Impunidad y represión: dos claves para que Guatemala no pueda nunca cambiar
Impunidad y represión: dos claves para que Guatemala no pueda nunca cambiar
A partir de la expulsión de Iván Velázquez y la no renovación del mandato de Cicig, se hizo evidente una alianza a la cual, popularmente, se hace referencia con la expresión «pacto de corruptos» y que involucra a grupos de poder con objetivos comunes: protegerse de acciones judiciales y, sobre la premisa de la impunidad, apropiarse de los recursos públicos, los recursos naturales y defender sus privilegios. La gran perdedora es la ciudadanía que ha visto cómo los magros avances de la era democrática van en franco retroceso.
En esta entrevista a Juan José Narciso, Raúl Maas y Byron Morales, investigadores del Instituto de Ciencias Socio Humanistas y del Instituto de Ciencias Naturales y Tecnología, de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, ofrecen algunas respuestas a las muchas interrogantes que esta situación plantea, a partir de evidencia académica recogida por ambos institutos.
Esta entrevista se condujo como un diálogo entre los participantes y luego se consolidó en las respuestas que se ofrecen a continuación.
Hay mucho descontento ciudadano con el gobierno y las instituciones públicas. El sueño de construir un país democrático y un Estado de derecho parece que se nos escapa de las manos. ¿Qué estamos viviendo?
Estamos viviendo un proceso de deterioro. La idea de un Estado que podría contribuir a mejorar la vida de los habitantes se perdió. Lo que ahora tenemos responde a intereses de grupos empresariales, de militares retirados y activos, de miembros de partidos políticos y de grupos criminales. La impunidad y la corrupción los aglutinan. En el caso de las élites económicas, lo que pretenden es que se mantenga el statu quo, sin que les cambien las condiciones a las que están acostumbrados: que no suban impuestos, que no haya regulaciones, que puedan explotar los recursos naturales abiertamente y mantener intacta su capacidad de incidir en el gobierno.
En gran parte, se trata de la reacción de esa cúpula político-empresarial-criminal que se vio fuertemente afectada por las investigaciones de la Cicig y las acciones judiciales que fueron develando el contubernio entre el sector económico y el sector político, así como sus compromisos con grupos ilegales.
Se mostró a la sociedad guatemalteca «el pecado original» de la democracia, como Iván Velásquez lo denominó en su momento que, dicho de manera sencilla, apunta a lo privatizada que está la política guatemalteca. Al final toda acción política en Guatemala responde a los intereses de una cúpula que es la que decide el destino del país.
¿Por qué hoy hablamos del «pacto de corruptos»? Es una realidad que no se había nombrado antes.
El «pacto de corruptos» es una manifestación coyuntural de la alianza que una serie de grupos han mantenido a lo largo de la historia de Guatemala. Estos grupos han medrado del Estado y de la situación de injusticia social. Esta alianza se evidenció mediante las acciones de la Cicig y, con la persecución criminal, se sintieron amenazados, se produjo una crisis.
El pacto está conformado por familias de la oligarquía, partidos políticos, gente de las fuerzas armadas en activo o retirados, religiosos, organizaciones afines. El pacto puede ser una manifestación coyuntural, pero refleja alianzas históricas. No es algo nuevo.
En Guatemala, cada vez que las fuerzas sociales han logrado avances que pueden ser significativos y marcar un cambio estructural importante, se activa esta alianza para desmontarlos. Entonces, hay que regresar y empezar de nuevo. Cada vez que la primavera empieza a florecer, va una poda vía represión.
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O sea que, en Guatemala, la ciudadanía sí ha luchado por los cambios, pero cada vez que tiene avances el pacto nuevamente se activa.
Es el laberinto de la esperanza. Cuando se ha logrado dilucidar una salida, el sistema de poder que maneja el laberinto, la cierra. Lo único que les interesa es el fin, enriquecimiento y poder: el pacto es solamente un medio. Conservar privilegios de familias oligarcas tradicionales y el ascenso social para los que los rodean.
