El economista Thomas Piketty ya nos había advertido en su libro El capital en el siglo XXI que la configuración del sistema económico mundial estaba orientada claramente hacia la desigualdad, tal como comentábamos en nuestro artículo anterior. El análisis de la creciente fortuna de Elon Musk es un perfecto ejemplo de que las premisas de Piketty estaban en lo cierto. Ahora bien, si la tendencia hacia la desigualdad y hacia la concentración de la riqueza son la constante del siglo XXI, la pregunta que surge es: ¿Cómo frenar esta tendencia?
Piketty sugiere que deben existir políticas específicas promovidas por los gobiernos, para reducir dicha tendencia, aspecto que –a la luz de la arquitectura institucional de la democracia– moderna parece una quimera.
El talón de Aquiles de dicha propuesta de regulación es que la democracia liberal depende cada vez más del dinero que se invierte en campañas electorales, por lo que los gobiernos del mundo, lejos de estar defendiendo los intereses de la mayoría, considero que están al servicio del capital. Luego de la intervención militar contra Venezuela, el presidente norteamericano anunció sin ambages que iba a alentar la inversión norteamericana en la industria petrolera del país invadido. Claramente, esto nos muestra que entre el mundo empresarial y el ámbito político existen cada vez más conexiones directas que contradicen la idea de Piketty sobre el control del capital; más bien, parece que el capital crecientemente está controlando las decisiones gubernamentales.
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La idea de un capitalismo que ha concentrado la riqueza y el poder en unas pocas manos es coherente, por lo tanto, con otra referencia teórica que podemos señalar: la de Martin Wolf con su libro La crisis del capitalismo democrático, en donde plantea que existe un divorcio entre el capitalismo y la democracia, especialmente por el hecho de que, incluso en sus países de origen, Estados Unidos y el Reino Unido, el ascenso de figuras autoritarias y populistas es la tendencia global.
El caso de Estados Unidos, en particular, es preocupante: las crecientes amenazas de Trump con intervenir en los asuntos de México, o la retórica de anexar Groenlandia, o de provocar el derrocamiento del gobierno cubano –entre otros planes que ignoran abiertamente las reglas del orden internacional– son solo algunos de los ejemplos de esta creciente emergencia. La de un autoritarismo que se basa en la desigualdad y en el uso cada vez más descarado de la fuerza como mecanismo para acallar las voces disidentes.
Lo peor de este escenario mundial es que el presidente Trump parece dispuesto a imponer su voluntad, sin importar a qué costo. En una entrevista con periodistas del New York Times, el presidente afirmó que su único freno era su propia moralidad, lo que indica claramente que no se siente atado a ninguna ley, nacional o internacional, tal como ya lo ha demostrado en este primer año de su segundo mandato.
La lección apunta a que la distopía ya es una dolorosa realidad: escribo estas líneas después de unas pocas horas de que el presidente Arévalo decretara el estado de sitio en Guatemala, luego de un fin de semana violento. La utopía, ciertamente, vive sus momentos más oscuros, por lo que necesitamos armarnos de ingenio, valor y determinación para seguir soñando con un mundo mejor.
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