Los Q2.4 millones que el Cacif gastó para acercarse a Washington en los últimos cuatro años | Plaza Pública

Cerrar

Ir

Los Q2.4 millones que el Cacif gastó para acercarse a Washington en los últimos cuatro años

Tipo de Nota: 
Información

Los Q2.4 millones que el Cacif gastó para acercarse a Washington en los últimos cuatro años

Ilustración: Dénnys Mejía
Historia completa Temas clave

Desde 2018 el Cacif paga miles de dólares mensuales por tener acceso a políticos y funcionarios de Estados Unidos. En 2020 renovó su contrato con una firma de cabilderos y las fuentes apuntan a que el objetivo es bloquear el trabajo del exembajador Todd Robinson, ahora funcionario del Departamento de Estado.

En los últimos dos gobiernos la relación de Estados Unidos y Guatemala se tensó aún más. El presidente Alejandro Giammattei de manera pública se burló de la Lista Engel, una sanción que el Departamento de Estado impuso a diferentes personas. En cambio, Giammattei estrecha su relación con la Fiscal General Consuelo Porras, a quien reeligió en el cargo y quien el mismo día fue, por segunda vez, designada como una persona involucrada en «corrupción significativa».

Después de las críticas por la reelección de Porras, Giammattei dijo que no acudiría a la Cumbre de las Américas, un encuentro de mandatarios organizado por la Casa Blanca.

Mientras el gobierno se aleja de Estados Unidos, el Cacif paga cada tres meses 80,000 dólares (613,899 quetzales) para que seis lobistas se acerquen a funcionarios, congresistas y senadores en Washington y promuevan sus intereses económicos y políticos. El total anual es de 320,000 dólares (2 millones 455 mil quetzales), según documentos públicos.

En Estados Unidos la contratación de lobistas de parte de gobiernos, empresarios o personas particulares, es legal y deja un rastro público. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros de ese país obliga a las partes a firmar reportes trimestrales sobre sus pagos y actividades, a informar de sus nuevos contratos y a hacer un resumen semestral sobre sus  reuniones con los funcionarios de forma presencial, virtual o telefónica, así como el tema a tratar.

[relacionadapzp1]

A través de estos reportes se observa que el 4 de enero de 2018 el Cacif contrató a la firma de abogados y cabilderos Williams and Jensen. Lo hizo a través de US Guatemala Business Council (USG-BC), una oficina del Cacif en Washington que funciona como «una plataforma para la comunicación entre ambos países».

En la página del Registro de Agentes Extranjeros (Fara, por sus siglas en inglés), documentos detallan que también hay cabildeos alrededor de las asignaciones del presupuesto para el 2023, donde se incluyen a entidades de justicia de Guatemala y organizaciones no gubernamentales. También se lee que otra área de interés es «relaciones exteriores y comercio».

Con la intervención de esta firma de lobby, el Cacif busca tener  acceso a integrantes del Senado de los Estados Unidos, la Cámara de los Representantes, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Vicepresidencia de ese país, según se lee en los reportes.

El trato inicial incluía a cuatro personas que promoverían en Washington los intereses del Cacif por un pago de 60,000 dólares cada tres meses. A enero de 2022, el precio aumentó a 80,000 dólares por seis cabilderos.

En total, en cuatro años pagaron 320,000 dólares, el equivalente a 2.4 millones de quetzales. Los cabilderos son Sussan B. Hirschmann, CEO de la firma; Eric Stewart, Laura M. Simmons y Chris Wilcox.

La firma Williams and Jensen no ha publicado su reporte semestral de personas contactadas para cada lobby, lo que no permite identificar cuáles fueron los funcionarios a quienes se acercaron los lobistas. Entre los pocos nombres que figuran en los documentos públicos está el de Steve Chabot, un congresista republicano cercano a Marco Rubio.

Paralelo al lobby, existe un grupo de congresistas estadounidenses -entre ellos Rubio- que se posicionaron recientemente a favor de la fiscal general Consuelo Porras. Junto al senador Michael Lee, Rubió envió una carta al Departamento de Estado para quejarse de supuestas influencias en esta elección. En abril de 2021 Cacif entregó un reconocimiento a Porras por su labor.

Una fuente del Departamento de Estado y una del sector empresarial, dijeron a Plaza Pública que uno de los objetivos detrás de este lobby es atacar al exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, y bloquear las acciones que pueda tomar para este país, especialmente en temas relacionados a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

[relacionadapzp2]

El exembajador incómodo

Todd Robinson llevó las relaciones diplomáticas de Estados Unidos en Guatemala en la etapa más intensa de trabajo entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), de 2014 a 2017.

En su primera entrevista al asumir el cargo, envió un mensaje al gobierno y el sector privado: la Embajada iba a luchar contra la corrupción y a apoyar a la Cicig. Eso le valió críticas, campañas de desprestigio y que cuatro diputados, a quienes llamó «idiotas», y un grupo de empresarios, por separado, firmaran y financiaran los primeros contratos con una firma de lobistas en Estados Unidos para desgastar su gestión y removerlo del cargo.

