Quince abogados están a cargo de defender a 6,5 millones de indígenas en Guatemala

La niebla envuelve a las montañas que rodean Nebaj, un municipio situado en el occidente de Guatemala, a 225 kilómetros de la capital del país. Adentrarse en ese espesor blanco típico de la zona es la única manera de llegar al centro del pueblo.

En esta comunidad del departamento de Quiché viven 98,000 personas, el 95% es indígena. El idioma predominante es el ixil, una de las 22 lenguas indígenas que existen en el país.

En Nebaj se localiza una de las 15 defensorías especializadas en la atención de indígenas del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Pero acá, como en otras cinco oficinas, el abogado a cargo no habla el idioma local; solo español. Esto pese a que las defensorías fueron creadas para atender a las personas en su idioma materno y con conocimiento de las prácticas culturales de estos pueblos.

El IDPP provee defensores públicos a aquellos ciudadanos acusados penalmente que no pueden pagar uno privado. De las 15 oficinas con enfoque intercultural –cada una tiene un abogado– depende el cumplimiento del derecho fundamental de defensa del 40% de los guatemaltecos que se autodenominan indígenas. Es decir unos 6.5 millones de personas –la mayoría en condición de pobreza– según el Instituto Nacional de Estadística.

Un presupuesto limitado, abogados bilingües sin interés en trabajar en la defensa pública, nombramientos casi forzados en algunos municipios porque el puesto no puede quedarse vacío, sobrecarga de trabajo e interpretaciones de mala calidad son algunos de los problemas que enfrentan estas defensorías en Guatemala.

Sobrecarga de trabajo

La oficina del IDPP en Nebaj está situada frente a la sede del Ministerio Público (MP), en el sótano del edificio del Organismo Judicial. Karen Cashely Cárdenas Reyes es la defensora asignada en esta sede desde junio del año pasado. Ella solo habla español, es abogada litigante desde 2014 y toda su experiencia antes de llegar a Nebaj se dio en Coatepeque, Quetzaltenango.

“Mi función es conocer los procesos penales de personas que no tienen dinero para pagar un abogado que los defienda y que estén señaladas de cometer un delito”, explica Cárdenas desde su escritorio pegado a una ventana por donde se ve una estantería llena de expedientes judiciales.

Esos fólderes contienen la información de habitantes de Nebaj, así como los de Chajul, Cotzal, Sacapulas, Cunén, Uspantán y Chicamán, los otros municipios de Quiché que están bajo la jurisdicción de esta unidad de la Defensoría Pública. En estos siete pueblos además de ixil, sus vecinos hablan los idiomas mayas kiche, uspanteko y sakapulteko.

En la actualidad, Cárdenas tiene bajo su responsabilidad la defensa de 67 personas, entre ellas 11 que están en prisión preventiva. Lo delitos más recurrentes aquí son violación sexual, violencia contra la mujer y la negación de asistencia económica.

Para atender cada uno de esos casos la abogada cuenta con un asistente, una traductora del idioma ixil, y un vehículo para trasladarse a las aldeas y demás municipios. En total, según las estadísticas del IDPP, el año pasado fueron atendidos 202 casos en Nebaj.

“En el juzgado hay una persona que habla kiche y uno que domina el Ixil, nunca nos ha tocado esperar que venga un intérprete, pues normalmente (los sindicados) son bilingües, hablan español y otro idioma”, dice la abogada.

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Diferentes letreros con mensajes bíblicos, colores llamativos y escudos de universidades ofrecen servicios privados de abogacía en el pueblo. Los anuncios están pintados en los muros de las calles cercanas a las sedes del IDPP, la Fiscalía y los tribunales. Uno de esos rótulos pertenece a la oficina de Cornelio Benjamín Santiago Ceto, un abogado indígena que domina el ixil. Desde 2011 ejerce su profesión en distintos municipios de Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango, pero principalmente en Nebaj de donde es originario.

Santiago ha litigado en diferentes casos penales como defensor o querellante. Eso le ha permitido observar la labor de los defensores públicos. Una visión opuesta a la de Cárdenas. “Deben mejorar ciertos aspectos, por ejemplo, la barrera lingüística, es una debilidad que afecta los derechos de las personas”, señala.

El abogado enfatiza en la comunicación y confianza que debe entablarse entre el defensor y su cliente. Señala que si ambos no dominan el mismo idioma, la defensa no será eficaz. Lamenta que en esta región eminentemente indígena no haya un abogado público que hable ixil y crítica el uso de traductores, pues considera que no se garantiza una interpretación adecuada.

El jurista comenta que en algunas audiencias los traductores no comunican la esencia de las declaraciones de los acusados o no trasladan detalles de los testimonios, lo cual puede ser perjudicial en las resoluciones.

