La deficiencia en la administración de justicia en Guatemala es tan grande, profunda y grave que prácticamente las esperanzas de castigo para quien viola la ley podrían resumirse en dos: o es un caso que investiga la Cicig, o se tiene que aplicar justicia por mano propia.
La Cicig es una evidencia de lo mal que estamos, ya que en un sistema de justicia funcional sería innecesaria. Una forma de medir cuán mal está nuestro sistema de administración de justicia es el hecho, harto demostrado ya, de cuán indispensable nos resulta hoy la Cicig, con todo y los defectos que pueda tener. Precisamente por tomar conciencia de la expansión de la impunidad es que defiendo la necesidad de la permanencia de la Cicig en nuestro país, como un lamento realista más que como un orgullo.
Y es que, sin el apoyo de una comisión internacional contra la impunidad, en Guatemala, triste y peligrosamente, la opción para castigar a quien viola la ley pareciera que se limitara al ajusticiamiento por mano propia. El convencimiento de que la única posibilidad que tiene el ciudadano común, cuyo caso nunca alcanzará a ver la Cicig, para castigar una ilegalidad no es la ley, sino los linchamientos o portar armas, no es más que una evidencia inequívoca de nuestro subdesarrollo, es decir, de nuestra incapacidad de funcionar como democracia civilizada.
Muchos vemos con satisfacción las investigaciones de la Cicig en casos como el desmantelamiento de la red de defraudación aduanera La Línea o el del fraude del contrato en el seguro social IGSS-Pisa. Un bálsamo para las abundantes heridas sangrantes que aquejan a nuestro cuerpo social. Sin embargo, son insuficientes. Por mucho.
En cuanto al ámbito de los servidores públicos, por un lado, guardan prisión preventiva el superintendente de la SAT y los miembros de la junta directiva del IGSS. Además, los bienes de Roxana Baldetti y su esposo están en proceso de extinción de dominio. Pero, por otro, Otto Pérez Molina continúa gozando de antejuicio. La payasada de Karen Fischer y de los magistrados de la CC Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y María de los Ángeles Araujo Bohr de Méndez (suplente de Alejandro Maldonado) para detener el antejuicio en contra de Pérez Molina es una demostración fétida del poder de la impunidad en Guatemala. ¿Quién decide que Baldetti y su gavilla de La Línea, o que Juan de Dios Rodríguez y su banda, son fusibles que resultó conveniente quemar, pero que es conveniente que Pérez Molina continúe en el cargo y goce de las mieles de la impunidad?
Si del ámbito público nos movemos al privado, la cosa se pone peor. ¿Se logrará castigar conforme a la ley a los dueños de la empresa Reforestadora de Palmas de Petén, S. A. (Repsa), o a quien haya perpetrado el ecocidio en el río La Pasión? ¿A quiénes favorecerá el sistema: a Repsa o a los comunitarios? ¿Será que, al igual que Pérez Molina, Repsa gozará del apoyo de abogados como Karen Fischer y de magistrados de la CC? ¿Justicia o impunidad para quienes contaminan y destruyen el medio ambiente?
Revisar el nivel de impunidad en los casos del día a día (violencia familiar, estafas, hurtos, etcétera) es adentrarse más en el imperio del pesimismo que en un sistema de justicia: porquería en expansión.
Pero los casos grandes que ocupan titulares nos sirven para ver caer a gigantes y darnos cuenta de que la expansión de la porquería se puede frenar, de que la justicia es posible.
¡No más impunidad!
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