En septiembre de 2017, Robinson finalizó su mandato y se fue del país, pero los intentos para deteriorar su labor no pararon. Tres años después, cuando el embajador ya estaba fuera de Guatemala y competía para un cargo en el Departamento de Estado, la estrategia se repitió.

El 28 de septiembre de 2021, Robinson fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos, como Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL por sus siglas en inglés), un puesto que implica tomar acciones para combatir el narcotráfico en la región, pero también para fortalecer el sistema de justicia y luchar contra la corrupción. Obtuvo 53 votos a favor y 41 en contra.

[Así fue la votación para confirmar a Todd Robinson en como subsecretario de INL]

A diferencia de las otras confirmaciones realizadas ese día, la de Robinson fue una votación cerrada. Entre los que le dijeron «no» están los senadores republicanos Marco Rubio y Mike Lee, quienes el pasado 29 de abril de 2022, enviaron una carta a Antony Blinken, Secretario del Departamento de Estado, para decir que «ciertos oficiales de Estados Unidos estarían trabajando para influenciar inapropiadamente el proceso de elección de Fiscal General de Guatemala».

«A la luz de estos reportes preocupantes, solicitamos una revisión completa de las acciones del Departamento de Estado sobre el actual proceso de selección de Fiscal General», dijeron.

Esto ocurrió mientras Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público sancionada por Estados Unidos e incluida en la Lista Engel, buscaba que su nombre apareciera en el listado de seis aspirantes al cargo, aunque no tenía los votos necesarios. Gracias a un amparo de la Corte de Constitucionalidad, logró ser incluida en ese documento y el 16 de mayo de 2022 el presidente Alejandro Giammattei la reeligió en el cargo, pese al rechazo internacional. Ese mismo día, horas después del anuncio del mandatario, Estados Unidos sancionó a Porras de nuevo, esta vez por su supuesta vinculación a «corrupción significativa».

Senadores repiten la narrativa anticicig

Al mismo tiempo que un ala de Washington rechaza a Porras y la persecución contra jueces y fiscales, parece incrementar el interés por la situación política de Guatemala de parte de senadores republicanos.

El pasado 3 de febrero de 2022, Robinson se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, y dijo que las funciones de la Oficina de INL, donde ahora es subsecretario, han evolucionado más allá de reducir la oferta de drogas para ahora trabajar junto a jueces, fiscales, expertos forenses e instituciones correccionales para el cumplimiento de la ley.

«INL trabaja con países de toda la región para desarrollar su capacidad para luchar contra los ciclos de corrupción; sin embargo, reconocemos que algunos gobiernos carecen de la capacidad, y en algunos casos, la voluntad política para abordar el problema. (...) vamos a trabajar con oenegés y la sociedad civil, comunidades y organizaciones internacionales, y el sector privado cuando corresponda», dijo el exembajador ante los representantes.

En esa audiencia de febrero de 2022, el representante republicano Chris Smith cuestionó a Robinson sobre la familia rusa Bitkov, que fue condenada en Guatemala por utilizar documentos de identidad falsificados. En su intervención, transmitida en el canal de YouTube de la Cámara, tenía detrás suya una fotografía de los Bitkov.

En la sesión, Smith le cuestionó a Robinson si hizo algo para ayudar a la familia víctima de una supuesta persecución del presidente ruso Vladímir Putin. Robinson respondió que esta familia fue descubierta en una investigación por compra de documentos ilegales y que fue condenada por ello.

«Mi corazón se rompió por lo que estas personas tuvieron que pasar», insistía Smith, quien no es la primera vez que se pronuncia por los Bitkov. En 2018 firmó un comunicado en favor de la familia, junto al senador Marco Rubio.

El pasado 6 de abril, Smith volvió a pronunciarse contra Robinson. En esa ocasión dijo estar preocupado por la «intervención de Robinson en contra de la reelección de la fiscal general Consuelo Porras», a quien llamó una aliada del gobierno de Estados Unidos, pese a que las mismas autoridades de ese país la incluyeron en la Lista Engel de actores antidemocráticos.

«La aparente razón para la animosidad contra la Fiscal General es que despidió al aliado político de Todd Robinson, Juan Francisco Sandoval (exjefe de la Feci). La señora Porras ha ofrecido en dos distintas ocasiones evidencia en cuanto al despido de Sandoval  a través de canales oficiales pero el Departamento de Estado se negó a recibir la información», se quejó.

Smith no fue el único en cuestionar a Robinson.

El congresista republicano Scott Perry, quien hasta ese momento no se había pronunciado sobre Guatemala, siguió la misma línea y le preguntó al exembajador si conocía a Thelma Aldana.

Robinson respondió que sí, que fue Fiscal General de Guatemala y que ahora vive en Washington D. C. bajo protección de Estados Unidos porque «ha sido acusada falsamente».

Perry también siguió en la misma dirección de la carta de Marco Rubio y Mike Lee: dijo que tenía información sobre supuestas amenazas a diputados guatemaltecos que no votaran por nombrar a Consuelo Porras en un nuevo período como Fiscal General.

