En conversaciones que he tenido en los últimos días me he dado cuenta de que, entre frustraciones y enojos, nos hemos dedicado, en estos meses, a mitigar los intentos de fraude de la Comisión de Postulación. Por ejemplo, esta semana intentaron negar la experiencia de los jueces de carrera. Por eso, creo que tenemos claro qué perfil no queremos para el Ministerio Público; incluso nos hemos vuelto expertos en citar datos sobre la poca eficiencia y las violaciones que se cometen desde la fiscalía general. Ya tenemos claro que no queremos la continuidad del proyecto que ha liderado Consuelo Porras para desarmar la justicia.
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Pero entonces, luego de ser interpelado por esto, me pregunto si tendríamos la capacidad de pensar en clave más propositiva, qué es lo que sí queremos de un Ministerio Público o qué realmente merecemos. Nos han obligado a defendernos de lo peor, a reconocer lo malo, pero eso no debería quitarnos la capacidad de imaginar lo digno ni hacernos sentir ilusos por nombrarlo. Por eso, me tomo el ejercicio de escribir lo qué sí quiero de un Ministerio Público, aunque sé que nace, en gran medida, de todo lo que no queremos volver a repetir.
El Ministerio Público que merecemos es uno que nos dé la claridad de saber que su trabajo fortalece la búsqueda de justicia y la cultura de denuncia. Merecemos un Ministerio Público que procure el cuidado de la vida y de los bienes comunes. Hemos visto a defensores del territorio ir a prisión, ser asesinados o salir al exilio, y el MP que queremos debe buscar justicia para estos liderazgos comunitarios, criminalizados por hidroeléctricas o empresas extractivas. Un Ministerio Público que no sea, paradójicamente, quien persigue a quienes lo defienden, como en el caso de Leocadio Juracán, líder campesino, y muchos más que hoy son intimidados o están en prisión.
El Ministerio Público que merecemos procura el cuidado de los derechos humanos y la labor de quienes los defienden. Durante los últimos cinco años, he visto a compañeros y compañeras, amigos y amigas, tener que salir al exilio e intentar construir su vida desde otro país. Ahora mantenemos la comunicación y nos reunimos a imaginar futuros y compartir ideas desde lo virtual. Es injusto que quienes han puesto el corazón por liderar causas justas hoy enfrenten procesos de criminalización y persecución por ser voces críticas que denunciaron la desigualdad.
Estos son solo dos expresiones de una realidad más amplia, defensores del territorio y activistas, pero hay muchos más a quienes se les debe justicia. Porque el Ministerio Público que merecemos no criminaliza a estudiantes. No persigue a abogados, abogadas, jueces o juezas por hacer su trabajo. No obliga al exilio a periodistas, exfiscales u operadoras de justicia. Tampoco criminaliza a autoridades indígenas y comunitarias ni a quienes sostienen la defensa de los derechos humanos.
Quizás me quedo corto y hay muchas historias más que evidencian los efectos de este Ministerio Público. También hay muchos sueños pendientes sobre el Ministerio Público que sí queremos, que imagino no caben en una columna. Pero lo digo antes de que se conforme la nómina, porque sé que este momento puede cambiar la ruta que lleva el sector justicia y me niego a creer que esta cooptación, que tanto nos ha costado y lastimado, seguirá. Porque no estamos pidiendo un imposible: estamos nombrando lo mínimo que merecemos.
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