Abelina, la redentora
Abelina, la redentora
Sus resoluciones favorecen a las cabezas del gran saqueo de fondos del Estado revelado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Es además una jueza con vocación empresarial. Mientras sus fallos son blandos con los principales encartados, son severos con los delatores que revelaron los secretos de la depredación. Pero ella sólo es parte de un engranaje que abarca a distintas instancias de la justicia.
Abelina Cruz Toscano cumplió un año en el Juzgado de Mayor Riesgo D que concentra buena parte de los casos de gran corrupción que se investigaron y presentaron ante la justicia durante el mandato de CICIG. Antes, era una juez poco conocida. Su gestión al frente de este juzgado ha estado marcada por resoluciones que favorecen a los actores de las tramas de corrupción.
Dos exministros de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, una de las dependencias que concentra los mayores volúmenes de fondos públicos -en seis años de gestión, los dos señalados manejaron Q35 mil millones (US$4 mil 716 millones)-; los exdiputados y ex candidatos a la presidencia Manuel Baldizón y Estuardo Galdámez, así como los operadores políticos en la elección de cortes de justicia, Roberto López Villatoro y Gustavo Alejos, son algunos de los favorecidos. Alejos, además ha sido proveedor de medicamentos al Estado y recaudador de fondos para campañas políticas. En algunas de sus resoluciones, Cruz ha seguido las órdenes de instancias superiores que se encaminan hacia el mismo propósito: revertir los procesos iniciados en el embate contra la corrupción. En otras, ha actuado por criterio propio.
Aunque Cruz ha preferido no explicar sus resoluciones, se le buscó para abordar varios temas sobre su desempeño y sobre la incompatibilidad de sus actividades comerciales con su función judicial. El 10 de enero se planteó la solicitud de entrevista, con posibilidad para realizar del 13 al 17 de enero, una semana antes de esta publicación. La secretaria del juzgado estuvo a cargo de la interlocución y el miércoles 15 comunicó la anuencia de Cruz, que pidió conocer las preguntas y ese mismo día se presentó un cuestionario al despacho. Debido a que su agenda está muy ocupada, la jueza ofreció la posibilidad de la entrevista durante febrero.
El cangrejo
Guatemala experimentó en 2024 un fuerte retroceso en el esclarecimiento judicial de los casos de gran corrupción que se desvelaron durante el mandato de la CICIG. Una articulación de piezas en las cortes de justicia, el tribunal constitucional y el Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, han montado el escenario para la salida en caballo blanco de decenas de exfuncionarios y políticos acusados por actos de corrupción.
El carpetazo en varios casos en el juzgado de Cruz ha ocurrido sin llegar a examinar pruebas ni argumentos sobre la responsabilidad penal de los imputados. Los procesos han sido desbaratados o están a punto de desvanecerse por cuestionamientos hacia los mecanismos de investigación, el propio curso del proceso o la anulación de convenios con delatores (colaboradores eficaces).
Las piezas que arman el escenario de impunidad provienen de las altas cortes de justicia, del Ministerio Público a cargo de la fiscal general Consuelo Porras que cumple su segundo mandato, por designación del expresidente Alejandro Giammattei, y de las decisiones que se toman en el tribunal constitucional. Mientras, decenas de jueces y fiscales que persiguieron la corrupción hoy están en el exilio, sometidos a procesos penales.
La erosión en el sistema de justicia penal impulsó la llegada y el ascenso de jueces y fiscales que favorecen el retroceso. Una de las juezas que ascendió en esta época es Abelina Cruz y tiene bajo su dirección algunas de las principales causas anticorrupción.
El acceso a las resoluciones judiciales se ha convertido en una misión imposible. No todos los abogados que actúan en los casos reciben las notificaciones de todos los procesos, según testimonios recogidos durante este reportaje, pero que no pueden ser citados porque las fuentes temen represalias. En los despachos judiciales y otras instituciones públicas se niega el acceso a las resoluciones por reserva judicial o porque sólo pueden ser conocidas por las partes procesales. La jueza ha celebrado algunas audiencias a puerta cerrada, por petición de los sindicados y/o de la fiscalía. En octubre pasado, por ejemplo, Cruz se reunió a puerta cerrada con la fiscal Sofía Castillo, a cargo del expediente Construcción y Corrupción, según reportes del diario La Hora. La Procuraduría General de la Nación planteó una queja ante el Organismo Judicial, ya que la reunión constituye una falta de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de la Carrera Judicial.
