Nada de culpa para las farmacéuticas: la condición para obtener vacunas
Nada de culpa para las farmacéuticas: la condición para obtener vacunas
Hay un requisito para que Guatemala reciba la donación de 500,000 vacunas por parte de Estados Unidos, y pueda comprar de manera directa a otras grandes farmacéuticas: inmunidad total sobre demandas por reacciones adversas al medicamento. El Gobierno planea responder a posibles afectados con pagos de salarios mínimos.
El pasado jueves 24 de junio el gobierno de Alejandro Giammattei envió al Congreso una iniciativa de nombre extenso: «Ley de exención de responsabilidad de creación del mecanismo de compensación por el uso de vacunas contra la Covid-19 que posean autorización de uso de emergencia por la pandemia del virus SARS-CoV-2».
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En dos platos, habilitaría al país para recibir donaciones y comprar dosis del antígeno a cambio de prohibir demandas en caso de efectos adversos y obliga al gobierno a pagar compensaciones si hay personas afectadas por la vacuna.
La iniciativa es una respuesta a la condición establecidas por farmacéuticas para que el país pueda acceder a donaciones de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. En 13 artículos, el gobierno de Guatemala crea mecanismos para eximir de responsabilidad a las compañías y así evitar procesos legales en casos de hospitalización, discapacidad o muerte, supuestamente atribuibles a la vacuna contra la COVID19.
El pasado 3 de junio el gobierno de Estados Unidos anunció donar 500 mil vacunas a Guatemala, y de acuerdo con diputados de oposición, desde ese momento el Ministerio de Salud debió establecer los mecanismos legales para garantizar la entrega.
Amelia Flores, ministra de Salud, en una citación realizada por la Bancada Semilla, justificó el atraso en la entrega de esta normativa. Su equipo junto a personal de la Secretaría General de la Presidencia y de la Procuraduría General de la Nación, dijo, trabajaron 24 horas al día para llenar los requisitos de las farmacéuticas.
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La iniciativa de ley es clave para la transacción. Sin embargo, llegó al Ejecutivo tres semanas después del anuncio de Estados Unidos, y la Junta Directiva del Congreso convocó a sesionar hasta el martes 29 de junio, después de un fin de semana largo de descanso.
¿Qué dice la ley?
En medio de la crisis sanitaria provocada por una tercera ola de contagios por COVID19 y un escándalo por la falta de entrega de las vacunas Sputnik V, el gobierno de Guatemala tenía poco margen para negociar. La entrega de las 500 mil dosis de parte de Estados Unidos representarían el lote más grande recibido en el país hasta ahora.
En 13 artículos de esta iniciativa de ley, el gobierno de Giammattei libra de toda responsabilidad a las farmacéuticas, acepta someter controversias a la jurisdicción arbitral internacional, crea una comisión para investigar las denuncias de personas que señalen ser afectadas por la vacuna y establece un fondo para compensar los casos con dictamen positivo.
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El proyecto de ley establece conceptos básicos, como que un evento supuestamente atribuible a la inmunización es «cualquier situación de salud -signo, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad- desfavorable, no intencionada, que ocurra posterior a la vacunación».
También establece que un afectado solo puede ser una persona que recibió la vacuna de parte del sector Salud del Estado de Guatemala. En casos de muerte, el reclamante puede ser un representante legal o familiar. Según la iniciativa, quienes se consideren afectados tienen 30 días para notificar al Ministerio de Salud.
El centro de investigación de las denuncias será un Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas. La iniciativa de ley no define quiénes y cuántas personas lo integrarán ni cuál será su presupuesto, pero sí establece encargarse de emitir un dictamen que defina si las reacciones analizadas son o no atribuibles a la vacuna y en casos positivos, cuál será la compensación.
E incluye dos excepciones para garantizar inmunidad a las farmacéuticas: cuando haya incumplimiento de obligaciones de buenas prácticas de manufactura y cuando haya muerto una persona vacunada o haya sufrido una lesión grave y pueda demostrarse como «resultado de una mala conducta intencional o con dolo».
