«En 2015 los pueblos no fueron tomados en cuenta, ahora es al revés»
«En 2015 los pueblos no fueron tomados en cuenta, ahora es al revés»
Desde 2015, cuando surgió una ola en contra del gobierno del Partido Patriota, no se habían registrado convocatorias tan constantes en distintos puntos a nivel nacional. Hoy, a diferencia de aquel momento, son los pueblos indígenas quienes llevan la batuta y los que han dado el primer paso en rechazo a la crisis en el sistema de justicia y especialmente en el Ministerio Público (MP). Rigoberto Quemé, antropólogo e investigador; y la lideresa indígena de Sololá, Teresa Pablo Saloj lo explican.
Teresa Pablo Saloj no ha dormido en su casa desde hace nueve noches. Salió de la aldea Chaquijyá, Sololá, hace más de una semana para unirse al paro nacional.
Acudió a la convocatoria realizada por la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca, Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, el Movimiento Social Q’eqchi’ de Cobán, la Asociación Indígena de San Francisco el Alto, la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán, el Consejo de Autoridades Ancestrales de los siete municipios de Totonicapán, y la Alcaldía Indígena Ancestral Municipal Maya Ixil de Nebaj, Quiché. Teresa es maya kaqchikel y, desde hace décadas, es parte de las distintas organizaciones consolidadas en Sololá. Hoy es una de las lideresas que se manifiestan ante los atropellos al proceso electoral.
Decenas de líderes comunitarios mayas y xinkas han pernoctado desde el 2 de octubre (nueve días al cierre de esta nota) frente a las instalaciones del MP, en la ciudad de Guatemala. Los del rango más alto en la jerarquía de las organizaciones comunitarias —algunos también de mayor edad—, se instalaron en ese lugar; el resto tomó distintos puntos de las carreteras más importantes del país. El fin de semana sumaron 94 manifestaciones simultáneas en toda Guatemala, según reportes de Provial, el lunes llegaron a 143.
Para las alcaldías indígenas, comités, Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de pueblos indígenas, es momento de organizarse y tomar acciones conjuntas cuando se presenta una situación que va en contra del bien común. «Cuando vemos una injusticia, nos levantamos… Esta vez, atropellaron las garantías constitucionales que custodian nuestros votos», resume la lideresa.
La indignación, dice Teresa Pablo, surgió del repudio a la corrupción y exclusión del Estado. Estamos indignados de que solo se otorgan amparos a favor del CACIF en vez de a favor de la población, señala. «Desde el momento en que nosotros venimos acá, con nuestros líderes y nosotros como lideresas también nos hemos involucrado en esta lucha pacífica”, agrega. También dice que las comunidades están conscientes de que esto es algo histórico, que lo que se necesita es un cambio, porque las comunidades y la población están cansadas de la corrupción, la exclusión, la cooptación de las instituciones. «No importa si llegamos a ser mártires, hasta a eso estamos dispuestos, a dar la vida por el pueblo», dice, con voz firme.
La motivación de las organizaciones indígenas, sintetiza Teresa Pablo, es detener las anomalías realizadas contra el proceso electoral. Pero más allá de eso, encauzar el sistema para garantizar un Estado más incluyente para sus hijos.
«Es una alineación perfecta»
Rigoberto Quemé es antropólogo, desde Quetzaltenango cuenta a Plaza Pública cómo el Estado está diseñado para protegerse, aunque a veces deja ver rajaduras.
Quemé describe este momento como caótico pero predecible. El poder político, explica, esa matriz colonial de poder que hemos tenido siempre, lleva a la población al borde de la desesperación. Entonces la gente reacciona y el poder lo aprovecha para aplicar represión y con eso apagar los fuegos. De esa forma, siguen con el sistema político y económico que se ha mantenido toda la vida. «Hay una alineación perfecta entre las instancias y espacios de poder dentro del Estado para protegerse, para que no haya ningún cambio que afecte sus intereses», explica Quemé.
