El lunes, a primera hora de la tarde, la sala primera de apelaciones, presidida por Frank Martínez Ruiz conoció la polémica orden de la Corte de Constitucionalidad emitida el 20 de mayo y le exigió al Tribunal A de Mayor Riesgo, a cargo de Yassmín Barrios, que diera trámite a la recusación presentada por el abogado Francisco García Gudiel en contra de la propia Barrios y del juez vocal Pablo Xitumul.
Apenas unas horas más tarde, Barrios notificó por teléfono a los abogados de la defensa y de los querellantes adhesivos, que se excusaba de seguir conociendo el caso. Por lo tanto, un nuevo tribunal deberá conocer el juicio por genocidio.
“No nos sorprende, es lo que tenían que hacer”, reaccionó Francisco García Gudiel. “Ellos ya habían externado su opinión y no podían seguir conociendo el caso”, agregó el abogado de Efraín Ríos Montt. En efecto, la sentencia dictada por el tribunal el 10 de mayo pasado, que condenaba al ex-presidente de facto y absolvía a José Mauricio Rodríguez Sánchez, le impide seguir con el proceso.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad estipulaba que el debate oral debía regresar a la fecha del 19 de abril. Sin embargo, tanto la defensa como los querellantes adhesivos creen que esto no será así: el nuevo tribunal debería pedir que el juicio empiece desde cero. De ser así, peritajes, testimonios y pruebas tendrán que ser presentados de nuevo en audiencia pública.
Esta nueva etapa del juicio se inicia tras una semana de estancamiento en las salas de apelación. La Corte Suprema de Justicia tuvo grandes dificultades en constituir una nueva sala, que debe estar compuesta por tres magistrados, que aceptara dar trámite a la orden de la Corte de Constitucionalidad. Al menos 61 magistrados, entre titulares y suplentes, se inhibieron de conocer la orden.
“No lo entiendo. Lo único que tenían que hacer era darle cumplimento a una orden. Es el miedo, el pánico a resolver cosas delicadas. Les tiembla la mano, y no merecerían ser magistrados”, opinó García Gudiel.
