La semana pasada, en esta misma montaña, una madre me confesaba con voz cansada que ya no lleva a su hijo al puesto de salud. «Los enfermeros asustan a los niños –decía– y luego tengo que gastar más para curarlo del susto». El enfermero no entiende. El modelo de salud impuesto, tampoco.
Llevo meses confrontando dos realidades que se niegan a coincidir: la fría contabilidad del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y la crudeza de la Guatemala que queda fuera de las decisiones y los servicios. La conclusión es tan clara como dolorosa: el Estado guatemalteco insiste en abordar la desnutrición crónica desde un enfoque estrictamente biológico e individual, pero lo hace con una tacañería y un desprecio cultural que condenan de antemano cualquier intento de éxito.
Hablemos de cifras. Entre 2021 y 2025, el Estado ejecutó Q709,811,879.10 en la compra y distribución de micronutrientes en polvo (MNP), esos famosos «chispitas». Más de setecientos millones de quetzales invertidos en sobres que prometen suplir el hierro y las vitaminas que la dieta de maíz no alcanza a proporcionar. La justificación técnica es impecable sobre el papel: la desnutrición se corrige con química. Es el triunfo aparente del paradigma biomédico.
Sin embargo, hay una verdad que los números de SICOIN no registran: casi nadie se los come.
La evidencia científica, tanto global como local, confirma lo que cualquier madre de estas montañas sabe por experiencia: al mezclar los polvos con la comida caliente, el plato se oscurece y adquiere un sabor metálico desagradable. El niño lo rechaza. No es capricho infantil; es una respuesta sensorial lógica ante un alimento que se percibe como alterado o medicinal.
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La desnutrición crónica no es solo un problema biológico. Es, sobre todo, un problema estructural y político. Nace de la ausencia de agua potable, de saneamiento básico, de tierra fértil y de condiciones de vida dignas. Aun así, el Estado —alineado históricamente con la lógica de «intervenciones de bajo costo» promovida por organismos como el Banco Mundial— prefiere repartir sobres baratos antes que enfrentar las causas profundas que mantienen a tantas comunidades al margen de los servicios básicos.
Esta es la medicalización de la pobreza: se asume que, por ser pobres, merecen lo más barato posible, aunque resulte ineficaz y humillante. En lugar de garantizar un plato de comida variada en un entorno saludable, el Estado invierte cientos de millones exigiendo que las madres «cambien su conducta» y obliguen a sus hijos a ingerir algo que altera la comida sagrada del maíz.
La barrera no es únicamente sensorial; es profundamente cultural e institucional. El personal de salud que llega a estas comunidades rara vez logra conectar, porque el sistema mismo parece ignorar —o despreciar— la cosmovisión de los pueblos originarios. Si no se comprende que para una madre de estos lares el «susto» es una enfermedad real que necesita cura, ¿cómo se pretende que confíe en un sobre de polvos que transforma su tortilla o el tamalito en medicina amarga?
En estas montañas del Occidente, la gente sobrevive bajo un estrés histórico acumulado. Han resistido el conflicto armado, las sequías y décadas de abandono estatal. La desnutrición crónica no es más que la expresión física de ese desprecio prolongado.
Entregar micronutrientes con minúscula adherencia es la prueba más elocuente del fracaso. El Estado no ha logrado ni siquiera implementar correctamente el enfoque biológico, y mucho menos ha demostrado voluntad política para abrazar uno integral que toque las estructuras de poder que perpetúan la pobreza.
Mientras sigamos tratando la desnutrición como un simple problema de «falta de sobrecitos» y no como lo que realmente es —una herida abierta a la dignidad humana—, los números de SICOIN seguirán creciendo, mientras que el poco maíz de la montaña seguirá siendo la única apuesta real de miles de niñas y niños guatemaltecos.
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