Anteriormente, como ahora en cierta medida, uno de los principales problemas es la pasividad y apatía de la sociedad. «Esta vez no ocurrió, afortunadamente, pero en otras ocasiones las autoridades indígenas se quedan solas e incomprendidas. Hoy hay una reacción creciente de jóvenes empoderados que se dan cuenta que el sistema no funciona para nadie y asumen un papel de lucha», dice el antropólogo. Sin embargo, aclara que aunque hoy las manifestaciones pueden ser numerosas, el grueso de la población aún permanece indiferente, apáticos a lo que está pasando. Al parecer, esa población no termina de comprender que el ahogamiento de la democracia afecta a todos por igual e incluso a futuras generaciones. No se han percatado de que las acciones que hoy vemos también van a afectar a sus hijos pues los problemas de ahora se pueden multiplicar si la población permite que el poder político corrupto se consolide.
Aunque el detonante de la movilización fue un suceso particular —el constante ataque al proceso electoral—, los implicados tienen claro que esto no es aislado ni coyuntural, sino estructural. Lo que está en riesgo ahora es el concepto de democracia, que nunca ha sido consolidado pues por años han existido limitaciones a la libertad de los pueblos indígenas, así como condiciones de vida sujetas a una economía desigual, atrapada y colonizada.
«Aquí nadie se conmueve ante el sufrimiento de las comunidades», señala Quemé.
La reserva moral de las comunidades
En comparación con las movilizaciones del 2015, en esta ocasión el liderazgo es ejercido por las comunidades indígenas, agrupadas en distintas organizaciones que han funcionado por cientos de años. En el caso de los 48 Cantones de Totonicapán, por más de 200 años.
«La lucha contra la corrupción en 2015 fue de clase media contra las autoridades. Yo estuve en esas manifestaciones en la ciudad de Guatemala y también en Quetzaltenango, era un movimiento mayoritariamente urbano de clase media y de una izquierda que ha ido debilitándose», considera Quemé. En cambio, ahora nace de las comunidades porque no toleran más la corrupción del Estado, que es como una mancha que se difunde y llega a las comunidades; y es ahí donde afecta más. Quemé insiste en que hay una diferencia entre 2015 y el escenario actual, pues en ese tiempo los pueblos no fueron tomados en cuenta. Ahora es al revés, el protagonismo es de los pueblos. Mientras que en la ciudad capital el espíritu del 2015 apenas empieza a levantarse.
Pero el problema, matiza, es que debería ser una lucha articulada de todos, no solo de pueblos o de izquierda, sino de una población total que lucha contra un sistema que ha sido corrupto por más de 500 años.
Para Quemé, quien además ha sido investigador del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos, y también el primer alcalde indígena de Quetzaltenango, el hecho de que sean los pueblos los líderes de estas movilizaciones representa que existe una reserva moral en las comunidades. «Las comunidades de Guatemala viven de forma precaria a raíz de la indiferencia y racismo del Estado, entonces creo que es una lucha justa y legítima, de personas que buscan un mejor futuro para sus hijos», agrega.
En las comunidades, asevera, a diferencia de los cascos urbanos —aunque hay ausencia de educación por parte del Estado—, existe un espíritu aún reflexivo, crítico y combativo, además de que hay una organización que funciona de forma efectiva.
«Siempre las comunidades han sido autosuficientes ante el abandono del Estado. Siempre han luchado por sus propios medios, tratando de sobrevivir. Eso hace que estén más organizadas, más luchadoras, siempre con espíritu de defensa», concluye.
Un movimiento voluntario y pacífico
Ante las acciones orientadas a un paro nacional indefinido, se han hecho señalamientos infundados contra los manifestantes organizados.