«Yo no amenacé a nadie», dijo el diplomático.

¿Por qué Robinson?

El buró antinarcóticos en el que trabaja en Washington tiene vasta influencia en los programas de reformas a la justicia en Guatemala, proyectos en el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. No solo en el país sino en todo el continente. Su trabajo es clave en las investigaciones por corrupción.

Según lo pactado con la firma, el lobby que paga el Cacif les permite acceder a congresistas y senadores estadounidenses que puedan cuestionar, entre otros, el trabajo que realiza Robinson en el Departamento de Estado.

El precio del lobby

Solo en 2021 el Cacif pagó Q2 millones 457 mil (unos US$320,000) por seis cabilderos. Esta entidad, a través de correo electrónico, confirmó a Plaza Pública que ha suscrito dos contratos de lobby por períodos bianuales con un costo mensual de 190,787 quetzales (US$25,000) y que para pagarlos cuentan con una asamblea de donantes entre los que se encuentran empresas y gremios de entidades privadas asociadas. No respondieron quiénes son los donantes.

El Cacif también evitó responder preguntas de fondo realizadas por Plaza Pública, entre ellas: ¿Con qué representantes del gobierno de Estados Unidos se está haciendo este cabildeo? ¿Qué beneficios ha obtenido el Cacif?.

El 9 de marzo de 2022, el Cacif emitió un comunicado donde reclamó la presencia del embajador de Estados Unidos, William Popp, en la Torre de Tribunales por una audiencia relacionada con la entonces jueza Erika Aifán. En un comunicado, la organización dijo que «aspiran a una justicia libre de presiones, coacciones o interferencias de cualquier naturaleza».

Con ese contexto, Plaza Pública cuestionó al Cacif por correo electrónico: ¿de qué forma empata esa postura con la contratación de una firma de lobistas en Estados Unidos que en esencia busca influenciar las decisiones que se tomen con respecto a Guatemala? La entidad empresarial guardó silencio.

Esta no es la primera vez que el Cacif firma un contrato de lobby. En 2018 esta parte de la élite pagó US$135,000 (Q1 millón) a la firma de William Hilleary, político republicano y excongresista de Estados Unidos. En esa ocasión una persona que trabaja en una fundación en Washington dijo que recibió la visita de representantes de USG-BC, y que hablaron de forma crítica del trabajo que realizaba la Cicig.

El lobby de Taiwán y el de Zury Ríos

Este no es el único trabajo de cabildeo activo relacionado con Guatemala en este momento.

El 13 de enero de 2022 el gobierno del presidente Alejandro Giammattei contrató a la firma Ballard Partners por Q6 millones 868 mil (US$900,000), financiados por el gobierno de China Taiwán bajo el argumento de que es «una contribución al desarrollo nacional» y que es parte de «un proyecto de cooperación bilateral». Ballard fue la firma de cabildeo más poderosa durante la presidencia de Donald Trump, quien también fue su cliente.

[PDF: Aquí puedes consultar el contrato]

Sobre este lobby con Taiwán, en los registros públicos aparece un correo de José Felix Díaz, de Ballard Partners, promoviendo un seminario de inversión económica organizado por Council of the Americas, el Gobierno de Guatemala, la Cámara de Industria y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

José Felix Díaz, quien vive en Miami, es cercano al presidente Alejandro Giammattei. En 2019 estuvo en Guatemala y publicó fotografías celebrando la victoria electoral del partido Vamos.

Zury Ríos también se benefició con un lobby  a través de la firma Sonoran Policy Group, en el que uno de los lobistas fue Mario Duarte, exjefe de inteligencia durante el gobierno de Jimmy Morales. Su objetivo, según los documentos, era promover entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos «los principios y valores de libertad, derecho universal a participar en los asuntos públicos, derechos de la mujer, valores familiares y política exterior».

Este cabildeo terminó en noviembre de 2021. En los reportes oficiales se pueden leer detalles de con quién se reunieron los cabilderos de este contrato.

Solo el 15 de noviembre de 2021, el cabildero Christian Bourge se reunió en persona con Patrick H. Ventrell, Director de Asuntos Centroamericanos de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Douglas Choi, oficial de esa misma unidad y Stefanie Fabrico, oficial de la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL).

Al día siguiente, el 16 de noviembre, Duarte se reunió en persona con los representantes Chip Roy, Ken Buck, Mike García y Paul Gosar, para discutir «la actual situación política en Guatemala, la lucha contra la corrupción y la soberanía del país».

La lucha contra la corrupción en el país dio un giro en julio de 2021, cuando la fiscal Consuelo Porras, destituyó a Juan Francisco Sandoval, entonces fiscal y jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). Sandoval salió al exilio y con él suman 24 operadores de justicia que huyeron de Guatemala ante una ola de ataques e intimidaciones.

Desde entonces la Feci, donde están los expedientes por las investigaciones más sensibles de corrupción, quedaron en manos de Rafael Curruchiche, un fiscal que dijo que llegó a darle la vuelta al trabajo de su antecesor.

Autor
Edición
Autor
a
u
Edición
a