Sin posibilidad de tener acceso a los razonamientos en las resoluciones, los reportes de prensa son la única manera de mostrar que los expedientes, como los cangrejos, caminan de lado y hacia atrás.
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El caso Construcción y Corrupción evidencia una contradicción en las resoluciones del Juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de Abelina Cruz. Anaelisse Herrera fue durante más de diez años asistente de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones (2012-2015) y excandidato a la presidencia por el Partido Patriota (PP). Sinibaldi fue sujeto de cuatro expedientes de investigación por significativos actos de corrupción relacionados con la captación de fondos para la campaña del PP, la adjudicación de obra pública y el cobro de sobornos a constructores para agilizar los pagos de la cartera de Comunicaciones.
En 2017 la CICIG y el MP informaron sobre una presunta estructura liderada por Sinibaldi que, como integrante del Partido Patriota evadió reportar fondos de campañas ante las autoridades electorales, y como ministro de Comunicaciones dirigió el cobro de sobornos a constructores a cambio de adjudicaciones o de la autorización para el avance de pagos por obras en desarrollo. Los sobornos se captaban y blanqueaban, según la investigación, mediante empresas relacionadas con el exministro.
En 2018, Herrera se convirtió en colaboradora eficaz en el caso y relató diferentes modalidades de captación de fondos públicos, compra de bienes y pago de sobornos dirigidos por Sinibaldi. La declaración que Herrera ofreció como anticipo de prueba se reprodujo en la audiencia de primera declaración contra señalados en el caso Construcción y Corrupción, en 2018. Como parte de su testimonio, Herrera relató que, en 2015, cuando la CICIG apuntó sus energías a desmantelar las estructuras de corrupción, su jefe le ordenó vaciar las caletas de dinero, ante el temor de un potencial allanamiento. En una noche recolectaron más de Q39 millones en efectivo, escondidos en casas y apartamentos relacionados con Sinibaldi, según la ex asistente. La práctica continuó en otros inmuebles, y de acuerdo con su relato, se llegaron a recolectar Q100 millones en efectivo y US$2 millones.
Tras la revelación de los hallazgos de la investigación, Herrera aceptó cargos y recibió una condena reducida. La defensa de Sinibaldi logró que la Sala Segunda de apelaciones anulara el acuerdo de colaboración eficaz de Herrera y en marzo de 2024, la ex asistente fue encarcelada. También se anularon otras dos declaraciones relacionadas con el caso, Arturo Jegerlenher y Carlos Goyzueta.
En la etapa intermedia del proceso contra Sinibaldi, en abril de 2024, Abelina Cruz cerró el caso por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho pasivo y financiamiento electoral ilícito en forma continuada, porque “no existe la probabilidad de ser demostrados los hechos de la acusación en un debate público”. También señaló la ausencia de elementos probatorios que demostraran la comisión de los delitos que imputó la fiscalía.
El exministro Sinibaldi está en libertad y sin persecución en los cinco casos que se seguían en su contra.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que trabajaba junto con la CICIG, desde agosto de 2021 quedó a cargo de Rafael Curruchiche y las acusaciones contra los señalados de corrupción se han visto debilitadas. Pero quien condujo las investigaciones y procedimientos legales originalmente, el exfiscal Francisco Sandoval (actualmente en el exilio), conoce el caso a fondo. El exfuncionario explicó, consultado para este reportaje, que los convenios de colaboración de los delatores de Sinibaldi “constituyen una facultad de los fiscales, fueron aprobados por un juez, validados por la Corte Suprema y por la Corte de Constitucionalidad”.
Sandoval agrega que Alejandro Sinibaldi impugnó los acuerdos de colaboración en forma extemporánea y la misma sala que los había validado, luego los revocó.
