Una plaza llena respalda a Bernardo Arévalo y clama por la destitución de Consuelo Porras
Una plaza llena respalda a Bernardo Arévalo y clama por la destitución de Consuelo Porras
La tarde del lunes, Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, junto a su equipo legal, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo para exigir que se «restablezca el orden constitucional» y pedir que sean destituidos de sus cargos quienes han liderado las acciones en contra el Movimiento Semilla y la legitimidad del proceso electoral. Esta acción fue acompañada por la presencia de miles de guatemaltecos que manifestaron su apoyo y su intención de defender la democracia. A lo sucedido en Guatemala se sumó la presentación del informe del Secretario de la OEA, Luis Almagro en Washington que originó fuertes críticas a las acciones que han puesto en riesgo el proceso electoral.
Desde horas de la mañana, hasta el final de la noche, la jornada del 18 de septiembre se resumió en un clamor, contundente, en defensa de la democracia. Cientos de ciudadanos atendieron a las diversas convocatorias, especialmente a la que hizo Bernardo Arévalo, el presidente electo. Surgieron ante el agravamiento de acciones del Ministerio Público que se perciben como atentatorias del proceso electoral tras un acto sin precedentes: la semana pasada fiscales del MP abrieron y revisaron las cajas con los votos de la primera vuelta electoral que estaban bajo resguardo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Una acción que las autoridades electorales catalogaron como una «inédita contravención a la Ley Electoral» y una evidencia de «que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos guatemaltecos».
Por la mañana, representantes de los 48 cantones de Totonicapán, autoridades indígenas de Sololá, Chimaltenango, Huehuetenango, Palín, y el Parlamento Xinka, recorrieron varios puntos de la ciudad para plantear una serie de peticiones. Las principales: que la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; el presidente Alejandro Giammattei y el juez séptimo penal, Fredy Orellana dejen sus cargos y enfrenten las consecuencias por atentar contra el orden institucional y poner en riesgo la estabilidad del proceso electoral.
«Aquí quien está cometiendo los delitos son el MP, la FECI, son ellos los que deberían hacer su trabajo y hacer investigaciones que han dejado de hacer a los corruptos. Están sacando de la cárcel a los corruptos, a los que ya fueron condenados y eso no lo podemos permitir», aseguraron los líderes indígenas al empezar su recorrido, frente a las instalaciones de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG). No es la primera vez que las autoridades indígenas salen a las calles en rechazo al rumbo que han tomado instituciones como el MP. Sin embargo, advirtieron que están cansados de no ser escuchados y anunciaron que tomarán las calles hasta que sus peticiones sean atendidas.
«Estamos cansados, ya no queremos a estos corruptos, les exigimos la renuncia inmediatamente porque si no renuncian pacíficamente, tenemos que tomar otras medidas de hecho a las que el pueblo se unirá y todos los que están detrás de nosotros. Los que estamos aquí somos representantes nada más, en cualquier momento se tomará la decisión y se darán cuenta que todo el pueblo va salir a las calles a manifestar», anunció Santiago Lainez, líder de la Organización de Autoridades Indígenas Comacorhue, cuando llegaron frente al MP, en donde finalizó la marcha y la primera parte de la jornada, cerca del mediodía.
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El llamado de Bernardo Arévalo: «No nos dejen solos»
Cuatro horas más tarde, mientras esperaban la convocatoria realizada por el presidente electo, Bernardo Arévalo, sobre la Plaza de Derechos Humanos, ubicada frente a la Corte Suprema de Justicia, distintas autoridades ancestrales, en un acto simbólico, aplicaron un castigo a los funcionarios que han liderado las acciones para poner en duda los resultados electorales.
Con varas de sauco, aplicaron el Xik’ay, una sanción que se utiliza en el sistema de justicia maya y que se aplica a personas que cometen grandes faltas. “Se tiene que aplicar una sanción a los corruptos que se roban la vida de este país. Lo aplicamos para que reaccionen. Queremos que les llegue el mensaje: respeten al pueblo. El día de hoy la sanción es el destierro, les pedimos que se vayan de nuestro país”, repetían las autoridades, frente a decenas de ciudadanos presentes.
