Organizadores del Festival de Independencia Gallo incumplieron medidas de prevención y mintieron en su informe

Era la medianoche del 15 de septiembre de 2022, Cristian Espinoza sumaba 18 horas vendiendo ceviches en uno de los toldos instalados en el Festival de Independencia Gallo. Esperaba a que las miles de personas empezaran a salir para poder recoger la basura, mesas, sillas e insumos utilizados durante la jornada. La comida se había agotado.

Esa cevichería era una entre un estimado de 20 ventas de comida y cerveza instaladas al costado y al frente del escenario. Alineados para formar un cuadrado de 22 mil metros cuadrados, los toldos funcionaron como muralla para delimitar el área del concierto de acceso gratuito. El evento comenzó desde la tarde, estaba abarrotado, el suelo era un fango y la música sonaba a todo volúmen.

Terminó el show de Bohemia Suburbana y entró al escenario un DJ. El cambio fue la señal para que buena parte de los asistentes caminaran hacia la salida. Junto con su compañero, Cristian notó un tumulto. Las personas caían una sobre otra, se empujaban y, de golpe, mujeres, niños, niñas y hombres pedían ayuda a gritos, todo era caos y angustia a su alrededor.

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El saldo de esa noche fue devastador.

Nueve personas fallecieron cuando intentaban salir del concierto donde la cantidad de asistentes sobrepasó lo previsto para el evento. Entre las víctimas fueron identificados dos niños que asistieron junto a sus familias: Ashley Sánchez, de 12 años, y Pedro Ramírez, de 13. El resto, mayores de edad, fueron identificados en las primeras horas del 15 de septiembre como: César González Escobar, de 24 años; Ruth Pérez Lucas, 28 años; Vilma Sánchez Figueroa, de 40 años; Saira Ana Santizo Morales, de 34 años; Génesis Tamara Gutiérrez Barrios, de 17 años; Matilde Saquic Renoj, de 38 años y Gustavo Sebastián Morales Molina, de 20 años.

Ya pasaron cinco meses desde entonces y el Ministerio Público (MP) identificó a seis posibles responsables.

Un expediente lleno de inconsistencias

El Festival de Independencia Gallo 2022 fue patrocinado por Cervecería Centroamericana y llevado a cabo por dos empresas subcontratadas: Calavera Producciones, como la organizadora, y Personal para Eventos, como encargada del orden, control y, muy importante, diseñar el protocolo de prevención de desastres.

Palza Pública examinó y contrastó el expediente de los permisos, licencias y el protocolo de seguridad presentados por los organizadores a las autoridades. Los documentos evidencian que las empresas no cumplieron con la estimación de la audiencia máxima, con los requisitos para garantizar la evacuación segura, y mintieron con un dato relevante en el informe posterior. Por su parte, las instituciones de gobierno a cargo incumplieron con verificar los requisitos establecidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para prevenir catástrofes en eventos con más de 2,000 asistentes.

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Al analizar el expediente y contrastar las acciones posteriores, puede determinarse que el Ministerio de Cultura y Deportes y la Dirección Técnica Municipal de Gestión de Riesgo, de la Municipalidad de Quetzaltenango, dieron luz verde sin corroborar que el evento sería seguro.

Las medidas de prevención no se cumplieron ni en papel ni el día del evento.

Los testimonios de quienes estuvieron presentes lo confirman. Según relató uno de los vendedores que participó en el rescate de víctimas, durante las últimas horas del evento no hubo policías o guardias a cargo del orden.

Además, las vallas (con la marca de Cerveza Gallo) que debían servir para trazar el camino de ingreso y salida, fueron uno de los principales obstáculos para las personas. Los testimonios señalan que las estructuras metálicas no estaban aseguradas, más bien cayeron al suelo lodoso, bloquearon el paso de quienes al intentar salir se tropezaron.

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Minutos más tarde esas mismas vallas sirivieron como escudo para resguardar los cuerpos que quedaron sobre el suelo, el resto de asistentes seguía saliendo sin percatarse de lo ocurrido.

