Si bien la atención mediática y el descontento social se han concentrado de manera insistente en los eventos ocurridos a partir del proceso electoral de 2022 –que trágicamente se repitieron de forma milimétricamente calculada en el 2026– un análisis riguroso y académico revela que la problemática actual no es un fenómeno espontáneo ni una anomalía aislada. Por el contrario, la situación actual representa el colapso de un diseño institucional que se gestó durante la transición democrática de mediados de los años ochenta.
Desde esa perspectiva histórica, la crisis de la USAC no se originó exclusivamente en la cuestionada «elección» de Walter Mazariegos Biolis, sino que es el producto lógico y previsible de las funciones políticas y los cuantiosos recursos que la Constitución Política de la República de 1985 delegó en la universidad. En ese sentido, al convertir a la academia en un actor determinante dentro del funcionamiento del sistema político —otorgándole representación en las cortes, el Ministerio Público y órganos de fiscalización—, los constituyentes crearon un incentivo estructural para la cooptación de la autonomía universitaria por parte de redes de intereses externos interesadas en el control de la justicia y la administración pública; una dinámica que ha sido operada lentamente durante décadas. Argumentar que antes de 2022 «todo era felicidad y fiesta cívica», como se ha pretendido plantear, constituye el intento más claro de instrumentalizar la «elección» de Mazariegos como excusa para que otros actores externos accedan a los cuantiosos recursos de la única universidad estatal en Guatemala.
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La importancia estratégica de la USAC, entonces, favoreció que desde hace décadas los procesos de elección del rector fueran ampliamente cuestionados, tanto por el creciente costo de las campañas como por la opacidad de los montos invertidos. Un antecedente particularmente perverso de esta cooptación progresiva es lo ocurrido en el proceso electoral de 2010, cuando Estuardo Gálvez se reeligió para dos periodos consecutivos, rompiendo una tradición no escrita según la cual los rectores no se postulaban para la reelección inmediata; en ese proceso, además, Gálvez utilizó recursos de la universidad para desarrollar una campaña onerosa y clientelar, que ya evidenciaba la politización y cooptación de la institución.
Esta dinámica electoral y política generó las bases de la crisis: un proceso lento pero inexorable en el que los méritos académicos, la trayectoria en investigación o la visión pedagógica pasaron a un segundo plano frente a la capacidad de movilización electoral, la entrega de prebendas y el clientelismo administrativo. La universidad se convirtió en un microcosmos del sistema político nacional, replicando sus vicios y su falta de transparencia.
Uno de los puntos más críticos de la narrativa sobre el «fraude» de 2026 es que omite una realidad preexistente: la USAC ya operaba bajo un sistema electoral profundamente excluyente y antidemocrático décadas antes de la llegada de Walter Mazariegos. Esto se debe a que el esquema de gobierno, regido por una Ley Orgánica de 1947 que ha permanecido prácticamente inmutable, se basa en la hegemonía de únicamente diez unidades académicas del campus central, aspecto que rara vez ha sido mencionado por los supuestos defensores de la universidad. Lo más grave es que se estima que más del 60 % del universo de posibles electores —compuesto por estudiantes y docentes de los centros universitarios regionales y de las escuelas no facultativas como Ciencia Política, Psicología o Trabajo Social— no tiene voz ni voto en la elección de la máxima autoridad universitaria; tampoco tiene injerencia en el reparto de los recursos del 5 % constitucional ni en los privilegios institucionales, históricamente distribuidos de forma desigual en favor de las camarillas asentadas en las facultades tradicionales del campus central.
El escenario actual, aunque doloroso para la comunidad sancarlista, ofrece la oportunidad de romper con el pasado, de modo que se impulse la tan ansiada reforma universitaria que devuelva el esplendor y la relevancia a la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala.
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