A lo largo de dos semanas, las versiones sobre diversos hechos han variado y en algunos casos han sido totalmente modificadas. Así, cuando por medios periodísticos se filtró la intención gubernamental de pedir ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la remoción del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ejecutivo dijo que eran rumores. El dato de prensa indicaba que, de fracasar la intentona en la ONU, al retornar el mandatario declararía no grato a Iván Velásquez Gómez, jefe de la Cicig.
Tal como lo anunció la nota publicada el 23 de agosto, a las 6 de la mañana del domingo 27 se difundió un video en el que Jimmy Morales declaraba no grato a Velásquez. En este ordenaba su salida inmediata del país. De haber creído al gobernante y dado por sentado que la publicación de prensa era un simple rumor, no se habría interpuesto un recurso de amparo contra la orden de expulsión. Pero, como sí se interpuso, al haber sido otorgado provisionalmente impidió la ejecución de la orden el mismo domingo. Luego, con el amparo otorgado al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, y con la suspensión definitiva de la medida de expulsión, el intento presidencial quedó solo en eso.
No obstante, siguieron surgiendo falsas afirmaciones desde distintos espacios. El titular de la Comisión Presidencial para la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), Víctor Hugo Godoy, presentó su renuncia al cargo, efectiva a partir del 31 de agosto. Sin embargo, en redes sociales se hizo circular una carta supuestamente firmada por Godoy en la cual, en el segundo párrafo, él desdecía su renuncia y declaraba su apoyo irrestricto al gobernante. Para quienes habían estado por la mañana con el ahora exfuncionario era evidente la manipulación, pues él mismo se había despedido. Por lo tanto, resultaba sospechosa la pretensión de difundir una carta falsa o, peor aún, falsificada.
Luego aparece un video de apoyo al gobernante. En él, a la imagen del teólogo y sociólogo de extrema derecha Armando de la Torre se le pone como pie de foto el nombre del sociólogo de izquierda Edelberto Torres-Rivas. Este tuvo que publicar una aclaración para indicar que habían confundido el dato y aclara que no apoya las actuaciones del gobernante.
Anteriormente se había difundido en redes sociales (y hasta se había presentado un recurso de amparo al respecto) la información de que era ilegal el acuerdo de ampliación de la Cicig. El argumento: el contenido en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) relativo al acuerdo gubernativo de expulsión del jefe de la Cicig, suscrito únicamente por el presidente y no refrendado por ministro alguno, según manda la ley para ese tipo de disposiciones.
Uno y otro trámite requieren procedimientos distintos, pero eso no se aclaró, sino que de una vez se afirmó, con base en la sentencia de la CC, que la presencia de la Cicig carecía de legalidad. A tal grado que el sindicado expresidente Otto Pérez Molina, procesado por la sustracción de patrimonio nacional, pretendió expulsar al delegado de Cicig de la sala de audiencias. Su argumento: que la entidad no tenía validez legal para estar en Guatemala.
De igual forma, en el marco de la sumatoria de apoyos a la decisión arbitraria del presidente Morales se difundió una imagen de respaldo de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, situación que fue desmentida por el grupo, pues quienes asistieron a la reunión con el gobernante carecían del mandato para otorgar el supuesto apoyo.
Por último, han proliferado cuentas fraudulentas en redes sociales, especialmente en Twitter, desde las cuales se intenta promover una imagen negativa de Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack y reconocida actora social y política en el país.
En definitiva, se busca difundir información errónea y manipulada en aras de evitar que se conozcan o debatan los argumentos y los datos que son desfavorables al presidente Morales y a quienes se le han aliado en la cruzada contra la Cicig y el Ministerio Público por su lucha contra la impunidad y la corrupción. Toca entonces espulgar los datos, como dicen las abuelitas, para impedir que se cuelen las mentiras que con toda la mala intención diseminan el Gobierno y sus aliados, que procuran impunidad y detener el ciclo de la justicia.
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