Los asesinatos de activistas indígenas que se investigan como casos aislados

Juana Raymundo, enfermera y activista ixil de 25 años, es la única mujer de una siniestra lista, la de los líderes comunitarios asesinados desde mayo. Ocho en siete atentados desde hace tres meses. La joven, miembro del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) en Nebaj, Quiché, desapareció el viernes. Su cuerpo fue hallado, con signos de tortura, 24 horas después.

Esta víctima se suma a la lista con la que trabaja Hilda Pineda García, fiscal de Derechos Humanos. En junio, en su despacho, la representante del Ministerio Público mostraba el documento en el que aparecían los nombres de, hasta entonces, siete activistas de Codeca y de CCDA muertos en circunstancias violentas. No se trata de un informe especialmente meticuloso. Incluye los hechos, el número de expediente y la fiscalía que conoce la investigación.

Ahí está Luis Arturo Marroquín, dirigente de Codeca, asesinado a tiros en San Luis Jilotepeque; José Can Xol, del CCDA, al que una bala le alcanzó en las inmediaciones de su comunidad en Choctún Basilá, Cobán, Alta Verapaz; Mateo Chamán, muerto en el exterior de la aldea Las Conchas, en Cobán, Alta Verapaz, también de CCDA; Ramón Choc, de CCDA, muerto por arma blanca en Cobán; Alejandro Hernández y Florencio Nájera, de Codeca, cuyos cuerpos aparecieron en Jutiapa tras ser atacados a machetazos; Francisco Munguía, de Codeca, acuchillado en Jalapa.

Solo los dos primeros asesinatos, el de Marroquín, en el departamento de Jalapa, y el de Can Xol, en Alta Verapaz, están en manos de la Unidad de Delitos Cometidos contra Activistas, una de las ramas de la Fiscalía de Derechos Humanos. El resto los investigan las fiscalías de sus respectivos departamentos. Tras las primeras pesquisas han sido considerados hechos aislados, crímenes como los que cada día se perpetran en Guatemala sin relación con la actividad política de la víctima.

El breve informe revela que solo en esos dos asesinatos (sin contar con el de Raymundo) se considera que existe una motivación política o vinculada al activismo de la víctima. Para el resto, hay explicaciones variopintas: oposición a un asalto, venganza familiar, incluso la caída de un árbol. 

Si no lo investiga la Fiscalía de Derechos Humanos es que se considera, tras investigación conjunta entre MP y PNC, que no existe un móvil político tras el homicidio.

A pesar del notable descenso en la última década (un 50% según datos del investigador independiente Carlos Mendoza), en Guatemala se sigue asesinando. En 2017, 4,410 personas sufrieron una muerte violenta, una tasa de 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, según la Policía Nacional Civil (PNC).

Pueden matarte por no pagar la extorsión; por un asalto mal gestionado; por estar donde no debías; hasta por una disputa de tráfico.  Desde hace muchos años a los dirigentes campesinos e indígenas les han matado por ser quienes son.

El ejecutor podía ser el Ejército, un finquero, el patrón. El motivo: un reclamo de tierras, una disputa laboral en la plantación. Ocurrió durante el conflicto armado interno (1960-1996). Se repitió, en otro contexto, tras la firma de los Acuerdos de Paz entre Gobierno y guerrilla.

Por eso Hilda Pineda tiene esa lista. Ella es la fiscal de Derechos Humanos y se encarga de investigar los crímenes contra defensores, periodistas o activistas.

Las organizaciones apuntan a la criminalización

Codeca y CCDA son las dos organizaciones atacadas. Los atentados se concentran en tres departamentos: Jalapa y Jutiapa; en el caso de la primera organización, y Alta Verapaz, en el caso de la segunda. Las dos primeras agresiones fueron con arma de fuego. Posteriormente, el arma blanca es la más utilizada.

Codeca nació en 1992 y trabaja en defender derechos como el acceso a tierra, salud, educación y trabajo. Actualmente se conforman por más de 125 mil familias ubicadas en 21 departamentos, faltando Sacatepéquez, según Neftalí López, dirigente del comité. Una de sus líneas estratégicas es la nacionalización de la energía eléctrica. Por ello, la organización ha sido acusada de robar a Energuate, algo que sus líderes niegan. Su estrategia actual está centrada en la creación de un “instrumento político” denominado Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP). Ya han obtenido las 23,500 firmas que exige la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo que implica que podrán presentarse a las elecciones de 2019.

