Del 9 de septiembre al 19 de octubre, docentes, investigadores y estudiantes podrán conocer hallazgos de investigación y reflexionar sobre ellos. A lo largo de la Semana Científica se muestra a toda la comunidad landivariana y a la sociedad guatemalteca el trabajo de investigación científica que realiza la academia con base en las necesidades del país.
En este contexto, considero oportuno reflexionar sobre la relación entre universidad y política, tema que es parte de mi tesis doctoral La comunicación en la gestión de la investigación universitaria: estudio de caso sobre su impacto cognitivo y social. Las inquietudes que orientaron este esfuerzo investigativo fueron, entre otras, las siguientes: ¿qué arriesga una entidad académica al involucrarse en procesos de interacción con la sociedad?; ¿cómo se gestionan tales procesos de interacción más allá del impacto que puede suponer la presentación de un texto escrito?; ¿cómo comunicar los resultados científicos y cómo estos se convierten en ingredientes para quienes toman decisiones en el ámbito empresarial y de la administración pública?; ¿cómo la producción de nuevo conocimiento circula y se convierte en un factor transformador?; ¿pierde credibilidad un centro de investigación si se involucra en procesos de interacción más allá del ámbito propiamente académico o, por el contrario, su credibilidad y su reputación crecen al reconocerse su influencia en generar cambios?; ¿cómo proceder cuando la interlocución presenta desinterés, incapacidad o indiferencia?
Una de las vías que suelen utilizarse para vincular los resultados de investigación con la sociedad, específicamente con actores académicos, es mediante obras escritas (libros, artículos científicos) o con el apoyo de canales de comunicación oral (conferencias, pláticas, entrevistas radiales y televisivas). Subyace en esta perspectiva la confianza en que la funcionaria pública, el político o una lideresa social leerá, comprenderá y aplicará los aspectos teóricos y técnicos revelados en el informe científico.
Para las entidades dedicadas a la producción de nuevo conocimiento es un desafío permanente trascender esta perspectiva de comunicación, basada fundamentalmente en el uso de formas (publicaciones, participaciones orales) y canales de comunicación tradicional (revistas, libros, entrevistas). Si bien resultan útiles para divulgar resultados de investigación entre la comunidad científica, presentan limitaciones para influir en la dinámica sociopolítica. Se requiere entonces identificar qué tipo de espacios, sujetos y estrategias diferenciadas de gestión de la comunicación es necesario para establecer, nutrir y fortalecer los vínculos sostenidos entre el campo académico y el político.
Tales espacios deben ser examinados cuidadosamente en términos de tiempo, recursos invertidos e impactos alcanzados. Las dinámicas políticas tensionan el tiempo dedicado a la investigación, y un mal entendimiento de la incidencia de una entidad académica puede conducir a que esta pierda su principal activo: la calidad y la credibilidad de su producción científica, basadas en el rigor académico. Así, se advierte la necesidad de gestionar la tensión resultante entre las dinámicas investigativas y las políticas a fin de resguardar la credibilidad y la calidad de la producción científica.
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Al tomar el camino de empalmar los resultados de investigación con las expectativas que diversos sectores tienen sobre el aporte de una entidad universitaria, es preciso disponer de criterios que coadyuven a discernir sobre las formas universitarias más adecuadas y efectivas para relacionarse con diferentes tipos de actores (empresariales, sociales, de administración pública) y no debilitar su reputación. La pretensión de las universidades de contribuir a la transformación de la sociedad coloca a estas insoslayablemente en el ámbito político.
Por consiguiente, amerita esclarecer tal relación. Para ello se siguen las ideas expuestas por Ignacio Ellacuría en un artículo publicado en la revista Estudios Centroamericanos (ECA) y compilado en el tomo I de sus escritos políticos [1]. En dicho trabajo, el autor argumenta sobre la necesaria politización de la universidad y precisa el lugar que ocupa la proyección social en el conjunto de funciones que cumple una universidad situada en un contexto de desequilibrio social y de negación de la verdad y de la justicia.
Como se detalla más adelante, Ellacuría identifica algunos criterios orientadores para integrar adecuadamente la dimensión política y la académica. Tales criterios sirven de referentes ante el peligro de adoptar una posición más política que académica o universitaria. La preocupación del autor es «cómo encontrar el modo universitario de la incidencia política que enriquezca universitariamente la praxis política y encontrar la versión política del hacer universitario que potencia la labor formalmente universitaria» (Ellacuría, 2005, pág. 18).