La norma que pudo evitar la tragedia

Clevver Ramos es un joven de 18 años, los cumplió en junio del año pasado y desde que tiene 12, tras la muerte de su papá, decidió trabajar para apoyar a su mamá y sostener juntos a sus otros cinco hermanos más pequeños. El 14 de septiembre de 2022 tuvo que cubrir un turno nocturno.

Esa noche salió de casa y sintió un vacío en el estómago. Creyó en un principio que había olvidado alguna de sus pertenencias pero revisó y todo iba con él. Minutos antes tuvo una conversación con su mamá, le dijo que se portara bien «que nada le costaba». Fue el último consejo que recibió de ella. Saira Ana Santizo Morales, fue una de las víctimas mortales durante el Festival de Independencia Gallo 2022.

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Desde su creación, en 1996, la Conred fue pensada como un sistema de prevención de riesgos naturales o provocados. Una de sus principales funciones es elaborar procedimientos y normas para evitar catástrofes. En ese marco, desde hace unos años implementaron dos normativas que se deberían aplicar en el montaje de eventos masivos y actividades sociales: La NRD2 y NRD4. Ambas debieron tomarse en cuenta para un concierto como este.

La NRD2 es la que rige todo lo relacionado con normas mínimas de seguridad. Es decir, manejo de salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización, entre otras. En tanto, la NRD4, señala una serie de requisitos que los organizadores y encargados de eventos masivos deben cumplir.

La rigurosidad de las medidas de prevención son proporcionales a la magnitud del evento y, según este criterio, se dividen en tres categorías (de menor a mayor riesgo):

A) Para eventos pequeños incluidas las reuniones familiares o fiestas de hasta 500 personas.

B) Para eventos de hasta 2,000 asistentes.

C) Los más grandes como debió ser declarado el Festival de Independencia Gallo 2022 por llevarse a cabo en un terreno de 22,000 metros, gratuito, con bebidas alcohólicas y 30,000 participantes aproximadamente.

Pese a la clara distinción, el evento fue aprobado como tipo B. Desde ese momento el protocolo comenzó a incumplirse.

Para los clasificados en la categoría C hay requisitos indispensables, desde contar con recursos para la administración de primeros auxilios y permitir el ingreso de autoridades para la verificación del evento, hasta la creación de un protocolo de seguridad previo. Sin embargo, a esta categoría se le exigen dos requisitos que no aplican para los eventos A y B: la presentación de un informe posterior al evento y una póliza de responsabilidad civil, es decir, un seguro que ampara los daños ocasionados a un tercero en el desarrollo de las actividades.

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Pero esta no fue la única anomalía en el expediente.

Cristian recuerda que las personas empezaron a llegar a eso de las 15:00 horas a la Explanada zona 9, así bautizaron al terreno rústico ubicado a un costado de la avenida Las Américas en Xela y en donde se instalan conciertos, ferias o circos. A esa hora un grupo de personas uniformadas con ropa tipo militar estaban a cargo de revisar a los asistentes.

El área del evento estaba rodeado de ventas instaladas en toldos con el logo de Cerveza Gallo. Al mismo tiempo que funcionaban como puntos para comprar comida y cerveza, también cercaron la explanada y redujeron la salida a tres puntos.

No permitían el ingreso de bebidas, objetos punzocortantes o armas. Las vallas promocionales de la Cerveza Gallo —las mismas que más tarde obstaculizaron el paso— estaban instaladas dentro del área del concierto para guiar el ingreso.

Después de las 20:00 horas —recuerda uno de los vendedores, otro testimonio corrobora lo mismo a partir de las 22:30 horas—, ya no había guardias que revisaran a los asistentes, no existía control en el ingreso. Cada vez había más gente y el concierto principal era a media noche. Sin supervisión, las vallas quedaron tiradas en el suelo, no había iluminación y la lluvia acaparó el lugar por varios minutos.

El lodo era demasiado, relata Cristian, lo tiene muy presente pues lo mandaron a repartir cerveza en medio del público. Era difícil movilizarse porque llevaba tenis. No le advirtieron de las condiciones del terreno, dice que hubiera preferido llevar botas. Cuando se desplazaba entre la multitud los pies se le hundían, no podía avanzar, se resbalaba por la suela plana de su calzado. También tuvo que meterse a empujones, el espacio para caminar era estrecho. Su uniforme era blanco y las manchas de tierra le llegaron hasta las rodillas, sus zapatos también quedaron embarrados.

