Muchas veces en política la comunicación no es explícita, y los mensajes exigen leer entre líneas. La semana pasada, tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) le concedieron un amparo provisional a Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror). En su resolución, la CC le ordena a Arévalo que, en un plazo no mayor a cuatro horas, devuelva el listado. También ordena a la comisión de postulación que, en un plazo no mayor a 48 horas, revise la calificación de los candidatos que habían sido jueces y reenvíe una nueva nómina.
Naturalmente, esta resolución de la CC causó revuelo y alboroto. Se levantaron voces de preocupación e indignación porque estos tres magistrados, percibidos como alineados o designados por fuerzas oscuras, estarían emprendiendo un plan para entorpecer el proceso de designación del nuevo fiscal general. Sin embargo, la verdad, el hecho objetivo de los plazos ordenados por la CC aseguraron la celeridad de la enmienda, por lo que el alegato de entorpecer el proceso no se sostiene. De hecho, el viernes, rauda y veloz, la comisión de postulación ya había repetido el procedimiento y había reenviado al presidente una nómina de candidaturas. Con ello, cumplió con las formalidades requeridas por la CC y permitió que el proceso siguiera su curso.
Entonces, pese a todo el barullo, ¿todo está bien, en realidad no pasó nada y no hay nada de qué preocuparse? No, por supuesto, no.
Primero, el segundo listado enviado por la postuladora, aunque es casi el original, operó un cambio: aparece ahora César Augusto Ávila Aparicio, reemplazando a Zoila Tatiana Morales Valdizón. El cambio desata suspicacia, inquietud y preocupación porque Morales Valdizón fue fiscal especial, nada menos que, en el caso del asesinato de Myrna Mack, así como en otros procesos de corrupción de alto impacto vinculados a la justicia transicional. Con estos antecedentes —que para muchos la hacía la mejor candidata—, es fácil imaginar que haya concitado la acción de la Fundaterror, el posicionamiento de tres magistrados de la CC y una recapacitación de ciertos integrantes de la comisión postuladora provenientes de universidades privadas.
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En segundo lugar, y quizá más preocupante, es que, en el tablero de las cuotas de poder, la CC queda en la cúspide; luego, la comisión de postulación; y, por último, relegado a una suerte de tramitador de los deseos de los estamentos superiores, el presidente de la República. Esto, pese a que el artículo 251 de la Constitución Política de la República establece que el presidente es, o debería ser, ese estamento superior. En este sentido, lo importante de la escaramuza de la semana pasada no es la selección del fiscal general, sino el acomodo de los factores del poder real: la CC le comunicó al presidente Arévalo quién, en realidad, tiene y ejerce el poder. Un mensaje cuya relevancia se multiplica conforme se acerca el proceso electoral de 2027.
Es habitual que, a medida que el período presidencial supera la mitad, el presidente y su gobierno enfrenten mayor desgaste y pierdan cuotas de poder. Pero, en caso de que este análisis esté apegado a la realidad, si el presidente Arévalo no revierte esta situación, si no logra enviar con éxito mensajes a los demás estamentos de que él es quien gobierna y ejerce el poder, entonces serán otros quienes continúen tomando las decisiones y terminen decidiendo el destino de Guatemala, en tanto llega el cambio de mando en enero de 2028.
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