Pese a la anulación y a que el presunto cabecilla de la estructura ha quedado desligado del caso, el proceso continúa activo para otros actores, como la ex asistente de Sinibaldi. Cruz envió a prisión a Anaelisse Herrera y al abogado Juan Jaegerlenhner, quien aceptó cargos por haber servido como instrumento para cobrar sobornos a favor de Sinibaldi, y en junio pasado se le abrió un nuevo expediente por lavado del dinero, que según la fiscalía proviene de los sobornos que Sinibaldi habría cobrado a varios constructores a cambio de que la cartera de Comunicaciones les desembolsara pagos atrasados por la construcción de obra pública. Los constructores que pagaron sobornos también fueron condenados, no así el exfuncionario que habría promovido la captación de sobornos.
En entrevista con Plaza Pública, Sinibaldi atribuyó que el cierre de la persecución en su contra por el caso Odebrecht se dio gracias a la estrategia legal de sus abogados: anular los convenios de colaboración eficaz. La fiscalía avaló el reclamo del encartado y pidió una orden para capturar al exfiscal Sandoval, para responsabilizarlo por las supuestas anomalías en la suscripción de los convenios, que en su momento fueron avalados por diferentes jueces.
El caso de corrupción que atravesó a Latinoamérica, Odebrecht, también experimentó un revés en Guatemala.
Los informes del FBI que pasaron por alto
La trama de sobornos que la constructora brasileña Norberto Odebrecht pagó a funcionarios y políticos en Latinoamérica para obtener proyectos de obra pública, quedó documentada en el sistema bancario internacional y en Estados Unidos estuvo bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Las transacciones entre Odebrecht y políticos de al menos 12 países quedaron plasmadas en los registros Meinl Bank de Antigua y Barbuda y en los testimonios de los directivos de la constructora que admitieron su responsabilidad. En Guatemala, la CICIG tuvo acceso a uno de los informes del FBI que relaciona directamente al exdiputado y excandidato Manuel Baldizón con empresas fuera de plaza que recibieron US$1.36 millones para su campaña presidencial de 2015. Baldizón es un empresario y político originario de Petén, un departamento de la frontera norte de Guatemala con México, ex fundador del partido Libertad Democrática Renovada (Líder). Por violaciones a la ley electoral, como exceder el techo de gastos para campaña, el Tribunal Supremo Electoral canceló al partido Líder en 2016, mientras que Baldizón fue condenado en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, pero volvió a Guatemala en octubre de 2022. Ese antecedente y varios procesos penales en curso invalidaron la candidatura a diputado que Baldizón pretendió durante el proceso electoral de 2023.
Sinibaldi también está relacionado con el caso Odebrecht y, en declaraciones a la fiscalía admitió haber recibido US$19.7 millones en sobornos. Su declaración ocurrió en 2020, cuando regresó a Guatemala después de cuatro años prófugo.
En julio pasado, la jueza Cruz consideró, entre otros argumentos, que como Baldizón no había sido funcionario, no podía recibir sobornos de Odebrecht y cerró el caso que se seguía por lavado de dinero y asociación ilícita. Baldizón fue jefe de bancada y candidato presidencial en el periodo en el que Odebrecht pagó sobornos a varios diputados del Congreso para que se aprobara la ampliación de una carretera.
Se agotó el tiempo
En la carpeta conocida como Red de Corrupción y Lavado de Dinero, la jueza Cruz cerró el proceso contra Gustavo Alejos por los delitos de asociación ilícita, defraudación tributaria, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y evasión. Ese es uno de los cinco casos penales que vinculan a Alejos, promovidos por la extinta CICIG. En la resolución, que Cruz dictó en audiencia pública, señaló que el caso ya había sido cerrado en 2021 y que desde entonces ya había pasado mucho tiempo. Alejos fue el recaudador de fondos para la campaña presidencial de la exprimera dama Sandra Torres en 2015, que según investigaciones del MP y un audio filtrado a la prensa en 2019, incluía millonarias sumas que no se reportaban ante el tribunal electoral. Alejos también ha desempeñado un papel permanente en la operación política para la elección de magistrados de las cortes de justicia, como él mismo lo declaró ante la FECI como parte del caso Comisiones Paralelas 2020.
En el caso Red Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, la CICIG ubica a Alejos como “uno de los principales operadores para la financiación de campañas de distintos partidos políticos”. Según las pesquisas, Alejos captaba fondos para las campañas entre los constructores a cambio de ser favorecidos con adjudicaciones durante el gobierno del partido que ganara la elección. Bajo una modalidad de un arrendamiento ficticio, según la CICIG, Alejos facilitó la vivienda para el presidente Otto Pérez Molina.