En los últimos treinta años, hemos visto varias versiones de la poda y el laberinto, con el consiguiente refrescamiento de la memoria popular de la represión. Cuando arrecia la represión la gente se esconde, se calla. Y los golpes tienen una lógica que envía mensajes a diferentes grupos y sectores. Recordemos lo que sucedió con personajes tales como Danilo Barillas, Epaminondas Gonzáles, los estudiantes de AEU, Myrna Mack y el Obispo Gerardi.
Por ejemplo, el asesinato del Obispo Gerardi fue terrible, al igual que las secuelas de ese asesinato. Corrieron distintas versiones de lo sucedido, hasta una novela se financió para desviar la atención sobre los hechos. Ese montaje para encubrir el crimen y sus razones. El objetivo era muy claro: distorsionar los hechos, pero también meterle miedo a quienes quisieran investigar los crímenes de la guerra. Sin embargo, el Rehmi tuvo un impacto impresionante junto con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Se cambió la manera de ver la guerra.
Actualmente, la persecución y represión prevalece. Hay muchas muertes en el área rural y criminalización de luchas sociales, indígenas y campesinas, pero que no han tenido alto impacto en el área urbana. Por ejemplo, los miembros de Codeca asesinados, van alrededor de 23 y el encarcelamiento o asesinato de muchos dirigentes indígenas en lugares donde hay procesos de resistencia en contra de hidroeléctricas, mineras, monocultivos y otros.
También se habla de 26 operadores de justicia exiliados, pero ese número indica solamente los que están visibles. Muchos se han tenido que ir, pero no se han declarado como tales por las implicaciones que conlleva a la hora del retorno. Son muchas las personas que han tenido que salir del país en los últimos tiempos.
¿Estamos ante una nueva ola de represión?
Las formas tradicionales de organización social están sumamente lastimadas, casi desaparecidas. El caso más patético, es el de los estudiantes y el de los sindicatos. En el caso de los sindicatos, en el año 2012 se presentaron 58 denuncias de dirigentes sindicales asesinados. Hoy en día se habla de 106. En el mes de julio asesinaron a otro dirigente. Obviamente, la intención es contener una rearticulación de los sindicatos.
La situación de los derechos humanos y la represión es delicada. Guatemala sigue con escrutinio internacional por eso. Cuando viene una misión internacional siempre salen regañados, pero, ¿qué implicaciones tiene realmente cuando hay total impunidad?
Volvamos a la Cicig y sus logros. A veces, se olvida que no actuó sola. Se empató con un MP fortalecido por varias administraciones y ya tenía un desempeño interesante. También se contó con jueces independientes. ¿No es esto resultado de una evolución institucional a partir de los Acuerdos de Paz?
Los Acuerdos de Paz se constituyeron en una oportunidad de configurar nuevas relaciones entre Estado y sociedad. Y, en efecto, hubo una intención de atacar de raíz problemas estructurales que fueron la causa de la guerra interna y de sus consecuencias. La Cicig encuentra su fuente originaria en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y en la visión de luchadores sociales y de derechos humanos que levantaron su reivindicación. El papel del MP y la Cicig es producto de esa ola dignificadora del proceso de democratización, del Estado de derecho y de las instituciones.
Pero los Acuerdos de Paz fueron traicionados por políticos y empresarios. No hubo voluntad de transformar el país. La mayor responsabilidad de su implementación y de su dinámica progresiva estaba montada sobre la idea de movimientos sociales fuertes, visionarios y comprometidos.
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Ese respaldo no estuvo allí. Los movimientos sociales, después de la guerra, estuvieron en una especie de parálisis, de reinvención, hasta más o menos el 2005. Ya para 2015, es notorio el acumulado histórico. Se generó un movimiento ciudadano impresionante, reivindicando precisamente probidad, transparencia, democratización. Sin los Acuerdos de Paz, esto no habría sido posible. Desafortunadamente, fue sensible la falta de una articulación que diera forma y sostenibilidad al impulso de la Plaza.
