Este comentario captura algo esencial de lo que documentamos y analizamos en un proyecto de investigación reciente. El acceso a la tierra continúa siendo un elemento central para miles de familias que deciden emprender el incierto, violento y arriesgado camino a los Estados Unidos en busca de trabajo.
Después de la firma de los acuerdos de paz se impulsaron en Guatemala mecanismos de mercado para mejorar el acceso a la tierra. Varios estudios coinciden en que el programa de redistribución de la tierra de los años 1990, aunque alcanzó a algunas familias pobres, comparativamente benefició de manera desproporcionada a las élites terratenientes. El mecanismo no consideraba cómo ajustar los desniveles de poder en la estructura agraria del país. Tampoco fue acompañado de una política agraria que beneficiara a los pequeños productores o a los campesinos sin tierra. Durante los últimos 20 años, la política agraria les ha dado prioridad a sectores y productos que requieren alta inversión de capital, tecnología y áreas cultivables, que de por sí excluyen a los pequeños propietarios que no tienen acceso a créditos ni a asistencia técnica. Son los casos de la palma africana y la caña de azúcar. El último censo agropecuario de Guatemala indica que los patrones de acceso y tenencia de la tierra no han cambiado de manera sustancial en los últimos 50 años en el país.
En la migración de guatemaltecos a Estados Unidos está necesariamente enredada la tierra. Y esto no es raro si consideramos que la mayoría de migrantes guatemaltecos provienen de áreas rurales y que el acceso a trabajo asalariado digno en el campo es prácticamente nulo. Por eso un pedacito de tierra sigue siendo vital para la existencia de millones de guatemaltecos.
Nuestro estudio en cuatro regiones del país documenta que los migrantes ciertamente invierten sus remesas en construir o mejorar sus viviendas, un fenómeno que ha llamado la atención y que no sorprende en un país en el que no existen mecanismos y políticas para facilitar el acceso a viviendas dignas para la mayoría de la población. Los migrantes con quienes trabajamos, además de mejorar sus viviendas, compran tierra o invierten en producción agrícola gracias a las remesas. Uno de los hallazgos más interesantes en nuestro estudio es que las remesas permitieron a un cierto número de familias poseer tierra por primera vez en sus vidas, y en muchos casos por primera vez en la historia de varias generaciones de sus familias. Esto, sin embargo, depende de la existencia de instituciones que faciliten el acceso a crédito y, por supuesto, de la disponibilidad de tierra.
Organización colectiva, globalización y café
Las familias campesinas compran tierra cuando tienen acceso no solo a las remesas familiares, que son fluctuantes e inciertas, sino también cuando existen instituciones como cooperativas que permiten que las familias de migrantes puedan tener acceso a crédito y cierta estabilidad en sus inversiones. Este fue el caso de una de las aldeas que estudiamos en el suroriental departamento de Santa Rosa, Santa Teresa[i]. Los primeros migrantes de Santa Teresa en los años 1960 fueron miembros de la familia más acomodada de la aldea. En los años 1980, sin embargo, cientos de muchachos, huyendo del reclutamiento militar forzado durante la guerra civil, pusieron sus ojos en los Estados Unidos.
La cooperativa de ahorro y crédito Sol de Oriente se estableció en la aldea a principios de este siglo. A través de ella, los migrantes transfieren remesas a sus familias en Guatemala, ahorran y pueden obtener créditos. Algo más pasó, sin embargo, a inicios de los años 2000 —una caída en el precio mundial del café sumergió a los productores guatemaltecos en una profunda crisis—. La tierra en Santa Teresa había estado concentrada por generaciones en las manos de una familia de la élite regional del suroriente que se dedicaba al cultivo del café. Cuando los precios de este cultivo cayeron en el mercado mundial, varios miembros de esta familia se vieron obligados a vender sus propiedades para pagar deudas. En este momento, a través de complejas redes de reciprocidad comunitaria, la tierra empezó a cambiar de manos y algunos migrantes de la aldea compraron sus parcelas. Más adelante, la cooperativa adquirió una porción de estos terrenos y los vendió a sus asociados en condiciones favorables.
De esta manera se abrió el acceso local a la tierra en Santa Teresa. La mayoría de los asociados de Sol de Oriente son familias con migrantes en Estados Unidos. A finales de la década pasada, la cooperativa abrió un nuevo sector de servicios: apoyo a la producción y a la comercialización de café. Adquirió, asimismo, el beneficio de café más grande de la aldea, que también estaba en manos de la misma familia, y la cooperativa ingresó a la red de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua). Actualmente, la cooperativa compra café con precios mejores y más estables. También ofrece acceso a mercados diferenciados, capacitación técnica y precios favorables en los insumos agrícolas. Indudablemente, las remesas familiares y la cooperativa propiciaron una redistribución y desconcentración de la tierra, pero a una escala que no transforma las condiciones de desigualdad en el acceso y la tenencia de la tierra a nivel nacional.
