Guatemala está inserta en la reconfiguración política global y enfrenta una vulnerabilidad estructural política, económica y cultural. El país ingresa al 2026 en un contexto internacional marcado por rivalidades geopolíticas, debilitamiento del multilateralismo y en plena guerra internacional. La dependencia histórica respecto de Estados Unidos se profundiza, no mediante ocupación o intervención directa (como en 1954), sino a través de presión diplomática, financiera y de seguridad, con la complicidad de las élites locales que, víctimas del colonialismo —¿vasallaje?—, ven hacia fuera sus raíces y su futuro, mientras que lo interno solo constituye la base de privilegios heredados de la colonia.
El debilitamiento de la Organización de las Naciones Unidas limita los márgenes de protección frente a retrocesos democráticos internos. El derecho internacional pierde eficacia cuando la correlación de fuerzas favorece intereses estratégicos externos.
El Estado guatemalteco mantiene formalmente división de poderes, pero en la práctica enfrenta: cooptación institucional, judicialización selectiva, criminalización de liderazgos comunitarios, uso instrumental del constitucionalismo liberal. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público se convierten en arenas de disputa política. La legalidad se invoca para restringir derechos colectivos mientras se flexibilizan estándares para la inversión extractiva. La seducción por el autoritarismo, el racismo y la violencia (reflejo de lo global) va aumentando en la acción del bloque de poder colonial.
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Guatemala, rica en recursos, ocupa un lugar estratégico en minería metálica, hidroeléctricas y monocultivos agroindustriales. El modelo económico prioriza la exportación de materias primas sobre economías comunitarias. Esto genera: militarización de territorios indígenas. desconocimiento práctico del Convenio 169 de la OIT., consultas comunitarias no vinculantes. Fragmentación interna mediante violencia y/o incentivos económicos. El riesgo para la soberanía no es solo lo externo, es también el marco histórico de corrupción e impunidad.
El conflicto no es únicamente ambiental; es disputa por soberanía territorial y formas de vida.
Aunque Guatemala se define como una nación multicultural, el reconocimiento constitucional no se traduce en una plurinacionalidad efectiva. Se observan: a) reducción de los presupuestos destinados a instancias indígenas; b) racismo político y mediático; c) debilitamiento de los mecanismos de participación real; y d) cooptación o criminalización de las autoridades ancestrales.
La autodeterminación queda subordinada al interés macroeconómico.
La sociedad en general se encuentra fragmentada y en auge el conservadurismo. El clima político evidencia: Polarización, discurso conservador religioso, estigmatización de defensores de derechos humanos, apatía urbana frente a conflictos territoriales rurales. Se configura una democracia formal con ciudadanía limitada, donde los pueblos indígenas sostienen la resistencia organizada.
Sin ser pesimista, lo más probable son los siguientes escenarios estratégicos para Guatemala:
Escenario uno: Profundización extractiva
Bajo la presión de EE. UU habrá mayor inversión minera e hidroeléctrica con pocas probabilidades de ejercer la consulta previa y defensa del territorio.
Escenario dos: Conflicto social ampliado
Crecimiento de protestas territoriales con respuesta estatal securitizada. Es decir, aunque fragmentadas las luchas, estas pueden aumentar y al mismo tiempo, en proporción directa, aumentar la represión estatal independiente del tipo e inclinación ideológica del gobierno de turno. Lo más probable es que para mantener el poder tengan que aliarse a los dictados imperialistas de EE. UU y olvidar o marginar aún más a los pueblos indígenas y en general a la sociedad de clase media baja.
Escenario tres: Rearticulación plural
Lo deseable son alianzas indígenas–campesinas–urbanas, el fortalecimiento de economías comunitarias y uso estratégico de lo poco que queda del derecho internacional. Sobre todo la articulación de pequeños espacios de interés común, para resguardar colectivamente su seguridad, económica y dignidad. El reto para la sociedad subalterna es superar la desconfianza, el racismo y los prejuicios que la colonialidad ha insertado en nuestra subjetividad individual y colectiva.
La disputa no es solo jurídica; es civilizatoria: desarrollo extractivo versus soberanía y territorialidad comunitaria.
Vale la pena recalcar la inutilidad de comunicados, posicionamientos, conferencias de prensa, llamados a protestar, denuncias, foros, mesas redondas… Todas bien intencionadas, pero girando en espacios de corrección política y de consumo mediático, de poca trascendencia e impacto ante élites fortalecidas por el autoritarismo geopolítico y el control que mantienen de las estructuras de poder que poco o nada cambiarán con la elección a representantes en el TSE, CC, MP y Contraloría. Algo cambiará, pero no lo suficiente estructuralmente.
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[1] NUEVA SOCIEDAD. 321. Internacionalismo o vasallaje
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