Las élites sustituyeron el proyecto de los Acuerdos de Paz por un esquema cuya única finalidad es regalar el país a intereses extranjeros para quedarse con migajas (que también es acumulación de riqueza para unos), mientras la mayoría de la población está en condiciones extremas de necesidad y de pobreza.
Los avances en materia judicial no fueron únicamente los casos investigados por la Cicig. También están los procesos de justicia transicional. ¿Por qué se pudieron juzgar estos casos a pesar de las debilidades en el aparato de justicia?
Se trata de un proceso histórico que, con el impulso de los Acuerdos de Paz, estaba caminando por varios lados. Y eso permite fallos icónicos como la sentencia en el caso de Efraín Ríos Montt. Uno de los procesos judiciales más importantes fue el del asesinato de Myrna Mack porque rompe con la dinámica de la impunidad. Fue marcando un sendero que luego siguieron otros procesos.
El lema de verdad, justicia, perdón y reconciliación que proponía el Rehmi halló las condiciones para materializarse. Porque, una vez que supimos la verdad, tenía que proceder la justicia. Cuando la justicia empezó a operar para pedir cuentas a los responsables, los grupos de poder se propusieron desmontarla. Las responsabilidades van más allá de los militares.
También es importante resaltar una cierta independencia de órganos judiciales de alta jerarquía como la CC. Uno de los factores que la hicieron «problemática» fue la emisión de resoluciones en favor de realizar la consulta a los pueblos indígenas que ordena el convenio 169 de la OIT. ¿Fue esta una de las razones para su cooptación?
Cuando la CC emite resoluciones declarando la inviabilidad de los proyectos mineros en El Estor, Izabal y en El Escobal, en Asunción Mita, Jutiapa, estaba fijando una posición amparada en la Constitución y en los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, pero alejada de los intereses económicos transnacionales. La incipiente investigación de la «alfombra rusa», iniciada por la Feci, reveló la manera en que operan estos negocios y cómo liberaron la explotación minera en el Estor, manipulando la consulta popular, asegurando la participación solamente de los que estaban a favor e imponiendo un estado de excepción en ese municipio. Recientemente, también sucedió en Asunción Mita y, próximamente, lo veremos en el caso de San Rafael, en el municipio de San José del Golfo. El gran problema que plantearon las resoluciones de la CC es «¿cómo los sin voz van a tener derecho a decidir sobre su futuro?».
Además, aquellos casos defensivos de la naturaleza y del territorio de los pueblos indígenas, mostraron, de nuevo, que hay prácticas ancestrales que perturban al sistema de poder imperante.
Perturban incluso la percepción de legitimidad de la autoridad. ¿Por qué acallar a las voces indígenas? ¿Por qué cerrar espacios de deliberación? ¿Por qué educar para que no se den esos espacios de deliberación y de ejercicio de ciudadanía? ¿Por qué educar para que la gente no pueda nunca asumirse como sujeto de derechos? Las respuestas a estas y otras preguntas, pueden brindarnos explicación. El empoderamiento de los ciudadanos a través de prácticas democráticas no permitiría la apropiación de los recursos y del territorio.
Hemos hablado mucho del sistema de justicia. Pareciera ser el corazón del problema que estamos viviendo. ¿Qué papel juega la impunidad en el establecimiento y control del poder?
La impunidad es el elemento clave. A los empresarios que confesaron haber cometido el delito de financiamiento electoral ilícito les dieron una especie de «justicia premial». A ellos no se les continuó la persecución penal, sino que los exculparon. Esto favorece la impunidad. Se trata del factor más importante para que nada cambie. El privilegio esencial es la impunidad. Y esto convierte al sistema de justicia en un factor crucial para conservar el poder y las lógicas de acumulación de riqueza aparentemente legales, pero muy conectadas con la corrupción, la violación de derechos ciudadanos, el clientelismo político, la corrupción, etcétera. La impunidad asegura que los beneficios de estas acciones servirán a la cúpula de poder .