La noche del 9 de octubre, por ejemplo, grupos de personas que fueron identificadas como infiltrados por la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron actos vandálicos en la Plaza de la Constitución, en donde se encontraba un grupo de manifestantes y agentes antimotines. Luego de las provocaciones de ese grupo de personas infiltradas, la policía lanzó gases lacrimógenos y capturaron a seis personas, entre ellas cuatro guatemaltecos y dos venezolanos. Las acciones violentas, sin embargo, no responden a las directrices del movimiento liderado por organizaciones indígenas.
Los dirigentes de las comunidades han sido enfáticos con la población al decir que no serán admitidas acciones violentas, pintas, destrozos a propiedad pública o privada, porque se trata de una lucha persistente pero sobre todo pacífica.
«Nosotros no atacamos con armas, no tenemos, pero atacamos con sabiduría e inteligencia y con la ayuda de Dios», aclara Teresa Pablo.
«También dicen que hemos sido pagados y eso es mentira porque estamos aquí voluntariamente. Cuando venimos el lunes (2 de octubre) pensamos que el Presidente nos iba a escuchar ese día y solo trajimos preparado nuestro desayuno y almuerzo», relata. Teresa también cuenta que ese día se levantaron temprano y prepararon lo necesario: tortillas, huevos, chirmol, según la capacidad de cada dirigente. Sin embargo, no fueron recibidos con las puertas abiertas por las autoridades, así que tomaron la decisión de seguir adelante con la resistencia.
Desde hace mucho tiempo, dice la lideresa de 49 años, no solo ahora, los pueblos indígenas han sido oprimidos, vulnerados y excluidos. «Ahora no nos atacan con armas sino con el alza de precios de la canasta básica. Entonces nosotros también tenemos que utilizar nuestra capacidad intelectual para defendernos», asegura. Ahora, por ejemplo, las organizaciones indígenas reciben el apoyo de abogados, quienes también forman parte de la colectividad de las comunidades. Son ellos quienes ad honorem realizan los escritos y documentos legales que las organizaciones han presentado ante las distintas instancias de justicia, ante el Ejecutivo y el Congreso.
Aunque las comunidades están acostumbradas a ser autosuficientes, Teresa Pablo reconoce que sin el respaldo de organizaciones sociales y particulares que han apoyado con alimentación y servicios básicos a los manifestantes, sería difícil continuar con la consigna: No retirarse hasta que no renuncien los funcionarios que han atentado contra la democracia del país. No son acciones a favor de un partido político, insiste, sino en defensa de la democracia.
Una lucha movida por la indignación
Antes de provocar el paro de hasta 143 puntos del país, las comunidades agotaron una serie de opciones legales y burocráticas para plantear y explicar sus preocupaciones ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, sus inquietudes no fueron atendidas ni resueltas.
La falta de escucha a las comunidades indígenas tampoco es algo reciente, sino que ha sido parte de un comportamiento excluyente de parte del Estado, asegura Quemé. Los pueblos indígenas son pueblos silenciados. «Siempre hay otros que hablan por los pueblos indígenas, aunque el sistema político de Guatemala constantemente se refiere a ellos, en realidad usurpan el derecho que estos tienen de hablar, y cuando lo hacen, piensan que sus demandas no son válidas», explica.
Es ahí cuando se manifiesta el racismo del Estado, también en acciones más concretas. Por ejemplo, cuando la PNC se pone al servicio de grandes empresas para desalojar comunidades en sus territorios usurpados a través del Estado. Son casos en los que hay legitimidad de la propiedad de la tierra, pero no hay legalidad según el Estado.
«Cuando vemos cómo el Estado usa mecanismos para desalojar a las comunidades más pobres, ahí es donde se manifiesta el racismo. Esto lo normalizan desde las ciudades, a nadie les sorprenden estas acciones porque el racismo también se ha instalado en la mente de la población urbana. Ahora no sorprendería que las fuerzas se vayan contra las comunidades a partir de estas acciones», concluye.
Más de este autor