Según la II Encuesta Nacional de Discapacidad de 2016 (Endis 2016), «el 10.2 % de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de 1.6 millones de personas». Sobre este dato puedo traer a colación que, de acuerdo con los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, de 2018, en el cual la población guatemalteca se estableció en 14,901,286 habitantes, 6.5 millones de estos (43.75 %) se autoidentificaron como pertenecientes a los pueblos mayas, ...
Según la II Encuesta Nacional de Discapacidad de 2016 (Endis 2016), «el 10.2 % de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad, es decir, cerca de 1.6 millones de personas». Sobre este dato puedo traer a colación que, de acuerdo con los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, de 2018, en el cual la población guatemalteca se estableció en 14,901,286 habitantes, 6.5 millones de estos (43.75 %) se autoidentificaron como pertenecientes a los pueblos mayas, garífuna, xinca y creole o afrodescendiente. Asimismo, en el censo se registró que el índice de analfabetismo a nivel nacional era del 18.5 %, lo cual equivale a 2.3 millones de personas que no saben leer ni escribir.
Es por ello que vale la pena preguntarse cuántos centros de vacunación atienden a personas con discapacidad auditiva a través de un intérprete con lenguaje de señas, cuántos centros de vacunación cuentan con personal bilingüe o multilingüe para atender a personas dentro de la diversidad lingüística del país, si existen hojas de consentimiento en idiomas que no sean el español (o incluso en braille). En mi experiencia, tras visitar algunos centros de vacunación en el área urbana y realizar algunas consultas respecto a los centros de vacunación en el interior del país, no obtuve una sola respuesta en la cual se me indicara que había acciones inclusivas que el gobierno de turno estuviera implementando de manera significativa.
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El Estado sigue asumiendo un perfil generalizado de hombres y de mujeres en el cual todas y todos saben leer y escribir en español y tienen las mismas capacidades cognitivas y físicas. Al parecer, en la visión de la élite gobernante, toda la población es urbana y cuenta con acceso a medios digitales y a transporte público para movilizarse y obtener información sobre vacunas, centros y medidas preventivas que se deben tomar durante el proceso. Implementar acciones para controlar la pandemia a través de la vacunación desde una visión privilegiada y única es solo una muestra más de la desigualdad y de la deficiencia de políticas públicas integrales que la diversidad poblacional del país necesita.
Desde nuestra perspectiva de privilegio etnocéntrica, no pocas veces nos percatamos de estas exclusiones que suceden durante contingencias como pandemias y eventos de desastre. Y el proceso de vacunación no es una excepción. En rutinas que nosotros damos por sentadas, como solicitar información o llenar la hoja de consentimiento (que está escrita únicamente en español y en la cual suele haber vacíos de información como los referentes a edad, sexo y teléfono), no se le consulta previamente a la persona si sabe leer y escribir o si habla otro idioma que no sea español o en el cual prefiera ser informada. Mucho menos se le pregunta si presenta alguna discapacidad en el afán de brindar un acceso y una atención más adecuados.
Cada crisis, sea pandemia, desastre o cualquier otra eventualidad, parece oportuna para que afloren las desigualdades y las carencias estructurales. Más allá de pensar en las acciones inclusivas ante la pandemia por covid-19 que las autoridades deberían implementar, deberíamos pensar en que esa inclusión tendría que ir aparejada a una Guatemala moderna, propia del país que queremos para este siglo XXI.
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