“Imposible, no se puede”, es la respuesta de Santiago respecto a si es posible controlar y ejercer un defensa adecuada para la cantidad de casos que conoce la defensora pública de Nebaj. “Yo primero hago una entrevista a mi cliente sobre el hecho que le imputan, luego leo en uno o dos días el expediente de la fiscalía. Una primera lectura para conocer el caso y otra para cotejarla con la versión de mi defendido. Después le hago otra entrevista, y de ser necesario tres, para definir lo que se alegará frente al juzgado. La defensa pública no tiene tiempo para eso”, señala.

El abogado cobra distintas cantidades en cada etapa del proceso: una audiencia de primera declaración puede costar desde 1,000 hasta 5,000 quetzales (133 a 666 dólares). Cuando el caso ha llegado a juicio, cobra 10,000 quetzales (1,330 dólares) por audiencia. El monto varía según el delito y la complejidad de la causa penal. Santiago ha conocido delitos como estafa, asesinato violencia contra la mujer y violación.

Karen Cárdenas cuida cada una de sus palabras, más cuando se le pregunta sobre las deficiencias de la defensa pública. “Lo que hacemos es quedarnos fuera del horario, terminamos las diligencias que estén pendientes. Si podemos sacar el trabajo, lo hacemos”, contesta al consultarle sobre la sobrecarga de casos y el tiempo que le dedica a cada uno.

Para ejercer una defensa técnica personalizada, opina Cárdenas, deberían ser por lo menos dos abogados los que laboren en la sede. “Eso sería lo ideal, pero para suplir esa debilidad nos proveen de un intérprete que traduce para el abogado a cargo”, comenta.

No saber, no entender

La presencia de un defensor que conozca el idioma local es importante para que no ocurra lo que le pasó a Petrona Xol, una indígena q'eqchi de 63 años que ha permanecido en prisión los últimos doce años por un crimen del que asegura es inocente.

En junio de 2004, un Tribunal Penal de Alta Verapaz la condenó a 70 años de prisión por el linchamiento de tres hombres. La sentenciaron pese a que varios testigos sostuvieron su inocencia y dijeron que estaba en su casa cuando se dieron los hechos. El juez rechazó esos testimonios porque se presentaron fuera del plazo legal, según lo denunció la Asociación de Abogados Mayas.

Xol nunca entendió lo que ocurría en la sala donde se realizó el juicio: ni las acusaciones que la Fiscalía presentó en su contra, ni las declaraciones de los testigos, ni el veredicto del tribunal. Todo el proceso se desarrolló en español, un idioma que ella no entiende. Sólo se puede comunicar en q'eqchi, su lengua materna. Ni siquiera el abogado que la defendía hablaba su mismo idioma.

La apelación de su sentencia fue rechazada, porque el defensor la presentó fuera de tiempo. Y así terminó en la cárcel.

“Yo no sé nada acerca del problema del cual se me está acusando”, dijo Xol en el inicio del juicio, según lo interpretó la traductora presente en la sala. Esas palabras las repitió en 2010 a una periodista que la entrevistó en la prisión donde se estaba recluida. En esa ocasión Petrona Xol afirmó que no entendía la razón de su encierro.

Lo mismo les dijo a los integrantes de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, antes de solicitar un amparo a favor de las mujeres indígenas que guardan prisión en cárceles donde sólo se habla español. “Ella aseguró que nunca comprendió el proceso judicial en su contra”, indicó Cristian Utzin, miembro de esa asociación.

El amparo presentado por Carmela Curup Chajón, integrante de la Asociación y la exfiscal general Claudia Paz y Paz, hizo que la Corte Suprema de Justicia ordenara cambios a favor de los indígenas que permanecen en prisión, incluida Petrona.

Las abogadas argumentaron que el derecho a la salud les era violentado a las reclusas, pues los médicos no comprendían sus dolencias. Además, señalaron que las presas tenían dificultad para entender las tareas que les eran asignadas y por eso mismo recibían críticas, burlas y rechazo.

Los magistrados ordenaron al Ministerio de Gobernación proteger los derechos de los indígenas por medio de programas inclusivos y personal bilingüe. Gracias a esa disposición, en febrero pasado, Petrona Xol salió de la cárcel por unos días, para ser atendida en un hospital por problemas médicos. Pero pronto volvió al Centro de Orientación Femenina, para seguir cumpliendo su sentencia.

Sólo 15 abogados

Las otras 14 defensorías con enfoque intercultural del país, al igual que la de Nebaj, están integradas por un abogado, un asistente y un intérprete. Son responsables de los casos que surgen en los municipios que les rodean, necesiten o no pertinencia lingüística y cultural. Atienden a personas de las etnias qeqchí, achí, qaqchikel, chortí, qanjobal, kiché, ixil y mam; ocho de las 22 comunidades lingüísticas que existen en Guatemala.

