Lo que se pretendía era que con el tiempo fueran las instituciones las que controlaran y gobernaran, y no las personas.
Lamentablemente aún dependemos mucho de los hombres y mujeres que están en los cargos públicos, y cada vez que se presentan elecciones, el país se tambalea. Por no ser respetuosos a nuestras instituciones, y no estar gobernamos bajo un estado de derecho y regidos bajo el imperio de la ley, nuestra historia está llena de agendas y luchas personales de poder, en la que muchas veces no se han tenido los instrumentos para negociar las diferencias, dejando a nuestras instituciones muy débiles y desgastadas. Desde el inicio de la historia de Guatemala, el control del poder se ha visto afectado por un movimiento pendular en el que se pasa de una situación extrema a otra.
Una república bien cimentada puede garantizar que a largo plazo los derechos ciudadanos sean respetados y el uso del poder sea limitado, sin importar las capacidades, procedencia, afinidad ideológica e intenciones de quien llegue a dirigir el gobierno. Únicamente una república con pilares fuertes puede asegurar a Guatemala un futuro libre del ejercicio arbitrario del poder. En una república, el poder del Estado proviene de la anuencia de los gobernados y se debe a las instituciones bien formadas que tengan funciones definidas. Para que una república sea eficaz y cumpla con el objetivo de proteger la libertad de los ciudadanos, el gobierno debe contar con poderes divididos y limitados por leyes claras. De esta manera se reducen al mínimo las probabilidades de que uno de los poderes actúe arbitrariamente.
Un sistema republicano busca la defensa y protección de la libertad de los gobernados. En la tradición republicana, la libertad se entiende como no dominación. En esta concepción, la libertad exige que nadie sea capaz de interferir caprichosamente en las elecciones de la persona libre. En épocas anteriores a la república se hablaba de libertad en plural. Las libertades eran conquistadas por los ciudadanos, o bien otorgadas como dádivas y concesiones por el monarca o jefe de turno. La tradición republicana concibe a la libertad como una e inherente a la persona, e identifica al Estado como la entidad que tiene el deber de proteger y hacer respetar dicha libertad. En consecuencia, el ciudadano puede exigir al Estado el cumplimiento de dicho deber.
Nuestra Constitución actual inicia con un capítulo dedicado a la garantía al respeto de los derechos ciudadanos, continúa describiendo las funciones de los tres poderes del Estado y sus límites. En adición, introduce órganos independientes de control: la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y la Fiscalía General de la Nación.
Para que pueda existir una convivencia pacífica y sea la república el sistema que mantiene el orden en una sociedad, es necesario que tanto gobernados como gobernantes se sometan a los mismos principios. Para lograrlo se requiere de al menos estos seis pilares: 1) Independencia de poderes, 2) separación Estado-sociedad civil, 3) seguridad ciudadana, 4) control del gasto público, 5) economía independiente y 6) comunicación neutral.
Actualmente nos estamos alejando cada vez más de fortalecer estos seis pilares. Vemos como no existe una clara división entre las funciones de los diputados y el presidente de la república. Se sabe de diputados que refieren personal al ejecutivo, otros que tienen organizaciones que elaboran infraestructura pública y muchos que no respetan el listado geográfico de obras. Por otro lado, pareciera que en algunas ocasiones el ejecutivo no guarda distancia con algunas instituciones de la sociedad civil y no protege a todos los ciudadanos. Se les permite obstaculizar carreteras, tomar edificios públicos y se consienten abusos e irrespeto a la ley.
Respecto a la seguridad ciudadana, actualmente 7 de cada 10 ciudadanos comentan que es el problema prioritario a resolver. Cada hora muere un guatemalteco por delincuencia y muchos casos se quedan impunes. En relación al gasto público, actualmente contamos con el déficit fiscal más grande en los últimos 20 años (más del 3% de la producción nacional), con más de 20% de deuda, invirtiendo los recursos en programas poco transparentes y sin conocer su rentabilidad. Muchos de ellos de corte populista. Nuestra economía no está sana y equilibrada. Crecemos a un ritmo similar a la población, y no ahorramos prácticamente nada. Apenas logramos generar un 10% de los 200,000 empleos nuevos que se requieren al año. Estamos lejos de contar con una tecnocracia eficiente y cada vez vemos más, una burocracia politizada y presionada para actuar partidariamente. Y, la comunicación del gobierno, es cada día menos ecuánime.
Podemos decir que la estrategia de comunicación del ejecutivo ha sido muy buena en el sentido de “transmitir una visión”, pero está muy lejos de ser neutra. Desde un principio se contó con un solo valor, “solidaridad”, y la designada como futura candidata fue figura principal desde un inicio en la mayoría de los anuncios.
La división de poderes es un principio tradicional de la república. Es importante limitar la acción de quienes ejercen el poder con el fin de evitar su abuso. Esperamos que el nuevo gobierno fortalezca la república. La soberanía de la misma recae en los ciudadanos, aunque estos la ejerzan de manera representativa al cederla parcialmente a los funcionarios y representantes que eligen libremente. Este 6 de noviembre, no deje de votar. Usted está decidiendo quién lo representa.
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