¿Qué podría hacer Giammattei con el Ministerio de Gobernación? Algunas ideas

Las ideas que aquí expongo podrían resultar impopulares.

Partamos de aquí: en Guatemala no se aplica la pena de muerte ni la cadena perpetua. Todas las personas que se encuentran en la cárcel dejarán de estarlo y regresarán a las calles. ¿Cómo queremos que se reincorporen a la sociedad? ¿Iguales? ¿Más violentos que cuando ingresaron a los centros penitenciarios? ¿O rehabilitados y listos para ser ciudadanos virtuosos?

¿Qué podemos hacer con el Sistema Penitenciario?

El Sistema Penitenciario (SP) debe asegurar que los privados de libertad purguen su condena y que no delincan mientras se encuentren en prisión. También debe velar por la rehabilitación y la reinserción a la sociedad.

A pesar de que no existen registros certeros, se calcula que la reincidencia puede superar el 50 %.
Hemos fallado.

El SP lidia con personas que han quebrantado alguna norma de convivencia, han realizado actividades ilegales o cometido crímenes extremadamente violentos; por lo que se hace indispensable una clasificación de los presos en línea con su perfil, suficientes centros carcelarios y controles internos estrictos que eviten que se vulnere la seguridad del centro.

Se necesitan cárceles de máxima seguridad para el 5% de la población carcelaria: solo una minoría posee instintos sanguinarios y poder para dirigir crímenes desde la prisión.

El otro 95% de la población penitenciaria debería estar en cárceles de mediana seguridad: ahí hay una oportunidad. Estas personas pueden rehabilitarse.

En un país como Guatemala, muchas personas delinquen por carecer de referentes apropiados y verse envueltos en entornos violentos en los que las oportunidades de superación personal son escasas. No tienen un perfil peligroso. Las circunstancias los llevan a delinquir.

La mayoría de instalaciones penitenciarias nacionales datan de los años sesenta. Tienen capacidad para 6,800 personas, pero albergan cerca de 25,000. Solo se ampliaron en 2007, con dos pequeñas prisiones para 150 personas cada una. Así, es imposible el control interno, y limitada la oferta de programas de rehabilitación y reinserción.

[frasepzp1]

Contar con colaboradores formados para tratar con personas antisociales también es esencial.  Nos enfrentamos con personas que tienden a violar normas.

Trabajar en el SP no es atractivo y puede parecer suicida. Muchas personas lo hacen por carecer de alternativa. Carecer de otros alicientes lastra la efectividad del sistema, pues a menudo los empleados ceden ante los presos para no ser atacados. Mejorar sus condiciones laborales y de seguridad, crear una carrera penitenciaria y reclasificar los sueldos, es imprescindible.

La ley del régimen penitenciario es relativamente nueva pero aún no se han creado los reglamentos, protocolos, ni manuales que detallen las funciones de cada puesto y consecuencias por el incumplimiento de normas, que permita a los funcionarios y colaboradores tener reglas claras.

Muchas críticas por el fracaso del SP coinciden en que ha sido falta de voluntad de atender el problema, pero quizá haya sido algo peor (y a la vez mejor): ignorancia acerca de cómo desempeñar una misión impopular, peligrosa y desagradable.

¿Cómo se ha mejorado el Sistema Penitenciario?

Pese al desastre que es el SP, se pueden mencionar tres acciones que han mejorado la seguridad ciudadana:

