Durante los seis años que lleva al frente del ente investigador, Porras ha destacado por desarticular el trabajo profesional realizado por el Ministerio Público (MP) desde el año 2015, cuando junto a la CICIG se puso al descubierto la enorme red de corrupción que medraba en el país a costillas de los impuestos de la ciudadanía, y se llevó a la cárcel a importantes funcionarios, incluyendo a la dupla gobernante, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Además de detener esta línea de investigación, y de perseguir y exiliar a los fiscales que la habían impulsado, Porras se convirtió en una feroz represora de la sociedad civil, encarcelando a activistas y periodistas con casos pésimamente armados, que en su mayoría, se caen en los juzgados durante el primer par de audiencias. Y por supuesto, las investigaciones concienzudas a los funcionarios acusados de corrupción en las administraciones que llevaron a Porras a la jefatura del MP brillan por su ausencia.
Eso sí, como declaró en numerosas ocasiones desde el inicio de su primer período en tiempos de Morales, la Fiscal General se ha mantenido vigilante. Vigilante del patrimonio mal habido de sus mentores, seguramente, y de que estén a salvo de cualquier demanda de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, porque en cuanto a avances en la lucha contra la corrupción, estos no están a la vista. Por eso, para el gobierno de Bernardo Arévalo, con su afán de ejecución transparente y limpieza de las instituciones, la jefatura de Consuelo Porras en el Ministerio Público es una piedra colocada en su zapato por sus antecesores, un campo minado que debe sortearse con sumo cuidado si el equipo de Semilla quiere concretar su propósito de sentar las bases de un Estado moderno y funcional. La presencia de Porras a la cabeza del ente investigador es la herencia más perniciosa de los gobiernos corruptos y retrógrados de Morales y Giammattei, un recordatorio lacerante de la densa matriz de corrupción y perversidad de la que Guatemala está tratando de salir.
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No es raro encontrar un gobierno en el que coexisten dos fuerzas antagónicas: oficialismo y oposición. Pugna que usualmente se ve reflejada en los organismos Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la situación política actual de Guatemala es inédita, coexistiendo un organismo Ejecutivo modernizador y con cuadros preparados y progresistas, con un Congreso que no está realmente en su contra aunque no sea plenamente oficialista, sino que está dispuesto al diálogo y al baile de los acuerdos políticos. Lo que hace de esta situación algo rara vez visto en la historia nacional es el papel desestabilizador jugado por el MP, un ente que suele ser técnico y más bien alejado de la política.
En distintos momentos de la reciente historia democrática del país, el MP ha pendulado, desde la mediocridad, la incapacidad y la chambonería, hasta un inédito momento de eficiencia y celo investigador durante la gestión de Thelma Aldana entre 2014 y 2018. Sin embargo, jamás se había visto un Ministerio Público empeñado en estorbar el funcionamiento normal del Gobierno, intentando incluso evitar la toma de posesión del binomio electo con un sinnúmero de tretas legales y acusaciones espurias y sin fundamento. Los fiscales del MP han hecho acusaciones por demás absurdas contra la pareja presidencial; por ejemplo, el supuesto daño al patrimonio cultural realizado contra las instalaciones de la Universidad de San Carlos, extremo que alegan sucedió porque el binomio gobernante se presentó un día en el campus de la USAC, se tomó una fotografía ahí y le dio la mano a personas que participaban en la toma de las instalaciones que se llevaba a cabo en protesta por el fraude de rector.
Esta falta de seriedad en las acusaciones es vergonzosa en un país con los niveles de criminalidad y corrupción que ostenta Guatemala, hacia los que el personal del Ministerio Público haría mejor en dirigir sus esfuerzos. Toda esta pugna produce un ambiente enrarecido y tóxico que evidentemente no ayuda al buen funcionamiento de las instituciones, y es evidente que un funcionario con semejante hostilidad declarada contra el presidente de un país no puede funcionar adecuadamente. En otras latitudes, un Fiscal General tan cuestionado y en situación tan embarazosa se habría retirado de su puesto sin necesidad de que se lo pidieran, pero en Guatemala aferrarse al cargo es práctica común en la esfera pública.
Bernardo Arévalo ha buscado las vías más conciliadoras y legalistas para resolver la situación, demostrando vocación democrática y respeto a las instituciones, y desoyendo voces que aconsejan soluciones más autoritarias y menos apegadas al marco legal, trasladando actualmente la resolución del conflicto al Congreso de la República. Su actitud es loable y es de hecho parte del esfuerzo realizado por su gobierno por fortalecer el estado de derecho, pero abre una vía larga y llena de obstáculos, que deberá sortearse con paciencia y pericia, sin perder el nervio. No obstante, es fundamental que se logre la salida de Porras de la jefatura del Ministerio Público, respetando plenamente las vías legales, pero de ser posible antes del plazo en el que dicha salida debería darse, en el año 2026, si realmente queremos que Guatemala se encauce en la senda de progreso, bienestar y plenos derechos ciudadanos que se le adeuda desde hace tanto tiempo.
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