Durante los días previos, vecinos del lugar observaron cómo con máquinas removieron la tierra para intentar aplanar el terreno y remover la grama. Pero la lluvia —casi una tradición cada 14 de septiembre en Quetzaltenango— convirtió el área en una masa lodosa en la que los pies se hundían con cada paso. Además, las fotografías evidencian que había varias zanjas.

El terreno era hostil.

El evento no fue catalogado en la categoría de mayor riesgo

En agosto de 2022, Calavera Producciones e Hilaturas Centroamericanas, empresa propietaria del terreno en el que se realizó el concierto, informaron al Ministerio de Cultura y Deportes y a la Dirección Técnica de Gestión de Riesgo que pretendían realizar un evento en un terreno de 22,000 metros cuadrados, con un aforo de 15,000 personas.

El 5 de septiembre, Rony William Álvarez, jefe de la Dirección Técnica Municipal de Gestión de Riesgo, de la Municipalidad de Quetzaltenango, aprobó la realización del concierto a través de un dictamen. «Revisado el plan de respuesta por evento socio organizativo, cumple con los requisitos mínimos que establece la Ley de Conred según normativa NRD4 (...) clasificado como categoría B, por ello se emite dictamen favorable», indica el documento.

Esta resolución fue presentada al Concejo y sirvió como base para emitir la licencia de sonido.

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Al clasificar y aprobar el evento como uno de categoría B y no C, los organizadores quedaron exentos de incluir entre los requerimientos un seguro en caso de que se suscitaran inconvenientes que dañaran a terceros. En tanto, la Dirección de Espectáculos Públicos emitió la licencia para el evento con un aforo autorizado de 15,000 personas.

Sumado a eso, en el protocolo del evento, realizado Miguel Ángel Toledo Cáceres, gerente administrativo de la empresa Personal para Eventos, existen inconsistencias en relación al aforo pues el número reportado fue menor.

En la parte inicial el protocolo señala que la ocupación máxima sería de 15,500 personas, principalmente adultos jóvenes. Esto implicaba para los organizadores implementar protocolos de orden, control y seguridad para no superar ese aforo. Sin embargo, en el mismo documento, en el anexo de clasificación del evento la empresa reportó una cantidad de asistentes distinta: 3,000. Esto implica una reducción proporcional en la cantidad de personal listo para atender emergencias, así como una calificación menor.

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Según la NRD2, para calcular la carga de ocupación, capacidad de un área para albergar dentro de sus límites físicos una determinada cantidad de personas, se utiliza la siguiente fórmula: Área del terreno / 0.65.

En este caso, el área de la Explanada es de 22,000 metros cuadrados, es decir, la carga máxima era de 33,846 personas. Al observar las fotografías aéreas del concierto se puede constatar que está completamente lleno.

«El permiso se emitió para un aforo de 15,000 personas, supuestamente con protocolos de seguridad, pero fue evidente que lo sobrepasó. No hubo 15,000 personas, incluso se habla de más de 30,000», dijo la diputada Ligia Hernández, de la bancada Semilla, quien dio seguimiento al caso en una citación.

Las autoridades autorizaron sin revisar el protocolo

En dos oficios de fecha 21 de septiembre de 2022, seis días después de la tragedia, Marylena Calderón Martínez de Medina, directora de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura, solicitó a Luis Enrique Susbielles, representante legal de Calavera Producciones S. A. y a Toledo Cáseres, gerente administrativo de la empresa Personal Para Eventos, una copia del protocolo de seguridad elaborado previo al evento.

Según la diputada Hernández, en una citación realizada el 22 de septiembre a la delegada del Ministerio de Cultura, esta reconoció que autorizó el evento sin antes haber tenido acceso al protocolo pues no lo había recibido de parte de la empresa. Entregarlo es uno de los requisitos fundamentales solicitados previo a la aprobación de cualquier actividad masiva. La diputada solicitó una copia a la Dirección de Espectáculos Públicos, respondieron que no contaban con este documento.