La cantidad de personal para atender a la población indígena es similar en las fiscalías y los tribunales. El Ministerio Público cuenta con 35 intérpretes en 14 de los 22 departamentos del país, donde se concentran 10.3 millones de habitantes. En tanto, la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial tiene a 101 personas contratadas como intérpretes distribuidas en 13 departamentos.

En 2016, las 15 defensorías tuvieron a su cargo 1,779 casos. La unidad situada en el municipio Santa Cruz del Quiché atendió 380 y Nebaj 202. Esas dos sedes, al igual que las de Chiquimula, Puerto Barrios, Ixchiguán y Mazatenango, carecen de defensores que dominen los idiomas indígenas locales.

—¿Cómo un abogado que no domina ningún idioma indígena llega una defensoría con enfoque intercultural? —se le cuestiona a Marta Juan Tojin León, jefa de la Coordinación de Defensorías con Enfoque Intercultural, quien asumió el cargo hace dos meses.

—Se hacen rotaciones dentro del Instituto. En las convocatorias se establece el dominio de un idioma como requisito específico, pero la gente no acude, Entonces se llenan esas plazas con abogados de carrera que no hablan el idioma, pero sí conocen el contexto social del pueblo, responde la funcionaria.

Ni el Colegio de Abogados y Notarios ni la Asociación de Abogados Mayas o la Corte Suprema de Justicia tienen datos sobre la cantidad de abogados indígenas que hay en el país.

La jefa de las defensorías indígenas también menciona que una de las desventajas en la búsqueda de defensores más capacitados, es que los salarios que ofrece la institución no son competitivos. El sueldo mínimo para los abogados del IDDP es de 10,000 quetzales (unos 1,350 dólares) y el máximo de 15,000 quetzales (2,000 dólares), pero este se conseguirá después de varios años de carrera. Lo que ganaría en todo el mes un defensor público con poca experiencia es lo que en ocasiones consigue Santiago, el abogado privado, durante un día de juicio.

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Hasta diciembre de 2016, en la entidad laboraban 622 defensores. Poco más de la mitad (381) son abogados privados a quienes convocan en determinados casos para brindar el servicio de asistencia jurídica gratuita. El IDPP desconoce cuántos de ellos son indígenas y bilingües.

Tojin asegura que está buscando defensores que hablen el idioma local para enviarlos a las sedes donde hay carencias. Hasta el momento solo un abogado ha presentado su expediente, pero su aspiración salarial es superior a lo que puede otorgar la entidad estatal.

Presupuesto sin cambios

El espacio físico de la defensoría en Nebaj, en comparación al del Organismo Judicial y el del Ministerio Público, es diminuto, al igual que el presupuesto que le han entregado en los últimos 11 años al Instituto de la Defensa Pública Penal. Nydia Arévalo Flores, directora de la institución, considera que de los tres aparatos de justicia, el que ella lidera siempre ha sido el menos afortunado. “Sin defensa pública no hay justicia”, enfatiza.

El Ministerio de Finanzas otorgó este año un presupuesto de 205 millones de quetzales (27 millones de dólares) al IDPP, muy lejos de los 2,137 millones de quetzales (284 millones de dólares) para el Organismo Judicial y los 1,742 millones de quetzales (231 millones de dólares) del Ministerio Público. El 60% de los fondos son utilizados para salarios.

En los operativos masivos realizados en 2016 contra las pandillas, como Rescate del Sur y Guatemala es Nuestra, fueron detenidas unas 150 personas señaladas de integrar bandas dedicadas a la extorsión. La mayoría necesitó defensores públicos. En esos casos la entidad se vio en aprietos, al no contar con personal suficiente para atender los requerimientos y tuvo que contratar abogados externos.

Arévalo asumió la dirección del IDPP en abril de 2016. “Encontré fue un presupuesto deficitario, sin cambios durante siete años", dice y explica que para lograr un funcionamiento adecuado el Instituto necesita al menos 400 millones de quetzales anuales.

Antes de Arévalo, la Defensa Pública fue dirigida durante una década (2004-2014) por Blanca Stalling Dávila, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detenida el pasado 8 de febrero, señalada de corrupción por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En el instituto Stalling fue señalada de nepotismo, pero fue también durante su administración, en 2004, que el proyecto de defensorías indígenas se institucionalizó.

Retroceso institucional

14 de febrero de 2017. Falta una hora para que inicie la sesión plenaria del Congreso de la República en la que se conocerán las propuestas de reforma de la Constitución de Guatemala; una de ellas pretende darle reconocimiento jurídico a los sistemas de justicia indígena.

