Los testigos del juicio empiezan a morir

Lo primero que salió desde la voz de algunos testigos ixiles fue una pregunta: “¿Ustedes, autoridad: hay ley o no hay ley para nosotros los indígenas?”.  La duda la plantearon en su propio idioma, ante abogados y jueces. Ante los generales en retiro Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

Durante diez días seguidos, los testigos narraron, como parte de la prueba testimonial del juicio por genocidio, el modo en que operó el Ejército de Guatemala en Chajul, Nebaj y Cotzal a inicios de los años ochenta. Quema de viviendas, persecuciones, homicidios, robo de animales, destrucción de cosechas, muertes masivas… “Esta es nuestra verdad. No queremos que se olvide, tampoco que se repita lo que sucedió”, enfatizaron.

Luego de dos años, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anuló la sentencia del juicio por genocidio en mayo de 2013, sus testimonios, todo lo que recordaron ante el Tribunal A de Mayor Riesgo, ha empezado a desaparecer. Los testigos han comenzado a morir. Varios —la mayoría ancianos—están enfermos, en comunidades alejadas, a las que sólo es posible acceder en automóviles todo terreno dentro del territorio ixil, en Quiché.  

El abogado Héctor Reyes, del Centro Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH), querellante adhesivo del proceso, explica que hay reuniones recurrentes con los testigos para saber cómo se encuentran de salud, para explicarles, también, la situación jurídica del caso que tiene todo detenido. “Se toman listados. Se pregunta por los que no han asistido y se les da seguimiento. Muchos tienen avanzada edad. Otros están muy enfermos”, dice.

La pérdida de testimonios

El testigo número 14, Pedro Chávez Brito, es uno de los que falleció tras dos años de esperar su regreso a los tribunales para rendir, de nuevo, su testimonio. Con la mano alzada ante el tribunal, el 20 de marzo de 2013, dijo: “el 4 de noviembre de 1982, los ejército llegaron a la aldea Sah Sivan”. Su madre, ese día, fue la primera en morir, de un disparo en la cabeza.  Con sus hermanas, él había logrado esconderse en el interior de un temascal. Una gallina que huía de los soldados, del fuego de las casas, de las balas, delató su lugar de resguardo al entrar de pronto dentro del temascal. Los soldados que seguían a la gallina tomaron a una de las hermanas de Chávez Brito y la golpearon, la arrastraron, la violaron y la arrojaron al fuego. “Aún no tengo claro cómo sobreviví”, declaró entonces, con la voz entrecortada.

El 13 de marzo fue el velorio de Pedro Chávez Brito. El funeral se realizó en el interior de una casa de tablas de madera, incrustada en las faldas de un cerro, en la aldea Sah Sivan, a 66 kilómetros de distancia de Nebaj, una comunidad que carece de electricidad, cercana a Finca La Perla. “Tenemos miedo de que nuestra memoria se olvide”, decía en medio de la oscuridad Juan Chávez, hermano del testigo fallecido. “Hay claridad en nuestros corazones de que mi hermano ha hecho historia. Su testimonio puede ser leído. Todos los que fueron a contar la verdad ante los jueces dejaron un legado”.  

Según los vecinos de Sah Sivan, como Gaspar Raymundo Santiago, Pedro Chávez Brito había quedado mal desde los tiempos del conflicto armado. Tenía una herida de bala en el hombro, y otra más en la pierna, su pie había sido amputado. “No sanó del todo. Tenía 46 años pero fuerza ya no tenía”, recordó Raymundo Santiago.