El acto fue preámbulo a la presentación de otra acción legal en contra de los funcionarios a quienes colectivamente se les señala de «golpistas». Días antes, el presidente Bernardo Arévalo llamó a los ciudadanos a hacerse presentes la tarde del lunes, frente a la CSJ, para acompañarlo a presentar un amparo en contra de las acciones de Porras, Curruchiche y Orellana. «Funcionarios que- según Arévalo- usan su poder para negar a la ciudadanía el derecho a vivir en una democracia, a ser gobernados por las personas a quienes eligieron de forma libre y consciente». La invitación de Arévalo fue directa: salir a las calles a defender la democracia y el orden constitucional.
La convocatoria era a las 17:30 horas pero, una hora antes, la plaza estaba colmada de grupos ciudadanos quienes, entre consignas y vuvuzelas, esperaban al binomio presidencial. Representantes del Consejo Nacional Empresarial y personajes como Rigoberta Menchú y el cardenal Álvaro Ramazzini estuvieron presentes. Al llegar, Arévalo fue recibido entre ovaciones y aplausos por cientos de personas aglutinadas en la plaza y decenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que lo resguardaban.
Mientras tanto, en distintas plazas centrales de departamentos como Quetzaltenango, San Marcos, Chiquimula, Chimaltenango, Huehuetenango, Sacatepéquez, entre otros, también hubo multitudes que se sumaron a la convocatoria.
«Estamos aquí en un acto de defensa de la democracia. Esta tarde ha sido muy importante contar con la compañía de ustedes.» sentenció Arévalo. En 118 días, Arévalo recibirá la banda presidencial y tomará posesión como presidente. Sin embargo, llegar a ese momento será una lucha cuesta arriba, para él, su partido y el pueblo de Guatemala que defiende el derecho a elegir gobernantes. Ante esa realidad, antes de despedirse de la multitud, hizo un llamado: «Estos van a ser cuatro meses en donde vamos a tener que estar alertas y presentes para rechazar a los corruptos. Así como estamos caminando juntos en el rescate de las instituciones, así tenemos que seguir. Cambiar el país es algo que un gobernante puede hacer cuando cuenta con la participación y respaldo de su pueblo. No nos dejen solos».
La jornada culminó tras el discurso de Arévalo pero las muestras de rechazo no han terminado. En una conferencia, líderes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)anunciaron que a partir de mañana se movilizarán de forma masiva y bloquearán alrededor de 20 puntos estratégicos a nivel nacional, para sumarse a estas peticiones.
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El amparo ante la gota que derramó el vaso
Hace una semana, en un acto insólito, integrantes de la FECI abrieron cajas electorales y contaron votos de la primera vuelta con el aval del Juez Orellana. La única explicación que ha dado la fiscalía es confusa e incompleta y se resume así: un ciudadano pidió que se investigue cuántos votos recibió cada partido político –aunque estos datos ya fueron contabilizados por las Juntas Receptoras de Votos con la presencia de fiscales de los partidos participantes—, para evitar el perjuicio al Estado, que debe pagar dos dólares por cada voto emitido en la elección presidencial.
Respecto a esta denuncia, no se conoce ni quién es el denunciante, ni la fecha en que la presentó. La narrativa que la FECI y las cuentas en redes sociales que los respaldan, conocidas como netcenters, es que, en las cajas electorales no encontraron el acta final con los datos del cierre de los escrutinios, en donde aparecen los datos de los votos válidos, inválidos, nulos, en blanco, las papeletas no utilizadas y el dato de las impugnaciones. El documento, explicó el Tribunal Supremo Electoral, no estaba en la caja porque el procedimiento indica que una copia debe ir sobre la caja y otras se entregan a informática y auditoría.