«Ella autorizó un evento para 15,000 personas sin cumplir el protocolo. Debe asumir la responsabilidad porque recibió días después de la tragedia un protocolo que tuvo que ver antes de autorizar el evento», aseguró la diputada.

Las salidas de emergencia no cumplían con los requisitos mínimos

La noche del 14 de septiembre Alejandra Teleguario, sus tíos y otros familiares fueron al concierto, eran cerca de las 22:30 horas. Recuerda que la entrada principal solo tenía un letrero que decía «Bienvenidos».

Vieron a El Clubo, a Viernes Verde y a Bohemia Suburbana, esta última era la banda principal y la que se presentaba a media noche. Alrededor de las 00:10 horas Alejandra decidió salir, antes que más personas lo hicieran porque sabía movilizarse sería difícil.

Lo mismo hicieron otros asistentes, no esperaron a que terminara la última canción de Bohemia. La familia de Alejandra caminó por el lugar, era difícil transitar entre tanta gente. Faltaba iluminación en todo el terreno, no podían ver por dónde caminaban, no había ninguna señalización hacia la salida y además el lodo provocaba resbalones. Sus pies se hundieron en el terreno blando.

Lograron salir y llegaron hasta su carro. Cuando ya esta en casa (no muy lejos del concierto) y dispuesta a dormir, escuchó gritos en la calle. Al inicio creyó que era alguna pelea, algo común en estos espectáculos y en esa fechas. Pero los gritos siguieron y mostraban algo más, notó que eran de auxilio. Encontraron a una joven desmayada en la calle y otras personas que gritaban más, les dieron agua y café.

La tragedia ya había ocurrido.

Para ese momento Clevver, el joven de la corazonada, seguía trabajando. Su celular sin carga lo mantuvo alejado de la reciente noticia, cuando lo encendió recibió la llamada de su hermana, le dijo que su mamá, Saira Ana Santizo Morales, estaba desaparecida.

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El tío de Clevver tenía una carreta de tortas y su madre lo fue a ayudar. Se llevó a sus dos hijos de tres y seis años con ella.

Esta carreta estaba en la parte exterior del terreno, del lado que coincide con el Centro Comercial Paseo Las Américas. Saira aprovechó el concierto para recolectar latas que después intercambiaría por efectivo. El tío de Clevver le comentó que dejó a sus hermanos con él mientras ella recolectaba.

El 19 de septiembre de 2022, Marylena Calderón Martínez, directora de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura, solicitó a Personal para Eventos y Calavera Producciones un informe detallado posterior al concierto realizado en Quetzaltenango. Este es un requisito establecido en la normativa de Conred para los eventos de categoría C.

En el informe realizado por Toledo Cáceres, gerente administrativo de Personal para Eventos, no se explican detalles de la organización y cumplimiento de medidas en el concierto.

«Durante la realización del evento el público se comportó de manera ordenada, por lo que al finalizar la participación de la banda Bohemia Suburbana los asistentes tomaron la decisión de retirarse del lugar, en las diferentes salidas asignadas, desconociendo el motivo que organizó el incidente en las afueras del evento», señala el documento. Testimonios y fotografías muestran que la tragedia ocurrió dentro. Además, según la normativa, la organización del evento incluye el protocolo de salida y parqueo.

En tanto, la empresa Calavera Producciones informó lo siguiente: «El día jueves 8 de septiembre, a las 10 horas, personal de Calavera Producciones, ingresó al área prevista del evento para iniciar con el montaje de escenario, lo cual duró hasta el 13 de septiembre, fecha en la cual se inició el montaje de toldos e imagen de la marca patrocinadora, así como los puntos de venta, mantas y baños portátiles. El 14 de septiembre, alrededor de las 9 horas, el equipo de control y orden de la empresa verificó los puntos de ingreso y salida, los cuales eran tres, ubicados dos a los costados y uno en el ala sur con una apertura de quince metros, y se realizaron los filtros y puntos de control para el ingreso y salida de los asistentes».

Esta declaración, según el expediente acusatorio del Ministerio Público, es falsa.