Para el proceso en contra de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, el testimonio de Chávez Brito ha perdido validez luego de su muerte: “Jurídicamente, este testimonio, a pesar de haber sido escuchado en el primer debate, ya no es posible recuperarlo”, lamenta el abogado Reyes. No obstante, dice, para la comunidad ixil sigue vigente, es parte de la historia. Otro testimonio que ha desaparecido es el de Clemente Vásquez Mateo. Fue el testigo número 53 en declarar en contra de los generales en retiro en 2013. Con 89 años de edad fue el primero de los testigos que murió luego de declarar. Murió en junio de 2014. Durante el primer debate, ante el tribunal, Vásquez Mateo recordó cómo había salido de su casa en la aldea Villa Hortensia Antigua, de Cotzal, en noviembre de 1982 en busca de comida; a su regreso encontró a su bebé muerta junto a su esposa, en el interior de su vivienda. “Fue el Ejército”, dijo. “Me duele, me duele, me duele”, lamentó al recordar todo durante su declaración. Su testimonio, luego de su muerte, también ha perdido validez legal.

De los 150 testigos que el Ministerio Público acreditó para declarar, en la actualidad 14 tienen problemas de salud o son ancianos. Edwin Canil, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), también querellante adhesivo en el caso, explica que el temor es que todos estos testimonios se desvanezcan. Entre ellos, el de Jacinto López, de 84 años; Jacinto de Paz, de 85; Magdalena Bernal de Paz, de 88; Feliciana Baca, de 81; Nicolas Bernal, de 76; Juana Hernández, de 70; Ana López, de 71; y Ana Matom Ramírez, de 68. Otras testigos de avanzada edad pero además enfermos, podrían tener dificultades para presentarse a una posible reanudación del debate. Entre estos últimos: Marcelino Castro, de 76;  Magdalena Marcos de León, de 64; Juana Bernal Velásco, de 69; Juana Hernández de 70; y Jacinta Rivera Brito, de 57. “Están muy mal”, reconoce Canil, pero “aún esperan contar su verdad”.

La espera consiste en que el debate en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez se reanude. El proceso fue suspendido el 20 de mayo de 2013, tras el fallo de la CC, en la cual se consideraba que la defensa de los generales en retiro había sido vulnerada desde el primer día de debate. En enero de 2015, se intentó reactivar el proceso. La nueva juez, Jeannette Valdés, del Tribunal B de Mayor Riesgo, fue recusada por los abogados defensores. En tanto los testimonios ixiles han empezado a desaparecer, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo deberá ser la responsable de integrar un nuevo tribunal para reactivar el caso.

Las voces que heredarán el juicio

Entre los demás testigos que esperan la reanudación del debate, los testimonios que se están perdiendo tienen mucha importancia, porque, como dicen, también “dará fuerza” una vez que sus voces vuelvan a ser escuchadas por un Tribunal de Sentencia.

Para Magdalena Matóm, de C’otzol, en Nebaj, integrante del grupo Flor de Maguey,  conformado por mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado, las palabras pronunciadas por los testigos que han fallecido no han sido en vano: “ahora que tenemos clara la importancia de todo lo que ha significado hablar luego de 30 años”, señala.

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Para Cecilia Baca Gallego, también integrante de Flor de Maguey, es claro que durante el primer debate hubo mucho que no se dijo. “Callamos mucho, pero regresaremos para agregar lo que faltó”, dice.

— ¿Qué cosas callaron?

—Hace dos años no dijimos que quién dirigía las operaciones del Ejército en las comunidades era el actual Presidente —responde.

–¿El general Otto Pérez Molina?

—Sí. Hemos hecho memoria. Recordamos su cara. Recordamos todo. Otto Pérez Molina, comandante Tito, era el encargado de todas las operaciones en nuestras comunidades. Es lamentable que enfermemos, que podamos morir. Pero es importante... porque lo que decimos es la verdad de lo que vivimos. No es mentira —dice Baca Gallego.

Testimonios sin tribunal

“Por cada hecho de violencia —masacres, violaciones, quema de viviendas, asesinatos, persecuciones— en contra de las comunidades, hay, por lo menos, tres testigos. El valor probatorio de los testimonios (más de 140 ahora) aún es relevante para la acusación de este caso”, asegura el abogado Héctor Reyes.