El fiscal Curruchiche fue ampliamente criticado por este caso, sobre todo por su afirmación de que «buscaba indicios» en las cajas, lo que apunta a que busca armar un caso contra los resultados de la primera vuelta electoral.
El allanamiento duró dos días y provocó que el Tribunal Supremo Electoral dijera que se había vulnerado la cadena de custodia del voto. Los primeros recursos legales para frenar a la Feci llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC), pero los magistrados resolvieron que no podían resolver por razones de competencia. Los amparos presentados, fueron derivados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a una Sala de Apelaciones.
La reacción del binomio ganador de las elecciones fue, en primer término, retirarse del proceso de transición con el equipo de gobierno del Presidente Giammatei. Y, en segunda instancia, presentar un amparo en defensa del orden institucional, acompañado del pueblo de Guatemala.
En el amparo presentado, se señala que las acciones emprendidas por el Ministerio Público y acogidas por el Juez Orellana se han convertido en una amenaza a la democracia, a la libertad de sufragio; violación al principio de legalidad y de sujeción a la ley por parte de los funcionarios públicos y violación al Estado y a su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, así como al principio de soberanía del Estado.
Esa colección de derechos vulnerados tiene como origen el caso en contra del partido Movimiento Semilla que, aun cuando se inició en la Fiscalía de Delitos Electorales, como corresponde según las reglas de competencia, fue trasladado a la FECI, que el 12 de julio obtuvo la autorización judicial para suspender al partido por el supuesto de firmas falsas. La FECI bautizó el caso como «Corrupción Semilla» y señaló que hubo lavado de dinero porque la organización pagó siete quetzales por cada firma que los colaboradores sumaban. Para surgir a la vida legal, el partido necesitaba afiliar a 23,500 personas.
El caso ha tenido diferentes momentos. La FECI, cuyo mandato es ocuparse de casos de alto impacto, convirtió la denuncia de una firma falsa remitida a la Fiscalía de delitos electorales, en la investigación insignia de la administración de Curruchiche. El fiscal dijo que, a partir de esta denuncia, revisaron todos los registros, visitaron las residencias de los afiliados y determinaron que había más irregularidades: firmas de fallecidos, registros duplicados y otros datos que no coincidían.
Utilizando la Ley contra la criminalidad organizada, la FECI pidió al juez Orellana la suspensión provisional del partido y este resolvió de inmediato. El Registrador de Ciudadanos, se rehusó a obedecer la orden judicial, bajo el argumento de que el TSE tiene jurisdicción exclusiva sobre los asuntos electorales, en la aplicación la Ley Electoral y de Partidos Políticos, específica para el caso. Según esta normativa, de rango constitucional, ningún partido puede quedar suspendido durante un proceso electoral.
Ante el fracaso de suspender provisionalmente al Movimiento Semilla, la FECI inició una persecución contra las autoridades electorales. Allanamientos, sospechas de órdenes de captura, antejuicios, más allanamientos.
La petición de Arévalo y Herrera es que la CSJ detenga estas acciones, que garantice la toma de posesión de Arévalo y Herrera y los 23 diputados electos. Además, solicitan que estos funcionarios sean separados de conocer estos casos por desconfiar de su imparcialidad.
El amparo presentado señala que el partido no busca impunidad, sino que las acciones de las autoridades judiciales «no contravengan los principios y valores constitucionales». Es de hacer notar que los abogados defensores del Movimiento Semilla no han tenido acceso al expediente en su contra, a pesar de haberlo requerido en más de 30 ocasiones.
Mientras se acumulan las acciones judiciales, el grito en las calles y desde las esferas diplomáticas en contra del Ministerio Público y el juez Orellana, el binomio electo ha movido una pieza clave en este juego de fuerzas al presentar este recurso de amparo, acompañado de la población. Ahora, toca el turno a una Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados que se ha mantenido en el cargo fuera del periodo constitucional gracias a un pacto de partidos políticos que dominan el Congreso.
