Funcionó con Jimmy Morales en el Ejecutivo y está funcionando con Óscar Chinchilla en el Congreso. No tienen la firmeza, la autoridad, la preparación ni la credibilidad que requieren sus cargos. Puede que ambos tengan buenas intenciones, pero a estas alturas eso se traduce en negligencia, falta de honestidad y una gran irresponsabilidad. Los vacíos de poder son aprovechados por grupos que pueden gobernar desde la sombra y, en el caso del Legislativo, a plena luz del día y sin reparos.
Algunos diputados del Congreso (los mismos que celebraron descaradamente cuando Mario Taracena dejó la presidencia) llevan casi tres meses recordándonos, más bien restregándonos en la cara, que las decisiones que nos afectan en el país pasan y pasarán inevitablemente por sus manos. Manos que se apuran a firmar iniciativas de ley que las escuden de cualquier posibilidad de enfrentar la justicia, como la presentada el martes pasado y en la que solo la firma de Jaime Regalado (jefe de bancada del Movimiento Reformador —MR—) era legible, aunque contó con el apoyo de Alejandra Carrillo (MR) y Javier Hernández (Frente de Convergencia Nacional —FCN—), entre otros. Manos como las de Delia Bac (Alianza Ciudadana —AC—), Francisco Tambriz (AC), Laura Franco (FCN), Joel Rubén Martínez (FCN) y Carlos López Girón (Unidad Nacional de la Esperanza), que votaron ese mismo día para que esta iniciativa fuera conocida de urgencia nacional en el pleno. ¡De urgencia nacional! Quizá la urgencia es por la velocidad vertiginosa con la que el caso Odebrecht se acerca desde Brasil y les respira al cuello a muchos diputados, funcionarios y exfuncionarios públicos.
También en estos días pudimos escuchar a diputados como Juan Manuel Giordano (FCN) y Armando Melgar Padilla (FCN) aprovechando la coyuntura para tratar de desacreditar el trabajo del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A esta estrategia se sumaron Estuardo Galdámez (FCN) y Patricia Sandoval (FCN), que intentaron hacer un linchamiento político de la comparecencia ante el pleno del procurador de los derechos humanos, Jorge de León, por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, mientras muchos de sus colegas comían helado tranquilamente. Los mismos que cada día tienen la responsabilidad personal, legal y social, convocada en las urnas, de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de quienes habitamos este país.
Incrédulos y sumidos en la rabia y el dolor por la muerte de más de 40 niñas, supimos que Juan Ramón Lau (Todos) y varios diputados más proponían una iniciativa de ley para reformar el Código Procesal Penal que dejaría en libertad a quienes guardan prisión preventiva. La iniciativa fue calificada por el MP como una herramienta de impunidad. No es la única institución pública que se ha opuesto abiertamente a iniciativas que atentan contra la mayoría. El Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria manifestaron su rechazo a la iniciativa que otorga exenciones fiscales a ganaderos y a otros grupos agroindustriales y deja al Estado sin percibir más de 1 156 millones de quetzales al año en impuestos. Esta iniciativa fue aprobada el martes por más de 90 diputados, animados desde el palco por ganaderos que, a diferencia de autoridades indígenas en las últimas semanas, sí pudieron entrar al edificio y no fueron objeto de reproches por parte de los congresistas.
Ahora Édgar Ovalle (FCN) está cerca de perder la inmunidad por el caso Creompaz, y al momento de escribir esto no hay señales de su paradero. Según su bancada, los cólicos no le han permitido asistir al Congreso. Se sumaría así al grupo de más de 25 diputados (en su mayoría de FCN) con antejuicios en su contra. Algunos de ellos ya no gozan de inmunidad y en cualquier momento podrían ser capturados. Los mismos diputados que, con colegas como Luis Hernández Azmitia (MR), fueron frenados por la Corte de Constitucionalidad al tratar de crear más de 15 comisiones extraordinarias para percibir dietas y otros beneficios adicionales.
Nada nuevo bajo el sol, pero ¿qué más tiene que pasar? Son 158 diputados (con sus asesores, financistas y aliados) que tienen la vida y el futuro de más de 15 millones de personas en sus manos. Nuestras vidas y nuestros futuros. Manos poco diversas pero ágiles para asegurar los intereses de unos pocos a costa de los demás y que, según la Constitución, operan en nuestro nombre. ¡Se acabó el circo! No más en nuestro nombre.
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