista pública, querellantes del caso, como la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) solicitaron un amparo a la Sala de Apelaciones del juzgado de Femicidio. En este pedían que Domínguez incluyera el delito de violencia sexual, pues aunque este fue evidenciado por el MP la jueza no lo incluyó en las acusaciones. El amparo fue denegado.
Así también, querellantes adhesivos, entre ellos familiares de las víctimas y el Centro Para la acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), intentaron recusar a la jueza Domínguez en varias ocasiones, pues consideraban que había beneficiado a exmilitares en otros juicios a su cargo. Luego de seis intentos, en 2019 la Sala Primera de Mayor Riesgo la confirmó en el caso.
Sin embargo, el proceso judicial se detuvo por varios años debido a amparos interpuestos por el MP, los acusados y la Coordinadora Nacional de Viudas (Codevi).
El 4 de noviembre de 2021 debía realizarse la vista pública pero fue suspendida por imposibilidad material. Esto debido a que la información no había sido trasladada de la Corte de Constitucionalidad (CC) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El caso no llegó a etapa de debate, pues la jueza Domínguez resolvió sobreseimiento provisional a los ocho acusados. El MP apeló ante la CC, pues consideraba que habían existido irregularidades en el caso.
El 20 de febrero de 2024 la CC rechazó esta solicitud, avalando la decisión de Domínguez.
Retroceso para la justicia transicional
Un amparo más fue presentado por Moisés Galindo, abogado, defensor de Carlos Augusto Garavito Morán y abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, en contra del proceso del caso Creompaz.
El argumento fue que por haberse iniciado a causa de otra investigación (la del caso Plan de Sánchez), no se solicitó una autorización desde el MP a la CSJ para que la jueza Domínguez recibiera el caso. Galindo argumentó que la jueza presidente del juzgado de Mayor Riesgo A no estaba capacitada para llevar el caso.
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Por este amparo, el 28 de octubre de 2024 los querellantes de Creompaz participaron en una vista pública. En una entrevista con la organización Verdad y Justicia el abogado Santiago Choc, querellante por parte de Famdegua, explicó que la intención de sus representados era demostrar que la acción de Galindo era «litigio malicioso», pues el mismo amparo había sido presentado en varias salas de apelaciones.
El 4 de noviembre de 2024 , Erick de León, el fiscal a cargo de la investigación, fue destituido. Formaba parte de la fiscalía de Derechos Humanos y era el jefe de la Unidad de Casos del Conflicto Armado en el Ministerio Público. De León dirigió la investigación del primer caso por genocidio en Guatemala y actualmente también tenía la investigación contra Benedicto Lucas en el caso del genocidio ixil.
La resolución del amparo llegó un día después de la destitución del fiscal, lo otorgó la recién instalada Segunda Sala de Apelaciones, integrada por Miguel Enrique Catalán Orellana, magistrado presidente, Eva Marina Recinos Vásquez, magistrada vocal I y Jaime Amílcar González Dávila. Este deja sin efecto ni validez legal todas las resoluciones dictadas por la autoridad denunciada; es decir, Claudette Domínguez. Además la carpeta judicial será trasladada para que la investigación sea llevada por el Juzgado de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz.
En otras palabras, el proceso debe empezar de nuevo, pues se anularon las acciones, más no el caso. Para llegar a una decisión en el Juzgado de Mayor Riesgo, pasaron seis años y en este momento la mayor parte de los acusados son personas de la tercera edad.
La Zona Militar que guarda restos sin identificar
Actualmente en el lugar donde operaba la Zona Militar 21 se encuentra el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Creompaz. Fue fundada en 2006 y desde 2014 es un Comando Especial certificado por la ONU.
De acuerdo a la página oficial del Ministerio de la Defensa es uno de los centros de entrenamiento más importantes de Latinoamérica y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz (Alcopaz).
Creompaz es también, hasta el momento, el cementerio clandestino más grande descubierto en Latinoamérica, pero es solo uno de los lugares donde se encontraron restos no identificados de personas asesinadas por los cuerpos estatales guatemaltecos, pues como indica Peccerelli, adicionalmente «se han encontrado otras 1,147 osamentas de personas desaparecidas en más de 35 instalaciones usadas por fuerzas de seguridad del Estado».
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