El diputado indígena Amílcar Pop, del partido Winaq, las respalda, así como apoyó y puso en marcha el proyecto que dio origen a las defensorías con enfoque intercultural en 2001, un plan ideado para que el Instituto de Defensa Penal Pública respondiera a los Acuerdos de Paz, firmados en 1996.

Sin embargo, el legislador ahora lamenta que el proyecto se haya debilitado. “Hubo un retroceso en la institucionalidad que se impulsó. Se debilitó la capacidad técnica de atender una sociedad multicultural”, dice.

Las estadísticas del IDPP parecen respaldar su opinión. En 2013 tenía 13 abogados públicos que dominaban alguna lengua indígena. En 2015 la cifra disminuyó a 11, y en 2016 a nueve.

El congresista cree que el sistema judicial guatemalteco mantiene una deuda histórica con la población indígena, que empezó a ser solventada hace apenas 17 años. “Irresponsablemente se condenaba a gente que no entendía ninguna palabra en su idioma. Era un desastre, y lo vivimos hasta la fecha por no reconocer los derechos indígenas“, explica Pop.

En 1995, Pedro Rax Cucul, indígena de la etnia queqchí, fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de su esposa. Después de un largo proceso en el que intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el entonces presidente Alfonso Portillo le concedió el “indulto presidencial” (perdón), tras constatarse que durante el juicio en su contra se violó su derecho de defensa al no ser escuchado por el tribunal en su lengua natal. El reo no comprendió el proceso penal en su contra y nunca tuvo un intérprete.

En esa época los juzgados no contaban con intérpretes oficiales. Si una persona indígena era capturada y acusada de algún delito, el conserje o el guardia que fuese bilingüe era el designado para traducir las audiencias, así era por lo menos en la judicatura localizada en el departamento de Totonicapán, recuerda el abogado indígena Pedro Ixchíu, quien fue jefe de la coordinación de defensorías con enfoque intercultural.

La actual propuesta para reformar el sistema judicial del país se encuentra entrampada en el Congreso desde noviembre de 2016. Contrario a Pop, los diputados de los partidos conservadores se niegan a reconocer los métodos de justicia indígena (el cual se práctica desde siempre en las comunidades indígenas) y homologarlo con el régimen oficial.

Dos justicias en Nebaj

Amílcar Pop y Pedro Ixchíu afirman que la justicia estatal no cubre todo el país. En las zonas donde no llega, existen vías de justicia indígenas responsables de mantener la armonía de sus comunidades. En otros casos ambos sistemas jurídicos coexisten y coordinan su labor. Un ejemplo es el municipio de Nebaj.

Diego Santiago Ceto, alcalde indígena de la localidad y secretario de las tres alcaldías de la región ixil —Nebaj, Cotzal y Chajul—, afirma que cada año, en promedio, se resuelven 300 casos en el área urbana de Nebaj; en las otras 147 comunidades del municipio, son las autoridades indígenas las que resuelven los conflictos.

Ceto explica que realiza su trabajo en coordinación con el Organismo Judicial, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. El sistema de justicia local, explica, se aplica sólo cuando el acusado está de acuerdo, de lo contrario es sometido al sistema ordinario. Los casos más recurrentes para las autoridades ancestrales son los relacionados a linderos, robos, problemas maritales y faltas en las vías públicas.

Ranulfo Rojas Cetina, magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue defensor público entre 1999 y 2005. Recuerda que pese a la existencia de traductores, en algunas ocasiones no se conseguía una interpretación adecuada, pues existen variantes en el idioma que provocan que parte de los testimonios o declaraciones estén incompletos.

Esto es lo que hace tan importante para muchos indigenas poder contar con un proceso en su idioma, según dice Petrona Velasco Brito, una mujer de la etnia ixil, jueza del Juzgado de Paz en Nebaj. La mayoría de sus audiencias son realizadas en su lengua y no en español. Una singularidad en el sistema ordinario del país.

Ceto y Velasco son el rostro del pluralismo jurídico en Guatemala. Ese que Pop e Ixchíu esperan que sea reconocido algún día en la Constitución.

Pero esta propuesta ha dado origen a una campaña mediática que se opone a reconocer la justicia ancestral y podría nuevamente cerrar las puertas para estos pueblos guatemaltecos. Y ahora más con la decisión de las autoridades indígenas, que dieron un paso atrás y acordaron no insistir en la inclusión de sus sistemas judiciales, para evitar que se estanquen las demás reformas del sector justicia.

Lee aquí la serie completa: Abogados de los Pobres en América Latina