El lunes de la semana pasada, un grupo de alcaldes liderados por Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), irrumpió en una sesión de la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República para presionar por la aprobación de disposiciones legales que debilitarían controles de transparencia y les darían más recursos. Muchos de los jefes de bloque abandonaron la sala como una forma de rechazo a estas presiones.
Lo que tanto les interesa a estos alcaldes y a su líder Edwin Escobar incluye:
- La iniciativa de ley número de registro 5252, conocida por el pleno del Congreso el 28 de febrero de 2017. Propone modificar los destinos específicos del IVA Paz, de manera que, de los 12 puntos porcentuales de la tarifa actual del IVA, las municipalidades pasarían de recibir la recaudación equivalente a 1.5 puntos porcentuales al equivalente a 2 puntos porcentuales, es decir, un incremento de más del 33 %. Además, la mitad de ese incremento lo ejecutaría el Instituto de Fomento Municipal (Infom).
- La iniciativa de ley número de registro 5263, conocida por el pleno del Congreso el 18 de abril de 2017. Propone corregir errores en la Ley del Presupuesto 2017, pero además suprimir algunos candados y controles de transparencia sobre los programas sociales, la ejecución de obras y, en especial, contratos vinculados a casos de corrupción como los de las empresas Odebrecht, Conasa, Sigma y otros del caso Cooptación del Estado.
- La iniciativa de ley número de registro 5269, conocida por el pleno del Congreso el 2 de mayo de 2017. Debido a que el 28 de abril pasado venció el permiso temporal que el artículo 21 del decreto 46-2016 dio para realizar compras directas sin presentar oferta electrónica, los alcaldes y los diputados ponentes proponen reformar la Ley de Contrataciones del Estado para relajar los controles que en las últimas reformas se lograron aplicar a las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa. Proponen suprimir obligaciones como publicar en Guatecompras y usar mecanismos electrónicos para la presentación de ofertas, opacidad descarada y evasión de los controles de transparencia aplicables a la cotización y a la licitación públicas.
Es decir, en resumen, más dinero para gastar sin control y sin rendición de cuentas.
Es verdad que los Gobiernos locales necesitan más recursos para inversiones sociales y de infraestructura, pero también resulta que las municipalidades y las gobernaciones departamentales lamentablemente se caracterizan por la opacidad y por múltiples actos de corrupción. Por ejemplo, numerosos informes del Procurador de los Derechos Humanos han evidenciado que las comunas y las gobernaciones departamentales son violadores sistemáticos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
¿Es legítimo que Escobar y su grupo de alcaldes, personajes como Esduin Jerson Javier Javier, alias Tres Kiebres, o el mismo Álvaro Arzú tengan más dinero cuando de forma descarada y hasta desafiante menosprecian los controles y la rendición de cuentas a los que están obligados por ley?
Mi respuesta ciudadana es no. Las iniciativas de ley mencionadas no deben ser aprobadas. Y para que el muy necesario incremento de recursos a los Gobiernos locales sea legítimo debe mediar un compromiso serio y verificable de que alcaldes y gobernadores se sometan a la ley, de respetar y cumplir las normas que les imponen controles y mecanismos de transparencia.
De no presionar para que aprueben lo que se les da la gana. Si no, de balde la plaza y todo lo logrado en 2015.
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