Empezaré reconociendo aquellas cosas en las que coincido con Alberto para luego enfocarme dónde veo importantes diferencias.
- Coincido en que el desarrollo económico proviene de una «revolución incesante en las estructuras productivas de un país», que requieren «inversiones en educación, en infraestructura, en programas de investigación y desarrollo y en apoyo a los emprendedores».
- Coincido en que debe cuestionarse la validez de la idea de que la propuesta de ley de promoción de inversión y empleo es la «única forma de actualizar las leyes existentes (decretos 29-89 y 65-89)». En otra ocasión, Juan Alberto Fuentes ha mencionado que podría pensarse en una ley específica para el sector de vestuario y textiles para preservar y fomentar el empleo del sector y luego en una normativa específica para desarrollar sectores específicos. El problema que veo con esta idea es que no hay propuestas de discusión en la mesa y que el tiempo para cumplir con el compromiso internacional está por vencerse. Por lo mismo, ya en una columna previa sugería pensar en modificar varios artículos de la iniciativa de ley para mejorarla sustancialmente.
Por otro lado, difiero en el tono cuasiapocalíptico de Alberto. También difiero en algunos descuidos sobre los hechos. Por ejemplo:
- El acuerdo gubernativo 29-89 se llama Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Nunca fue su intención solo enfocarse en las maquilas. Su enfoque era promover la diversificación de la oferta de exportación del país. Parece un pequeño detalle, pero no lo es.
- Existe el supuesto de que en Guatemala muchas de las empresas siguen siendo las maquilas de principios de 1990, cuando las empresas solo se dedicaban a coser la ropa. Se ha verificado una evolución hacia el concepto de paquete completo, en el cual se pasa de la compra de la tela al teñido, al planchado y a la colocación del producto en las tiendas en Estados Unidos. Por otro lado, han existido obstáculos para un mayor desarrollo del sector difíciles de resolver por sí mismos. Por ejemplo, obstáculos para un mayor desarrollo de tejidos sintéticos (en parte porque venimos de tener altos costos de electricidad), menores tiempos de entrega (por los problemas de infraestructura y servicios en aduanas), expansión al interior del país y a regiones con alto potencial de exportación (por los aumentos al salario mínimo, que no justifican salir a contratar personal de menor productividad), etc.
- La ley de inversión y empleo no «obstaculizará el desarrollo, ahogará la vocación emprendedora del empresariado guatemalteco [sic] y reducirá aún más los limitadísimos ingresos del Estado». Esto requiere un análisis detallado, pero diré lo siguiente. Primero, no obstaculiza el desarrollo (ver lo que desarrollo en los párrafos siguientes). Segundo, no ahoga la vocación emprendedora, cuando lo que vemos hoy en día es el florecimiento del mercado inmobiliario y de centros comerciales, que no incrementan la productividad laboral ni generan empleo masivo, lo cual contrasta con lo que se ha logrado al día de hoy con el acuerdo gubernativo 29-89. Tercero, no es que súbitamente algunas empresas vayan a dejar de pagar impuestos por algo que llevan años produciendo.
Creo que para comprender el problema que tengo con el artículo de Alberto hay que empezar por el título: «¿Queremos seguir siendo un país maquilero?». ¿Por qué? Porque da por sentado que de hecho somos un país maquilero. Y allí es donde está la gran debilidad del análisis. No lo somos. Es difícil estar del lado de Alberto cuando la proporción de trabajadores en el sector agropecuario del país supera el 30 % o cuando el sector de vestuario y textiles, el principal sector maquilero del país, nunca llegó a superar, según las estimaciones del mismo sector, el 3 % de la población económicamente activa. Claro, y allí estamos tomando en cuenta mucho del empleo subcontratado. Así que, si hablamos de las empresas exportadoras inscritas al IGSS, la proporción es aún menor. ¿Seguir siendo un país maquilero? Lastimosamente, nunca lo hemos sido. Mientras tanto, otros países generaron miles de empleos que nosotros pudimos desarrollar en el país, pero por falta de políticas claras no lo logramos.
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Es más. Considero que es necesario en este punto llevarle la contraria a Alberto y decir: aún necesitamos incrementar la participación de la maquila en una parte importante del país. Necesitamos generar oportunidades de empleo para la población fuera del sector agrícola, especialmente el de autosubsistencia. Es la falta de empleo lo que es limitante para lograrlo. En el interior del país aún se lograría un incremento importante de la calidad del empleo si se pudiera acceder a un empleo de maquila. No solo en el sector agrícola, sino también en el de servicios. Cuando realizamos el estudio del comercio informal en Guatemala hace diez años, el 31 % de los comerciantes informales urbanos respondieron que dejarían su negocio con tal de encontrar un empleo que les ofreciese el mismo ingreso que percibían en ese momento. El 69 % restante solo se dejaría contratar a cambio de un aumento en sus ingresos. Curiosamente, dicho aumento era equivalente al salario que habrían ganado dichos comerciantes en las maquilas más productivas del país en ese año. Claro, no solo de incentivos fiscales vive la inversión. Lo importante es saber ofrecer una combinación atractiva para la inversión. Creer que debemos dejar de utilizar los incentivos fiscales es ingenuo. Si ni los gringos ni los europeos, que son los países desarrollados, los dejan de emplear, ¿por qué va a ser uno más papista que el papa? Y, como seguro Alberto sabrá, la historia del desarrollo económico está vinculada a procesos impositivos diferenciados a sectores con potencial de generación de empleo y de crecimiento económico. Y por más que Juan Alberto Fuentes Knight diga que no hay evidencia entre inversión e incentivos fiscales, la verdad es que ese tipo de análisis económicos es fútil, esto dicho por el principal experto en desarrollo hoy por hoy. Más aún, lo que señala Fuentes Knight es importante: el problema no es de la legislación, sino de cómo se aplica la ley. Así que, en una época en la que contamos con la Cicig, ese no debería ser un problema.
Por eso considero que Guatemala necesita una estrategia dual de desarrollo económico. Hay que pensar en las condiciones actuales de la población en las áreas rurales del país para crear empleo no agrícola, así como en las condiciones para promover la urbanización del país alrededor de regiones que tengan potencial de desarrollo. Allí es donde hay un rol importante para las maquilas que tanto desprecia Alberto.
Por otro lado, hay que pensar en la actualización constante de la estructura económica del país, que implica seguir apostando por la educación, la capacitación, la investigación y el desarrollo, la infraestructura, etc. En ese sentido, considero que esa apuesta está siendo reconocida por el mismo
Gobierno. El mismo Ministerio de Economía, que impulsó la mejorable ley de inversión y empleo, también acaba de hacer pública su propuesta de política industrial, que reconoce la necesidad de la actualización de la estructura productiva del país.
Por eso considero errado pensar que la iniciativa de ley de inversión y empleo debe modificarse para que responda mejor a nuestros objetivos. Y debe verse como parte de un esfuerzo integral en el que hay otros temas que deben mencionarse y empezar a ponerse en la agenda. Doy dos ejemplos. Uno, desarrollar una política de absorción y desarrollo tecnológico financiada con un impuesto a las exportaciones del sector primario del país. Dos, deberíamos apoyar la educación vocacional a partir de un incremento del impuesto a la planilla.
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