La pobreza está a 500 metros

Promete desarrollo, empleo, un futuro diferente a las comunidades de Santa Rosa y Jalapa. Llevamos, sin embargo, años escuchando que las comunidades viven en resistencia, cuidando su territorio, ese espacio que habitan, que define su cotidianidad hecha de historia, de identidad, de naturaleza, de agua, de dinámicas políticas y económicas.

«Evidencia científica. Necesitamos datos, pruebas de verdad». Eso se les pide siempre que surgen críticas a la realidad que deben vivir las comunidades que habitan cerca del proyecto minero El Escobal, desarrollado por la mina San Rafael. Así pues, en un esfuerzo conjunto entre la Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza (Codidena) y el Centro de Datos para la Conservación de la Universidad de San Carlos (Cecón), se coordinó el estudio Desigualdad, extractivismo y desarrollo en Santa Rosa y Jalapa, presentado hace algunas semanas. Este se basó en 1,305 encuestas a hogares, realizadas en 19 comunidades de 5 municipios —un trabajo llevado a cabo de manera voluntaria por jóvenes del interior preocupados por la vida y el agua—, así como en estudios de agua y en análisis toxicológicos a más de cuatro decenas de personas.

[frasepzp1]

¿Qué encontraron? El riesgo de dejar de tener agua por el bombeo de 2,131,366 metros cúbicos al año en una región que vive de la agricultura. Si falta el agua, ¿cómo se cultivan la cebolla, el tomate y las otras hortalizas que se exportan y cuyo cultivo utiliza el 70.6 % del agua de la cuenca? También identificaron 12 cuerpos de agua hoy secos dentro del territorio explotado. Encontraron, asimismo, presencia de plomo, cadmio, y arsénico, que no se encontraban en la misma línea base de la minera al inicio de los trabajos. Así pues, las familias están obligadas a comprar agua embotellada para cuidar de su salud. Es cierto que la empresa transfiere un porcentaje (mínimo) de las regalías a la municipalidad y que esta, en su propia interpretación del concepto de desarrollo, ha invertido el 36.04 % en aspectos administrativos y el 22.49 % en salud y medio ambiente, lo cual corresponde a la construcción de un cementerio. Se han entregado materiales de construcción, alimentos y almácigos de café en una limitada y sinvergüenza manera de saber qué necesita la población. Se vive, además, con miedo a los temblores y con estrés, todo ello sumado a la desconfianza del vecino, que no permite relaciones armónicas entre los comunitarios.

También encontraron pobreza: más del 50 % de la población sigue siendo pobre en las comunidades aledañas. Se calculó, por medio de la encuesta, el índice de pobreza multidimensional (es decir, las privaciones de consumo, educación, salud y tecnología) para conocer el estado de sus condiciones de vida. Así, nombraron la pobreza total, absoluta. Se llama La Cuchilla, y es la comunidad que se encuentra a 500 metros del proyecto minero. Desde 2015 los temblores han rajado las casas, y el Estado ha dicho que no es un lugar seguro para vivir. Si no es un lugar seguro, no se puede tener una escuela o un centro de salud. ¿Adónde van las familias entonces? ¿Adónde las llevan la pobreza y las falsas promesas de desarrollo?

De nuevo, en medio de la campaña electoral, cuando pareciera desfasado hablar de los problemas más profundos de Guatemala, debemos recordar La Cuchilla como parte de esos nombres por los que la política tiene sentido.

56