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Las formas de compensación
¿Qué pasa si la Comisión de Evaluación dictamina una reacción adversa provocada por la vacuna? El artículo 9 de la iniciativa establece tres casos en los cuales se dará una compensación:
1. Cuando la persona haya sido hospitalizada.
2. Si sufriera una discapacidad o incapacidad persistente o significativa.
3. Le causara la muerte.
En cualquiera de los puntos citados, si la persona afectada estaba afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el procedimiento se hará de acuerdo a su ley orgánica.
Si la persona acude al Ministerio de Salud, la institución se hará cargo de los cuidados y medicamentos, y pagará el salario mínimo de un día por actividades no agrícolas (92 quetzales), por cada día internada más el tiempo en rehabilitación y recuperación.
En caso de discapacidad y/o muerte, la persona reclamante recibirá un pago de tres salarios mínimos mensuales: 8,475 quetzales.
Aunque la iniciativa de ley no explica cuál fue el criterio para establecer esos montos, los fondos saldrían del Ministerio de Salud.
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Las reacciones
La situación de Guatemala no es única en la región. La Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Palta), reveló que ante la presión de los laboratorios y la desesperación de los gobiernos por adquirir millones de dosis, 13 países del continente cambiaron sus leyes para comprar o recibir donaciones de vacunas contra la COVID-19. Ello «cubrió las transacciones con un manto de confidencialidad y opacidad».
Entre los casos más extremos está el de Argentina, según una investigación de The Bureau of Investigative Journalism, Pfizer solicitó constituir sedes de embajadas y bases militares como garantías contra el costo de futuros casos legales, esto como una prenda de garantía de que el país cumplirá.
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Lucrecia Hernández Mack, diputada de la Bancada Semilla, quien ha fiscalizado los procesos de negociación para adquirir vacunas, dijo que las empresas buscan convertirse en entes inimputables y trasladar todo tipo de responsabilidad a los gobiernos. Esta situación presenta nuevos retos para Guatemala.
«A todos los países nos pone en dilema porque por un lado, ¿qué tanta capacidad tiene el país para compensar económicamente a las personas y qué tanto las personas van a hacer un mal uso o inventar discapacidades?», preguntó la diputada.
Hernández cuestionó la forma como el Gobierno evitará ser objeto de fraude y qué tan leoninas son las condiciones impuestas por las farmacéuticas. Al mismo tiempo reconoció que las vacunas han demostrado ser bastante seguras. «Traen más beneficios que riesgos», dijo.
Al aprobar este mecanismo el país también tendrá más posibilidades de diversificar el ingreso de dosis a través de donaciones y acuerdos directos con los laboratorios.
Orlando Blanco, diputado de la Bancada UNE, recordó la experiencia internacional donde este tipo de negociaciones han llevado de tres a seis meses. De acuerdo con la Red Palta, los 13 países que cambiaron sus leyes estuvieron en negociaciones con los laboratorios entre septiembre de 2020 y febrero de 2021.
La bancada UNE hizo un análisis de la iniciativa donde criticó que la PGN ha cambiado sus criterios, ya que en enero dijo que la vía correcta para atender los requerimiento de los fabricantes era un acuerdo ministerial, el cual fue aprobado en febrero pasado, y ahora, cinco meses después se inclina por una iniciativa de ley.
Aunque los gobiernos son presionados por las farmacéuticas, esto no implica poner en duda la calidad de las vacunas, dijo Julio Valdés, delegado del IGSS para la atención a la COVID-19.
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«La calidad está garantizada, será la misma. Estas empresas transnacionales viven de la bolsa de valores y de inversiones y no se van a arriesgar a tener una denuncia de un país, aunque sea uno pequeño», dijo Valdés.
Edwin Asturias, exdirector de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), dijo en ConCriterio que estos acuerdos no eximen de total responsabilidad a los laboratorios.
«Si un lote de vacunas no está bien y eso genera síntomas, la farmacéutica siempre tiene responsabilidad, pero no puede asumir las consecuencias de una mala administración o de los síntomas propios de la vacuna», señaló.
Durante el fin de semana, diputados de la oposición recolectaron 5 mil firmas para exigir a la Junta Directiva del Congreso adelantar la sesión plenaria para conocer esta iniciativa de ley, pero eso no ocurrió. Guatemala sigue llegando tarde.
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