CCDA inició en 1982 con el nombre “Comité de Defensa del Altiplano” y en 1986 adoptó la forma con la que se le conoce actualmente. Fue ideado como un espacio de acompañamiento legal en temas de tierra, un medio de fortalecimiento para la actividad agrícola y el desarrollo de sus comunidades. Está presente en veinte departamentos del país, exceptuando Totonicapán y Jalapa, e integrado por 58 mil miembros, explica Wilson Tzunun, coordinador del comité.

[relacionadapzp2]

Ninguna de estas organizaciones cree la tesis de los asesinatos sin conexión entre ellos. Aseguran que los crímenes tienen que ver con un proceso de “criminalización” en su contra.

Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores de Guatemala (Udefegua), pone fecha al origen de los ataques verbales: el viernes 20 de abril. Aquel día, rodeado de militares, Jimmy Morales apuntó por primera vez contra Codeca. Ahogado por las acusaciones de financiamiento ilícito, criticó al MP por aparecer en público con una organización a la que ligaba con más de 1,900 denuncias penales. Dos semanas después, el 2 de mayo, volvía a la carga con la misma idea, esta vez ante una multitud de vendedores congregados en una marcha en la plaza de la Constitución. “Codeca es una organización que tiene más de 2 mil denuncias penales, ninguna investigada”, dijo.

Una semana después se produce el primer atentado contra un miembro de Codeca: Luis Arturo Marroquín muere a balazos en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

“Jimmy Morales sembró el odio, el terror, para que se agudice el asesinato. No descartamos que haya complicidad entre todos, una estructura, e incluso la intervención del Gobierno”, dice Thelma Cabrera, presidenta de Codeca. En la misma línea, Neftalí López, otro de los dirigentes de esta organización, considera que el presidente abrió la puerta a la impunidad. Señaló a las organizaciones campesinas y facilitó que poderes locales con los que están enfrentados se sintiesen legitimados para atacar, considera.

Fernando Lucero, vocero del ministerio de Gobernación, dice que los casos se están investigando, por lo que su departamento no realiza valoraciones.

“Son demasiados líderes muertos en tan poco tiempo. Quienes cometen este tipo de crímenes manejan un nivel de inteligencia para tratar de desviar la investigación. Por eso hay que profundizar y no descartar que sea por la defensa de los derechos”, puntualizó la fiscal Pineda. “Ver cómo integrantes de su organización son asesinados con tanta frecuencia causa un mal impacto”, añadió.

A pesar de esta afirmación, los informes preliminares apuntan al hecho aislado en la mayoría de sucesos.

Según las cifras de Udefegua, 11 defensores fueron asesinados en 2015; 10 en 2016, y 52 en 2017.

En lo que lleva el año, la misma institución ha contabilizado 18 homicidios.

Luis Arturo Marroquín

El lunes 9 de mayo, aproximadamente a las 8:40 de la mañana, Luis Arturo Marroquín se dirigió a la librería ubicada frente al parque municipal de San Luis Jilotepeque, Jalapa. Quería sacar fotocopias. Tenía prevista una reunión con integrantes del comité campesino en ese municipio. Era responsable departamental de Codeca y uno de los máximos dirigentes a nivel nacional. Nunca llegaría a su cita. Dos hombres armados, que presuntamente le venían siguiendo, le dispararon nueve balazos por la espalda.

Esta es la información que la Fiscalía de Derechos Humanos de la Unidad de Delitos Cometidos contra Activistas utiliza para su investigación. “En este caso la causa de la muerte sí se relaciona, posiblemente, a su activismo en defensa de derechos”, asegura Pineda sobre la hipótesis preliminar.

[relacionadapzp1]

Un dirigente de Codeca que habló a condición de anonimato asegura que testigos de lo ocurrido implican a dos guardaespaldas del alcalde de San Pedro Pinula, José Manuel Méndez. Afirma haber puesto una denuncia en el MP en su contra. Dice tener en sus manos fotografías del vehículo y las armas empleadas.

La versión que vincula a Méndez lleva escuchándose desde que Marroquín fue enterrado, el viernes 11 de mayo. En el sepelio, celebrado en la aldea Gran Carrizal, de donde era originario, se extendió la idea de que el vehículo era propiedad del alcalde, un Toyota Hilux Negro, había sido detenido por la PNC. Que en su interior se encontraron armas. Que no fueron arrestados a pesar de los indicios. Todo esto se contaba, en voz baja, mientras Marroquín era enterrado. Que existen unas fotografías como prueba.