En audiencia del 12 de febrero de 2024, Cruz señaló: “no se establecen los verbos rectores” para que Alejos enfrente debate oral y público por los señalamientos que la CICIG y el MP formularon. La jueza recordó que el proceso ya se había clausurado, en julio de 2021, por falta de medios de investigación. “El MP nuevamente presenta la acusación el 14 de octubre de 2021, por lo que resulta evidente la falta de las condiciones para imponer la imposición de una pena, tomando en cuenta que el MP realiza dicha investigación correspondiente desde el 21 de diciembre de 2018”, detalló y agregó que el MP tuvo el plazo razonable para presentar una acusación objetiva”, de acuerdo con el razonamiento que la prensa captó durante la audiencia.
El exfiscal Sandoval, para este reportaje, dijo que pidió la clausura del caso para gestionar información en Panamá vía una asistencia jurídica internacional, una acción a la que no se le dio seguimiento. Además, remarca “que los casos no se cierran por el transcurso del tiempo. Aquí si la fiscalía necesitaba más tiempo para investigar, debió pedirlo”, considera Sandoval.
Un tercer caso para describir las resoluciones del juzgado de Mayor Riesgo D tiene que ver con el exministro de Comunicaciones durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, José Luis Benito y los Q122 millones que mantuvo ocultos, dentro de varias maletas, en una casa de Antigua Guatemala. El dinero se le incautó durante un operativo que Francisco Sandoval dirigió en 2020, cuando estaba a cargo de la FECI.
Hacia 2024, Benito se acogió al procedimiento de aceptación de cargos y en una audiencia que se celebró a puerta cerrada, el pasado 9 de febrero, la jueza Abelina Cruz lo condenó a seis años de prisión por el delito de conspiración para el lavado de dinero u otros activos, que bajo el sistema de aceptación de cargos se redujeron a 2 años conmutables, es decir, que se puede cambiar por el pago de una multa.
Esa resolución fue objeto de críticas de abogados consultados por los medios informativos, como La Hora, ya que se modificó el delito y no se aplicó el agravante de que Benito había sido funcionario, lo que supone que la pena se debió incrementar en un tercio.
La sentencia fue recurrida por el MP y por la Procuraduría General de la Nación y dos distintas salas concedieron las apelaciones presentadas. En mayo pasado, la PGN informó sobre la apelación concedida por la Sala Segunda que ordena al juzgado repetir la audiencia de aceptación de cargos. La Sala Primera atendió la apelación del MP y señaló que Benito consumó el delito de lavado de dinero porque el dinero se localizó en una vivienda que tenía bajo arrendamiento y una de las maletas tenía la identificación de un boleto aéreo a nombre del ex funcionario, lo que evidencia el poder que tuvo sobre el dinero.
El desenlace del caso atrae la atención hacia el despacho de la jueza Cruz, hermético para la prensa. A inicios de diciembre de 2024 se indagó sobre las audiencias relacionadas con el exministro, pero se indicó que la información sólo está disponible para quienes tienen parte en el proceso.
La asunción a un juzgado clave
Abelina Cruz comenzó a trabajar para el Organismo Judicial (OJ) en 2002, cuando tenía 34 años y aún no se había licenciado. Hasta 2011, ocupó puestos de comisaria, notificadora y oficial en diferentes juzgados hasta ser nombrada Juez de Paz. Entre suplencias y nombramientos fijos, fungió durante siete años como jueza que resolvía asuntos cotidianos, diferencias entre vecinos, así como otras alteraciones de la paz.
Su carrera como jueza penal comenzó en marzo de 2019, cuando se le designó como juez de primera instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Guatemala para procesos de Mayor Riesgo Grupo E. Cuatro años después, en 2024, y por un intercambio de plaza con el juez Juan José Jiménez Texaj, quedó a cargo del juzgado de Mayor Riesgo D, antes a cargo de la jueza Erika Aifán, quien dejó ese despacho al salir exiliada, arrastrada por la ola de persecución contra funcionarios anticorrupción.