1. Se construyeron dos pequeñas cárceles para ciento cincuenta presos cada una. Fraijanes I y Fraijanes II se estrenaron en 2010 y funcionaron bien hasta 2012. Al inicio los protocolos del personal eran tan rigurosos que se denominaron centros de máxima seguridad. Se trasladó allí a reos de alta peligrosidad; la mayoría, líderes de organizaciones criminales. Se permitían visitas limitadas a una vez al mes y acceso a luz solar una o dos horas por día. Según el líder de una banda de asaltantes y violadores, por primera vez, sentía castigo por sus acciones al estar en uno de los centros. El nivel de aislamiento en estas prisiones era tal que ocasionó que los reos se comunicaran con sus organizaciones criminales por medio de cartas, utilizando como mensajeros las pocas personas que tenían autorizadas como visita (familiares cercanos, abogados y procuradores de derechos humanos). Las medidas de control permitieron a las autoridades identificar y procesar penalmente a los implicados en este traslado de instrucciones. El éxito inicial de estos dos centros mermó por dos motivos: los atentados sufridos por los guardias y directores, que ocasionaron muchas muertes; y la llegada de más prisioneros, que ocasionó hacinamiento y dio lugar a que los reos pudieran destruir las instalaciones. El desorden se estableció en estos nuevos centros y la incapacidad de reparar los daños a las instalaciones por asuntos estrictamente legales (demandas a las empresas constructoras) afectó el funcionamiento del centro
2. Se creó un nuevo modelo de gestión penitenciaria en 2016-2017. Este modelo prepara a presos para su vida después de la cárcel, pero también se centra en entrenar a los guardias para realizar sus funciones. Los prisioneros se mantienen en un régimen de actividades diarias que involucran aseo personal y de las instalaciones; preparación de comida; tiempo de formación académica; y actividades laborales que generen ingresos para sostener a sus familiares libres, a ellos mismos y al centro penitenciario. El primer centro penitenciario sufrió muchos contratiempos a pesar de representar una oportunidad de rescate tras lustros de abandono. El gobierno municipal fue (y puede continuar siendo) una de las principales limitaciones para crear nuevos centros penitenciarios con este modelo. El primer centro generó resistencia por parte de la Municipalidad de Villanueva, que se disfrazó de rechazo de los vecinos, cuando en realidad lo que estaba detrás era que impedía que se siguieran usando recursos públicos para negocios particulares. Aunque con retraso, Fraijanes I se convirtió en la primera instalación carcelaria que se gestionaba con el nuevo modelo y albergaría mujeres de baja peligrosidad. Este centro aún opera, pero no se ha replicado por la interpretación de que duplica las funciones con el sistema penitenciario. Las personas privadas de libertad que se encuentran en dicho centro y los funcionarios que lo atienden tienen una mejor calidad de vida y mejores controles: todos tienen una cama, baños comunes limpios y funcionales, actividades diarias desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche pertenencias limitadas a tres mudas de ropa para no generar desorden por carencia de espacio, y visitas controladas. Además, se contrató al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para que diera formación en cocina básica, corte y confección, belleza, horticultura y computación. Fraijanes I es la primera aproximación a un modelo funcional para rehabilitar a ese 95% de presos. Un aspecto pendiente en el nuevo modelo es que el resto de los ministerios que conforman el Ejecutivo atiendan sus obligaciones de salud, educación, desarrollo, cultura y deportes como lo deberían hacer también con las personas libres. El único derecho limitado a los prisioneros es la libertad.
3. Se creó un pequeño pero eficiente centro penitenciario en el 2016 para reos en riesgo. Se seleccionó personal del SP que pasó varios filtros al cual se le brindó formación y se fijaron reglas claras. Durante dos años se cuidó a reos que habían decidido ser colaboradores eficaces. La logística fue muy cuidadosa y pocas personas, aunque de varias instituciones, bastaron para mantener vivos a estos privados de libertad.

[relacionadapzp3]

Los centros descritos tuvieron éxito porque se evitó el hacinamiento, no se permitió el ocio improductivo, se preparó la comida justo antes de consumirla y se controlaba tanto a los presos como a los guardias.

Es decir, se puede recuperar el Sistema Penitenciario con la voluntad, el personal idóneo y comprometido con la justicia e instalaciones adecuadas.