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La normativa de Conred utiliza fórmulas matemáticas para calcular, según el área del evento, la cantidad de salidas de emergencia necesarias. De igual forma, se ordena que las puertas estén señalizadas, iluminadas y que no exista ningún obstáculo que obstruya las puertas.

Esto tampoco se cumplió.

Cristian Espinoza, el trabajador en la cevichería, contó que para percatarse mejor del desorden que se generaba cercano a la venta donde estaba, se subió a un carretón. Ahí fue donde notó que las personas se estaban empujando y caían una sobre otra.

Recordó que no había nadie de la empresa organizadora. Tampoco había policía o guardias, además las vallas con publicidad de la cerveza Gallo dificultó el paso, los asistentes se tropezaban y caían.

Fueron 30 o 45 minutos los que tardaron en sacar a las personas que pedían auxilio, rescataron al menos a siete personas pero era insuficiente. Cristian recuerda que la entrada era muy pequeña, calcula que era de unos 10 metros y en todo el alrededor estaban los toldos de ventas de comida y cerveza. Cada locatario cerró su espacio con lazos y plástico, así evitaban que las personas salieran por estos puntos.

El cálculo de Cristian fue generoso. Según el expediente elaborado por el MP, la salida donde ocurrió la tragedia medía seis metros de ancho. Según los lineamientos de la Conred, para un aforo de 15,000 personas —al Festival Gallo 2022 se estima que asistieron 30,000— el evento debía contar con cuatro puertas que en total sumaran 75 metros de ancho. El croquis presentado por Calavera Producciones solo contempló tres salidas.

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A eso de la 1 de la madrugada Clevver recibió la llamada de una de sus hermanas y fue cuando le contó que su mamá estaba desaparecida. Ahí emprendió la búsqueda junto a otros familiares.

Fueron al concierto y nadie les daba información, se trasladaron a la estación policial de la zona 8 y tampoco recibieron respuesta. Llegaron al Hospital Regional de Occidente, al puesto de salud y a otros hospitales privados para buscarla. No la encontraron.

Probó suerte en la estación policial en Pacajá —a 1 kilómetro del lugar aproximadamente— y fue ahí donde un agente les dijo que tenían a unas personas identificadas. Les mostró una fotografía, era su madre. Clevver dice que sintió una tristeza profunda y se culpó por haber salido de casa en vez de acompañarla. En ese momento se trasladaron hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en donde esperaron al menos seis horas para que les entregaran el cadáver.

«Al finalizar la banda Bohemia Suburbana —se lee en el informe posterior hecho por Calavera Producciones— inició la presentación de Pako Rodríguez, con la cual se finalizaría el evento. Siendo las 0:30 horas, recibimos la notificación del personal de Control y Orden asignado por la empresa, que había desorden en la parte de afuera del área delimitada de lo que tuvo saldo trágico del fallecimiento de nueve personas. Desconocemos el motivo por el cual se provocó ese incidente, y no obstante sucedió fuera del área del evento en mención, de parte de la empresa se tuvo inmediato acercamiento con el Ministerio Público para dar declaraciones y todo el apoyo e información necesaria de manera incondicional».

Tanto en este informe como en un primer comunicado, la organizadora hizo énfasis en que la tragedia ocurrió afuera del evento. Alejandro Maldonado, promotor de las normativas de prevención y exsecretario de la Conred, explica que el área de salida del evento también es responsabilidad de los organizadores y autoridades a cargo, por lo que no hay forma de distanciarse de lo ocurrido.

En su artículo 15, la NRD4 señala que para eventos de categoría C los responsables «deberán presentar ante la Autoridad Competente un Informe Posterior al Evento Socio-Organizativo que incluya como mínimo la descripción del evento; detalle de las emergencias atendidas incluyendo número de heridos, número de fallecidos y sus causas; las fortalezas y los aspectos por mejorar; un plan de mejora indicando acciones correctivas y preventivas, los nombres y datos de contacto de quienes realizarán dichas acciones y las fechas límite para concretarlas».

En este caso, los informes presentados no cuentan con estos detalles.

Nadie detuvo el concierto

Alejandra recuerda que el lugar en donde fue el concierto era inseguro.

