De forma veloz, sin interrupciones por parte de la defensa, se llevó a cabo, este lunes 13 de mayo, la audiencia de reparación para las víctimas de genocidio y de delitos contra deberes de la humanidad.
Después de escuchar a las partes, el tribunal deliberó por unos minutos, antes de que la juez Yassmín Barrios indicara cuáles de las medidas de reparación propuestas por los querellantes adhesivos aceptaba el tribunal.
Las solicitudes aprobadas fueron las siguientes:
1. Los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y secretaría de la mujer, así como los ministros de Defensa y Gobernación deberán pedir perdón a las mujeres del pueblo ixil por la violencia de género ejercida en su contra. Los mismos deberán pedir perdón al pueblo maya-ixil por los actos de genocidio y delitos contra los deberes contra la humanidad. Lo harán mediante ceremonias en el Palacio Nacional y en las cabeceras Nebaj, Chajul y Cotzal. Por otra parte, el presidente de la República y el ministro de la Defensa deberán depositar en las alcaldías municipales de Nebaj, Chajul y Cotzal un pergamino que contenga las disculpas del gobierno y del ejército.
2. Las autoridades educativas de centros de formación policial, militar o cualquier entidad que desarrolle función de prevención, inteligencia e investigación, deberá incluir procesos educativos en materia de derechos humanos dirigidos a todo el personal.
3. Se ordenará la construcción de un monumento nacional en cada uno de los municipios mencionados en homenaje a las víctimas, en el que se visibilice la violencia de género sufrida por las mujeres, y la violencia contra la niñez.
4. Se pondrán en marcha centros de estudio de preprimaria, primaria, secundaria, diversificado y universitario en los tres municipios ixiles.
5. El ejecutivo incluirá dentro del Programa Nacional de Resarcimiento el genocidio y los delitos contra los deberes de la humanidad como motivo de resarcimiento.
6. Se construirá en la región ixil un centro cultural para el rescate y la promoción de las expresiones culturales dirigido a la recuperación de la memoria histórica y la no repetición de actos en contra de la libertad de pensamiento y la integridad cultural de los pueblos.
7. El Ministerio Público, a través de un mural dedicado al pueblo maya-ixil, reafirmará su compromiso para contribuir a un sistema de justicia respetuoso de la diversidad cultural.
8. El 23 de marzo de cada año se conmemorará el día nacional contra el genocidio.
9. Se difundirá el contenido de la sentencia emitida por el mismo tribunal a través de los medios de comunicación nacionales públicos y privados.
10. Se creará un museo itinerante que promueva el respeto de la identidad de los pueblos, la convivencia pacífica y la no repetición de actos violatorios a los derechos humanos.
Las solicitudes denegadas
El tribunal no estableció plazos para estas medidas de reparación. Las medidas aceptadas por el tribunal son de carácter simbólico o servirán para promover el rescate de la memoria histórica. Sólo dos excepciones: la medida que atañe al programa nacional de resarcimiento, la cual permitirá una compensación económica a las víctimas de la violencia en tierras ixiles, y la medida relativa al desarrollo del sistema educativo en esa misma región.
Las solicitudes de carácter eminentemente político que pidieron los querellantes adhesivos fueron rechazadas por el tribunal. Entre estas, que se regule la implementación del artículo del convenio 169 de la OIT referente a las consultas comunitarias en territorios indígenas, o que se ejecute un plan de desarrollo económico para los municipios ixiles que contemple servicios de atención médica, psicológica, psicosocial, educación, infraestructura vial y generación de electricidad. Los jueces tampoco aceptaron la restitución de unas tierras que el Estado nacionalizó en 1982, arrebatándolas al ejido de Nebaj. Esta es una de las principales reivindicaciones de la alcaldía indígena de Nebaj y de los campesinos que, a día de hoy, trabajan esas tierras.
Otra solicitud rechazada fue que se legislara con el fin de sancionar penalmente toda expresión que niegue el genocidio, así como las manifestaciones de contenido racial y discriminatorio. Una ley de esta naturaleza prohibiría, por ejemplo, comunicados como el que emitió el día lunes el Cacif, negando que en Guatemala haya ocurrido un genocidio. Once países europeos, así como Israel, tienen leyes que permiten la persecución penal de la negación de la Shoah, el genocidio contra los judíos llevado a cabo por el Tercer Reich.
La juez Yassmín Barrios, que se limitó a citar las medidas aprobadas y las rechazadas sin justificar su decisión, tampoco tomó en cuenta la solicitud de la Asociación Justicia y Reconciliación de rebautizar la Avenida de la Reforma en Avenida de la dignidad del pueblo ixil.
No obstante, los querellantes adhesivos celebran la decisión del tribunal. “El tema principal era la dignificación de la memoria histórica, y eso sí lo pudimos lograr”, expresó Héctor Reyes, abogado de Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos.
La defensa de los acusados reaccionó ante las solicitudes de los querellantes adhesivos expresando que estas últimas no iban en contra de las dos personas individuales acusadas, sino en contra del Estado de Guatemala y de la ciudadanía. “El Estado no fue citado, oído ni vencido en el juicio, y por lo tanto, condenar a alguien que no pudo defenderse sería inconstitucional,” expresó el abogado Francisco Calderón.
Al final de la audiencia, el abogado Francisco García Gudiel expresó ante la prensa: “Imagínese que van a ser integradas 1726 víctimas en el Plan Nacional de Resarcimiento. ¿Cuántos millones pueden ser? Por lo menos ellos van a pedir unos 200 o 300 millones de quetzales, que van a salir de los impuestos nuestros.”
Yassmín Barrios puntualizó que “en ningún momento se condena al Estado de Guatemala. Las formas de reparación aceptadas no constituyen una condena al Estado, sino la utilización de los mecanismos adecuados para hacer efectivo el derecho a reparación a las víctimas”.