En tanto los testigos enferman o mueren, de momento no hay un Tribunal de Sentencia que conozca un nuevo debate por genocidio y delitos en contra de los deberes de la humanidad. Lo que se tiene es un juicio sin juez, en pausa. Los abogados defensores consiguieron, el pasado 5 de enero de 2015, tras recusar a la jueza presidente del tribunal B de Mayor Riesgo, Jeannette Valdés, detener el inicio de un segundo debate. La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, presidida por Anabella Cardona, respaldó la recusación en contra de Jeannette Valdés a causa de su tesis doctoral en febrero de este año. “En la tesis titulada ‘Criterios para una mejor aplicación del delito por Genocidio’ es evidente que la juzgadora trata del tema de genocidio, que es uno de los delitos por los que se le sindica a los procesados y por el cual van a ser juzgados y que tal como lo plantea el interponente de la recusación –el abogado Moisés Galindo–, la tesis es una opinión de la juzgadora, por lo que ha criterio de esta Sala sí se ha externado opinión que podría incidir en la imparcialidad de la juzgadora”, argumenta la Sala de Mayor Riesgo en su resolución.

—¿Hay alguna manera para recuperar los testimonios que se han perdido tras los fallecimientos de los testigos? —se pregunta a Héctor Reyes, de Caldh.

—No.

—¿Qué podría suceder con los testimonios de aquellos que están enfermos, que también podrían fallecer?

—El análisis actual es solicitar cada testimonio como anticipo de prueba. Al menos de los enfermos y los más mayores. Pero en estos momentos no hay a quién solicitarlo. La Sala de Mayor Riesgo no ha integrado un nuevo tribunal para llevar el caso. Más testimonios podrían perderse —lamenta Reyes.

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Para el abogado Francisco Palomo, defensor de Ríos Montt, la muerte es algo inevitable. “Los que se mueren se mueren. Su testimonio ya no vale y punto”, sentencia. Palomo agrega que solicitar cualquier testimonio como anticipo de prueba no es viable, porqué “en este país todos podemos morir en cualquier momento”. Agrega que para la defensa la prueba de estos testimonios ha sido respetada. “No nos interesa perjudicar la prueba. El anticipo de prueba, según la ley, es para alguien que esté enfermo. Y que los médicos digan que ya se va a morir. Pero no porque podría morir mañana porque lo atropelle un carro”.

Para argumentar su posición, pone como ejemplo a su propio defendido: “Incluso el general (Ríos Montt), justo ahora está mal, muy mal, y podría fallecer en cualquier momento. Y sí el acusado no está, el juicio no puede celebrarse. Resulta, entonces, muy difícil argumentar el anticipo de prueba de testimonios porque hay posibilidad de fallecimiento”.

Los abogados, defensores y acusadores permanecen a la espera de que un nuevo tribunal sea integrado para que reinicie el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad iniciado en enero de 2013 en contra de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Esperan además que se resuelvan más amparos, como la amnistía contenida en el decreto 8-86, que debe ser resuelto dentro de una sala de apelación. “Mientras no haya tribunal nadie puede pedir absolutamente nada”, indica Palomo.

Los testigos del juicio, no obstante, a pesar de que muchos de ellos se encuentran enfermos, se preparan para regresar algún día a los edificios de justicia en la capital de Guatemala. “Recordar, desahogarse, ante jueces y magistrados, aunque duela nuestro corazón”, dice Cecila Baca.

“Si la verdad de nuestros compañeros fallecidos no es tomada en cuenta es algo que debe ser penado por la ley. Apenas nos estamos recuperando de la guerra. La molestia es que no tomen en cuenta nuestra voz, nuestra petición de justicia. Porque todo lo que sufrimos hace 30 años continúa vigente”, reclama Magdalena Matón, con la ansiedad de volver una vez más ante un tribunal.