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¿Podemos esperar algo de las elecciones en el 2023?
Hay que considerar que el régimen político no da opciones. La cooptación de la institucionalidad ha posibilitado que se aprueben candidaturas afines al sistema y se excluyan aquellas que pueden constituir oposición real. Asunto aparte, es que los liderazgos son insuficientes, se requiere de fuerza social y política para el logro de cambios. La ilusión electoral es pasajera, el verdadero desafío se centra en la articulación y el logro de esa fuerza.
Esto es lo más importante para romper con lo que nos moldea ideológicamente, tal el caso de los medios de comunicación y las narrativas que construye. ¿Quién moldea el pensamiento político de la mayoría? ¿Qué genera tendencias de aceptación de una u otra figura política? La televisión abierta y las cadenas de radio que más se escuchan en el país. Ahora, debemos preguntarnos ¿de quién son, qué intereses protege? ¿Por qué las disputas de grandes medios privados por las radios comunitarias? Justamente se trata de acallar voces disidentes.
El uso del lenguaje adquiere una relevancia muy importante. Las narrativas se construyen bombardeando el imaginario de la población, introduciendo ideas y opiniones que paralizan y desencantan; por ejemplo, la constante alusión a la religión, a Dios. Estos mensajes son medios de manipulación impresionantes. Los mensajes provida son terriblemente manipuladores, pues se manifiestan en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte. Entonces, ¿de qué se trata esta expresión «provida»? La intención de fondo es de manipulación e inmovilización social, sumisión y conformismo. Cualquier manifestación de protesta, de insumisión, de rebeldía, de no aceptación de la realidad tal cual se presenta, hay que rechazarlas. Y eso afecta el ejercicio de la ciudadanía. Lo electoral entonces, tiene su importancia, pero es insuficiente.
La gente vive en la incertidumbre. ¿Hay algún camino de salida de esta situación?
En el corto plazo es difícil detener la inercia que llevan las acciones emprendidas de manera bien articulada por el pacto de corruptos. Pero, la historia no es lineal. Hay factores que contribuyen a que ahora haya esta percepción de imposibilidad, de parálisis, de retroceso, sin embargo, las voces críticas empiezan a multiplicarse de alguna manera ¿Cómo, cuándo, de qué manera? No lo sabemos ahora. Algo va a pasar porque hay situaciones que no son sostenibles en el largo plazo.
Hay pesimismo, pero sectores como la academia, no pueden darse el lujo de transmitir simplemente desesperanza, o bajar el ánimo. Nosotros tenemos el deber ético de mantener encendida la esperanza de una Guatemala nueva, justa, humana.
Debemos aportar a la construcción del relato nuevo, popular, progresista y democrático. Los actores más importantes en esto son los movimientos sociales. Los verdaderos protagonistas de los cambios profundos que Guatemala necesita.
Recordemos el movimiento ciudadano que se dio en el año 2015, salió casi de la nada, cuando nadie lo esperaba. La situación que estamos viviendo puede colapsar, incluso por vías violentas y eso no lo quiere nadie. Por eso, hay que ejercer ciudadanía. Empezar por reconocernos como sujetos de derechos. Estamos tan mal en eso que, incluso, llegamos a creer que la función pública es un favor. No es cierto. También se cree que solo el Cacif paga impuestos y es falso. Es lo que nos venden y dicen: solo nosotros generamos empleo, solo nosotros pagamos impuestos. No es cierto. Ese tipo de mitos hay que desmontarlo.
Las universidades tienen un gran papel en formar y expandir la ciudadanía. Las aulas son el primer lugar donde esto debe suceder. Una educación capaz de cuestionar, de criticar y de cambiar a las personas y al país. Se deben generar impulsos de insumisión, generar dinámicas más participativas en las aulas. Debates. Que se le dé el valor que tiene la rebeldía, su significado e importancia como espacio de reivindicación. Y también como un impulso que puede llevar a la transformación democrática de la realidad guatemalteca.
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