Sin embargo, la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima, bajo las órdenes y el patrocinio del Departamento de Estado estadounidense, decidieron boicotear dichas elecciones tratando de deslegitimar de antemano a los electos. Se habló, de manera genérica, de falta de condiciones para la amplia participación y se dio por sentado que Guaidó y los suyos no se presentarían al proceso, con lo cual también apoyaron de manera ostensible la fuga de Leopoldo López, quien, sin contar nunca con el reconocimiento de asilado, permaneció en la embajada de España desde que, fracasado el intento de golpe militar, se fugó de la prisión domiciliar en la que estaba recluido.
Ningún esfuerzo serio y confiable hizo la UE por que las elecciones del 7 de diciembre fueran altamente participativas. Por el contrario, lo único que hizo fue repetir, junto con las derechas, que tales elecciones no se podían realizar y en consecuencia exigió que el Gobierno cometiese una ilegalidad de la que luego se le podría acusar.
La derecha venezolana y sus valedores en Europa, en Estados Unidos y en los satélites de estos en América Latina dicen detestar a Maduro por estar en el poder mediante elecciones fraudulentas, pero la denuncia de estas fue rechazada por los órganos jurisdiccionales respectivos, tal como recientemente sucedió en Estados Unidos. El Gobierno aceptó su derrota en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015, pero cuestionó a algunos electos que aun así asumieron curules y, con la finalidad de proteger el proceso de reformas sociales que esa mayoría de derecha intentaba anular, se convocó a una constituyente, que dejó sin legalidad esa legislatura.
Pero, como no es el estricto apego a la legalidad lo que se busca, mucho menos la democratización del poder político, sino expulsar al chavismo del poder para que el estilo de negocios y de acumulación basados en la corrupción se restablezca, se construyó un entramado supuestamente legal que le permitiera al presidente de aquella asamblea declararse «presidente designado». Pero la designación, según la Constitución venezolana, no puede durar más de tres meses, período durante el cual debe convocarse a elecciones. Guaidó ni siquiera intentó convocar a elecciones y constituirse en un poder real en el interior del país. En vez de ello se dedicó a promover el bloqueo de los activos venezolanos y a liberarlos solo cuando él y su equipo podían gastarlo para financiar sus suntuosas actividades en el exterior.
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Ningún dólar de los supuestamente recuperados por los representantes de Guaidó se ha invertido en paliar la situación de crisis que vive el país, pero sí se han pagado cuantiosas comisiones a intermediarios, negociadores y testaferros, como en varios momentos han denunciado sus mismos aliados, quienes, al verse marginados de los negocios, han optado por destapar las cloacas.
Pero la pantomima pseudolegalista que pretende expulsar al chavismo del poder en Venezuela ha entrado en un callejón sin salida al desconocer las elecciones del 7 de diciembre. Guaidó ya no es diputado, calidad que el Gobierno le respetó durante todos esos 24 meses que lleva de presidente designado. Ninguna norma legal interna faculta a los anteriores diputados, no electos en esa fecha, a declararse aún en el cargo, por lo que aquellos que sí han actuado de esa manera han incurrido en una evidente usurpación de funciones.
Ante tal entuerto, a las derechas medianamente democráticas que gobiernan Europa no les ha quedado más que dejar de reconocer a Guaidó como presidente encargado o interino y afirmar en su declaración del 6 de enero que, dado que no reconocen el resultado de las elecciones que ellos mismos ayudaron a boicotear, «la UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluidos en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral» (resaltados nuestros). Insisten, pues, en sacar a Maduro y al chavismo del poder a como dé lugar, pero descartan claramente la opción del presidente encargado.
Pero las contradicciones de esta afirmación son evidentes, pues, desde su perspectiva muy particular, los Gobiernos europeos asumen que Venezuela no tiene un órgano legislativo vigente, pero no aclaran por qué les restan legitimidad a esos electores que en diciembre de 2021 se manifestaron libremente y cómo se puede «devolver la democracia» sin reconocerles a electos y electores la legitimidad que les corresponde.
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Es notorio que los intereses en Venezuela de los países europeos, agrupados en la UE, son marcadamente diferentes a los de Estados Unidos y las oligarquías latinoamericanas. Si allá lo que les importa es mantener contentas a sus ultraderechas y restarles beligerancia sobre un asunto de ultramar, a los estadounidenses les importan los bienes y recursos venezolanos situados en Estados Unidos y en la misma Venezuela. De ahí que, mientras en Europa el señor Guaidó ya no podrá ser recibido como presidente designado, sino como un actor político más, en el gigante del norte les resulta indispensable que siga siendo reconocido como el responsable del despilfarro y la entrega a los estadounidenses de los activos venezolanos situados en ese país.
Para nada inmutan a los jerarcas estadounidenses, sean trumpistas de ultraderecha o bidenistas de derecha, las denuncias de corrupción que han aflorado cargadas de evidencias en los distintos medios de ese país. Biden llegó a tal grado de cinismo y oportunismo electoral —porque no puede ser desinformación— al afirmar, en febrero de 2019, que «solo un tirano evita el envío de comida y medicina a la gente que dice liderar» cuando quedó demostrado que en ese caso fueron los mismos antichavistas quienes quemaron los camiones de alimentos que supuestamente entrarían a Venezuela. Si su interés en aquel entonces era ganarse la simpatía de las derechistas clases medias venezolanas residentes en el estado de Florida, el pronunciamiento no le redituó votos, pues esos venezolanos siguen siendo defensores acérrimos de Trump y de su visión de mundo. Nada ha dicho, sin embargo, respecto a los efectos que en la economía y el bienestar de los venezolanos ha tenido el absurdo bloqueo y secuestro de los activos que soberanamente pertenecen a la sociedad venezolana.
Como ha pasado en el último siglo, el Gobierno estadounidense perseguirá la corrupción y la violación de los derechos humanos solo cuando ello beneficie ampliamente sus intereses geoestratégicos. Y en el caso de Venezuela es más que evidente que importa más, muchísimo más, sacar del camino a Maduro y al chavismo que la salud y la pobreza en las que el ilegal e inhumano bloqueo ha sumido a la población venezolana.
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