También se precisa divulgar entre jueces y otros operadores de justicia cómo sus decisiones afectan al SP: jueces que aprueban salidas y visitas; que ordenan traslados cuando se pueden celebrar audiencias por videoconferencia; que dan autorización objetos que atentan contra el orden y la seguridad de quienes están en la cárcel.

¿Qué podemos hacer con la Policía Nacional Civil?

La Policía Nacional Civil (PNC) se encarga de la seguridad pública. Producto de los Acuerdos de Paz, contribuyó a reducir los delitos en sus primeros años de existencia (1997-2000). Pero fue única institución en el sector de seguridad y justicia fortalecida en aquel momento, y su contribución inicial no resultó sostenible: en 2009 se alcanzó el pico histórico de homicidios en el país.

Aunque la PNC ha crecido hasta alcanzar los 40,000 trabajadores, se estancó en infraestructura, en definir la carrera policial, en practicar controles internos, en capacitar a sus miembros, y en mejorar el proceso de contratación de personal. Funciona como un cuartel, y carece de instalaciones espaciosas y áreas de descanso y entretenimiento. Un agente de policía trabaja lejos de su lugar de origen, trabaja en de 11, 15 o hasta 30 días, goza descansos reducidos que se consumen parcialmente en el viaje a visitar a su familia; recibe una remuneración con los que le cuesta llegar a lo indispensable; compra su propio uniforme y balas; y, por si fuera poco, le suspenden los descansos para las temporadas festivas.

No muchos quisiéramos ser agentes. Por eso el reto es hacerla una profesión atractiva para reclutar talento y tener individuos incorruptibles. Eso solo es posible mejorando las condiciones laborales: turnos con el mismo tiempo de servicio que de descanso, sedes razonables, o cercanas al lugar de residencia de los agentes, para que no descuiden sus hogares.

[relacionadapzp1]

La Policía Nacional Civil debe modernizar cómo forma a sus nuevos agentes. Debe contar con métodos pedagógicos adecuados al nivel académico de los aspirantes, anteponiendo la utilización de métodos audiovisuales (menos teoría y más práctica); y prepararlos en manejo de crisis y autocuidado. Debe reclutar agentes de todos los municipios para que trabajen cerca de sus familias (la mayoría provienen de Jutiapa, San Marcos y Alta Verapaz). Debe abrir opciones de crecimiento profesional. La mayoría ingresa y se jubila como agentes.

La PNC está en casi todos los municipios del país, y en ocasiones más donde más hechos delictivos hay. Y, aun así, pareciera que no siempre es eficaz. Es porque no se realizan patrullajes y puestos de registro en horarios y lugares específicos de acuerdo con el estudio de la incidencia delictiva. Muchas de las acciones de la PNC parecen hechas al azar. Sería mucho más eficiente si planificara los operativos según la información de las unidades de análisis, si planificara conociendo el entorno, y con denuncias de los habitantes, cuya confianza se tiene que ganar.

[frasepzp2]

A esto súmenle la falta de herramientas tecnológicas como un circuito de cámaras de video vigilancia, especialmente útil para controlar espacios sin policía. Se podrían instalar centros de monitoreo conectados a las áreas operativas para despachar a los agentes más cercanos y que estos disuadan, detengan o investiguen a quienes cometen hechos delictivos.

La PNC es uno de los principales engranajes en el sector seguridad y justicia: interactúa con el resto de las instituciones que lo conforman, y por eso sus éxitos (y sus fracasos) tienen un efecto que se multiplica, pero funciona mejor integrada en las demás instituciones, y los cambios de las demás le afectan. Todas las instituciones del sector (Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Organismo Judicial y PNC) reflejaron cambios a partir del año 2006, con nuevas herramientas legales y tecnológicas, que, aunque carentes de coordinación, mejoraron los resultados delictivos y favorecieron algunos avances.