El grueso de esta versión fue corroborada por una fuente de la PNC y otra de la Fiscalía de Derechos Humanos, ambas a cambio de mantenerse en el anonimato.

Nadie quiere hablar cuando se trata de casos oscuros.

Las dos versiones concuerdan en que el alcalde fue identificado junto a dos de sus guardaespaldas  poco después del asesinato de Marroquín. Difieren sobre cómo llegó la policía a detener el vehículo y por qué se dejó en libertad a sus ocupantes.

El funcionario policial asegura que los agentes fueron alertados por los vecinos que presenciaron el asesinato, que aseguraron que se trataba del carro que utilizaba el alcalde. Se produjo una persecución. Finalmente, el picop fue detenido y sus integrantes identificados. Entre ellos se encontraba Méndez. “Las armas de fuego estaban registradas y la licencia vigente”, explica esta fuente, que indica que se solicitó presencia del Ministerio Público, que fue quien autorizó la libertad de las tres personas.

En fiscalía se limitan a corroborar la identificación. Esta fuente asegura que se incautaron unas armas y que la investigación sigue su curso, señalando que también existen pesquisas sobre por qué la policía dejó ir a los ocupantes del Toyota.

Es la pescadilla que se muerde la cola. Nadie presenta papeles oficiales, argumentando que existe una investigación en marcha.

El alcalde de San Pedro Pinula, José Manuel Méndez, niega tener vínculo con el delito. Asegura que se violaron sus derechos por falsa vinculación. Argumenta que no existe evidencia fidedigna en su contra. “Ese día habíamos pinchado llanta y estábamos en Aldea Nueva, en San Pedro Pinula,  cuando unos policías se acercaron a hablarnos y a decir que nosotros estábamos involucrados, pero no. Si fuéramos culpables nos hubieran apresado y llevado al juzgado, pero no encontraron nada y se fueron. Yo creo que hasta los altos mandos de la Policía están en contra mía”, asegura, en conversación telefónica.

El sábado 12 de mayo, Méndez ofreció una rueda de prensa en San Pedro Pinula para negar cualquier relación con el asesinato.

Sobre las supuestas fotografías que obrarían en poder de Codeca, asegura que se tratan de una calumnia y que, en todo caso, no constituyen una prueba en su contra.

“Si tuviéramos algún indicio pues tendríamos la obligación de pedir el antejuicio porque goza de ese derecho. Si hubiera involucramiento por supuesto que lo vamos a requerir”, comenta Pineda.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, dice estar enterado de la versión que sostienen los comunitarios. Explica que hay que esperar los resultados del MP para poder concluir.

José Can Xol

El 10 de mayo dos individuos atacaron a José Can Xol con varios disparos a la cabeza, “por conflicto de tierras en la región”, explica Hilda Pineda. Era residente de la comunidad Choctún Basilá, de Cobán, Alta Verapaz; miembro del CCDA y del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode).

La principal hipótesis de la comunidad donde habitaba, integrada por más de 50 familias, es que la causa de su muerte fue un conflicto de tierras. Desde hace años mantienen un conflicto con la Cooperativa Chilté, un grupo de empresarios que producen café y cardamomo en fincas vecinas, que acusan a los vecinos de Choctún Basilá de invasión. Según Marcelo Sabuc Xalcut, dirigente del comité, la comunidad tiene los documentos del Instituto Nacional de Transformación Agraria que los hace acreedores de la tierra.

“Ya se han enfrentado en ocasiones anteriores”, comenta Marcelo Sabuc acerca de la muerte de José Can, quien era considerado una autoridad ancestral maya.

La narración que realiza el CCDA es que Can Xol se encontraba trabajando en el campo cuando escuchó disparos en su comunidad, por lo que regresó para auxiliar. Fue en ese momento cuando le dispararon. “No fue una bala perdida”, asegura Jorge Santos, abogado de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), que acompaña el caso judicial. Asegura que se trata de un ataque dirigido pero que “podía haber sido contra cualquiera”. Es decir, que querían atacar a la comunidad pero que Can Xol fue la víctima, precisamente, por regresar alertado por los primeros disparos.