Al salir Aifán de su juzgado, los procesos de corrupción empezaron a resolverse a favor de los acusados. Más aún, a partir de la llegada de Abelina Cruz al juzgado D.
La Corte Suprema de Justicia nombra a los jueces titulares con base en un proceso de oposición a cargo del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ). Este ente era el encargado de administrar la carrera judicial, pero una reforma legal en 2021 le devolvió a la Corte Suprema el poder para nombrar a los jueces.
En marzo de 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo D quedó vacante por la salida de Aifán y en abril de ese año, el CCJ convocó a un concurso por oposición, con apenas un requisito: ser Juez de Primera Instancia en servicio o haber cursado el programa de formación para jueces de esa categoría.
En anteriores procesos, la convocatoria para jueces de mayor riesgo exigía un año de experiencia en la judicatura. Una revisión de convocatorias internas para optar a la plaza de juez de mayor riesgo evidencia que no hay parámetros fijos. En algunos concursos se ha requerido tener seis meses de ejercicio en el cargo actual y en otros un año o varios. Para el relevo de Aifán no se fijó un mínimo de tiempo de ejercicio en el cargo.
En la oposición participaron cinco jueces, Cruz incluida. En julio de 2022, la CSJ designó como titular del juzgado a Luis Archila Lima, quien solo tenía dos meses como Juez de Instancia en Chiquimula, después de fungir 7 años como Juez de Paz. Su inexperiencia quedó evidenciada cuando Anabella Cardona, presidenta de la Sala Primera de Mayor Riesgo, señaló “el grave desconocimiento del derecho penal, así como de los procesos que se conocen” del juez novato. Cardona dirigía entonces la sala a cargo de revisar las resoluciones y decisiones de dicho juzgado y su queja está en el expediente de nombramiento del Juez D, al cual este medio tuvo acceso mediante la Ley de Acceso a la Información Pública.
En sustitución de Archila, la CSJ nombró en noviembre de 2022 a Juan José Jiménez Texaj. Durante su gestión, Jiménez concedió medidas sustitutivas al excandidato presidencial Manuel Baldizón y al exministro de Comunicaciones e Infraestructura José Luis Benito. Y hacia julio de 2023, Jiménez puso fin a la persecución contra el exministro Alejandro Sinibaldi en el caso Odebrecht. El MP apeló varias de las resoluciones de Jiménez y pidió su apartamiento en los casos Odebrecht y Construcción y Corrupción. Jiménez salió del juzgado después de que un oficial lo señaló de recibir sobornos en uno de esos procesos. Pero su salida fue más bien un intercambio de puesto con Abelina Cruz, una acción administrativa permitida por la ley de la carrera judicial y que autorizó la CSJ.
Así fue como en enero de 2024, la jueza Abelina Cruz se convirtió en la Juez de Mayor Riesgo D y quedó a cargo de los expedientes de gran corrupción más relevantes presentados durante la última década.
La jueza con oficios incompatibles
La contracara del perfil de la jueza muestra a una mujer de 55 años originaria de Escuintla, madre de tres hijos y muy dada al comercio. Entre 1997 y 2000 se le nombró administradora única de la empresa de seguridad privada, Consultores de Seguridad y Vigilancia, S. A. (Cosevisa), cargos que continúan vigentes de acuerdo con los registros públicos.
En 2009, a sus 41 años, Cruz se graduó como abogada y notaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en 2011 ingresó en la carrera judicial.
Cruz ha alternado la administración de justicia con la administración de empresas y sociedades anónimas, una relación imposible y prohibida por la Constitución de acuerdo con varios juristas, quienes aseguran que la docencia es la única actividad que se puede realizar de forma simultánea con el despacho judicial.
La restricción está clara en el artículo 207 de la Constitución, el cual establece que “la función de magistrado o juez es incompatible con cualquier otro empleo, con cargos directivos en sindicatos y partidos políticos, y con la calidad de ministro de cualquier religión”. El artículo 29 de la ley de la Carrera Judicial también señala la incompatibilidad de la judicatura con el desempeño de otros cargos de dirección públicos y privados, excepto con la docencia. Es más, la ley señala que los jueces tienen prohibido ejercer la profesión de abogados y notarios.
