Ha gobernado por años con un estado de excepción y ha encarcelado gente a diestra y siniestra. Bukele instauró una narrativa de satanización a cuanta persona fue privada de libertad. Construyó prisiones a la medida para contener decenas de miles de personas quienes, en un alto porcentaje, no tienen vínculos con las estructuras que afirmaba estar combatiendo. Al final de cuentas, la propia Policía Nacional Civil del vecino país reconoció que tenían cuotas de detenciones asignadas.
En un entorno dictatorial, con un margen de concentración del poder similar al del clan Ortega Murillo en Nicaragua, Bukele se hizo monarca y empezó a decidir por la vida de las personas en El Salvador. Su discurso cotidiano impuso una narrativa de desprecio y difamación contra el ejercicio del legítimo interés por defender los derechos humanos, así como la libertad de información y de prensa.
Primero a cuenta gotas y luego casi en oleada, decenas de personas han debido salir al exilio ante el riesgo de ser privadas de libertad. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas u operadoras de justicia son el núcleo central de quienes no han cometido delitos, pero, de mantenerse en su país, corren el riesgo de ser encarceladas.
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El ejemplo más reciente y evidente de ese riesgo y de su alcance es el caso de la abogada Ruth López, coordinadora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal. Ruth fue capturada el 18 de mayo, fecha desde la cual permanece privada de libertad. Pese a que cuenta con medidas cautelares y de protección fue trasladada en forma irregular a otro centro carcelario. Al igual que las personas defensoras de derechos humanos capturadas por el régimen de Bukele, Ruth ha sido acusada de cargos espurios que serán ventilados en un sistema judicial que el gobernante controla plenamente.
Ruth condujo las investigaciones que Cristosal impulsó y que dieron a conocer acciones de corrupción de las actuales autoridades. Un dato que no es extraño puesto que, la concentración de poder que ha gestado Bukele, también ha permitido un crecimiento económico fuera de serie en su entorno familiar. La apropiación de tierras en el centro de la capital, e incluso el negocio de ofrecer El Salvador al gobierno de Donald Trump como cárcel para personas deportadas, entre otros, son algunas de las fuentes del enriquecimiento indebido del clan familiar.
Bukele llegó al poder, primero a la Alcaldía de San Salvador, apoyado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que aglutinó la insurgencia y luego suscribió los acuerdos de paz. Fue expulsado de este por agresión a una militante y, ni lerdo ni perezoso, armó su partido Nuevas Ideas, con el que llegó a la presidencia y desde donde concentró el poder para imponerse en un segundo período. Tal y como ha sido revelado por el medio El Faro, ahora en el exilio, Bukele negoció con las maras que ahora dice combatir, para llegar a la presidencia.
Para mantenerse en el poder, Bukele no solo negoció con las pandillas. También silenció a varios de sus excolaboradores, algunos incluso han muerto en la cárcel. Valiéndose del régimen de excepción ha perseguido y encarcelado a personas defensoras de derechos humanos. Ha promulgado leyes que restringen el derecho de organización. De tal suerte, entre Bukele y Ortega solo hay diferencia en cuanto al prefijo telefónico de cada país, porque la igualdad de métodos, estilos y propósitos es evidente. En definitiva, al Dictador más cool se le ha caído la máscara y queda al descubierto el rostro de un tirano más, corrupto y cobarde.
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