La fiscal Pineda agrega que como parte de la investigación el 27 de junio se giró orden de captura contra dos personas a quienes no quiso identificar “por ser parte del proceso y porque si se saben los nombres se podrían dar a la fuga”, aseguró. El CCDA desconoce si ha habido capturas.

Antes del asesinato la comunidad ya disponía de seguridad perimetral otorgada por parte del Ministerio de Gobernación, explica Marcelo Sabuc. La policía viaja una vez por semana. “Se solicitó esta seguridad para Choctún Basilá y para Ixloc San Pedrito por el constante conflicto”, dice. Como ejemplo, explica que existen tres garitas dentro de la comunidad para delimitar tierras. En cada una hay gente armada que cuida fincas privadas. Asegura que algunos de ellos se metieron a las casas de Choctún Basilá en 2014. Según su testimonio, buscaban infundir miedo y que así abandonaran las tierras. De hecho, llegaron a retener a algunos comunitarios. Tras la denuncia presentada por el CCDA al MP, se aprobó la seguridad.

En esta comunidad, Juan Bautista Riveiro, José Manuel Coc, Marcelino Xol, Gustavo Pop y Jorge Coc se encuentran encarcelados, acusados de homicidio contra un integrante de la Cooperativa Chilté. Y Abelino Vásquez y Eduardo Cabnal se encuentran desaparecidos por la misma disputa de tierras, aseguran miembros del comité.

[frasepzp1]

Mateo Chamán Paau

El 13 de mayo se contabilizó al tercer defensor fallecido. Mateo Chamán Paau, miembro del CCDA y líder comunitario de San Juan Los Tres Ríos, aldea ubicada en Cobán, Alta Verapaz. La fiscal Pineda explica que el cuerpo fue localizado en la aldea Las Conchas, también en Cobán, y que el caso sigue en investigación por parte de la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz. Jorge Santos cuenta que a Chamán lo encontraron a las 21:00 horas de ese día. Dice que existen diferentes versiones sobre la forma en la que se halló el cadáver. Comunitarios que se personaron en el lugar aseguran que estaba boca arriba. Por el contrario, el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) asegura que el cuerpo estaba boca abajo y que murió por sumersión, ahogado, dice Santos. “Hay comunitarios que refieren que tenía una herida de bala en la espalda y que con algo punzocortante se la sacaron” explica.

La tesis expuesta por el ministro de Gobernación Enrique Degenhart en conferencia de prensa el 11 de junio, fue que “murió porque le cayó un árbol encima, jamás fue asesinado”. Santos dice que el CCDA ha expuesto fotografías donde Chamán está boca arriba y con laceraciones en su torso y extremidades. “Una de las fotografías estuvo circulando en Facebook pero a nuestra solicitud se quitó”.

“Si hubiera sido un árbol habría quedado debajo de él o a un lado, pero tenía muchas cortaduras por todo el cuerpo” explica Marcelo Sabuc. “Cerca había un río como de 20 centímetros de altura y por eso la información del Inacif es que fue asfixia por sumersión. Pero él sufrió una tortura”, asegura.

CCDA explica que en la comunidad existe la hipótesis de que miembros de la guardia privada de una finca aledaña estén involucrados, pues aseguran que las amenazas que recibió Chamán antes de su muerte fueron las mismas que recibió Daniel Choc, asesinado en 2016. Hermelindo Chen Chub fue apresado por el asesinato de Choc, declarado culpable y, dos semanas después, puesto en libertad y ligado a proceso por posesión de arma hechiza, explica Santos.

Ramón Choc Sacraba

El cuarto caso es Ramón Choc Sacraba, miembro del CCDA y dirigente comunitario, quien fue asesinado después de la marcha del 30 de mayo en Cobán, organizada por su comité. Choc Sacraba falleció el 1 de junio en el Hospital Regional de Cobán, pues el día previo fue atacado en la refresquería “El Gallo”, según el reporte de la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz. Sabuc asegura que Ramón estuvo en la manifestación todo el día, y agrega que en la marcha hubo gente sospechosa que no era del grupo ni parecían civiles que se acercaban solo a ver. “Parecía que estaban controlando la movilización. De hecho tres de nuestros líderes fueron perseguidos por extraños, pero lograron huir”.

Al final de la tarde, Carlos Choc, uno de los perseguidos que Marcelo Sabuc menciona, recibió una llamada de la Policía diciendo que habían atacado a uno de sus compañeros. Era Choc Sacraba, a quien horas después intentaron enterrar como persona desconocida (XX) bajo argumento de no portar documento de identificación. “Sí sabían quién era, porque llamaron para avisar”, cuestiona. Carlos Choc (quien recibió la llamada) y Ramón Choc (dirigente asesinado) no eran parientes, detalla.

