El uribismo en Colombia es algo así como el arzuismo en Guatemala, solo que mucho más sofisticado, demagógico y criminal. Macri, una mezcla de Berger con Jimmy Morales, solo que con mucho más poder económico que el expresidente azucarero chapín. Solo Bolsonaro no tiene aún parangón en la fauna de gobernantes de Miwate, pero ya Giammattei hace hasta lo indecible por parecérsele.
Pero estos regímenes no solo se parecen en su desbordada tendencia a conceder todas las libertades a comerciantes y a grandes contratistas a la vez que limitan y cercenan libertades y derechos individuales de los grandes sectores de la población. Tampoco se parecen solamente en que aplauden y apoyan toda y cualquier acción imperial del prepotente vecino del norte.
Se parecen, además, en sofisticadas y hasta burdas prácticas ilegales de seguimiento, persecución y acoso contra cualquier ciudadano que supongan opositor o defensor de ideas contrarias a su visión de mundo y a sus intereses. Puede decirse sin temor a equivocación que Álvaro Uribe y el uribismo son en el continente los más necios, indecentes y agresivos espías ilegales de sus opositores, aunque Macri y Bolsonaro, con sus séquitos de espías y aduladores, no dejan de seguir ese nefasto camino.
Hasta ahora, Uribe se ha salvado por poco de ser condenado por los seguimientos, interceptaciones y monitoreos ilegales que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizó durante los dos períodos de gobierno de aquel contra jueces, periodistas y líderes políticos y sociales. Sin embargo, la entonces jefa del DAS, clausurado en el gobierno de Santos, ha sido condenada a 14 años de prisión por esos delitos. Más recientemente, el odiado Iván Velásquez ganó el juicio en que denunció y demostró esa persecución en su contra cuando era magistrado. Pero el uribismo no aprende, y a inicios de este año la revista colombiana Semana publicó su investigación Las carpetas secretas, en la cual reveló «las pruebas de cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, oenegés y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 víctimas». Y, como cosa rara, desde junio de este año Uribe está siendo investigado como instigador y usuario de esa red ilegal de espionaje.
En Argentina, dejada en la bancarrota económica por Macri, ya han sido detenidas más de 20 personas luego de que se detectó un sofisticado sistema de seguimiento de jueces, periodistas y políticos opositores, así como de presiones a jueces para perseguir y condenar, ¡sin pruebas!, a políticos opositores. En este caso, como en el colombiano, todos los caminos llevan al expresidente Mauricio Macri, quien por ahora se dedica a descansar en Suiza, donde supuestamente impulsará la organización no gubernamental de beneficio para la FIFA. Las grabaciones con intercambio de información sobre los investigados son variadas y dispersas. El espionaje no tenía nada que ver con la seguridad nacional, sino simplemente con la búsqueda de informaciones para chantajear, acosar e intimidar a opositores, jueces, líderes de movimientos sociales y defensores de derechos humanos. Las investigaciones judiciales apenas comienzan, pero ya hay fuertes indicios de que Macri no solo supo de ello, sino que lo orientó y se sirvió de las informaciones.
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En Brasil, desde hace varias semanas se habla de un dosier de informaciones sobre «antifascistas», calificativo dado a todos los que se oponen a las políticas de tierra arrasada del gobierno de Jair Bolsonaro y de sus hijos, acusados ya de múltiples crímenes y de avanzar en la construcción de un régimen típicamente neofascista. El informe contiene datos sobre maestros, periodistas y líderes políticos y sociales que de una u otra manera se han posicionado contra el Gobierno. Mas, a diferencia de Colombia y de Argentina, donde se intentó mantenerlo bajo sigilo, los Bolsonaro han salido a hacer pública su existencia y han fanfarroneado acerca de que han entregado una copia a la embajada de Estados Unidos.
Si Uribe y Macri, se supone, espiaron para consumo interno, en Brasil los Bolsonaro presumen de ser simple y llanamente sirvientes del régimen autoritario y antiderechos de la ultraderecha estadounidense.
Nada de eso se discute e informa en Guatemala. Pero además los medios comerciales pasan de puntillas sobre los crímenes contra líderes sociales y el manejo distorsionado y fragmentado que supuestas fundaciones hacen de informaciones sigilosas o privadas para acosar a jueces, magistrados y fiscales del Ministerio Público.
Mientras tanto, la Fundesa y la Fundación Libertad y Desarrollo, que han tenido a Uribe y a Macri como sus adalides y prototipos de gobernantes, tendrán que revisar sus alianzas continentales o explicar a la ciudadanía guatemalteca por qué apoyan a políticos con claras evidencias de prácticas no solo criminales, sino también contrarias a los más elementales principios de la democracia liberal que ellos dicen defender con uñas, dientes y dólares.
Y más tardamos en esperar, pues, con certeza, tanto el gobierno anterior como el actual han afinado sus mecanismos para espiar a opositores y defensores de derechos, de modo que es muy probable que pronto utilicen todo eso para destruir aún más nuestra sociedad.
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