No obstante, quisiera iniciar este comentario aportando lo siguiente: sea como sea, no podemos negar que hay libertad de expresión. Se puede criticar a un personaje, a una empresa, a una posición ideológica, a los periodistas, a los columnistas, se publican estereotipos, se expresan resentimientos, se evocan sentimientos… finalmente se expresa “lo que a uno le da la gana”. En otros contextos y en otros tiempos, esto simplemente no solo hubiera sido imposible sino impensable. Pero esto no es la panacea, hay muchas dificultades y se hace necesario comenzar a enfrentarlas.
Cada vez más, a pesar de sus imperfecciones, el sistema democrático provoca que se discuta una serie de temas que tienen relación con la tutela y garantía de aquellas libertades fundamentales que son propias de dicho sistema. Entre ellas, lo relacionado con el derecho a la información y todos los ámbitos que se desprenden de él, como el de la libertad de expresión y opinión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información pública, entre otros. Para muchos esta temática no representa ninguna relevancia, ya que se desconoce su alcance e importancia en una democracia. Para otros, es indiferente, pues lo consideran que es propio de aquellos que se dedican al periodismo y la comunicación, por lo tanto, es una discusión con un sesgo corporativista.
Merece la pena aclarar que el derecho a la información es un tema concerniente a todas las personas. Es un derecho humano, el cual todos podemos y debemos ejercer y que el Estado está en obligación de garantizar. Para ello, se hace necesario contar con las normas mínimas, pero también con una pertinente autorregulación de parte de aquellos actores que se dedican a la elaboración y difusión de mensajes. No quisiera entrar en detalle en el tema de la autorregulación, pues considero que esa temática ha sido suficientemente debatida en los últimos tiempos, no obstante, creo que sus resultados no han sido efectivos o al menos favorables, tanto para la sociedad como para el mismo gremio periodístico.
Lo que quisiera poner en el centro del debate es la necesidad de iniciar una deliberación pública que nos conduzca a analizar todo el entramado legal que contiene las normas que son el asidero de la relación entre el Estado, sociedad e información. Si cada vez más tratamos como sociedad de ir generando normas que nos ayuden a lograr un sistema más democrático, también debemos esforzarnos por tener normas que ayuden a garantizar plenamente el derecho a la información. Por ello, desde el mundo académico, especialmente las escuelas de comunicación y de derecho deben ser las primeras en generar foros de discusión que permitan analizar las leyes, tanto las ya existentes, como la aprobación de aquellas otras que existen dentro del sistema legal guatemalteco.
No se puede pensar en una democracia plena mientras se cuente con leyes en esta área que o son obsoletas, excluyentes, restrictivas o que plantean estructuras judiciales que en la práctica son sinónimo de impunidad. El desarrollo de las tecnologías de la información presentan una realidad que se antoja laberíntica, y por lo tanto, el Estado debe proveer herramientas, marcos normativos y procedimientos que permitan enfrentar dicha complejidad. La tutela del derecho a la información no puede implicar la violación a otros derechos como el de la honra, la imagen y la intimidad. O por otra parte, tampoco puede pensarse que el mismo se cumple simplemente con la garantía de la libertad de prensa. Hay que abrir espacios, hay que invertir tiempo, hay que poner voluntad. Discutir estos temas pone en peligro la mentalidad corporativista y autoritaria de algunos actores sociales en el país, especialmente de aquellos que aprovechan la información para seguir teniendo prebendas y privilegios. A pesar de que el camino se vea cuesta arriba, los argumentos técnicos, teóricos y doctrinales pueden ayudar a allanarlo.
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