La información de Udefegua refleja que una testigo de la refresquería donde Ramón se encontraba explica que él entró y pidió una cerveza Corona. Justo antes de darle el primer trago llegaron dos individuos con quienes intercambió palabras y uno de ellos lo pateó hasta dejarlo tirado. El medio de traslado al hospital, aseguran, fue la patrulla de la Policía. El informe del hospital no cambió su condición de XX, asegura Santos.

La versión de la Fiscalía de DD. HH. es que a Choc Sacraba se le trasladó al hospital tras haberse opuesto a un asalto. Pero Marcelo Sabuc considera que no fue un ataque común. “Cuando es una pelea de puños se ven golpes en el cuerpo. Pero a él le cortaron detrás de la oreja y le cortaron el cuello. Fue una tortura. No fue una riña”.

Choc Sacraba vivía en Ixloc San Pedrito, aldea de Cobán que ha tenido problemas con presuntos herederos, hijos de trabajadores de la finca con más de 50 años de vivir allí. “La comunidad quiere comprar la finca, pero desconfían de que en realidad sean ellos los dueños”, explica Sabuc. En enero de este año los “herederos” pidieron a los comunitarios su desalojo pero ellos no lo permitieron, agrega, y creen que ese conflicto dio origen al asesinato de Choc.

A la lista de ataques, el CCDA agrega tres casos cometidos en Alta Verapaz. El asesinato de Daniel Choc, líder de San Juan Los Tres Ríos, atacado el 8 de junio de 2016 en la Finca Rancho Alegre; Samuel Chu, víctima de un despojo de tierras en la laguna Lachuá, a quien asesinaron con arma de fuego el 27 de enero de 2018; y Gumercindo Butz Cu de la aldea Chiguoyo, asesinado el 2 de marzo, día en que el CCDA tuvo asamblea en San Lucas Tolimán, Sololá. Los tres se encuentran en investigación. “Aún no tenemos resultados de estos procesos”, asegura Sabuc.

Alta Verapaz es uno de los departamentos con menor índice de homicidios en Guatemala. Según el último informe de Diálogos, su tasa de asesinatos estaba en 5.6 por cada 100,000. La Organización Mundial de la Salud considera “pandemia de violencia” cuando se supera las diez muertes violentas por cada 100,000. Alta Verapaz es uno de los siete departamentos guatemaltecos por debajo de esta línea roja. A pesar de ello, ahí se concentran los atentados contra líderes de CCDA.

Alejandro Hernández García y Florencio Nájera

Tres días después del ataque contra Choc Sacraba, el 4 de junio, Alejandro Hernández García y Florencio Nájera, miembros de Codeca, fueron asesinados con machete en el caserío Los Cerritos, del Cantón Valencia en Jutiapa, de donde eran dirigentes. Miembros del comité aseguran que sus luchas estaban relacionadas a acabar con la tala de árboles y con exigir el acceso a agua, salud, educación, tierra y energía eléctrica para su comunidad.

La información entregada por la PNC y el MP a la Fiscalía Distrital de Jutiapa establece que ambos “se dedicaban a cometer hechos ilícitos y que posiblemente ese habría sido el motivo por el cual les habrían dado muerte”. Información que los dirigentes de Codeca niegan, pues explican que ambos líderes eran defensores del territorio y que se dirigían a una reunión del comité cuando fueron atacados. En este caso, la información con la que cuenta el comité es poca porque las familias no quieren hablar, aseguran.

Santos de Udefegua agrega que la hipótesis documentada tras comunicarse con algunos testigos es que Hernández y Nájera, quienes eran primos, fueron degollados tras estar de descanso, aunque no tiene constancia de que se dirigiesen a una reunión.

Francisco Munguía Castrillo

El séptimo caso contabilizado en esta serie de crímenes se cometió el 8 de junio en la aldea El Divisadero, Jalapa. Francisco Munguía Castrillo, integrante de Codeca, fue asesinado por dos personas desconocidas con arma blanca, detalla el informe de la Fiscalía Distrital del departamento. La PNC estableció que dos meses antes había sido amenazado por “una persona cercana a su entorno familiar”.