A las 22:30 horas cuando ella llegó, no había personal que vigilara el ingreso, tampoco agentes policiales para controlar el desorden. El terreno estaba encerrado con carpas y toldos, los accesos eran poco visibles por la falta de iluminación. Recuerda que tampoco había señal de teléfono y no hubo coordinación de parte de los organizadores para el momento en que las personas empezaran a salir.

Cuando supo el motivo de los gritos, llamó a los Bomberos para auxiliar a quienes estaban cerca de su casa. La respuesta de la operadora fue que no podían porque todas sus unidades estaban apoyando en la avenida Las Américas en donde se rumoraba que había personas muertas.

En el lugar donde se realizó el concierto tampoco hubo apoyo para rescatar a las personas que quedaban debajo de otras. Cristian relató que el ruido de la música nunca bajó y por esto mismo no se escuchaban los gritos de auxilio. Encontró a un guardia de seguridad a quien le pidió que ayudara con los cuerpos tendidos de las personas, pero solo le respondió que no podía y se fue del lugar. La Policía Nacional Civil empezó a llegar después de la tragedia, una hora después aproximadamente, recuerda. El Ministerio Público llegó a recolectar información hasta pasadas las 3:00 horas.

Antes de la aprobación de la NRD4, prevenir accidentes en eventos organizados por empresas privadas implicaba un desafío para las autoridades. La norma actual exige a los organizadores darle acceso al sistema de prevención implementado por Conred. El propósito de brindar acceso es que las autoridades puedan hacer una verificación previa a la realización del evento, durante y posterior a ello.

La función de supervisión recae en la Dirección de Espectáculos Públicos y al Departamento de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Quetzaltenango, son las entidades con la potestad de dar luz verde a la realización de la actividad. «La autoridad competente tenía que haber estado ahí antes del evento, durante el montaje del evento y verificar el cumplimiento de las cuatro normas», señala Maldonado. En el expediente de la actividad no hay constancia de que hubo una revisión previa.

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La idea de verificar el cumplimiento de normas incluso durante los eventos, explica Maldonado, es evitar que estos excedan la capacidad oficial. 

Según la norma, cuando esto ocurre las autoridades tienen la facultad de suspender la actividad bajo el argumento de que al exceder la capacidad anunciada, las instalaciones, salidas y rutas de evacuación dejan de ser funcionales y representan un riesgo para las personas presentes. Esta autoridad la ejerce la Conred a través del Departamento de Gestión de Riesgo, Ministerio de Cultura, PNC y bomberos.

«Al observar que un evento clasificado para 15,000 (en realidad) tiene 30,000 personas debieron suspenderlo en ese instante porque además era un terreno de tierra, había llovido, había lodo, había niños. Todo pintaba para que pasara una tragedia y nadie hizo nada», sentenció la diputada Hernández.

Acepta que no supervisaron el concierto

La NRD4, en el artículo 5, señala que «en todos los casos en los cuales se incumpla al menos uno de los requisitos que se establecen en la presente normativa, el evento no se podrá llevar a cabo. Las acciones y omisiones que constituyan infracciones o incumplimiento de la presente norma serán sancionadas». Además, indica el reglamento, si durante la ejecución del evento se incumple uno o más de los requisitos el evento se suspenderá inmediatamente y se podrá reanudar cuando se hayan cumplido los requisitos.

Esta es una de las grandes deficiencias del país en la prevención de desastres, pues para realizar estas verificaciones es necesario contar con personal suficiente a nivel nacional. Precisamente por eso, aclara Maldonado, los eventos están divididos en tres categorías: A B y C, pues la idea es enfocarse en las actividades que representan un mayor riesgo. Para que esto se cumpla, todo expediente debe abrirse al menos 30 días antes del evento para que se puedan programar las inspecciones antes, durante y después de la actividad.

En una citación, Marylena Calderón Martínez de Medina, directora de Espectáculos Públicos, confesó que el personal del Ministerio cuenta con cuatro encargados de verificar eventos y lo hacen únicamente en la ciudad, especialmente en lugares como discotecas, «barra shows» y clubes nocturnos. 