A partir de sus acciones, Porras, Curruchiche y Orellana se han convertido en los tres villanos del proceso electoral de 2023 y una amenaza al orden constitucional del país. Sus nombres resuenan en las conversaciones familiares, de trabajo, las redes sociales, las calles, las cortes y en la mesa en donde se reúnen los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El binomio electo los ha llamado «golpistas», porque sus acciones han puesto en peligro el resultado de las votaciones en primera y segunda vuelta y, en consecuencia, el traspaso de poder que debe ocurrir el 14 de enero de 2024.
Sin embargo, esto parece no afectar su determinación. A pesar de las críticas, la fiscal Porras ascendió de cargo a la fiscal especial Cinthia Edelmira Monterroso, quien ahora ocupa el cargo de Fiscal Regional en la jurisdicción Nororiente, en Zacapa. Tanto Porras como Curruchiche y Monterroso han sido catalogados como actores corruptos por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Mientras miles de voces claman contra los ataques a la democracia y al sistema institucional, un silencio que sabe a respaldo surge desde los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Ni el presidente Alejandro Giammattei, ni la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y mucho menos la presidenta del Congreso se han pronunciado.
La Corte de Constitucionalidad, a pesar de ser el órgano llamado a la defensa constitucional del país, tampoco ha tenido una actitud contundente. En fecha reciente, resolvió no entrar a conocer los casos contra la fiscal Porras y las acciones de la FECI, por razones de competencia. Bajo esa justificación, los remitió a otras cortes, sin otorgar amparo provisional.
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Almagro: «Las denuncias del MP son sin claridad y sin tipificación legal»
«Cuando estaba en la reunión (con el MP) me vinieron a la cabeza unos versos del Martín Fierro, especialmente del viejo Vizcacha que son los versos, probablemente, más corruptos que se han escrito en la historia de la literatura», recordó con sarcasmo el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de su reunión con la fiscal general del MP, Consuelo Porras, el fiscal especial Rafael Curruchiche y otros investigadores, el 5 de septiembre en Guatemala.
Esta declaración del funcionario ocurrió horas antes de las manifestaciones en Guatemala, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, para conocer el informe sobre la misión de observación del proceso electoral guatemalteco. Los países miembros del Consejo Permanente expresaron su preocupación por las acciones del MP en contra del partido Semilla y el proceso electoral.
Uno de esos versos a los que se refirió Almagro podría retratar una parte del último capítulo en la historia política de este país: «Hacete amigo del juez/ no le des de qué quejarse/ porque siempre es bueno tener/ palenque a donde ir a rascarse».
En su informe, cuestionó no solo las acciones del Ministerio Público, sino también las del juez Séptimo Penal, Freddy Orellana, quien ordenó la cancelación del partido Semilla, a petición de Curruchiche.
La orden de Orellana aún se debe esclarecer en la Corte de Constitucionalidad (CC), pues el TSE cuestiona si un juez es competente para suspender o cancelar partidos políticos, algo que en la OEA está claro.
«Todavía no se ha entrado a valorar si un juez penal puede dictar la cancelación de un partido político. Este es un tema a ser resuelto. Habiendo estudiado derecho penal, la criminalización de un partido político, o un partido político como sujeto de derecho penal verdaderamente no es algo de recibo. Es muy inconsistente jurídicamente que un sujeto de derecho penal sea un partido político», dijo Almagro.
En sus conclusiones, el secretario general señaló: «Las denuncias expresadas por el MP son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político», al referirse a las investigaciones en contra del Movimiento Semilla, por el uso de supuestas firmas falsas para la constitución del partido político, en 2018 y por los recientes allanamientos al inmueble donde el TSE resguarda las cajas que contienen los votos que los ciudadanos emitieron. Las cajas fueron abiertas y las boletas revisadas por investigadores del MP, pese a que no existe ninguna ley que avale ese procedimiento.
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Los detalles que ocultó el MP revelan que caso contra Semilla no es objetivo
Lo que reveló el secretario de la OEA sobre la reunión en la sede de la fiscalía general también es importante, porque la institución lo había mantenido oculto hasta ahora y porque da cuenta de la visión del MP de Consuelo Porras sobre el partido Semilla y sus integrantes.