En lo concerniente a la politización de la universidad, el autor sostiene los siguientes argumentos. Por un lado, arguye que la politicidad de la universidad se deriva de que esta no puede sustraerse o aislarse de la sociedad. Por otro, cumplir con su misión universitaria (esto es, preparar con los más altos estándares académicos y profesionales y desarrollar investigaciones útiles) requiere establecer una diversidad de relaciones fecundas con el Estado, las empresas y el conjunto de actores que integran la sociedad. Dicho de otro modo, sin esa interacción social la misión universitaria afrontará mayores dificultades para su cumplimiento.
Ellacuría demuestra que tal interacción —con distintas maneras de relacionarse— opera en una realidad sociopolítica que configura a la misma universidad y que al mismo tiempo la universidad contribuye a configurar tal realidad. Aquí radica el núcleo central de la relación universidad-política. En palabras del autor, la politicidad de la universidad se entiende como «el hecho y la necesidad de estar conformada en algún modo por lo que es la realidad sociopolítica en la que se da y el hecho y la necesidad de conformar en alguna medida esa realidad sociopolítica» (págs. 18-19).
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Para reforzar el postulado anterior, el autor considera que una universidad debe involucrarse en política por las siguientes razones: 1) cualquier formación social avanzada necesita a la universidad para reproducirse y mejorarse; 2) enseñar técnicas que mejoren el equilibrio social y proporcionar gente preparada y adecuada a las necesidades del sistema social es un imperativo de la universidad y 3) las necesidades sociales se presentan como desorden establecido (factor teórico) y como injusticia institucional (factor ético), de modo que la obligación teórica y ética de incidir en lo social se convierte en obligación teórica y ética de incidir en lo político.
Como se dijo arriba, el autor expone algunos criterios orientadores para integrar adecuadamente las dimensiones política y académica. La proposición general es reconocer la existencia de la tensión entre ellas. Una adecuada gestión de la investigación es aquella que logra administrar tal tensión y que evita afianzarse en los extremos: por un lado, una politización absoluta que niega la identidad universitaria y, por otro, la pretensión de la neutralidad científica y profesionalizante, que niega la realidad política de la universidad (pág. 22). A fin de evitar la inclinación hacia estos extremos, Ellacuría aconseja que la acción política universitaria se base en los siguientes criterios:
1) La labor política de la universidad debe ser realizada por los universitarios en tanto universitarios y por la universidad en tanto universidad.
2) Se debe producir saber crítico y saber técnico y multiplicar ese saber de manera que responda a lo que aquí y ahora es una determinada sociedad en su conjunto.
3) Lo que debe incidir en la realidad es formalmente la totalidad multidisciplinar de la universidad, aunque algunas partes de esa totalidad también se ponen al servicio de esa incidencia de un modo tal vez indirecto pero esencial al ser elementos indispensables de esa totalidad, de modo que sin ellas esta sería deficiente.
4) Una universidad elabora universitariamente su politicidad fundamental cuando entre sus diversas funciones —docencia, investigación y proyección social— se le da el máximo rango directivo a la proyección social, de manera que esta determine últimamente a las otras aunque también sea determinada por ellas (págs. 24-31).
Estos criterios tocan cuatro ámbitos muy definidos: 1) identidad universitaria, 2) una politicidad basada en productos de investigación útiles y validados científicamente, 3) dicha proyección realizada como sistema y 4) la proyección social como función determinante de las anteriores.
En estrecha interconexión con la politicidad de la universidad, pero ahondando en la noción de incidencia desde un modo universitario y con restricciones de recursos humanos y financieros, Ellacuría introduce la categoría de la proyección social, que él concibe como la «incidencia inmediata de la universidad como un todo sobre el todo de la sociedad o sobre algunas fuerzas estrictamente sociales» (pág. 31).
Esta manera de entender la incidencia y la proyección social implica que todas las unidades académicas se preocupen por estar conectadas con los procesos sociales y respondan a los retos desde su naturaleza universitaria. La base de la incidencia y de la proyección social es la existencia de productos de investigación gestados con el mayor rigor académico.
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[1] Ellacuría, Ignacio (2005). Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989), 2a. reimpresión, volumen I. El Salvador: UCA Editores.
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