Además, nuevos patrones de exclusión están emergiendo. Las familias más pobres que no pueden abrir una cuenta de ahorro en la cooperativa no pueden acceder al crédito ni, por tanto, a la tierra. Tampoco cuentan con recursos para embarcarse en el viaje al Norte. Sin embargo, el hecho de que la tierra cambie de manos también está transformando las relaciones dentro de la comunidad. Como dijo un hombre cuya familia vendió sus terrenos durante la crisis de café: «Cuando los migrantes empezaron a comprar sus parcelas, nos volvimos todos un poco más iguales».
Entre bosques, ganado y palma africana
La situación es muy distinta en el Ixcán, donde se ubica otra de las aldeas con la cual trabajamos. San Lucas se formó en los años 1970, en el marco de un programa de distribución de tierra del desaparecido Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). En aquel entonces, cada una de las 65 familias que se establecieron en la inhóspita selva del Ixcán recibió una parcela de 30 hectáreas. La realidad en el 2011 estaba muy alejada de la de los años 1970. Un pequeño número de familias poseía o arrendaba grandes porciones de tierra en la aldea. Estas familias tenían en común que uno o varios de sus miembros vivían en Estados Unidos. ¿Qué pasó?
Primero, huyendo de la guerra en los años 1990, los jóvenes de San Lucas, igual que los de Santa Teresa, se fueron a los Estados Unidos. Estos jóvenes reunieron cierto capital que deseaban invertir en ganado a su regreso a San Lucas. En 1999, el Gobierno canceló el INTA, y las funciones de este con relación a la distribución de la tierra fueron transferidas al Fondo de Tierras (Fontierras). Este cambio señala una importante transición ideológica hacia el principio del fortalecimiento del mercado de tierras como mecanismo para la redistribución. Con la cancelación del INTA se modifica la limitación a los poseedores de vender sus parcelas. Con ello, las familias con remesas se colocan en una mejor posición para adquirir tierra, pues tienen acceso a capital que otras familias no tienen.
Existe también otro factor importante: aunque tuvieran el capital inicial para embarcarse en la producción de ganado, muchos de los migrantes no tenían los conocimientos requeridos para establecerse exitosamente como ganaderos. De esa forma, una vez fracasados en sus intentos, vender su tierra o alquilarla a familias con remesas y con experiencia ganadera se convierten prácticamente en las únicas opciones. Al igual que en Santa Teresa, las familias que no pueden migrar tienen pocas opciones para adquirir tierra, pero en San Lucas las familias con remesas y conocimientos ganaderos están acumulando tierra.
En el Ixcán observamos otro patrón interesante. Varios productores que recibieron o compraron tierra en el pasado gracias a las remesas o al INTA se dedican ahora a la producción de palma africana, actividad favorecida por una serie de arreglos y mecanismos que privilegian a la industria palmera, que es capaz de controlar la dirección de los cambios en el uso de la tierra sin necesidad de comprar toda la tierra en un área.
¿Valió la pena?
Reflexionando sobre las dificultades y los riesgos que los agricultores con los que trabajamos enfrentaron al irse a Estados Unidos, unos dijeron que había valido la pena mientras que para otros el viaje ha significado nuevas deudas, familias rotas y nuevos problemas como el alcoholismo. Los que pensaron que había valido la pena invariablemente habían logrado su sueño de poseer tierra. Y los segundos, aunque se sienten orgullosos y satisfechos de haber podido elegir, habrían preferido que existieran en sus propias aldeas las condiciones que les permitieran mejorar sus medios de vida. Dejar la redistribución de la tierra a las fuerzas del mercado y mantener la estructura agraria que excluye a millones en el país continuará generando el éxodo de guatemaltecos a Estados Unidos y consolidando la desigualdad y la exclusión en el campo.
Mariel Aguilar-Støen es profesora asociada en el Centro para Estudios del Desarrollo y el Ambiente (SUM) de la Universidad de Oslo, Noruega. Matthew Taylor es profesor en el Departamento de Geografía y el Ambiente de la Universidad de Denver, Estados Unidos. Edwin Castellanos es codirector del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala.
[i] Nombre ficticio. No identificamos el nombre real de la aldea ni el de la cooperativa por razones de seguridad. Debido a que la cooperativa maneja un capital que para los estándares locales es bastante alto, los directivos de esta nos pidieron que protegiéramos su identidad para evitar asaltos o extorsiones.
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