«Las presentaciones (del Ministerio Público) fueron muy ilustrativas, esto no quiere decir exactamente en el mejor sentido de la palabra, sino en muchos casos impregnadas de una negatividad con potencial de afectar el proceso institucional de transición», reveló el secretario.
«Se manifestó por parte del MP que este es el ente técnico (que posee el) monopolio de la persecución de delitos, que la investigación es una garantía, no una intimidación ni acoso. El problema no es ese, sino el uso de la herramienta. La justicia se debe a principios como la igualdad y no discriminación ante la ley», agregó.
Pero otros detalles que reveló Almagro apuntan a una posible anomalía: de parte del MP de Porras no hay imparcialidad en las investigaciones, como el ente investigador asegura tener en todas sus pesquisas: «Señalamientos como “todo lo que pasa acá es culpa y responsabilidad del TSE” no es de recibo jurídico. Primero, por tratar de poner una responsabilidad penal sobre una institución del Estado, cuando las responsabilidades penales son individuales. En segundo lugar, porque significa un prejuzgamiento definitivo de la situación por parte del MP, lo cual tampoco es de recibo», aseguró el secretario general de la OEA.
Almagro añadió: «También el hecho de expresar prejuicios como “lo que ocurre es culpa también de la actitud corrupta, impune e irresponsable del Movimiento Semilla y del actuar de Bernardo Arévalo y de Samuel Pérez”. No es de recibo esta clase de pronunciamientos por parte de aquellos que están a cargo de llevar adelante acciones de justicia en el país».
El 5 de septiembre, en una comparecencia ante medios de comunicación en la que no se permitieron preguntas, Consuelo Porras dio su versión sobre la reunión privada con Almagro. La fiscal general indicó que la junta sirvió para «desvirtuar informaciones falsas que forman parte de una campaña de desprestigio en contra del MP. La única verdad fue la que hoy se le dio a conocer al señor secretario general».
Dos días más tarde, el MP publicó un video en el que el fiscal Curruchiche le reprocha a Almagro que su actitud era interpretada como una «clara injerencia al mandato del Ministerio Público». Ante el Consejo Permanente, Almagro desmintió a Curruchiche al explicar que el acompañamiento de la OEA en la transición de gobierno la pidió el presidente Alejandro Giammattei.
También dijo que, ni el partido Semilla ni la organización hemisférica se oponen a las pesquisas. Aunque Almagro exigió que se frene la «intimidación» contra Semilla y señaló que el caso contra el partido político no debe ser investigado por la Feci, sino por una fiscalía que persiga delitos electorales: «Si nada está roto, no hay que romper nada. Tampoco podemos permitir que una fiscalía, sin competencia en temas electorales, rompa nada y menos la institucionalidad y la Constitución del país», sostuvo.
Los oradores de la sesión extraordinaria del 18 de septiembre en la OEA se mostraron preocupados por las elecciones en Guatemala, aunque el canciller guatemalteco Mario Búcaro indicó que el Organismo Ejecutivo ha realizado lo que le corresponde para respetar el voto ciudadano. Búcaro pidió a los estados miembros no intervenir en los asuntos internos de Guatemala.
El representante más contundente fue el embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, quien criticó que el fiscal Curruchiche haya dicho que buscaba «indicios» entre las cajas con los votos que los ciudadanos emitieron el 25 de junio.
«El indicio de un medio de prueba, no solamente allá sino en cualquiera de los países nuestros. En consecuencia, cuando las inferencias no se hacen de manera lógica y no se ajustan a las reglas de la lógica formal, la lógica a partir de premisas ciertas, quiere decir que hemos roto la cadena que conduce a la inferencia. Por esa circunstancia, uno no sabe si reír o llorar cuando escucha a un abogado diciendo que está en búsqueda de indicios», sentenció Vargas.
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