Cierro esta serie de columnas, referidas a la legitimidad y positividad de la ley que estructura al Estado moderno, con un resumen de su esencia y significado en el título de los artículos —sentencia romana— y, también, con el cuestionamiento de su eficacia o de su utilización discriminatoria para perpetuar añejos privilegios, en un momento histórico en el que la Democracia, la Soberanía, el Estado y las relaciones internacionales de respeto y convivencia se han convertido en simples recuerdos.
En este país, el problema no es la fragilidad del Estado de derecho, sino su eficacia y su utilización perversa contra la democracia. En Guatemala, siguiendo los dictados del Estado moderno implantado según la ruta occidental, la separación de poderes dejó de ser un principio liberal y se convirtió en una técnica de dominación. No gobierna un poder absoluto, sino un conjunto de cárteles históricos, institucionales y de clase, en el que cada órgano cumple su papel para que nada cambie.
El Ejecutivo administra la excepción y la administración de recursos[1], el Legislativo normaliza el despojo y el Judicial legitima la persecución selectiva, lo que afecta a los que ansían democracia real, inclusión, desarrollo y una vida digna. Los poderes estatales no se anulan ni se equilibran entre sí: se cubren. El resultado no es un Estado fallido, sino uno eficientemente autoritario y colonizador en permanencia.
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La separación de poderes, en su versión bananera guatemalteca, funciona como un muro contra la soberanía popular. Se bloquean reformas, se ignoran mandatos electorales, se judicializa la política y se politiza la justicia. Todo en nombre del «Estado de derecho» y, de ganancia, con fachada democrática se crean otros feudos de poder, como la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas que, en vez de controlar y equilibrar el poder absoluto, garantizan una dominación que no personal, sino de una clase social anclada en el colonialismo y la pigmentocracia blanca[2] (eco del autoritarismo global), que se afirma como símbolo de superioridad y poder.
Montesquieu imaginó frenos al poder; pero aquí se perfeccionaron frenos a la democracia. El liberalismo no se rompió: se volvió útil para gobernar sin pueblo.
En Guatemala, la separación de poderes ya no opera como límite al poder, sino como su mejor camuflaje. Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otras entidades, no se enfrentan: se sincronizan para producir gobernabilidad sin democracia. La ley no fracasa; funciona con precisión quirúrgica para contener la protesta, bloquear reformas y administrar la excepción permanente. El autoritarismo no irrumpe desde fuera del orden constitucional: se ejerce desde su interior.
La legalidad se volvió selectiva. En nombre de la independencia judicial se persigue a operadores incómodos, se acosa a periodistas y se criminaliza a autoridades indígenas que defienden territorio y autonomía. La libertad individual deja de ser un derecho universal y se convierte en concesión política. Respecto a los derechos colectivos de los pueblos originarios se vuelven amenaza y por ello se criminalizan.
La separación de poderes no protege a la ciudadanía y a los pueblos: los disciplina, mientras preserva intactas las estructuras históricas de desigualdad y colonialidad. Cuando el derecho liberal ya no alcanza, el Estado recurre a la judicialización, la militarización violenta o el desconocimiento de sistemas normativos propios. Así, el constitucionalismo se presenta como neutral, pero opera como tecnología de control sobre cuerpos, territorios y saberes no alineados al orden dominante.
Para los pueblos indígenas, este diseño no es una anomalía, sino continuidad histórica. El mismo Estado que habla de institucionalidad criminaliza formas propias de gobierno, desconoce autoridades ancestrales y militariza y despoja territorios cuando el derecho liberal ya no alcanza. El autoritarismo no llega en botas, sino en resoluciones, amparos y conferencias de prensa.
Es decir, mientras la separación de poderes no sea atravesada por control social real, ni se garantice la plena participación política de pueblos, clases sociales, segmentos, estratos, y sea positivo el pluralismo jurídico, la descolonización del Estado seguirá siendo una ficción elegante y cruel. En este país, el liberalismo ya no limita el poder: lo administra con lenguaje jurídico y rostro democrático.
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[1] Decía Vinicio Cerezo, cuando fue presidente, que el gobierno era un tercio del poder, entendiendo que los otros dos tercios eran los del Ejército y la élite económica colonial, actuando al unísono sin respetar la independencia de poderes
[2] El Occidente blanco ha ido más allá de su período de culpabilidad por el colonialismo, la esclavitud y el genocidio, y ahora está desmantelando activamente la arquitectura humanitaria construida durante los últimos ochenta años.
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