El Congreso decretó «La Ley contra la delincuencia organizada» y dotó al MP y a la PNC de herramientas que permitieron la intercepción de comunicaciones, los agentes encubiertos, las entregas vigiladas y el uso de colaboradores eficaces. El Ejecutivo concedió presupuesto extraordinario para adquirir los equipos tecnológicos y la cooperación internacional apoyó en formar y mantener personal y tecnología.

La fórmula de éxito para entender cómo funcionan las pandillas, responsables de la mayoría de homicidios, han sido estos métodos especiales de investigación. Debemos fortalecerlos, y compartir la información de forma adecuada con otras dependencias de la PNC, para crear estrategias disuasivas en donde se repiten los hechos violentos.

Por su lado, el Organismo Judicial creó juzgados de primera instancia penal de turno. Su función es hacer valer el debido proceso al resolverle a un detenido su situación jurídica en veinticuatro horas. Estos mismos jueces controlan el buen funcionamiento de los métodos especiales de investigación aplicados por una unidad de métodos especiales en la que participan policías y fiscales. También se crearon los juzgados y tribunales denominados de mayor riesgo, formándose jueces que conocen casos contra organizaciones criminales mucho más complejas.

[relacionadapzp2]

A su vez, la Policía Nacional Civil, con orientación y apoyo de la cooperación internacional española, canadiense, norteamericana, creó unidades especializadas en investigación de delitos de extorsiones y contra la vida. El Ministerio Público formó unidades para trabajar coordinadamente con los equipos especializados de la PNC y fortaleció dichas unidades con analistas criminales.

Y, por último, el Inacif ha contribuido a identificar estructuras criminales complejas que antes se ignoraban o se suponía que existían, y a resolver crímenes con tecnología y bases de datos, al estilo CSI. En el Inacif se especializó a su personal y se adquirió tecnología moderna para relacionar distintos hechos delictivos cometidos con las mismas armas o llevados a cabo por las mismas personas u organizaciones criminales. El instituto se ha modernizado y cuenta con bases de datos de huellas balísticas, genética, dactiloscopia, grafotecnia, análisis de voz entre otros; todos con el objetivo de identificar a autores de los hechos delictivos.

Comprender la persecución penal estratégica

Otras instituciones ajenas al sistema de justicia y seguridad tienen impacto en que los guatemaltecos puedan vivir en una sociedad con menos delincuencia: el acceso a educación, salud, cultura, deporte, esparcimiento, desarrollo, salud y trabajo creará individuos menos propensos a cometer crímenes o a vincularse con criminales.

Las investigaciones han probado que niños de cinco a doce años son reclutados por pandillas para cometer delitos. Estos niños, posiblemente, no conocen un entorno distinto del sector violento en que residen y creen que pertenecer a una pandilla les dará felicidad y aceptación.

Abandonar una pandilla no es una opción para ellos: el precio es su vida. Por eso el Estado debe recuperar los espacios en los que hay presencia de estructuras criminales. Para salvaguardar el futuro de los niños. La educación, las actividades culturales y los deportes en las zonas rojas junto con acciones de inteligencia, investigación y presencia disuasiva por parte de la PNC son necesarias y urgentes.

Guatemala tiende a ser considerado un país pobre y violento. Muchos creen que va de la mano. Pero se ha observado que en áreas urbanas en donde existe la facilidad de obtener armas de fuego existen también más muertes. La inseguridad en que vivimos los guatemaltecos ha ocasionado que los ciudadanos busquen protegerse adquiriendo armas de fuego, pero por distintos motivos las armas que empezaron siendo legales terminan en el mercado negro y son utilizadas para cometer homicidios. Los vacíos legales en los procedimientos para registrar armas de fuego deben solventarse para tener un control estricto de las armas que circulan en el país.

Debemos comprender que la Policía Nacional Civil no es la única institución responsable de llevar seguridad a los ciudadanos. Ha habido acciones para fortalecer al Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, pero muchas otras están pendientes. La solución pasa por el encadenamiento ordenado de las instituciones estatales.

Este artículo es una colaboración de  Plaza Pública y .