Santos, de Udefegua explica que Munguía era albañil y ese día, tras terminar su labor a las 15:00 horas, se dirigió a su parcela de producción agrícola, ubicada a tres kilómetros de su casa. Es allí donde lo interceptan individuos que lo agreden con machete. “No hay robo, no hay nada. Y en realidad toda la familia es muy activa en la participación comunitaria”, dice un miembro de Codeca, que no quiso que su nombre figurase en el reportaje.

Para conocer la versión de los casos por parte del Ministerio de Gobernación Plaza Pública se comunicó con el viceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, quien al ser cuestionado optó por disculparse, explicar que no podía hablar del tema y colgar la llamada.

Juana Raymundo Rivera

La última víctima es la única mujer. Se trata de Juana Raymundo Rivera, de 25 años. Enfermera profesional e integrante de Codeca desde hace cinco años en la región de Nebaj, Quiché. Lideraba el comité juvenil en el municipio y era integrante del Comité Ejecutivo Municipal del MLP (instrumento político al que pertenece Codeca). Desapareció el viernes 28 y su cuerpo fue hallado el sábado 29 con signos de tortura.

Santos, de Udefegua, explica que el viernes Juana llamó a su papá para avisar que no llegaría a casa como un acto común o de rutina, según indicaron miembros de Codeca. Las características o razones de su ausencia no fueron detalladas. Hilda Pineda comenta que en la región ya se encuentra un fiscal de derechos humanos a cargo del caso que investiga las causas de la muerte.

Dirigentes de Codeca desconocen si existían denuncias previas por parte de la víctima, pero aseguran que las amenazas hacia compañeras y compañeros han aumentado a partir de los discursos de criminalización que ha manejado el actual gobierno. Exigen, asimismo, la pronta investigación, pues aseguran que estos ataques en contra de su organización están siendo mensaje para que sus integrantes se alejen de la participación política.

Cómo confiar en quien ni siquiera quiere reunirse

“Lo más preocupante es la indiferencia de las autoridades. Intranquiliza la poca intención por resguardar un derecho tan elemental como la vida”, Jordán Rodas es la voz institucional que más se ha alzado para denunciar la muerte de activistas campesinos. Ha tratado de fungir como enlace entre organizaciones e instituciones, para terminar comprobando el nulo interés del Gobierno de Jimmy Morales en esta sucesión de asesinatos. “Estamos hablando de pérdidas de vidas, de defensores de derechos humanos y del territorio, de organizaciones campesinas, indígenas, que su vida vale tanto como cualquier ciudadano”, explica.

Tras los primeros atentados, giró instrucciones a los auxiliares departamentales de Jalapa y Alta Verapaz para conocer los casos. Recibieron los informes y han supervisado el actuar de la PNC en la obtención de información. Tras la ola de asesinatos entre mayo y principios de junio, Rodas solicitó una audiencia con el presidente Morales. Lo hizo a través de una carta fechada a 11 de junio. En ella le especificó que le acompañarían dos representantes de cada organización implicada (CCDA, Codeca y CUC), además los abogados de Udefegua, para hablar sobre las medidas investigativas y de protección.

“Le pedí audiencia sin importar cuándo la pusiera aunque yo tengo también mi agenda. Yo estaba dispuesto a cancelar compromisos si me la daba, pero no tuve respuesta hasta la semana siguiente que llamaron al despacho diciendo que el delegado para atendernos era el ministro de Gobernación” dice Rodas.

La fecha fijada fue el 21 de junio. El grupo se presentó al Ministerio de Gobernación. Unos 15 minutos antes de la cita les dijeron que el ministro recibiría únicamente al procurador, no a los líderes comunitarios. Un cambio en la agenda que el PDH no aceptó. Así que la reunión no tuvo lugar. La decisión fue tan precipitada que Gobernación ni siquiera tuvo tiempo para avisar a los periodistas que no habría comparecencia porque la reunión no tendría lugar.

Allí, en el acceso al ministerio, Rodas mostraba su enfado acompañado por representantes de Codeca, CCDA y Udefegua.

Lucero, vocero de Gobernación, asegura que aquella reunión no tuvo lugar porque el ministro Degenhart no se encontraba en su despacho. Preguntado por las razones por las que la cita se canceló 15 minutos antes de la hora prevista, dice desconocer si existían acuerdos previos. No descarta que el ministerio celebre una reunión con Codeca, aunque admite que a día de hoy no está en la agenda. Y elude valorar la actividad del comité campesino “para evitar malos entendidos”.

