El gobierno de Maduro cumple estrictamente con el cronograma electoral al convocar a elecciones de diputados el 6 de diciembre, de manera que la Asamblea Nacional inicie sesiones en enero y elija, con toda la legitimidad del caso, a su próximo presidente. Hay que recordar que su junta directiva, presidente incluido, se renueva anualmente y que en enero de este año Guaidó no quiso participar en la elección, con lo cual resultó electo Luis Parra, opositor moderado al gobierno, no alineado estrictamente al régimen estadounidense. Sin embargo, en asamblea amañada Guaidó se hizo elegir nuevamente para seguir siendo el supuesto presidente encargado, sin ningún poder real dentro de la estructura venezolana de poder.
Venezuela, como cualquier otro país, necesita ordenar sus procesos políticos y legitimar a sus autoridades. Antes del anuncio de la fecha de elecciones, el gobierno de Maduro declaró una amplia amnistía a favor de la inmensa mayoría de los políticos acusados de sedición y traición a la patria, lo que permitirá que casi todos los opositores puedan participar.
Sin embargo, el ICG, contando apenas con la visión sectaria del uruguayo Enrique Iglesias, supuestamente el asesor especial de ese grupo, y con las opiniones de los seguidores de Guaidó, dispuso, en su reunión ministerial del 17 de septiembre último, bloquear esa salida declarando que, si bien aplaude la amnistía, «por el momento no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo, [pues] se deben eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleve a cabo un proceso electoral significativo».
A continuación, dicho grupo de países afirma que, si bien «acoge con agrado el llamado a la comunidad internacional para observar las elecciones […], observa que el cronograma electoral actual no permite el despliegue de una misión de observación electoral ni deja suficiente tiempo y espacio político para que las partes negocien las condiciones para unas elecciones creíbles, libres y justas».
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No aclaran en ningún lugar por qué no hay condiciones para constituir y organizar una misión de observación electoral. Todos los países firmantes tienen activas sus maquinarias diplomáticas, y, si de limitaciones sanitarias se trata, existen mecanismos más que confiables que les permiten a los observadores no contagiar a venezolanos ni contagiarse. Tampoco dicen por qué no es posible establecer ese paquete de garantías que permitan la convivencia política, de modo que irresponsable y sectariamente se cargan todas las culpas en el Gobierno venezolano y se olvida el intransigente rechazo de Guaidó y los suyos a todo diálogo.
Es notorio que lo que no existe en los países que lideran el citado grupo es voluntad política para que los venezolanos de nuevo puedan vivir en relativa paz aunque algunos de sus miembros sí lo entiendan. Es tal el embate contra el régimen venezolano actual que opositores como Henrique Capriles, que veía inteligentemente en esta convocatoria una ventana de oportunidad para oxigenar el ambiente político, ha sido presionado a retirarse del proceso.
¿Qué ganan los países supuestamente democráticos con la suspensión ad aeternum de las elecciones venezolanas? Nada además de mantener en la ilegitimidad completa al supuesto presidente designado, pues a partir de enero este no tendrá evento electoral que lo respalde.
El ICG que lideran los gobiernos mas neoliberales de la Unión Europea mira más hacia las disputas políticas internas de la raquítica alianza europea que a la solución efectiva de la crisis venezolana. Egoístas e hipócritas, en lugar de apoyar activamente los esfuerzos que Noruega hizo para sentar a las partes y resolver el conflicto, simplemente vieron para otro lado y permitieron que Estados Unidos, a través de su vocero Guaidó, se levantara cobardemente de la mesa mientras irresponsablemente preparaba la invasión mercenaria, la que por cierto nunca han condenado.
El ICG está compuesto en su mayoría por países que, si bien hacen pública gala de democracia, representan los intereses más rastreros de las empresas multinacionales, en este caso petroleras y financieras, y se empecinan en ver la política con el simplismo bicolor del neoliberalismo. No quieren violencia, pero tampoco un régimen con visiones diferentes al capitalismo que reina en naciones como Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Interesados en evitar soluciones violentas, no se arriesgan a desairar abiertamente al gigante agresivo y vociferante del norte, que se considera dueño de la suerte de Venezuela y que le tiene a este manos y cabeza amarradas, como también se las tiene a Siria, Irán y el Kosovo.
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También integran el grupo países de actual vocación pacifista como España e Italia. Mas, inmersos en sus propias crisis, los italianos y los españoles se ven limitados en su accionar ante la beligerancia antidemocrática y belicista de sus ultraderechas, que, en el caso de España, resultan los más férreos, agresivos y falaces apoyos a Guaidó y a sus mercenarios.
La diplomacia uruguaya, por su parte, no ha tenido más que seguir en ese esfuerzo, ya que el gobierno anterior fue uno de sus iniciadores. Los actuales gobernantes son evidentes enemigos del régimen chavista y sufren de la misma miopía que los grandes países europeos. Suecia y Portugal son, en realidad, casos aparte. Ambos con gobiernos socialdemócratas, el primero es ya más un remedo de esa propuesta ideológica y prefiere no moverse en el tablero internacional para no perder su función de gerente del modelo neoliberal que las derechas le han impuesto paulatinamente. Los portugueses, sin mayor tradición de influencia internacional, están allí más para detener a los intervencionistas que para impulsar una solución efectiva, tarea que también ha asumido Argentina, cuyos gobernantes, imaginando que sus argumentos por la paz y la democracia pueden ser útiles, optaron recientemente por incorporarse y retirarse del guerrerista y ultraproestadounidense Grupo de Lima.
Así las cosas, y sabedores de los riesgos, los europeos y sus aliados están cerrando las puertas a las soluciones políticas al conflicto venezolano, pues, más que estimularlas efectivamente, con esta irresponsable negativa favorecerán a los sectores más duros del chavismo, pero también a la incapaz ultraderecha venezolana, que podrá seguir castigando a la mayoría de la población al apoyar el inhumano bloqueo estadounidense.
Sin querer entender la desesperación estadounidense por la invasión, los europeos parecen desconocer que es en la ampliación de las bases sociales donde las propuestas políticas pueden ganar el poder. Lo demostró fehacientemente Andrés Manuel López Obrador en México, pero también el bolsonarismo reaccionario en Brasil. Y mientras Estados Unidos busca desesperadamente su Castillo Armas venezolano (pues sus William Walker han sido todo un fiasco), Europa se niega a que la solución política llegue a Venezuela. Mucho de lo que pase en el vecino país será responsabilidad de estos líderes europeos.
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