Hacia 2014, cuando Cruz era Jueza de Paz suplente, conformó la sociedad anónima HMSET, junto con Víctor Fernando López Ávila. El objeto de la sociedad es la compraventa de equipo electrónico y de computación y Cruz es la administradora única y representante legal, según el Registro Mercantil.
Para octubre de 2024, en la dirección registrada de HMSET, en el centro comercial Novicentro, en la zona 11 capitalina, funcionaba una clínica dental. HMSET es una empresa familiar: dos de los hijos de la jueza figuran como representantes legales en el registro de la sociedad en el portal Guatecompras. El hijo mayor de Cruz, Luis Fernando Cuches, de 31 años, es abogado y notario y trabaja para el Organismo Judicial como oficial III en el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia Penal de Mixco.
La mediana, Darlene Cuches, de 30 años, es médica y en 2024 logró un contrato con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por servicios profesionales como médico general de emergencias.
Al tiempo que sus resoluciones causaban polémica, en julio de 2024, Cruz constituyó la empresa mercantil La Toscana dedicada al transporte pesado y liviano, marítimo, aéreo y terrestre nacional e internacional de cualquier mercadería y bienes de lícito comercio. También adquirió un camión con capacidad de media tonelada de carga.
La jueza se casó en 1992 con Luis Fernando Cuches Rojas, psicólogo de profesión. En 2012 ambos contrajeron un crédito hipotecario para adquirir una casa en un residencial de Villa Nueva. La deuda de Q626 mil, iba a pagarse en 25 años (2037), pero los saldos fueron cancelados en abril de 2023, según registros públicos.
Así, entre 2023 y 2024, pagó la hipoteca, creó su empresa de transporte y la nutrió con activos, actividades que compaginó con el despacho judicial. De 2019 a 2024, como jueza de instancia penal, ha percibido ingresos anuales de entre Q312 mil y Q392 mil.
Una procuraduría beligerante
Bajo la gestión de Cruz, en un sólo año, varios casos dieron un giro. La milimétrica revisión de cada procedimiento y su concordancia legal, así como una fiscalía que no defiende las investigaciones o que en las acusaciones aflojó los criterios de las imputaciones que se formularon durante el mandato de la CICIG, cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) estaba a cargo de Juan Francisco Sandoval, ha derivado en el cierre de los procesos. La fiscalía ahora se ha encargado de perseguir a operadores de justicia y opositores. Un reportaje de Plaza Pública documenta 31 casos de esta persecución.
Con el cambio del gobierno de Alejandro Giammattei a Bernardo Arévalo, la Procuraduría General de la Nación (PGN), que ejerce la abogacía en defensa de los intereses del Estado de Guatemala, juega ahora un papel distinto. Adversa la actuación favorable a los acusados de corrupción por parte del Ministerio Público y apela de forma constante las resoluciones de jueces como Abelina Cruz. La intervención de la PGN, por ejemplo, evitó que la jueza Abelina Cruz determinara, el pasado 6 de enero, si la exvicepresidenta Roxana Baldetti debía ir o no a juicio en el caso de corrupción Cooptación del Estado. Ese caso se diligencia en otro juzgado, pero quedó a cargo de Cruz por el rol de cobertura de vacaciones de fin de año. La audiencia de Baldetti estaba programada para el 9 de enero, pero Cruz accedió a petición para adelantar la fecha.
La PGN también promovió la anulación de todas las audiencias bajo el control de la jueza Abelina Cruz en las que permitió que Allan Tánchez -quien se desempeñó como auxiliar fiscal de la FECI- formulara acusaciones en el caso Asalto al Ministerio de Salud pese a que no estaba facultado para hacerlo, ya que el Código Penal establece que esa acción sólo puede ejercerla un auxiliar con título de abogado y notario.
La procuraduría ha presentado recursos de casación en dos de los procesos -Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, así como Asalto al Ministerio de Salud-. La decisión de la cámara penal, integrada con los magistrados que el Congreso eligió en octubre pasado y que, según declaraciones de varios diputados responden a un balance o repartición de cuotas de poder.
Esos funcionarios judiciales definirán el futuro de los políticos y exfuncionarios que han logrado resoluciones favorables de Abelina Cruz, la jueza y comerciante que en un año favoreció a seis figuras prominentes de la política y la corrupción en Guatemala.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)
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