La de gobernación no es la única puerta institucional que han tocado Codeca y CCDA.

El jueves 12 de julio la fiscal general María Consuelo Porras Argueta acompañada por los fiscales a cargo de las investigaciones, se reunieron con dirigentes campesinos, miembros de Udefegua y delegados de PDH.

“No vemos ningún avance. No han avanzado con las evidencias que han entregado las comunidades. No estamos satisfechos”, dice Thelma Cabrera, presidenta de Codeca, que exige que continúen los trabajos para dar “con los autores materiales y los intelectuales”.

“Los avances son pocos porque no hay novedad”, asegura Jorge Santos. El representante de Udefegua cree que una conclusión importante fue que la fiscal Porras solicitó a los delegados de la PDH que se encarguen de gestionar con Gobernación las vías de protección necesarias para las familias de las víctimas.

“Puede considerarse que no hay tanta información sobre las investigaciones porque esta reunión con Codeca sirvió para presentar avances generales e hipótesis de los casos”, explica Julia Barreda, vocera del MP. “Existen detalles que aún no se pueden dar por la reserva de los procesos, pero sí se está investigando”, asegura.

Marcelo Sabuc confía en que las investigaciones puedan avanzar y que el apoyo que reciben de Udefegua y PDH se siga fortaleciendo, pues explica que antes de recibir ese acompañamiento se había discutido dentro del comité el poner fin al diálogo y buscar instancias internacionales como respaldo.

Futuro incierto

Ante la falta de diálogo en Guatemala, Rodas se desplazó a Washington, capital de Estados Unidos, donde manifestó su preocupación a senadores y congresistas sobre el asesinato de líderes campesinos en Guatemala (además de tratar temas como niños migrantes y los despidos en la PNC). Explica que las autoridades estadounidenses se mostraron preocupadas por los ataques contra líderes comunitarios y afirmaron que apoyarán en las investigaciones si así es requerido. Antes de usar esa carta debe haber resoluciones por parte del MP.

A pesar de ello, las amenazas no han cesado. Y el contexto no ayuda. El país se prepara para entrar en año electoral y Codeca ya tiene su instrumento político. Asimismo, uno de los líderes de CCDA, Leocadio Juracán, es diputado por Convergencia y tiene la intención de presentarse a la reelección.

EL 1 de junio el CCDA recibió un mensaje de personas desconocidas a través de un papel que deslizaron bajo la puerta de sus oficinas en San Lucas Tolimán. En la nota se les solicitaba que dejaran de hacer el trabajo que realizan con las comunidades, pero sus miembros desconocen el porqué, pues aseguran que su labor ha sido en beneficio de las comunidades. “Otras organizaciones también están en condición de amenazas permanente. CUC tiene tres miembros bajo amenazas de muerte y el dirigente nacional de Nuevo Día, más tres dirigentes comunitarios. De no detenerse este clima la violencia puede crecer a otros niveles”, explica Santos. Mientras los procesos de investigación no concluyan en el MP, el temor por la vida y la desprotección ante posibles amenazas avanza.

Santos agrega que el año pasado emitieron una alerta por considerar que los territorios habitados por la población Q’eqchi’, Achi y Poqomchi’ de la zona de las verapaces estaban siendo sometidos a amenazas y agresiones que han llevado a un clima de represión. Udefegua ha sumado en sus comunicados de denuncia, la muerte de Luis Armando Maldonado, asesinado el 17 de mayo, quien fue miembro de la Pastoral Social de la Tierra, de Huehuetenango.

Thelma Cabrera, por su parte, muestra su enfado con la respuesta institucional. “Se sabe de qué forma atacaron a los defensores en tiempos de la guerra”, dice. Cree que esta ola de asesinatos tiene un paralelismo con aquellas matanzas. A pesar de ello, afirma no tener miedo. “Tenemos claro lo que podemos sufrir. No tenemos Estado, el Estado no está a favor de las mayorías sino de unos pocos, es posible que la situación siga igual”, considera.

El balance de los últimos tres meses es desolador: siete atentados, ocho defensores muertos y unas investigaciones que, en su mayor parte, hablan de sucesos aislados. Como si fuese casualidad, y no un patrón, la muerte violenta de activistas indígenas. Mientras tanto, el Gobierno de Jimmy Morales insiste en no recibir a las víctimas.