«Yo le pregunté a la directora cuántas personas habían ido a supervisar el concierto y ella dijo: ‘No podemos porque somos cuatro, apenas nos cubrimos en la ciudad’», declaró la diputada Hernández.

Es decir, confirma que nadie del Ministerio de Cultura verificó el lugar ni el aforo.

Lo ocurrido en Quetzaltenango, agrega la diputada, es que «se están autorizando eventos que nadie tiene la capacidad de supervisar. Nadie es consciente de los riesgos a los que está sujeto al ir a un evento».

Tras lo ocurrido, la Cervecería Centroamericana se limitó a emitir un pronunciamiento para externar un pésame a las familias. En tanto, Calavera Producciones hizo público que estarían en disposición de colaborar con las investigaciones y anunció la cancelación de dos eventos que estaban programados para ese mismo mes. Plaza Pública intentó comunicarse con el representante de Personal para Eventos, Toledo Cáseres, sin embargo, señaló no estar autorizado para brindar declaraciones. Por su parte, la oficina de Calavera Producciones y la Cervecería Gallo no atendieron a una solicitud de entrevista.

El lunes 20 de febrero, después de más de cinco meses de la tragedia, se tiene programada la audiencia de primera declaración. La investigación del MP refiere que son seis personas las sindicadas provisionalmente por el delito de homicidio culposo.

Los citados para declarar en este proceso son Luis Enrique Susbielles Ruiz, Administrador único y representante legal de Calavera Producciones, S.A.; Miguel Ángel Toledo Cáceres, gerente administrativo de Personal para Eventos; Steven James Potter Díaz, Coordinador operativo del evento; Marylena Calderón Martínez de Medina, Directora de Espectáculos Públicos del Ministerio de Cultura y Deportes; Rony William Álvarez, Director Técnico de Gestión del Riesgo de Conred, en la Municipalidad de Quetzaltenango; y Erick José Mario Tzún de León, exgobernador departamental.

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El expediente del ente investigador refiere que los últimos dos funcionarios omitieron el cumplimiento de sus funciones. El exgobernador no cumplió con la coordinación de la PNC para supervisar y garantizar el orden en el lugar. Rony Álvarez dictaminó favorable la realización del evento a pesar de ser una categoría que no cumplía con las características del evento.

Los seis ya fueron notificados de este proceso y las familias de víctimas y sobrevivientes deben acudir al juzgado en Quetzaltenango porque son querellantes adhesivos.

Esa madrugada, al terminar de ayudar al rescate de personas, la ropa blanca de Cristian quedó manchada completamente, tenía lodo hasta las rodillas y hasta la marca de una mano le quedó en la playera. Logró sacar a una joven que estaba siendo aplastada debajo de una de las vallas de metal. Otro joven estaba queriendo ingresar de nuevo al lugar para buscar su zapato, entre la tragedia parecía algo absurdo, pero Cristian entendió que en realidad estaba en shock.

La policía empezó a llegar, tomaron datos y se quedaron parados viendo la escena. Por la impresión se tomaron un vaso de cerveza y los agentes de la policía los amenazaron con que, si el Ministerio Público los veía tomando, los iba a detener. «Estaban buscando culpables» explica.

«Me sentí muy mal, fui con una compañera, lloré y me desahogué. Me quedó la imagen en la cabeza. Hasta el día de hoy cuando veo lugares con muchas personas me recuerdo de ese evento y no me siento cómodo».

Clevver y sus hermanos están recibiendo apoyo de sus tíos y su abuela. Su hermana de 15 años decidió que este 2023 nuevamente no ingresaría a estudiar, trabajará por sus hermanos pequeños. A él le hace falta su mamá a quien le contaba sus temores, angustias y quien le daba consejos. Sus hermanos pequeños en algunas ocasiones siguen preguntando por ella y cuándo va a regresar.

«Me dolió tanto porque siento que me quitaron algo y es lo más valioso que he perdido. Es muy difícil perder a la persona a quien le tenía la confianza de contarle mis cosas. Ella me decía que además de ser mi mamá era mi amiga y cuando me pasaba algo se lo contaba, porque no esperaba que me juzgara», dijo Clevver.