La impunidad (que sigue) en Panajachel

Plaza Pública denunció el 30 de octubre la forma en la que la Junta de Seguridad de Panajachel, respaldada por la administración municipal de Gerardo Higueros, se transformó de un grupo de vecinos que evitaba robos a la comunidad tras los desastres causados por la tormenta Ágatha en un grupo paramilitar encargado de “hacer justicia” contra cualquiera que ellos consideraran que altera el orden público: quien sale de fiesta y se pasa de tragos, quien fuma marihuana, quien “anda vagando con chanclas, un libro y una guitarra en la mano” o los periodistas o ciudadanos que denuncian sus crímenes. Todos son sujetos de linchamiento o detenciones ilegales. Como explica el análisis del académico Otto Argueta, tal vez una medicina peor que la enfermedad.

El fiscal de Sololá, Benedicto Tena, cumplió su ofrecimiento de procurar justicia y el 31 de octubre apresó a Juan Manuel Ralón y Víctor Anleu, presidente y vicepresidente de la Junta, acusados de ser los cabecillas del grupo que ha participado en detenciones ilegales acompañadas de torturas -léase linchamientos, palizas o vapuleos- y que está presuntamente implicado en la desaparición de Luis Gilberto Tian Senté Senté.

El siguiente capítulo en la cadena de la justicia para determinar si Ralón y Anleu en realidad son culpables, el de un juicio con garantías, se mantiene detenido por la decisión del juez Fabián de León Pérez, que se niega a trasladarlos a la cárcel de Suchitepéquez por la falta de garantías de seguridad para los líderes de Los Encapuchados, pero tampoco accede a enviarlos a la Ciudad de Guatemala, como pide el fiscal. Tena ya denunció al juez por obstrucción de la justicia.

Mientras tanto, el parque central de Panajachel continúa siendo una bomba de tiempo.

Desde que tuvo lugar la detención -y la fuga de Santiago Cululén, el tercer imputado por los hechos- un grupo de fieles se mantiene en un pequeño puesto frente a la Comisaría de la Policía Nacional Civil.

Su versión es que venden comida para recaudar fondos que contribuyan a la defensa de sus líderes. La versión de otros ciudadanos es que están allí para garantizar que a nadie se le ocurra trasladarlos.

Hasta ahora nunca han sido más de medio centenar al mismo tiempo los partidarios de la Comisión de Seguridad y Ralón y Anleu los que se han concentrado frente a la Comisaría. Pero en el departamento de Sololá, el mero indicio de un grupo de un personas reunido de manera permanente -van casi dos semanas- frente a una Comisaría en la que permanecen detenidos sus líderes y superando ampliamente en número a los agentes que custodian a los detenidos augura, cuando menos, continuidad de los problemas.

Una nueva detención ilegal, de la Junta y la PNC

El pasado 4 de noviembre, en torno a las 3 de la tarde, la ciudadana alemana Susanne Heisse, coordinadora del movimiento ambientalista Pura Vida Atitlán, regresaba de una reunión en la delegación del Ministerio de Educación en Sololá sobre nutrición en escuelas y construcción a base de eco-ladrillos.

“De camino hacia el mercado ví que la Comisión de Paz y Seguridad (la Junta Local de Seguridad, Los Encapuchados) había montado un stand, aparentemente informativo y me acerqué a conocerlos. Ya que se habla tanto de ellos y nunca les había conocido, decidí acercarme y preguntarles si era cierto lo que se decía de ellos. Informarme de primera mano”, relata Heisse.

Entonces, continúa la alemana, comenzó la intimidación por parte de las docena de personas presente en el puesto. “Querían obligarme a firmar un papel en defensa de sus amigos y atacando a Lucía Escobar. Cuando me negué se pusieron muy agresivos, así que decidí irme al mercado. Mientras me iba me insultaban a gritos”.

“¡Extranjera!” “¡Drogadicta!”, relata que le gritaban mientras se adentraba en el mercado. Susanne Heisse pasó miedo. No sólo le gritaron. La seguían. Dos jóvenes la grababan con una cámara de video mientras ella platicaba con una vendedora de chan, una semilla típica con la que Susanne pretende sustituir el consumo masivo de refrescos embotellados extranjeros por una bebida más acorde a las tradiciones locales.

Lucía Escobar, periodista de Radio Ati y columnista de elPeriódico, denunció públicamente los abusos de la Junta Local de Seguridad y ha sido amenazada de muerte. Los Encapuchados y el alcalde la acusan de ser "hippie, drogadicta y narcotraficante".

Poco después, presionados por el grupo, dos agentes de la Policía Nacional Civil la detuvieron y la trasladaron a Comisaría para tomarle declaración.

Una vez en Comisaría, lugar en el que pasó aproximadamente una hora, Heisse compartió recinto con Anleu y Ralón, y explica cómo los partidarios de los detenidos campan allí a sus anchas. “Aquello parece unos baños públicos donde todo el mundo puede entrar, salir y hacer lo que dé la gana”. Desde las personas encargadas del puesto hasta los jóvenes que la grabaron en vídeo. “Si alguien no tiene autoridad en el lugar son los agentes de policía”, añade Heisse.

“Son los miembros de la Comisión y no los agentes quienes controlan el acceso a la Municipalidad y a la Comisaría con una actitud intimidatoria y agresiva. Sesienten como en casa”. Se ve que los policías no se sienten demasiado cómodos: “Así estamos de día y de noche, sin poder controlar esto”, le decían a la detenida. 

Heisse interpuso la denuncia y comunicó los hechos a una amplia lista de conocidos. No tiene problema en ser citada. “No hago vida nocturna ni siquiera vivo en Panajachel”, cuenta como si estuviera en otro país del mundo y no en la antigua capital bohemia del Lago de Atitlán.

Uno de esos países en los que salir a la calle después de que cae la noche fuera un motivo legítimo para tener miedo por estar haciendo algo ilegal. Especialmente si se es extranjero y se dedica, como es el caso de Susanne Heisse, a una actividad, el reciclaje y la construcción con materiales naturales, susceptible de ser considerada “hippie y drogadicta” por quienes se han impuesto como guardianes de una determinada moral al margen de la ley en lo que parece un “territorio liberado” en Sololá. “Liberado” no como hace 30 años por alguna guerrilla, sino esta vez por un grupo paramilitar con tintes de fanatismo religioso y con una impunidad a prueba de las críticas de la opinión pública del resto del país.