Un ejemplo reciente ilustra este proceso: preocupados por la alta incidencia de accidentes viales en el ingreso al pueblo, cerca de un puente, los vecinos decidieron actuar. Organizaron una intervención para pintar y señalizar el tramo de carretera afectado, una responsabilidad que, en teoría, corresponde al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI). Sin embargo, la actual crisis política nacional, marcada por la falta de respuestas oportunas, ha generado un vacío en la gestión de problemas comunitarios. En este contexto, la reacción del alcalde municipal fue notable; no solo proporcionó una parte de la pintura para la actividad, sino que también invirtió en el mantenimiento de un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros. Este resultado, motivado por la presión ciudadana, demuestra que la acción colectiva puede incidir directamente en la gestión pública local, generando beneficios concretos para la comunidad.
Esta experiencia se conecta con un episodio de mi trayectoria profesional. Durante mi gestión como responsable de la Unidad de Derecho a la Alimentación en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), enfrentamos la falta de datos actualizados sobre desnutrición aguda a nivel nacional. Con el apoyo del Procurador, movilizamos a los delegados departamentales para recopilar esta información, lo que permitió publicar datos que visibilizaron la gravedad del problema. Esta acción presionó a las autoridades de entonces para establecer un sistema formal de publicación de datos, accesible hoy para cualquier ciudadano. Sin embargo, los datos actuales muestran una tendencia al alza en los casos de desnutrición aguda, no solo por una mayor cobertura de monitoreo –como lo justifican las autoridades–, sino por la acumulación de vulnerabilidades derivadas de crisis económicas, la pandemia y problemas socioambientales.
La inseguridad alimentaria en Guatemala trasciende las causas teóricas comúnmente discutidas, como la pobreza o la falta de acceso a alimentos. En municipios como Panzós, la desnutrición está intrínsecamente ligada a la depredación de recursos naturales, al desplazamiento forzado por los monocultivos, los desalojos violentos, la variabilidad climática y estados emocionales afectados. ¿Qué persona puede cuidar de otra si ella misma está en profunda depresión? Estas dinámicas, que recuerdan el histórico despojo de tierras, se agravan por la criminalización de los defensores del territorio, mientras que los responsables de la contaminación y depredación gozan de impunidad. Acciones como negar licencias a proyectos extractivos o proteger los bienes naturales podrían marcar una diferencia significativa. La Franja Transversal del Norte, afectada por estados de sitio durante el gobierno anterior, es un claro ejemplo de cómo las políticas represivas perpetúan la vulnerabilidad de las comunidades.
Las iniciativas ciudadanas, como las de Santo Domingo Xenacoj, demuestran que la movilización colectiva es una herramienta poderosa para generar cambios. Estas acciones no solo fortalecen a las comunidades, sino que también interpelan a las autoridades para actuar con responsabilidad. Es imperativo que todos los ciudadanos, desde cualquier ámbito, nos preocupemos por los territorios vulnerables. Debemos articularnos colectivamente para apoyar a quienes defienden estos territorios, inspirándonos en ejemplos como el de Xenacoj o de las tantas organizaciones ancestrales que existen.
La Guatemala que anhelamos, una que garantice bienestar y justicia, depende de nuestra solidaridad y compromiso para proteger a quienes cuidan la tierra y sus comunidades, exigiendo una aplicación oportuna de políticas públicas que transformen las estructuras de desigualdad y combatan de forma efectiva la inseguridad alimentaria. La movilización social no es solo un acto de resistencia y resiliencia, sino también un paso decisivo hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos.
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